¿Ha intentado el mundo “reconstruir mejor” tras la pandemia de COVID-19?

Desde una perspectiva de derechos humanos, 2021 fue en gran medida una historia de traición en las estancias del poder.

El informe anual de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el mundo en 2021, publicado en marzo de 2022, muestra que las promesas de “reconstruir mejor” tras la pandemia de COVID-19 se quedaron en poco más que palabras huecas. Las esperanzas de cooperación global se desvanecieron ante el acaparamiento de vacunas y la avaricia empresarial.

Los gobiernos reprimieron las voces independientes y críticas, y algunos llegaron a utilizar la pandemia como pretexto para reducir aún más el espacio de la sociedad civil. Surgieron nuevos conflictos y se perpetuaron otros no resueltos. Las personas obligadas a huir se vieron sometidas a una cadena de abusos, tales como expulsiones sumarias ejecutadas por los países del Norte global.

Sin embargo, también hubo personas, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil que mantuvieron viva la esperanza de un mundo mejor tras la pandemia.

El año 2021 debería haber sido un año de cura y recuperación. En cambio, se convirtió en el vivero de una desigualdad más profunda y una mayor inestabilidad.

Agnès Callamard, secretaria general

El informe anual da cuenta del impacto de esas dinámicas a escala global, regional y nacional, y trata, asimismo, de manera más extensa la situación de los derechos humanos en

154

países.

Puntos de interés

El siguiente mapa interactivo recoge los asuntos prioritarios que se abordan en el prefacio y el análisis global —la salud y las desigualdades, el espacio de la sociedad civil y las personas refugiadas y migrantes— a través de textos que resumen la situación en cuatro países de cada una de las cinco regiones que abarca el informe.

Visita las páginas de país de nuestro sitio web para leer acerca de la situación de los derechos humanos en 2021 en cada uno de los países incluidos en el informe. O descarga el informe completo en PDF, disponible en varios idiomas. O lee nuestro comunicado de prensa.

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Estadísticas globales

Del seguimiento que hemos realizado a 154 países durante 2021 se deprende que los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica se vieron reprimidos a niveles alarmantes en todo el mundo. Esta constatación queda patente, en parte, en nuestro análisis del número de países en los que:

  • se aprobaron nuevas leyes que restringían la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica;
  • se registraron denuncias verosímiles de uso excesivo o innecesario de la fuerza por parte de las fuerzas del Estado contra manifestantes o personas que protestaban;
  • se practicaron detenciones arbitrarias de defensores y defensoras de los derechos humanos. 

Las infografías que figuran a continuación presentan esta información en porcentajes:

Análisis global

Nuestro análisis global de 2021 se centra en tres asuntos: la salud y las desigualdades, el espacio de la sociedad civil y las personas refugiadas y migrantes.

Mekele, Etiopía, 16 de junio. Habitantes de la sublocalidad de Geha hacen fila para recibir paquetes de ayuda humanitaria en un punto de entrega gestionado por USAID, los Servicios de Auxilio Católico y la Sociedad de Ayuda Humanitaria de Tigré, 16 de junio de 2021, Mekele, Etiopía. Los dirigentes del G7 pidieron recientemente que se permitiera el acceso sin trabas a trabajadores y trabajadoras humanitarios en la región donde fuerzas gubernamentales y tropas eritreas luchan contra grupos rebeldes desde el pasado mes de noviembre. La ONU dice que hay 350.000 personas viviendo en condiciones de hambruna, afirmación que el gobierno etíope rechaza, si bien ha admitido que existe “inseguridad alimentaria” en Tigré.

La salud y las desigualdades

Las vacunas hicieron abrigar la esperanza de acabar definitivamente con la pandemia, que al término de 2021 se había cobrado al menos 5,5 millones de vidas, según la Organización Mundial de la Salud, si bien otras estimaciones cifraban un número real de muertes dos o tres veces superior.

Muchos gobiernos se comprometieron a apoyar una cobertura global de vacunación, y tanto el G7 como el G20 formularon compromisos importantes. Sin embargo, pese a los esfuerzos de algunos gobiernos del Sur global en particular, la cooperación internacional fue en buena parte un fracaso.

Los países de ingresos altos acumularon millones de dosis más de las que necesitaban, hasta el punto de que algunos podían vacunar entre tres y cinco veces a toda su población.

Entretanto, al final del año, menos del 8% de la población total africana —1.200 millones de habitantes— tenía la pauta de vacunación completa, lo que suponía la tasa más baja de todos los continentes y una diferencia abismal respecto del objetivo del 40% fijado por la OMS para el fin de 2021. Tal desigualdad vacunal a nivel mundial exacerbó aún más la injusticia racial.

El espacio de la sociedad civil

En lugar de proporcionar espacio para la discusión y el debate sobre la mejor forma de afrontar los retos de 2021, la tendencia de los gobiernos siguió siendo reprimir las voces independientes y críticas, y algunos llegaron a utilizar la pandemia como pretexto para reducir aún más el espacio de la sociedad civil.

Durante el año, muchos gobiernos redoblaron sus esfuerzos para imponer medidas represivas a quienes los criticaban, a menudo con el pretexto de contener la difusión de información falsa sobre la COVID-19.

En China, Irán y otros países, las autoridades detuvieron y procesaron a personas que habían criticado o cuestionado sus medidas para atajar la enfermedad. En todo el planeta hubo gobiernos que impidieron o disolvieron protestas pacíficas de forma indebida, a veces con la excusa de la aplicación de las normas que evitaban la propagación del virus.

Varios gobiernos, principalmente de las regiones de Asia, África, y Oriente Medio y el Norte de África, bloquearon o restringieron drásticamente el acceso a Internet y las redes sociales.

Un agente de policía (centro dcha.) empieza a cargar en una calle del distrito de Causeway Bay de Hong Kong, donde han quedado bolsas de basura por el suelo tras el paso de los y las manifestantes el 4 de junio de 2021. La policía cerró el emplazamiento donde la población hongkonesa se reunía tradicionalmente cada año en señal de duelo por las víctimas de la represión de la plaza de Tiananmen de China de 1989, acto prohibido por las autoridades a causa, según aducen, de la pandemia de coronavirus, del mismo modo que se han propuesto acabar con cualquier acto de protesta por el aniversario.
Una niña migrante mira cómo personas solicitantes de asilo llegan a Estados Unidos por el puerto de entrada de San Ysidro en Tijuana, en el estado de Baja California, México, el 10 de mayo de 2021.

Personas refugiadas y migrantes expulsadas sumariamente en los países del Norte global

En 2021 hubo desplazamientos masivos causados por crisis tanto emergentes como ya arraigadas. La situación de países como Afganistán, Etiopía y Myanmar dio lugar a nuevas olas de desplazamiento.

Miles de personas continuaron abandonando Venezuela, y sólo el conflicto en curso en República Democrática del Congo llevó a 1,5 millones de personas a huir de su hogar en 2021. En todo el mundo, millones de personas tuvieron que dejar sus países debido a violaciones de derechos humanos relacionadas con conflictos y violencia, con desigualdades, y con el cambio climático y la degradación ambiental; entre los grupos más afectados por el desplazamiento se hallaban las minorías étnicas.

Según el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, a mediados del año había 26,6 millones de personas refugiadas y 4,4 millones de solicitantes de asilo en todo el mundo. La comunidad internacional no proporcionó el apoyo adecuado y, lo que es peor, restringió el acceso a las zonas seguras. Las personas en movimiento se vieron además sometidas a una cadena de abusos, y la comisión sistemática de violaciones generalizadas de derechos humanos, tales como expulsiones sumarias, tortura y violencia sexual no fue castigada.

Cronograma

En el cronograma se presenta una selección de acontecimientos ocurridos en 2021, relacionados con las cuestiones de derechos humanos clave que se abordan en el prefacio y el análisis global del informe anual: la salud y las desigualdades, el espacio de la sociedad civil, los conflictos y las personas refugiadas y migrantes.

Comenzaron las protestas contra la reclusión del líder opositor Aleksei Navalny, a quien encarcelaron de manera inmediata a su regreso de un hospital en Alemania. Estas concentraciones dieron lugar a un número sin precedentes de arrestos multitudinarios y arbitrarios y de enjuiciamientos administrativos y penales por cargos falsos.

Enero

©OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images
El mundo siguió enfrentándose a las consecuencias de la pandemia de COVID-19. Una nueva variante se propagó rápidamente y mató a millones de personas. Se mantuvieron las cuarentenas y otras restricciones a la libertad de circulación. La pandemia y las medidas para combatirla siguieron teniendo efectos devastadores sobre otros derechos económicos y sociales, y dejaron a millones de personas atrapadas en la pobreza extrema.
© JUAN BARRETO/AFP via Getty Images)
La situación de los derechos humanos se deterioró drásticamente tras un golpe de Estado y la detención de altos cargos gubernamentales. El ejército reprimió con violencia a quienes se oponían al golpe; al final del año, las fuerzas de seguridad habían acabado con la vida de más de 1.000 personas y detenidos a miles más.

Febrero

©STR/AFP via Getty Images
Al igual que en otros meses del año, la coalición dirigida por Arabia Saudí llevó a cabo ataques aéreos que mataron e hirieron a civiles y dañaron bienes de carácter civil, mientras que las fuerzas huzíes continuaron utilizando armamento pesado de escasa precisión con resultados similares. Siguieron produciéndose transferencias irresponsables de armas a las partes en conflicto.

Marzo

©AHMAD AL-BASHA/AFP via Getty Images
El gobierno de Kenia dio al ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, un ultimátum de 14 días para cerrar los campos de refugiados de Kakuma y Dadaab, advirtiendo de que se devolvería a las personas refugiadas a sus países de origen si no lo hacía. Más tarde se retiró la amenaza, pero las personas refugiadas siguieron viviendo con temor e incertidumbre.
©Michael Christopher Brown
La propuesta de reforma tributaria que el gobierno trató de imponer durante una crisis social agravada por la pandemia de COVID-19 dio lugar a un Paro Nacional. Hubo numerosos informes de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad contra personas que se manifestaban pacíficamente.

Abril

©JOAQUIN SARMIENTO/AFP via Getty Images
Un grupo de 15 activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas fueron enjuiciados por “terrorismo” por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Desde ese momento, las autoridades hicieron cada vez más uso de cargos relacionados con el terrorismo para detener y recluir a defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y otras personas.
©AFP via Getty Images
La policía en Río de Janeiro llevó a cabo la operación más mortífera jamás efectuada, que se saldó con la muerte de 27 vecinos de la favela de Jacarezinho, perteneciente a esa ciudad, y un agente de policía. La operación se puso en marcha a partir de unas fotografías de presuntos sospechosos publicadas en las redes sociales.

Mayo

© MAURO PIMENTEL/AFP via Getty Images
El gobierno lanzó una brutal campaña de represión de los derechos humanos como respuesta a las protestas en favor de la democracia y contra la brutalidad policial. Hasta octubre se había sometido a detención arbitraria a más de 1.000 personas y más de 80 habían resultado muertas como resultado de la dispersión violenta de protestas.
©Ndumiso Mabila, 2021
La policía usó fuerza excesiva para dispersar a cientos de personas que se habían congregado pacíficamente con motivo de un festival de música. Durante la operación policial varias personas sufrieron graves lesiones, incluida la pérdida de una mano en el caso de un hombre.

Junio

©Photo by LOIC VENANCE/AFP via Getty Images
La marcha anual del Orgullo de Estambul se prohibió por sexto año consecutivo. La policía empleó fuerza innecesaria y excesiva para dispersar a quienes protestaban y detuvo al menos a 47 personas.
©HACO BISKIN/Gazete Duvar/AFP via Getty Images
A Tong Ying-kit le impusieron una pena de nueve años de prisión; fue la primera persona condenada en Hong Kong en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional. Entre el 1 de julio de 2020 y finales de 2021, la policía detuvo u ordenó la detención de al menos 161 personas en aplicación de esa ley.

Julio

©ISAAC LAWRENCE/AFP via Getty Images
El Proyecto Pegasus —una gran iniciativa de colaboración entre personal experto en derechos humanos y periodistas de investigación— puso al descubierto la vigilancia estatal de personas que criticaban al gobierno o defendían los derechos humanos, entre otras. La empresa israelí Grupo NSO, dedicada a la vigilancia, es la creadora del programa espía Pegasus.
©MARIO GOLDMAN/AFP via Getty Images
Los talibanes tomaron el poder. Millones de personas tuvieron que abandonar sus hogares y enfrentarse a un futuro precario como refugiadas. Al suprimirse la ayuda humanitaria internacional, quienes se quedaron en el país sufrieron pobreza, hambre y enfermedades.

Agosto

©WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images
La policía utilizó porras para golpear a agricultores que protestaban pacíficamente contra unas polémicas leyes de agricultura. A lo largo de 2021 se detuvo a más de 183 personas por protestar contra estas leyes.
©Sameer Sehgal/Hindustan Times via Getty Images
En el contexto del creciente conflicto armado, fue muy difícil que la ayuda humanitaria llegara a quienes la necesitaban. La ONU calculaba que había más de 5 millones necesitadas de ayuda alimentaria de emergencia. El conflicto causó a lo largo del año miles de muertes de civiles, principalmente por motivos de identidad étnica, y el desplazamiento de millones de personas.

Septiembre

©AMANUEL SILESHI/AFP via Getty Images
El ejército tomó el poder, disolvió el gobierno civil de transición e impuso un estado de emergencia nacional. Los modestos avances del gobierno de transición en la mejora de la situación de los derechos humanos quedaron paralizados. Al menos 53 personas murieron y centenares resultaron heridas en las manifestaciones que siguieron al golpe de Estado.

Octubre

©Mahmoud Hjaj/Anadolu Agency via Getty Images
En la Conferencia de la ONU de 2021 sobre el Cambio Climático (COP26) celebrada en la ciudad de Glasgow, en Reino Unido, los Estados ni siquiera fueron capaces de ponerse de acuerdo para comprometerse a mantener el aumento global de la temperatura por debajo de 1,5° C, condenando así a más de 500 millones de personas, la mayoría del Sur global, a carecer de agua suficiente, y a miles de millones a sufrir olas de calor extremas.

Noviembre

©ANDY BUCHANAN/AFP via Getty Images
La destacada periodista, escritora y defensora de los derechos humanos Phạm Đoan Trang fue condenada a nueve años de prisión por unos artículos que había escrito sobre el medioambiente y los derechos humanos, así como por unas entrevistas que había concedido a medios de comunicación extranjeros.

Diciembre

©Pham Doan Trang

Caso

El informe anual de Amnistía Internacional aborda pautas generalizadas de violaciones de derechos en diferentes países y regiones, tales como la represión letal de las protestas. Sin embargo, detrás de cada violación de derechos humanos hay una historia humana. Un ejemplo entre tantos es la historia de Kevin Agudelo, quien recibió disparos durante una vigila por las víctimas de la violencia policial en Colombia y murió.

El 55% de los países hace un uso excesivo o innecesario de la fuerza contra manifestantes

Durante las jornadas del Paro Nacional de 2021 en Colombia, miles de personas tomaron las calles para exigir sus derechos. La respuesta del gobierno fue atacar y castigar a quienes expresaban su descontento.

El 3 de mayo, se celebraba una vigilia en la ciudad de Cali, en el distrito de Siloé. La noche anterior, un joven había perdido la vida, al parecer, a manos de agentes encargados de hacer cumplir la ley. Miembros de la Policía Nacional, el Escuadrón Móvil Antidisturbios y el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional de Colombia utilizaron armas letales y gas lacrimógeno con el propósito de disolver la reunión.

Tres personas murieron por heridas de bala —entre ellas Kevin Agudelo, un joven jugador de fútbol—, en lo que las autoridades del país denominaron “Operación Siloé”.

©VMLY&R/Amnesty International

Kevin jugaba como defensa en el Siloé FC; sus sueños se desvanecieron en cuestión de segundos.

Testigos presenciales afirmaron que, cuando encontraron a Kevin, ya estaba muerto, y su cadáver presentaba una herida de bala en el pecho. Verificamos los vídeos del lugar de los hechos y pudimos comprobar que la policía se hallaba fuertemente armada cerca del lugar donde murió Kevin, y que los agentes utilizaron rifles Tavor de 5,56 mm.

Nadie puede ser agredido por protestar

NADIE

Contenido regional

En las cinco perspectivas regionales del informe anual no se abordan únicamente las cuestiones prioritarias en torno a las cuales se articulan el prefacio y el análisis global (la salud y las desigualdades, el espacio de la sociedad civil, los conflictos y las personas refugiadas y migrantes), sino también otros asuntos que son pertinentes a cada región. A continuación se presentan algunos ejemplos clave.

África

Impunidad

En casi todos los países, las personas responsables de crímenes de derecho internacional y otros abusos y violaciones graves de derechos humanos gozaban de impunidad.

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Derecho a la educación

El cierre de centros escolares y otras alteraciones de la enseñanza a causa de la pandemia seguían siendo un importante motivo de preocupación. En Chad, la matriculación de niñas en escuelas de enseñanza secundaria cayó del 31% en 2017 al 12% en 2021 debido a los cierres de escuelas y a las elevadas tasas de matrimonio precoz y forzado. En Sudáfrica, aproximadamente 750.000 niños y niñas habían abandonado la escuela en mayo, una cifra que triplicaba la anterior a la pandemia (230.000). En Uganda, donde las escuelas iniciaron una reapertura gradual en febrero pero cerraron de nuevo en junio, la Autoridad Nacional de Planificación pronosticó que más del 30% del alumnado no regresaría a la escuela. Los niños y niñas de países afectados por conflictos tenían dificultades específicas y profundas para acceder a la educación.

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Derecho a la vivienda

A pesar de la pandemia de COVID-19, en varios países se registraron desalojos forzosos que dejaron sin hogar a decenas de miles de personas. En el lado positivo, tribunales de Kenia y Uganda afirmaron el derecho a la vivienda y condenaron los desalojos forzosos. El Tribunal Supremo de Kenia falló que el desalojo en 2013 de residentes del asentamiento informal de City Carton, en la capital, Nairobi, había violado su derecho a la vivienda. El Tribunal Constitucional de Uganda resolvió que la Autoridad para la Naturaleza había desalojado ilegalmente al pueblo indígena batwa de sus tierras ancestrales en el bosque de Mgahinga, en el suroeste del país.

School Teacher Icon

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

En muchos países africanos, las personas LGBTI seguían sufriendo acoso, detención y enjuiciamiento por su orientación sexual o identidad de género reales o supuestas. En Benín, un grupo de hombres obligó a tres mujeres transgénero a desvestirse y después las golpearon y robaron. La agresión fue filmada y compartida en las redes sociales. La filmación de ataques a personas LGBTI también era habitual en Senegal. En Nigeria, una nueva ley en el estado de Taraba incluía una disposición que prescribía la cadena perpetua para las personas transgénero.

América

Derechos sexuales y reproductivos

Fueron muchos los gobiernos que no hicieron todo lo que debían para dar prioridad a la salud sexual y reproductiva. Los servicios básicos eran escasos y los servicios de aborto sin riesgos seguían siendo criminalizados en la mayoría de los países. El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua y República Dominicana mantenían la prohibición total del aborto.

El ejemplo de la histórica despenalización y legalización del aborto en las primeras 14 semanas de embarazo vivido en Argentina a finales de 2020 no fue secundado por los demás países. En Chile se rechazó un proyecto de ley que despenalizaba el aborto en las primeras 14 semanas de embarazo.

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Derechos de los pueblos indígenas

Los pueblos indígenas de las Américas seguían careciendo de acceso adecuado a sus derechos al agua, al saneamiento, a la salud y a la protección social, así como de mecanismos culturalmente adecuados para proteger su derecho a la salud y al sustento. Todo ello agravó el impacto de la pandemia de COVID-19.

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Violencia contra mujeres y niñas

Las medidas para proteger a las mujeres y las niñas eran inadecuadas en toda la región, y las investigaciones sobre casos de violencia por motivos de género a menudo presentaban deficiencias. En México, por ejemplo, la violencia contra las mujeres seguía siendo generalizada. Durante el año se registraron 3.427 homicidios de mujeres, de los que 887 se estaban investigando como feminicidios. En Colombia, donde el Observatorio Feminicidios Colombia denunció 432 feminicidios en los ocho primeros meses del año, las fuerzas de seguridad también cometían habitualmente actos de violencia sexual contra las mujeres. Paraguay y Puerto Rico declararon el estado de emergencia debido al aumento de la violencia contra las mujeres. Este tipo de violencia también aumentó considerablemente en Perú y Uruguay.

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Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

En las Américas hubo avances limitados en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI, pero la legislación general estaba bloqueada, por lo que siguieron siendo objeto de discriminación, violencia y homicidio en varios países. Argentina introdujo nuevos documentos de identidad que reconocían a las personas que se identificaban como no binarias, y el Congreso de la Nación aprobó en junio una ley para promover la contratación laboral de la población trans. En Estados Unidos, el gobierno de Biden adoptó medidas para derogar las políticas discriminatorias de la administración anterior hacia las personas LGBTI. Sin embargo, en los estados también se introdujeron cientos de proyectos de ley que restringirían los derechos de ese colectivo.

Asia y Oceanía

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Derechos laborales

La pandemia siguió sometiendo al personal sanitario de la región a una enorme presión. En numerosos países sus condiciones de trabajo eran intolerables, y no se les facilitaba protección ni remuneración adecuadas. En Mongolia, las autoridades hostigaron al personal sanitario, que también fue agredido por pacientes frustrados y desesperados. En India no se remuneró debidamente ni se facilitaron equipos de protección personal adecuados al personal de salud comunitaria. En Indonesia se retrasaron los pagos de incentivos al personal sanitario en reconocimiento a su labor durante la pandemia de COVID-19. Se siguieron sufriendo las repercusiones socioeconómicas de la pandemia y de las restricciones relacionadas con ella, que afectaban de manera desproporcionada a las personas ya marginadas, como las que carecían de empleo seguro e ingresos regulares.

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Derechos de las mujeres y de las niñas

Los derechos de las mujeres y de las niñas sufrieron importantes reveses en la región. En Afganistán, de la noche a la mañana quedaron borrados 20 años de avances en la protección y promoción de los derechos de las mujeres. La violencia sexual y de género, ya endémica en numerosos países de la región, se vio agudizada en el marco de las respuestas de los Estados a la COVID-19. Quienes reivindicaron rendición de cuentas por actos de violencia contra las mujeres y mayor protección para éstas lograron escasos avances. El gobierno chino llevó a cabo una campaña de desprestigio contra mujeres exiliadas que habían estado recluidas en la región de Xinjiang y habían denunciado la violencia sexual existente en los llamados “centros de reeducación”. En Pakistán, el Parlamento aprobó un proyecto de ley sobre la violencia de género en el ámbito familiar pero, según informes, debido a la oposición de los partidos conservadores, el gobierno terminó por someterlo a revisión ante un órgano asesor religioso.

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Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

En muchos países de la región se siguió persiguiendo o discriminando de distintas formas, en la ley y en la práctica, a la población LGBTI. En algunos países seguían estando penalizadas las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. En varios países se llevaron a cabo campañas contra la población LGBTI. En Malasia, más de 1.700 personas fueron enviadas a campos de rehabilitación gestionados por el gobierno y concebidos para cambiar el “estilo de vida” y la “orientación sexual” de las personas LGBTI. Las autoridades chinas continuaron con su campaña de “limpieza” de toda representación LGBTI en Internet. Se prohibió la aparición en televisión de hombres con aspecto afeminado, y se cerraron las cuentas de las organizaciones LGBTI en las redes sociales. En Afganistán, los talibanes anunciaron claramente que no respetarían los derechos LGBTI. En Taiwán se lograron pequeños avances en el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo, pero la población LGBTI siguió sufriendo discriminación.

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Tortura y otros malos tratos

Hubo limitados avances en la prevención de la tortura y otros malos tratos en la región, que seguían siendo prácticas generalizadas en un número considerable de países. Tanto en Pakistán como en Tailandia se tomaron medidas para penalizar la tortura. Sin embargo, la ley propuesta en Tailandia no se ajustaba por completo a las normas internacionales. En Sri Lanka, las nuevas normativas emitidas en aplicación de la Ley de Prevención del Terrorismo podían incrementar el riesgo de que las personas detenidas fueran torturadas. En estos y otros países continuaron denunciándose casos de tortura y otros malos tratos.

Europa y Asia Central

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Erosión de la independencia judicial

Una de las principales extralimitaciones de los Estados fue la erosión de la independencia judicial. Polonia continuó desafiando los intentos de los organismos europeos de paralizar la destrucción de la independencia del poder judicial del país, haciendo que la UE se enfrentara a su mayor crisis del Estado de derecho hasta la fecha. La situación fue peor en Bielorrusia, donde las autoridades instrumentalizaron el sistema de justicia para castigar a víctimas de tortura y testigos de violaciones de derechos humanos. En Georgia, el arresto de importantes dirigentes de la oposición, entre ellos el expresidente Mijeil Saakashvili, y el trato degradante que recibieron durante la detención suscitaron motivos de preocupación por la independencia judicial. Algunos organismos multilaterales señalaron que la nueva Constitución de Kirguistán podía mermar la independencia judicial.

Icon Gavel Legal

Discriminación

El racismo contra personas negras, musulmanas, romaníes y judías se hizo más patente en muchos contextos. En Reino Unido, un informe gubernamental descartaba los motivos de preocupación sobre el racismo institucional, mientras que un nuevo proyecto de ley sobre la policía auguraba un aumento de la discriminación de las comunidades negra, romaní y nómada. Las autoridades de Dinamarca suprimieron de la legislación toda referencia a los “guetos” pero siguieron imponiendo limitaciones en materia de vivienda social a los residentes de “procedencia no occidental”. Austria y Francia intensificaron la vigilancia de las comunidades musulmanas, irrumpieron en mezquitas y cerraron organizaciones que vigilaban la islamofobia, justificando tales medidas como parte de su lucha contra la radicalización y el terrorismo. En Alemania, a fecha del 5 de noviembre de 2021, se habían registrado 1.850 casos de antisemitismo y otros delitos de odio contra personas judías —la cifra más alta desde 2018— y se alcanzaron máximos exorbitantes de incidentes similares declarados también en Austria, Francia, Italia y Reino Unido.

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Derechos sexuales y reproductivos

El acceso a un aborto seguro y legal seguía siendo un grave problema de derechos humanos en Andorra, Malta, Polonia, San Marino y otros lugares. En Polonia entró en vigor una sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucional el aborto en el supuesto de grave malformación del feto. El año siguiente a la sentencia, 34.000 mujeres se pusieron en contacto con Aborto sin Fronteras, una ONG que facilitaba viajar al extranjero para obtener asesoramiento y servicios de aborto. En Andorra se mantenían los cargos por difamación presentados contra una defensora que había planteado ante la ONU sus motivos de preocupación sobre la prohibición total del aborto en el país. En un positivo avance, San Marino legalizó el aborto en una votación popular.

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Violencia contra mujeres y niñas

El panorama respecto a la violencia contra las mujeres seguía siendo dispar. Mientras que Turquía se retiró de un tratado emblemático para combatirla —el Convenio de Estambul—, Moldavia y Liechtenstein lo ratificaron. Además, Eslovenia reformó su legislación sobre la violación para que su definición estuviera basada en el consentimiento, y en España, Países Bajos y Suiza también se estaba reformando la legislación análoga. Sin embargo, la violencia contra las mujeres seguía siendo una práctica muy extendida. En Rusia, el Consorcio de ONG de Mujeres concluyó que el 66% de las mujeres asesinadas de 2011 a 2019 habían sido víctimas de violencia de género en el ámbito familiar. El Ministerio del Interior de Uzbekistán rechazó una petición de la ONG NeMolchi en relación con los enjuiciamientos por violencia contra las mujeres, afirmando que “no servía para nada”. En Azerbaiyán, activistas de los derechos de las mujeres y periodistas sufrieron chantajes y campañas de desprestigio basadas expresamente en el género y se disolvieron con violencia concentraciones de mujeres contra la violencia de género intrafamiliar. En Ucrania continuaron los ataques homófobos y hubo informes sobre la falta de servicios para las sobrevivientes de violencia de género intrafamiliar en las zonas de la región de Dombás no controladas por el gobierno.

Oriente Medio y Norte de África

Tortura y otros malos tratos

Continuaban practicándose tortura y otros malos tratos en lugares de detención oficiales y no oficiales en al menos 18 países, especialmente durante el interrogatorio con miras a obtener “confesiones” y durante la reclusión en régimen de aislamiento en condiciones terribles. En Arabia Saudí, Egipto, Irán y Libia, las autoridades no investigaron las causas ni las circunstancias de muertes bajo custodia en circunstancias sospechosas tras denuncias de tortura, incluida la denegación deliberada de atención sanitaria. En Líbano se denunciaron los casos de 26 personas refugiadas sirias, 4 varones menores de edad entre ellas, recluidas por cargos de terrorismo y sometidas a tortura por agentes de los servicios de Inteligencia Militar y otras personas. Las autoridades no investigaron las denuncias de tortura ni siquiera en los casos en que las personas recluidas contaron al tribunal que habían sido torturadas. El destacado activista político crítico Nizar Banat murió bajo custodia de las fuerzas palestinas de Seguridad Preventiva, que lo habían detenido y torturado en Hebrón, en el sur de Cisjordania. La autopsia reveló fracturas, hematomas y abrasiones en todo el cuerpo.

Derechos laborales

Las autoridades de la región no protegieron a la población trabajadora de salarios bajos frente a la pérdida del empleo o del salario por motivos como el impacto de la pandemia en la economía. Los gobiernos también reprimieron el derecho de la población trabajadora a la huelga y no protegieron a personas despedidas injustamente por secundar huelgas. En Egipto, las autoridades continuaron penalizando a personas trabajadoras por expresar su opinión o su supuesta disidencia. Se aprobó nueva legislación que permitía el despido automático de las personas empleadas en el sector público que estuvieran incluidas en “la lista de terroristas”, y un tribunal confirmó el despido sin indemnización de un trabajador de una empresa del sector público por “expresar públicamente sus opiniones políticas”. No obstante, se anunciaron reformas para mejorar la protección de los trabajadores y trabajadoras migrantes en varios países, en particular en el Golfo, donde constituían un porcentaje muy elevado de la mano de obra.

Derechos de las mujeres y de las niñas

La violencia contra las mujeres y las niñas quedaba impune en la mayoría de los casos en los sistemas de justicia penal de la región. Continuaron cometiéndose homicidios en nombre del “honor” en Irak, Jordania, Kuwait y Palestina, sin que las autoridades tomaran medidas para enjuiciar a los perpetradores. En Irán, la legislación propuesta para abordar la violencia contra las mujeres contenía disposiciones que se acogieron con satisfacción, incluida la creación de centros de acogida, pero no definía la violencia de género en el ámbito familiar como un delito diferenciado ni penalizaba la violación conyugal y el matrimonio precoz, y en los casos de violencia de género en el ámbito familiar favorecía la reconciliación respecto a la rendición de cuentas. En Irán se introdujeron cambios legislativos que menoscababan aún más el derecho de las mujeres a la salud sexual y reproductiva, pues restringían severamente el acceso a la contracepción, los servicios de esterilización voluntaria y la información al respecto. En Libia, las autoridades no ofrecieron protección ni reparación a las mujeres y niñas frente a la violación y otras formas de violencia sexual y de género como los homicidios, la tortura y la privación ilegítima de la libertad a manos de milicias, grupos armados y otros actores no estatales.

Minorías religiosas y étnicas

Los miembros de minorías religiosas sufrían discriminación arraigada en la ley y en la práctica en toda la región incluso con respecto a su derecho a practicar su religión. En algunos países, incluidos Egipto e Irán, los miembros de minorías religiosas y las personas cuyos progenitores hubieran sido identificados como musulmanes por las autoridades eran sometidos a detención, enjuiciamiento y reclusión arbitraria por profesar su fe o expresar creencias no autorizadas. En Irán se impusieron penas de prisión a tres cristianos conversos en virtud de nueva legislación que castigaba con hasta cinco años de prisión el insulto a las “religiones de revelación divina” o la realización de “actividades proselitistas”. En Irán y Libia, la discriminación que sufrían las minorías étnicas restringía su acceso al empleo, al desempeño de cargos políticos y a los servicios esenciales, incluidas la educación y la atención de la salud, y vulneraba sus derechos lingüísticos y culturales. En Irán, las condenas a muerte impuestas por delitos redactados de forma imprecisa, como el de “enemistad con Dios”, seguían afectando desproporcionadamente a las personas de minorías étnicas.

Llamamientos a la acción

©Benjamin Girette / Hans Lucas

Si de verdad quieren honrar sus promesas, los gobiernos e instituciones deben basar firmemente su recuperación de la pandemia y su respuesta a las crisis en un marco de derechos humanos, y facilitar un diálogo auténtico con la sociedad civil mediante un pacto entre socios para la búsqueda de soluciones.

El informe anual de Amnistía Internacional ofrece una serie de recomendaciones para gobiernos y otros organismos sobre los asuntos a los que se ha dado prioridad en el análisis global —la salud y las desigualdades, el espacio de la sociedad civil y las personas refugiadas y migrantes—, así como otras cuestiones que se abordan en las cinco perspectivas regionales.

El informe de Amnistía aporta información que contribuye a la labor de cabildeo con gobiernos de todo el mundo en el transcurso del año.

Más información sobre la situación de los derechos humanos