¿Ha intentado el mundo “reconstruir mejor” tras la pandemia de COVID-19?

Desde una perspectiva de derechos humanos, 2021 fue en gran medida una historia de traición en las estancias del poder.

El informe anual de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el mundo en 2021, publicado en marzo de 2022, muestra que las promesas de “reconstruir mejor” tras la pandemia de COVID-19 se quedaron en poco más que palabras huecas. Las esperanzas de cooperación global se desvanecieron ante el acaparamiento de vacunas y la avaricia empresarial.

Los gobiernos reprimieron las voces independientes y críticas, y algunos llegaron a utilizar la pandemia como pretexto para reducir aún más el espacio de la sociedad civil. Surgieron nuevos conflictos y se perpetuaron otros no resueltos. Las personas obligadas a huir se vieron sometidas a una cadena de abusos, tales como expulsiones sumarias ejecutadas por los países del Norte global.

Sin embargo, también hubo personas, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil que mantuvieron viva la esperanza de un mundo mejor tras la pandemia.

El año 2021 debería haber sido un año de cura y recuperación. En cambio, se convirtió en el vivero de una desigualdad más profunda y una mayor inestabilidad.

Agnès Callamard, secretaria general

Impunidad

En casi todos los países, las personas responsables de crímenes de derecho internacional y otros abusos y violaciones graves de derechos humanos gozaban de impunidad.

Derecho a la educación

El cierre de centros escolares y otras alteraciones de la enseñanza a causa de la pandemia seguían siendo un importante motivo de preocupación. En Chad, la matriculación de niñas en escuelas de enseñanza secundaria cayó del 31% en 2017 al 12% en 2021 debido a los cierres de escuelas y a las elevadas tasas de matrimonio precoz y forzado. En Sudáfrica, aproximadamente 750.000 niños y niñas habían abandonado la escuela en mayo, una cifra que triplicaba la anterior a la pandemia (230.000). En Uganda, donde las escuelas iniciaron una reapertura gradual en febrero pero cerraron de nuevo en junio, la Autoridad Nacional de Planificación pronosticó que más del 30% del alumnado no regresaría a la escuela. Los niños y niñas de países afectados por conflictos tenían dificultades específicas y profundas para acceder a la educación.

Derecho a la vivienda

A pesar de la pandemia de COVID-19, en varios países se registraron desalojos forzosos que dejaron sin hogar a decenas de miles de personas. En el lado positivo, tribunales de Kenia y Uganda afirmaron el derecho a la vivienda y condenaron los desalojos forzosos. El Tribunal Supremo de Kenia falló que el desalojo en 2013 de residentes del asentamiento informal de City Carton, en la capital, Nairobi, había violado su derecho a la vivienda. El Tribunal Constitucional de Uganda resolvió que la Autoridad para la Naturaleza había desalojado ilegalmente al pueblo indígena batwa de sus tierras ancestrales en el bosque de Mgahinga, en el suroeste del país.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

En muchos países africanos, las personas LGBTI seguían sufriendo acoso, detención y enjuiciamiento por su orientación sexual o identidad de género reales o supuestas. En Benín, un grupo de hombres obligó a tres mujeres transgénero a desvestirse y después las golpearon y robaron. La agresión fue filmada y compartida en las redes sociales. La filmación de ataques a personas LGBTI también era habitual en Senegal. En Nigeria, una nueva ley en el estado de Taraba incluía una disposición que prescribía la cadena perpetua para las personas transgénero.

Derechos sexuales y reproductivos

Fueron muchos los gobiernos que no hicieron todo lo que debían para dar prioridad a la salud sexual y reproductiva. Los servicios básicos eran escasos y los servicios de aborto sin riesgos seguían siendo criminalizados en la mayoría de los países. El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua y República Dominicana mantenían la prohibición total del aborto.

El ejemplo de la histórica despenalización y legalización del aborto en las primeras 14 semanas de embarazo vivido en Argentina a finales de 2020 no fue secundado por los demás países. En Chile se rechazó un proyecto de ley que despenalizaba el aborto en las primeras 14 semanas de embarazo.

Derechos de los pueblos indígenas

Los pueblos indígenas de las Américas seguían careciendo de acceso adecuado a sus derechos al agua, al saneamiento, a la salud y a la protección social, así como de mecanismos culturalmente adecuados para proteger su derecho a la salud y al sustento. Todo ello agravó el impacto de la pandemia de COVID-19.

Violencia contra mujeres y niñas

Las medidas para proteger a las mujeres y las niñas eran inadecuadas en toda la región, y las investigaciones sobre casos de violencia por motivos de género a menudo presentaban deficiencias. En México, por ejemplo, la violencia contra las mujeres seguía siendo generalizada. Durante el año se registraron 3.427 homicidios de mujeres, de los que 887 se estaban investigando como feminicidios. En Colombia, donde el Observatorio Feminicidios Colombia denunció 432 feminicidios en los ocho primeros meses del año, las fuerzas de seguridad también cometían habitualmente actos de violencia sexual contra las mujeres. Paraguay y Puerto Rico declararon el estado de emergencia debido al aumento de la violencia contra las mujeres. Este tipo de violencia también aumentó considerablemente en Perú y Uruguay.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

En las Américas hubo avances limitados en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI, pero la legislación general estaba bloqueada, por lo que siguieron siendo objeto de discriminación, violencia y homicidio en varios países. Argentina introdujo nuevos documentos de identidad que reconocían a las personas que se identificaban como no binarias, y el Congreso de la Nación aprobó en junio una ley para promover la contratación laboral de la población trans. En Estados Unidos, el gobierno de Biden adoptó medidas para derogar las políticas discriminatorias de la administración anterior hacia las personas LGBTI. Sin embargo, en los estados también se introdujeron cientos de proyectos de ley que restringirían los derechos de ese colectivo.

Derechos laborales

La pandemia siguió sometiendo al personal sanitario de la región a una enorme presión. En numerosos países sus condiciones de trabajo eran intolerables, y no se les facilitaba protección ni remuneración adecuadas. En Mongolia, las autoridades hostigaron al personal sanitario, que también fue agredido por pacientes frustrados y desesperados. En India no se remuneró debidamente ni se facilitaron equipos de protección personal adecuados al personal de salud comunitaria. En Indonesia se retrasaron los pagos de incentivos al personal sanitario en reconocimiento a su labor durante la pandemia de COVID-19. Se siguieron sufriendo las repercusiones socioeconómicas de la pandemia y de las restricciones relacionadas con ella, que afectaban de manera desproporcionada a las personas ya marginadas, como las que carecían de empleo seguro e ingresos regulares.

Derechos de las mujeres y de las niñas

Los derechos de las mujeres y de las niñas sufrieron importantes reveses en la región. En Afganistán, de la noche a la mañana quedaron borrados 20 años de avances en la protección y promoción de los derechos de las mujeres. La violencia sexual y de género, ya endémica en numerosos países de la región, se vio agudizada en el marco de las respuestas de los Estados a la COVID-19. Quienes reivindicaron rendición de cuentas por actos de violencia contra las mujeres y mayor protección para éstas lograron escasos avances. El gobierno chino llevó a cabo una campaña de desprestigio contra mujeres exiliadas que habían estado recluidas en la región de Xinjiang y habían denunciado la violencia sexual existente en los llamados “centros de reeducación”. En Pakistán, el Parlamento aprobó un proyecto de ley sobre la violencia de género en el ámbito familiar pero, según informes, debido a la oposición de los partidos conservadores, el gobierno terminó por someterlo a revisión ante un órgano asesor religioso.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

En muchos países de la región se siguió persiguiendo o discriminando de distintas formas, en la ley y en la práctica, a la población LGBTI. En algunos países seguían estando penalizadas las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. En varios países se llevaron a cabo campañas contra la población LGBTI. En Malasia, más de 1.700 personas fueron enviadas a campos de rehabilitación gestionados por el gobierno y concebidos para cambiar el “estilo de vida” y la “orientación sexual” de las personas LGBTI. Las autoridades chinas continuaron con su campaña de “limpieza” de toda representación LGBTI en Internet. Se prohibió la aparición en televisión de hombres con aspecto afeminado, y se cerraron las cuentas de las organizaciones LGBTI en las redes sociales. En Afganistán, los talibanes anunciaron claramente que no respetarían los derechos LGBTI. En Taiwán se lograron pequeños avances en el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo, pero la población LGBTI siguió sufriendo discriminación.

Tortura y otros malos tratos

Hubo limitados avances en la prevención de la tortura y otros malos tratos en la región, que seguían siendo prácticas generalizadas en un número considerable de países. Tanto en Pakistán como en Tailandia se tomaron medidas para penalizar la tortura. Sin embargo, la ley propuesta en Tailandia no se ajustaba por completo a las normas internacionales. En Sri Lanka, las nuevas normativas emitidas en aplicación de la Ley de Prevención del Terrorismo podían incrementar el riesgo de que las personas detenidas fueran torturadas. En estos y otros países continuaron denunciándose casos de tortura y otros malos tratos.

Erosión de la independencia judicial

Una de las principales extralimitaciones de los Estados fue la erosión de la independencia judicial. Polonia continuó desafiando los intentos de los organismos europeos de paralizar la destrucción de la independencia del poder judicial del país, haciendo que la UE se enfrentara a su mayor crisis del Estado de derecho hasta la fecha. La situación fue peor en Bielorrusia, donde las autoridades instrumentalizaron el sistema de justicia para castigar a víctimas de tortura y testigos de violaciones de derechos humanos. En Georgia, el arresto de importantes dirigentes de la oposición, entre ellos el expresidente Mijeil Saakashvili, y el trato degradante que recibieron durante la detención suscitaron motivos de preocupación por la independencia judicial. Algunos organismos multilaterales señalaron que la nueva Constitución de Kirguistán podía mermar la independencia judicial.

Discriminación

El racismo contra personas negras, musulmanas, romaníes y judías se hizo más patente en muchos contextos. En Reino Unido, un informe gubernamental descartaba los motivos de preocupación sobre el racismo institucional, mientras que un nuevo proyecto de ley sobre la policía auguraba un aumento de la discriminación de las comunidades negra, romaní y nómada. Las autoridades de Dinamarca suprimieron de la legislación toda referencia a los “guetos” pero siguieron imponiendo limitaciones en materia de vivienda social a los residentes de “procedencia no occidental”. Austria y Francia intensificaron la vigilancia de las comunidades musulmanas, irrumpieron en mezquitas y cerraron organizaciones que vigilaban la islamofobia, justificando tales medidas como parte de su lucha contra la radicalización y el terrorismo. En Alemania, a fecha del 5 de noviembre de 2021, se habían registrado 1.850 casos de antisemitismo y otros delitos de odio contra personas judías —la cifra más alta desde 2018— y se alcanzaron máximos exorbitantes de incidentes similares declarados también en Austria, Francia, Italia y Reino Unido.

Derechos sexuales y reproductivos

El acceso a un aborto seguro y legal seguía siendo un grave problema de derechos humanos en Andorra, Malta, Polonia, San Marino y otros lugares. En Polonia entró en vigor una sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucional el aborto en el supuesto de grave malformación del feto. El año siguiente a la sentencia, 34.000 mujeres se pusieron en contacto con Aborto sin Fronteras, una ONG que facilitaba viajar al extranjero para obtener asesoramiento y servicios de aborto. En Andorra se mantenían los cargos por difamación presentados contra una defensora que había planteado ante la ONU sus motivos de preocupación sobre la prohibición total del aborto en el país. En un positivo avance, San Marino legalizó el aborto en una votación popular.

Violencia contra mujeres y niñas

El panorama respecto a la violencia contra las mujeres seguía siendo dispar. Mientras que Turquía se retiró de un tratado emblemático para combatirla —el Convenio de Estambul—, Moldavia y Liechtenstein lo ratificaron. Además, Eslovenia reformó su legislación sobre la violación para que su definición estuviera basada en el consentimiento, y en España, Países Bajos y Suiza también se estaba reformando la legislación análoga. Sin embargo, la violencia contra las mujeres seguía siendo una práctica muy extendida. En Rusia, el Consorcio de ONG de Mujeres concluyó que el 66% de las mujeres asesinadas de 2011 a 2019 habían sido víctimas de violencia de género en el ámbito familiar. El Ministerio del Interior de Uzbekistán rechazó una petición de la ONG NeMolchi en relación con los enjuiciamientos por violencia contra las mujeres, afirmando que “no servía para nada”. En Azerbaiyán, activistas de los derechos de las mujeres y periodistas sufrieron chantajes y campañas de desprestigio basadas expresamente en el género y se disolvieron con violencia concentraciones de mujeres contra la violencia de género intrafamiliar. En Ucrania continuaron los ataques homófobos y hubo informes sobre la falta de servicios para las sobrevivientes de violencia de género intrafamiliar en las zonas de la región de Dombás no controladas por el gobierno.

Tortura y otros malos tratos

Continuaban practicándose tortura y otros malos tratos en lugares de detención oficiales y no oficiales en al menos 18 países, especialmente durante el interrogatorio con miras a obtener “confesiones” y durante la reclusión en régimen de aislamiento en condiciones terribles. En Arabia Saudí, Egipto, Irán y Libia, las autoridades no investigaron las causas ni las circunstancias de muertes bajo custodia en circunstancias sospechosas tras denuncias de tortura, incluida la denegación deliberada de atención sanitaria. En Líbano se denunciaron los casos de 26 personas refugiadas sirias, 4 varones menores de edad entre ellas, recluidas por cargos de terrorismo y sometidas a tortura por agentes de los servicios de Inteligencia Militar y otras personas. Las autoridades no investigaron las denuncias de tortura ni siquiera en los casos en que las personas recluidas contaron al tribunal que habían sido torturadas. El destacado activista político crítico Nizar Banat murió bajo custodia de las fuerzas palestinas de Seguridad Preventiva, que lo habían detenido y torturado en Hebrón, en el sur de Cisjordania. La autopsia reveló fracturas, hematomas y abrasiones en todo el cuerpo.

Derechos laborales

Las autoridades de la región no protegieron a la población trabajadora de salarios bajos frente a la pérdida del empleo o del salario por motivos como el impacto de la pandemia en la economía. Los gobiernos también reprimieron el derecho de la población trabajadora a la huelga y no protegieron a personas despedidas injustamente por secundar huelgas. En Egipto, las autoridades continuaron penalizando a personas trabajadoras por expresar su opinión o su supuesta disidencia. Se aprobó nueva legislación que permitía el despido automático de las personas empleadas en el sector público que estuvieran incluidas en “la lista de terroristas”, y un tribunal confirmó el despido sin indemnización de un trabajador de una empresa del sector público por “expresar públicamente sus opiniones políticas”. No obstante, se anunciaron reformas para mejorar la protección de los trabajadores y trabajadoras migrantes en varios países, en particular en el Golfo, donde constituían un porcentaje muy elevado de la mano de obra.

Derechos de las mujeres y de las niñas

La violencia contra las mujeres y las niñas quedaba impune en la mayoría de los casos en los sistemas de justicia penal de la región. Continuaron cometiéndose homicidios en nombre del “honor” en Irak, Jordania, Kuwait y Palestina, sin que las autoridades tomaran medidas para enjuiciar a los perpetradores. En Irán, la legislación propuesta para abordar la violencia contra las mujeres contenía disposiciones que se acogieron con satisfacción, incluida la creación de centros de acogida, pero no definía la violencia de género en el ámbito familiar como un delito diferenciado ni penalizaba la violación conyugal y el matrimonio precoz, y en los casos de violencia de género en el ámbito familiar favorecía la reconciliación respecto a la rendición de cuentas. En Irán se introdujeron cambios legislativos que menoscababan aún más el derecho de las mujeres a la salud sexual y reproductiva, pues restringían severamente el acceso a la contracepción, los servicios de esterilización voluntaria y la información al respecto. En Libia, las autoridades no ofrecieron protección ni reparación a las mujeres y niñas frente a la violación y otras formas de violencia sexual y de género como los homicidios, la tortura y la privación ilegítima de la libertad a manos de milicias, grupos armados y otros actores no estatales.

Minorías religiosas y étnicas

Los miembros de minorías religiosas sufrían discriminación arraigada en la ley y en la práctica en toda la región incluso con respecto a su derecho a practicar su religión. En algunos países, incluidos Egipto e Irán, los miembros de minorías religiosas y las personas cuyos progenitores hubieran sido identificados como musulmanes por las autoridades eran sometidos a detención, enjuiciamiento y reclusión arbitraria por profesar su fe o expresar creencias no autorizadas. En Irán se impusieron penas de prisión a tres cristianos conversos en virtud de nueva legislación que castigaba con hasta cinco años de prisión el insulto a las “religiones de revelación divina” o la realización de “actividades proselitistas”. En Irán y Libia, la discriminación que sufrían las minorías étnicas restringía su acceso al empleo, al desempeño de cargos políticos y a los servicios esenciales, incluidas la educación y la atención de la salud, y vulneraba sus derechos lingüísticos y culturales. En Irán, las condenas a muerte impuestas por delitos redactados de forma imprecisa, como el de “enemistad con Dios”, seguían afectando desproporcionadamente a las personas de minorías étnicas.