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PERÚ 2020

La pandemia de COVID-19 puso al descubierto las deficiencias relativas al acceso al derecho a la salud existentes en Perú. La desigualdad en el acceso a un sistema de salud fragmentado e insuficientemente financiado, sumada a la falta de protección para el personal sanitario, contribuyó a que Perú continuara entre los 10 países del mundo con mayor índice de mortalidad per cápita. Las personas y comunidades expuestas a sustancias tóxicas, incluidos metales, seguían pidiendo políticas públicas para garantizar la atención médica. El Estado no respondía eficazmente a la persistencia de elevados índices de violencia contra las mujeres y las niñas. La vida de los defensores y defensoras de los derechos humanos seguía corriendo grave peligro por la falta de medidas de protección efectivas por parte del Estado y de investigaciones penales fructuosas sobre los ataques y amenazas efectuados contra este colectivo. Perú sufrió una crisis política, social y de derechos humanos tras la destitución en noviembre del entonces presidente, Martín Vizcarra.

Información general

En enero se eligió un nuevo Congreso. El país registró sus primeros casos de COVID-19 en marzo, y el presidente declaró el estado de emergencia. Por medio de decretos supremos y legislación posterior se promulgaron órdenes de quedarse en casa de obligado cumplimiento, entre otras medidas sociales y económicas para hacer frente a la pandemia. A 31 de diciembre, el Ministerio de Salud había notificado 1.017.199 casos confirmados de COVID-19 y 37.724 muertes relacionadas con la enfermedad.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el índice de empleo informal en Perú era del 72,6%. En ese contexto, las medidas obligatorias aplicadas para hacer frente a la pandemia afectaron de manera especialmente importante a los medios de vida.

El 9 de noviembre, el Congreso decidió en votación destituir a Martín Vizcarra de la presidencia por denuncias de corrupción. Hubo una serie de manifestaciones en protesta por la actuación del Congreso, que se intensificaron el 10 de noviembre, durante la investidura de Manuel Merino como presidente, y continuaron hasta su renuncia el 15 de ese mismo mes. El 17 de noviembre, el congresista Francisco Sagasti tomó posesión como nuevo presidente.

Uso excesivo de la fuerza

En marzo, el Congreso aprobó la Ley de Protección Policial que, entre otras disposiciones, establecía la presunción en favor de la policía sobre la razonabilidad del uso de medios letales. Hubo peticiones de que el presidente derogara esa Ley porque violaba el derecho internacional de los derechos humanos y allanaba el camino a la impunidad y el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional,1 especialmente tras las manifestaciones de noviembre.

La Policía Nacional respondió a las manifestaciones de noviembre contra la destitución del presidente Vizcarra haciendo un uso excesivo e innecesario de la fuerza, que ocasionó la muerte de dos jóvenes (Jack Bryan Pintado Sánchez y Jordan Inti Sotelo Camargo) el 14 de noviembre y lesiones a otras más de 200 personas. Las organizaciones de derechos humanos denunciaron que la policía había utilizado munición real y gas lacrimógeno contra manifestantes pacíficos, y había golpeado o reducido con violencia a la gente. Hubo policías vestidos de civil que se negaron a identificarse y efectuaron detenciones arbitrarias, entre ellas la de una persona que defendía los derechos humanos. También se presentaron denuncias de malos tratos infligidos por las fuerzas de seguridad, inclusive en casos de personas que habían estado en paradero desconocido. Las investigaciones penales sobre las muertes y lesiones continuaban al finalizar el año.

Libertad de expresión y reunión

Durante el mes de diciembre, los trabajadores del sector agroexportador organizaron protestas para pedir una mejora de los salarios, las prestaciones y las condiciones laborales. Los manifestantes bloquearon carreteras principales, pidiendo al gobierno que derogara la Ley de Promoción Agraria y emitiera una nueva norma. La Defensoría del Pueblo informó de que se habían registrado incidentes de violencia durante las protestas. Las organizaciones de derechos humanos señalaron que la represión policial de las manifestaciones había ocasionado la muerte de tres personas y lesiones a varias otras. El ministro del Interior anunció que se llevaría a cabo una investigación interna sobre los incidentes y afirmó estar dispuesto a cooperar con las investigaciones penales.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

La vida y la integridad física de los defensores y defensoras de los derechos humanos seguían corriendo grave peligro. A pesar del protocolo establecido al efecto, las medidas de protección aún no eran suficientes y las personas que defendían los derechos humanos continuaron siendo objeto de ataques y homicidios.

La Defensoría del Pueblo informó en septiembre de que cinco defensores de la tierra, el territorio y el medioambiente habían sido víctimas de homicidio en los primeros nueve meses del año.

El 11 de septiembre, el defensor de los derechos humanos Roberto Carlos Pacheco murió por los disparos de unos atacantes no identificados. En 2012 había empezado a recibir amenazas de muerte vinculadas a su activismo contra la minería ilegal en la Reserva Nacional Tambopata, situada en el departamento de Madre de Dios, en la Amazonía. Al concluir el año no se había procesado a nadie por el homicidio, y las medidas para proteger a la familia de Roberto Carlos seguían siendo insuficientes.2

Perú seguía sin ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).

Derecho a la salud

Al concluir el año, el Colegio Médico del Perú había informado de 11.856 casos confirmados de personal médico contagiado de COVID-19 y 256 muertes asociadas con el virus. En diciembre, el Colegio de Enfermeros del Perú informó de 87 muertes asociadas con el virus. Los sindicatos del sector de la salud consideraban que muchas infecciones se debían a la carencia de equipos de protección individual.

A pesar de que se había avanzado considerablemente en la elaboración del Plan Especial Multisectorial dirigido a las personas expuestas a metales tóxicos, la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos seguía pidiendo políticas públicas para garantizar la atención médica a la población afectada.

Derechos de los pueblos indígenas

El virus llegó con rapidez a los territorios de los pueblos indígenas, y la respuesta del Estado fue inadecuada: las políticas de salud se presentaron muy tarde, carecían de enfoque intercultural y no hacían participar a los pueblos indígenas en su elaboración ni en su implementación. El 31 de diciembre, el Ministerio de Salud notificó 28.592 casos confirmados de COVID-19 y 159 muertes relacionadas con el virus entre los pueblos indígenas.

Derechos de las mujeres

En julio se aprobó la Ley 31030, que garantizaba la paridad y la alternancia de género en las listas de candidaturas para las elecciones generales. La Ley disponía que al menos el 50% de las personas candidatas de cada partido para las elecciones al Congreso debían ser mujeres.

Violencia contra mujeres y niñas

Según el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas, dependiente del Ministerio del Interior, entre enero y noviembre se recibieron 10.685 denuncias de mujeres desaparecidas. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables informó de que las líneas telefónicas de emergencia para casos de violencia de género habían atendido 171.631 llamadas de mujeres entre enero y noviembre (frente a las 88.399 del mismo periodo de 2019) y 121 mujeres habían sido víctimas de feminicidio.

En junio, la Defensoría del Pueblo declaró que durante la pandemia había mujeres y niñas que no recibían los botiquines de emergencia para víctimas de violencia sexual aprobados por el Ministerio de Salud, que contenían medicamentos de emergencia y pruebas específicos para tales casos.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Más de dos años después de su presentación en el Congreso, el proyecto de ley para reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo continuaba pendiente de aprobación.

A las personas transgénero se les seguía negando el reconocimiento jurídico y social de su identidad de género, lo que afectaba a su derecho al trabajo, la vivienda, la libre circulación, la educación y la salud, entre otros.

El Ministerio de Justicia emitió una resolución en la que reconocía las parejas de personas del mismo sexo a los efectos de la concesión de prestaciones económicas a las parejas de los trabajadores y trabajadoras de la salud fallecidos por causa de la COVID-19.

Derechos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes

El cierre de las fronteras para frenar la propagación de la COVID-19 implicó que los migrantes y solicitantes de asilo recurrieran al uso de vías irregulares, lo que los expuso —especialmente a las mujeres, niños y niñas— a sufrir violencia y trata de personas. Durante varios meses fue imposible solicitar asilo porque se cerró la oficina gubernamental encargada y se suspendieron las solicitudes online.

Durante la pandemia, los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados —en su mayoría de nacionalidad venezolana— no recibieron ningún apoyo económico que les permitiera cumplir con las medidas de quedarse en casa. Algunos fueron desalojados de su casa en unas condiciones que les negaban el derecho a la salud y la vivienda.


  1. Perú: Estado debe derogar inmediatamente ley que envía un mensaje erróneo de impunidad frente a posibles abusos policiales en medio de emergencia COVID-19 (noticia, 30 de marzo)
  2. Perú: La familia de un defensor asesinado sigue en peligro (AMR 46/3303/2020)