Kirguistán 2025
Las autoridades intensificaron la represión de la disidencia con el procesamiento de periodistas y activistas por delitos de imprecisa definición como “extremismo” e “instigación de disturbios masivos”. Se siguió utilizando la legislación sobre “representantes extranjeros” para reprimir a la sociedad civil. La institución independiente para la prevención de la tortura fue desmantelada. Se aprobó una nueva ley que restringía la libertad de religión.
Información general
Los socios del presidente ganaron prácticamente todos los escaños en las elecciones parlamentarias anticipadas, que se celebraron el 30 de noviembre.
Libertad de expresión
Las autoridades intensificaron la represión de las voces disidentes actuando contra medios informativos de investigación, periodistas, blogueros y blogueras, y activistas de derechos humanos para enjuiciarlos por cargos falsos como “instigación de disturbios masivos”, “llamamientos a la desobediencia” o “extremismo”.
En virtud de las reformas del Código de Delitos que entraron en vigor en febrero, la difamación en medios impresos, de radiotelevisión y de Internet era punible con multas que se imponían en las nuevas vistas aceleradas ante tribunales administrativos.
El Tribunal Supremo rechazó el recurso presentado por Makhabat Tazhibek Kyzy en febrero y confirmó su pena de cárcel. La periodista había sido condenada a seis años de prisión en 2024 por el cargo de motivación política de instigar disturbios masivos, a raíz de haber destapado casos de corrupción. En octubre, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluyó que su detención era arbitraria y pidió a Kirguistán su liberación e indemnización.
En julio entraron en vigor reformas legislativas dirigidas a reforzar la lucha contra el “extremismo” que restablecían la responsabilidad penal por posesión de materiales considerados “extremistas” en función de criterios imprecisos e introducían el nuevo delito de utilizar Internet o medios de comunicación para instigar públicamente actividades “extremistas” o la “toma violenta del poder”.
Ese mismo mes se introdujeron más reformas para penalizar la difusión de información “falsa o poco fiable” a través de Internet o de medios de comunicación.
En agosto se aprobó una controvertida ley que establecía la inscripción en registro obligatoria de todos los medios de comunicación, incluidos sitios web y blogs, con independencia de su contenido. Esta nueva ley otorgaba al Consejo de Ministros la autoridad exclusiva para determinar los procedimientos de inscripción y no preveía supervisión judicial ni parlamentaria.
La defensora de los derechos humanos Rita Karasartova fue detenida en abril por cargos falsos, entre ellos “organizar disturbios masivos”, en aparente represalia por su labor de derechos humanos. La documentación de la causa fue clasificada y el juicio se celebró a puerta cerrada. En septiembre, un tribunal de la capital, Bishkek, la condenó a cinco años de libertad vigilada.1 El Tribunal Municipal de Bishkek desestimó su recurso de apelación el 11 de diciembre.
En septiembre, Aleksandr Aleksandrov y Dzhoomart Duulatov, ex operadores de cámara de Kloop Media, fueron condenados a sendas penas de cinco años de prisión por presunta instigación de disturbios masivos. La fiscalía los vinculó, si bien sin pruebas verosímiles, a unos vídeos de crítica al gobierno emitidos en el canal de YouTube del periodista exiliado Bolot Temirov. Ambos negaron toda relación con tales vídeos y dijeron que habían confesado bajo coacción. En noviembre, un tribunal de apelación redujo sus condenas a tres años de libertad vigilada. Al final del año seguía pendiente un recurso ante el Tribunal Supremo.
En octubre, un tribunal de Bishkek calificó oficialmente de “extremistas” todos los materiales y la información publicados por varios medios de comunicación independientes, entre ellos Kloop Media, Temirov Live y Ait Ait Dese. Esta calificación era aplicable a contenidos en cualquier formato. Por tanto, marcar “me gusta”, reproducir o compartir en Internet tales materiales podía dar lugar a procesamiento. Los periodistas Bolot Temirov y Rinat Tukhvatshin también fueron calificados de “extremistas”. Al final del año seguía pendiente un recurso contra la decisión del tribunal.
Libertad de asociación
En junio, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) expresó profunda preocupación por que la Ley sobre Representantes Extranjeros de 2024 estigmatizara a las organizaciones de la sociedad civil y socavara las actividades legítimas de defensores, defensoras y ONG de derechos humanos. Durante el Examen Periódico Universal (EPU) de Kirguistán, realizado en septiembre, las autoridades rechazaron todas las recomendaciones de anular o reformar esa legislación.
Los recortes de la asistencia de USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, dieron lugar a la suspensión de la financiación de programas de derechos humanos y desarrollo de la sociedad civil. Decenas de ONG se vieron obligadas a cerrar o a interrumpir sus actividades por los efectos negativos de la legislación sobre “representantes extranjeros” y los recortes de financiación.
Las restricciones de fondos, las nuevas reformas legales que calificaban las labores de observación electoral de actividad política y el miedo a represalias por realizar esas labores limitaron gravemente la capacidad de la sociedad civil de participar en la vida pública. Sólo dos organizaciones nacionales recibieron acreditación para observar las elecciones parlamentarias, en comparación con las 40 acreditadas en 2021.
Tortura y otros malos tratos
En julio, cinco relatores y relatoras especiales de la ONU expresaron su preocupación por la reiterada falta de medidas para investigar las presuntas torturas durante la detención preventiva del pastor Pavel Schreider, líder de la Iglesia Adventista de la Reforma Libre y Verdadera (véase “Libertad de religión o de creencias” infra), y de miembros de su congregación. Schreider denunció que cinco agentes del Comité de Estado para la Seguridad Nacional lo habían golpeado —incluso con una tubería de hierro— para que confesara. Según informes, otros miembros de la iglesia fueron torturados con armas paralizantes. En julio, Schreider fue diagnosticado de lesión cerebral traumática y deterioro cognitivo, y trasladado a un centro médico penitenciario.
En septiembre se suprimió el Centro Nacional de Prevención de la Tortura y su mandato fue transferido al Instituto del Defensor del Pueblo. Mecanismos expertos de la ONU expresaron su consternación ante la decisión de cerrar el Centro sin una consulta adecuada y advirtieron de que la medida socavaba los esfuerzos de prevención de la tortura.
Pena de muerte
En septiembre, a raíz de que el caso de una adolescente secuestrada, violada y asesinada desatara la indignación general de la opinión pública, el presidente Sadyr Japarov propuso restablecer la pena de muerte para castigar la violación infantil, así como la violación y el asesinato de niñas y mujeres. Defensores y defensoras de los derechos humanos veían con preocupación que el restablecimiento de la pena de muerte vulneraría las obligaciones internacionales de Kirguistán y no tendría efectos disuasorios ni serviría para abordar las causas fundamentales de la violencia de género. El 10 de diciembre, el Tribunal Constitucional rechazó la propuesta de reforma por considerarla inconstitucional y contraria a los compromisos internacionales.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
Durante su EPU, realizado en septiembre, Kirguistán rechazó todas las recomendaciones relacionadas con los derechos de las personas LGBTI, incluso la de reformar la legislación contra la discriminación a fin de incluir la orientación sexual y la identidad de género como características protegidas. Los representantes de Kirguistán argumentaron que las recomendaciones eran incompatibles con los “valores tradicionales” y las normas sociales del país.
Libertad de religión o de creencias
En enero entró en vigor una restrictiva ley que restringía considerablemente el derecho a la libertad de religión o de creencias. Esta nueva ley seguía prohibiendo toda actividad religiosa no inscrita en registro, establecía nuevos requisitos para volver a inscribirse y sólo permitía la inscripción de grupos de al menos 500 personas adultas residentes en la misma región. Además, imponía la discriminatoria prohibición general de llevar cualquier atuendo religioso “que impidiera identificar a una persona” en edificios y espacios públicos. En febrero, cinco relatores y relatoras especiales de la ONU reiteraron su preocupación respecto a la nueva ley, en particular por el uso de motivos imprecisos de “extremismo” para prohibir textos religiosos y clausurar comunidades religiosas, y advirtieron de que la ley atacaba de manera desproporcionada a las minorías religiosas.
En marzo, un tribunal calificó de “extremista” a la Iglesia Adventista de la Reforma Libre y Verdadera y prohibió su actividad. En julio, tras un juicio injusto, Pavel Schreider, ciudadano ruso y pastor de esa iglesia, fue condenado a tres años de prisión por “incitación a la enemistad racial, étnica, nacional, religiosa o regional”; después de cumplir la pena sería deportado. Su recurso de apelación sufrió reiterados aplazamientos y seguía pendiente al final del año.
En abril, la policía efectuó redadas en las provincias de Osh y Jalal-Abad y dio el alto a más de 300 mujeres por llevar el niqab en público. Al menos 29 fueron multadas y varios cientos recibieron advertencias oficiales.
Desalojos forzosos
En abril, las autoridades municipales de Osh iniciaron la demolición parcial de unas 200 viviendas en la calle Navoi, barrio mayoritariamente poblado por personas de etnia uzbeka, sin consultar adecuadamente ni indemnizar a los residentes que habían sufrido un desalojo forzoso. Esta calle fue una de las zonas más afectadas por la violencia interétnica en la ciudad en 2010 y se había reconstruido con ayuda internacional.
En junio, el CERD criticó los planes de remodelación de Osh por no incluir la reconstrucción de los barrios tradicionales uzbekos.
Derecho a un medioambiente saludable
En julio, especialistas en geología, ecologistas y residentes expresaron preocupación por la puesta en marcha de un proyecto piloto para extraer titanomagnetita en el yacimiento de Kyzyl-Ompol. A pesar de que se había garantizado que la actividad minera en dicho yacimiento no comenzaría hasta la publicación de evaluaciones técnicas y medioambientales, la actividad comenzó sin que esos documentos se hubieran hecho públicos.