Kirguistán 2024
Las autoridades intensificaron su represión de la disidencia pacífica. Se detuvo y procesó por cargos falsos a activistas y periodistas independientes. La nueva legislación sobre “representantes extranjeros” restringía gravemente el derecho a la libertad de asociación y de expresión de la sociedad civil. Veintidós personas fueron absueltas de cargos de motivación política. La violencia de género, incluida la intrafamiliar, seguía siendo generalizada y no se denunciaban todos los casos. Tres de cada cuatro familias no podían permitirse una alimentación adecuada. Las autoridades no consultaron públicamente las políticas y decisiones que afectaban al medioambiente.
Libertad de expresión
Las autoridades intensificaron las restricciones de la libertad de prensa y la disidencia pacífica mediante procesamientos de motivación política y propuestas legislativas que podían servir para silenciar las voces críticas.
Según la ONG de derechos humanos Kylym Shamy, entre enero y octubre las autoridades fiscales incoaron en los tribunales al menos 71 causas penales contra periodistas, activistas, personas autoras de blogs y comentaristas de redes sociales. Los cargos iban desde incitación al odio étnico o religioso hasta instigación de disturbios multitudinarios y derrocamiento del orden constitucional, y tenían como fin castigar la labor informativa crítica sobre asuntos políticamente delicados, denuncias de corrupción y violaciones de derechos humanos.
En enero, la policía arrestó a 11 miembros y exmiembros del personal de medios de comunicación asociados a los proyectos de investigación periodística de Ayt Ayt Dese y Temirov Live por cargos infundados de “instigación de disturbios multitudinarios”. El 10 de octubre, tras un juicio a puerta cerrada, un tribunal condenó a Makhabat Tazhibek-kyzy, director de Temirov Live, y a Azamat Ishenbekov a seis y cinco años de prisión, respectivamente. Dos de las personas acusadas fueron condenadas a tres años de libertad vigilada y siete fueron absueltas.1 El 18 de diciembre, el tribunal de apelación confirmó las sentencias. Al final de diciembre, la decisión había sido recurrida ante el Tribunal Supremo.
En julio, la policía arrestó a Zhoomart Karabaev, empleado de la Academia Nacional de Ciencias, después de que éste afirmara que el Comité de Estado para la Seguridad Nacional había presionado a miembros de la Academia para que elaboraran informes falsos en apoyo del procesamiento de personas críticas con el gobierno. Zhoomart Karabaev fue acusado de instigar disturbios multitudinarios por sus publicaciones en redes sociales y declaraciones públicas. Su juicio comenzó en octubre y seguía en marcha al final de diciembre.
En julio, el Tribunal Supremo confirmó la orden de cerrar Kloop Media, entidad de medios de comunicación de carácter público, especializada en investigación. La sentencia se derivaba de una demanda presentada por la Fiscalía Municipal de Bishkek en la que, entre otras cosas, se acusaba a Kloop de no estar registrada como medio de comunicación, haber participado en actividades mediáticas no previstas en sus estatutos y animar a sus lectores a sumarse a protestas contra el gobierno.2
En agosto, el gobierno propuso legislación que tipificaba como infracciones administrativas la difamación y el insulto en Internet o en medios de comunicación. La Comisión de Venecia del Consejo de Europa ya había examinado el anteproyecto de ley y concluido que requería cambios significativos para estar en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos. Pese a ello, el Parlamento aprobó el proyecto de ley en diciembre.
En septiembre, el gobierno sometió a consulta pública otro anteproyecto de legislación para volver a tipificar como delito la posesión de lo que se definía vagamente como materiales “extremistas”. El anteproyecto también incluía el nuevo delito de utilizar Internet o medios de comunicación para instigar públicamente actividades “extremistas” o la “toma violenta del poder”, lo que hacía temer que se usara para reprimir voces críticas.
Libertad de asociación
En abril, el presidente Sadyr Japarov firmó la entrada en vigor de una restrictiva ley que obligaba a inscribirse en el registro como “representantes extranjeros” a todas las ONG que recibían financiación extranjera y participaban en lo que la ley definía vagamente como “actividad política”. Con arreglo a esta legislación, las autoridades podían suspender las actividades de una ONG sin una decisión judicial o eliminar del registro a una organización si no se inscribía como “representante extranjero”. En octubre, la Comisión de Venecia concluyó que la ley contravenía la Constitución de Kirguistán así como los tratados internacionales, y que su aplicación comportaba un “peligro real de estigmatizar, silenciar y finalmente eliminar” a las ONG que recibían financiación extranjera.
Al final de diciembre, muy pocas organizaciones se habían registrado como “representantes extranjeros”, pero muchas habían reducido su actividad o habían dejado de funcionar como ONG.
Juicios injustos
El 14 de junio, un tribunal absolvió a las 22 personas acusadas en el llamado “caso Kempir Abad” de los cargos de planear disturbios multitudinarios y, en algunos casos, intentar tomar el poder por medios violentos, presentados por motivos políticos. La causa estuvo llena de incoherencias e infracciones de procedimiento, y las personas acusadas habían sido detenidas sólo por el ejercicio pacífico de sus derechos humanos, que incluía expresar preocupación ante la cesión del control del embalse de agua dulce de Kempir Abad (Andiyán) en 2022. La acusación, que había pedido 20 años de prisión para las 22, recurrió el fallo absolutorio y al final del año seguían pendientes las actuaciones.3
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
El trabajo de las ONG que defendían los derechos LGBTI sufrió los negativos efectos de la ley aprobada en 2023 que prohibía la “propaganda” LGBTI. Muchas ONG tuvieron que reducir sus actividades de sensibilización y educación pública y restringir su apoyo a personas en riesgo de sufrir abusos contra los derechos humanos.
En enero, la nueva Ley de Protección de la Salud de la Ciudadanía introdujo restricciones discriminatorias del derecho a la salud y a la autonomía corporal de las personas transgénero al retrasar a los 25 años la edad de acceso a servicios de afirmación de género. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU instó al gobierno a reformar la nueva ley para garantizar el acceso no discriminatorio a los servicios de salud sexual y reproductiva y a la atención médica de afirmación de género para las personas trans, expresó su preocupación por los retrasos en la adopción de una legislación integral contra la discriminación y recomendó derogar toda legislación discriminatoria contra las personas LGBTI, en concreto la ley sobre propaganda de las “relaciones sexuales no tradicionales”.
Violencia por motivos de género
La violencia de género en el ámbito familiar y contra las mujeres y las niñas seguía siendo generalizada, no se denunciaban todos los casos y prevalecía la impunidad de los agresores. La policía documentó 14.293 casos de violencia de género en el ámbito familiar de enero a octubre, lo que representaba un aumento del 37% respecto a 2023.
En agosto, el presidente firmó la entrada en vigor de una ley que eliminaba la posibilidad de reconciliación en los casos de violación y agresión sexual. Sin embargo, la violencia de género en el ámbito familiar, que incluía la violación conyugal, seguía siendo una infracción administrativa, punible sólo con multas o detención administrativa de hasta siete días.
En octubre, la relatora especial de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad señaló que las mujeres y niñas con discapacidad que eran víctimas de violencia sexual y de género se enfrentaban a obstáculos específicos y prácticamente insalvables para solicitar ayuda y protección.
Derecho a la alimentación
En octubre, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU señaló con preocupación que casi la mitad de la población, y en particular quienes vivían en la pobreza, no podían cubrir sus necesidades nutricionales diarias y que tres de cada cuatro familias no podían permitirse una alimentación adecuada. En Kirguistán, aproximadamente una de cada tres personas vivía en la pobreza y ésta afectaba de manera desproporcionada a niños y niñas, personas con discapacidad, trabajadores y trabajadoras migrantes, familias socialmente desfavorecidas y comunidades rurales.
Derecho a un medioambiente saludable
Kirguistán no aprobó un marco reglamentario que incluyera la obligación jurídica de ejercer la diligencia debida en materia de derechos humanos, a pesar de lo que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales llamó “el impacto perjudicial de las actividades extractivas y los proyectos de construcción en el medio ambiente y los medios de vida de las comunidades locales”.
En junio, el presidente anuló una ley de 2019 que prohibía la explotación de yacimientos de minerales raros sin una consulta efectiva con las comunidades afectadas.
En septiembre, el gobierno puso en marcha la extracción de torio en la zona de Kyzyl-Ompol sin antes ejercer la diligencia debida en materia de derechos humanos ni llevar a cabo un estudio medioambiental.