Oriente Medio y Norte de África 2022
Los gobiernos no respondieron adecuadamente al devastador efecto que el empeoramiento de las condiciones económicas —exacerbado por acontecimientos de alcance mundial como la guerra de Ucrania y factores locales como los conflictos y las catástrofes relacionadas con el clima— tuvo sobre los derechos humanos de millones de personas a la alimentación, el agua, la vivienda y la atención médica.
Los conflictos armados siguieron asolando la vida de millones de personas en Oriente Medio y Norte de África. La población civil afrontó ataques indiscriminados, destrucción de infraestructuras vitales, desplazamientos forzosos y poder abusivo por parte de milicias, grupos armados o fuerzas de seguridad que no rendían cuentas. Líbano y Jordania siguieron acogiendo a millones de personas refugiadas sirias, pero ambos países adoptaron políticas coercitivas para presionar a estas personas con el fin de que retornasen a su país. Las autoridades no garantizaron el retorno seguro de millones de personas internamente desplazadas a sus lugares de origen.
Los gobiernos continuaron utilizando medidas draconianas para reprimir los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Las autoridades censuraron o silenciaron medios de comunicación tanto dentro como fuera de Internet. Sometieron a defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, manifestantes, activistas por los derechos de las mujeres, activistas del ámbito de la política y otras personas críticas o disidentes a detención arbitraria, enjuiciamientos penales infundados, juicios sin garantías, encarcelamiento, prohibiciones de viajar, amenazas y otras formas de hostigamiento. Las fuerzas de seguridad hicieron uso ilegítimo, a veces letal, de la fuerza y practicaron detenciones masivas para sofocar las protestas.
Otras violaciones de derechos humanos fueron la discriminación de minorías étnicas y religiosas, las desapariciones forzadas, la tortura y otros malos tratos, y el uso de la pena de muerte y otras penas crueles, inhumanas o degradantes.
Hubo tres acontecimientos en particular que pusieron de relieve la situación de los derechos humanos en la región. En septiembre, la muerte bajo custodia de Mahsa (Zhina) Amini tras ser detenida por la llamada “policía de la moral” iraní por infringir las abusivas leyes del país sobre el uso del velo desencadenó protestas sin precedentes que exigían el fin de la República Islámica y el establecimiento de un sistema que respetara los derechos humanos y la igualdad. En noviembre, Egipto fue el país anfitrión de la 27 Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP27), un evento que puso de manifiesto el pésimo historial del país en materia de derechos humanos y la difícil situación de las decenas de miles de personas que se consumían en las prisiones egipcias por motivos políticos. La Conferencia también puso de relieve la inacción de los gobiernos de todo el mundo a la hora de tomar las medidas necesarias para evitar la crisis climática y abordar la degradación ambiental. También en noviembre, pero más avanzado el mes, Qatar organizó la Copa Mundial de Fútbol, lo que atrajo la atención hacia el drama que vivía la mano de obra migrante del país, que en algunos casos trabajaba en condiciones que equivalían a trabajo forzoso. Muchos trabajadores y trabajadoras migrantes de toda la región experimentaban condiciones similares. La Copa Mundial también puso de manifiesto la discriminación que sufrían las personas LGBTI en Qatar.
Violaciones del derecho internacional humanitario
Los prolongados conflictos armados, la ocupación militar y la inseguridad siguieron destrozando las vidas de millones de civiles en Irak, Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, Libia, Siria y Yemen. Las partes en los conflictos, ya fueran agentes estatales o no estatales, cometieron crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario, como ataques indiscriminados y selectivos, que causaron víctimas civiles y destruyeron infraestructuras.
El conflicto armado en Siria entró en su undécimo año, aunque los niveles de violencia disminuyeron. Las fuerzas gubernamentales sirias y rusas llevaron a cabo ataques terrestres y aéreos ilegítimos contra la población y las infraestructuras civiles —como plantas de abastecimiento de agua y campos de personas internamente desplazadas— en los que murieron y resultaron heridas decenas de personas.
El devastador conflicto de Yemen continuó a pesar del acuerdo de alto el fuego. Todas las partes en el conflicto llevaron a cabo ataques ilegítimos que mataron a civiles, obstruyeron el acceso a la ayuda humanitaria y destruyeron infraestructuras civiles.
En Libia, en general se mantuvo el alto el fuego de ámbito nacional que había entrado en vigor en octubre de 2020. No obstante, las milicias y los grupos armados siguieron librando enfrentamientos localizados por el territorio y los recursos, durante los cuales llevaron a cabo ataques indiscriminados y destruyeron infraestructuras civiles.
El conflicto entre las fuerzas militares israelíes y los grupos armados palestinos volvió a recrudecerse. El 5 de agosto, Israel lanzó una ofensiva militar de tres días contra la Yihad Islámica Palestina en la Franja de Gaza, zona sometida desde hacía 15 años a un bloqueo ilegal y un régimen discriminatorio por parte de Israel. Alrededor de 1.700 viviendas palestinas resultaron dañadas o destruidas, y durante la ofensiva se desplazó a cientos de civiles. Murieron en ataques israelíes 17 civiles y, al parecer, al menos 7 más perdieron la vida a causa de los cohetes lanzados por grupos armados palestinos que fallaron en el disparo.
Todas las partes en los conflictos armados deben respetar el derecho internacional humanitario; en particular, deben poner fin a los ataques directos contra la población y las infraestructuras civiles y a los ataques indiscriminados. Los gobiernos extranjeros deben detener las transferencias de armas cuando exista un riesgo preponderante de que se utilicen para cometer o facilitar violaciones graves de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario.
Derechos de las personas refugiadas, migrantes e internamente desplazadas
Los derechos de las personas refugiadas, migrantes e internamente desplazadas seguían siendo menoscabados por los conflictos tanto en curso como históricos. Algunos países de acogida, como Líbano y Jordania, violaron los derechos de las personas refugiadas, y los gobiernos donantes internacionales no financiaron adecuadamente los programas de respuesta humanitaria. Las autoridades continuaron deteniendo y recluyendo arbitrariamente a personas refugiadas y migrantes y sometiéndolas a devolución (refoulement) y expulsiones en masa.
Líbano siguió acogiendo a aproximadamente 1,5 millones de personas sirias, pero la incapacidad del gobierno para mitigar los efectos de la crisis económica en el país dejó a la mayoría de la población refugiada viviendo en la pobreza extrema y sin poder ejercer sus derechos humanos, como el acceso a la alimentación, la vivienda, la educación y la salud. Las autoridades libanesas también intensificaron lo que denominaban retornos voluntarios de personas sirias, a pesar de que la persecución en Siria estaba bien documentada y de que en Líbano existía un entorno coercitivo que menoscababa la capacidad de las personas refugiadas sirias para dar su consentimiento libre e informado al retorno.
La vecina Jordania siguió acogiendo a unos 2 millones de personas refugiadas palestinas y a más de 750.000 procedentes de otros países de Oriente Medio y Norte de África; la mayoría de estas personas tenían un acceso limitado a servicios esenciales debido a la grave escasez de fondos. Israel recibió a decenas de miles de personas refugiadas de Ucrania y permitió que miles de personas ucranianas de origen judío se establecieran en el país, pero siguió negando a millones de personas palestinas su derecho al retorno. También negó el asilo a decenas de miles de personas que huían de países africanos, sobre todo de Eritrea y Sudán.
En Libia, las autoridades estatales, las milicias y los grupos armados sometieron a las personas refugiadas y migrantes a violaciones generalizadas de derechos humanos, tales como homicidios ilegítimos, detención arbitraria indefinida, tortura, violación y otros malos tratos, así como trabajo forzoso. Los guardacostas libios respaldados por la Unión Europea dispararon contra embarcaciones en las que viajaban personas refugiadas y migrantes que atravesaban el Mediterráneo o las dañaron deliberadamente. Miles de personas interceptadas en el mar y desembarcadas en Libia fueron objeto de desaparición forzada; otros miles fueron expulsadas desde las fronteras del sur del país sin tener la oportunidad de solicitar asilo.
En la frontera entre el norte de Marruecos y el enclave español de Melilla, las fuerzas de seguridad de ambos lados hicieron un uso excesivo de la fuerza, a consecuencia de lo cual 37 hombres procedentes del África subsahariana murieron y muchos más resultaron heridos. En Argelia, las autoridades detuvieron o deportaron sumariamente a decenas de personas refugiadas y solicitantes de asilo. En Irán, las fuerzas de seguridad dispararon contra personas de nacionalidad afgana que cruzaban la frontera entre ambos países, y detuvieron arbitrariamente y torturaron a otras antes de expulsarlas de forma ilegítima. Arabia Saudí devolvió a decenas de miles de personas migrantes etíopes tras mantenerlas detenidas arbitrariamente en condiciones inhumanas por carecer de documentos válidos de residencia y someterlas a tortura y otros malos tratos. En Irak, Libia y Siria, las personas internamente desplazadas no pudieron regresar a sus hogares debido a la inseguridad, el riesgo de sufrir detención arbitraria y hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad, y la falta de servicios esenciales y oportunidades laborales.
Los gobiernos deben poner fin a la detención arbitraria de personas refugiadas y migrantes por razón de su situación migratoria, y deben protegerlas frente a la devolución (refoulement) y las expulsiones en masa. También deben adoptar medidas concretas para garantizar el retorno voluntario, seguro y digno de las personas internamente desplazadas a sus zonas de origen.
Libertad de expresión, de asociación y de reunión
Las autoridades de toda la región de Oriente Medio y Norte de África continuaron deteniendo arbitrariamente, recluyendo, procesando y hostigando a personas por expresar opiniones críticas, participar en protestas pacíficas y dedicarse a actividades relacionadas con los derechos humanos o al activismo político.
Las autoridades utilizaron la legislación sobre terrorismo o cargos formulados de forma imprecisa y relacionados con la “seguridad nacional” para silenciar a la disidencia e imponer largas penas de prisión. En Argelia, el activista ambiental Mohamed Gasmi estuvo tres años encarcelado por intercambiar correos electrónicos relacionados con la explotación de gas de esquisto en el país. En Jordania, tres periodistas fueron detenidos y acusados de “difundir noticias falsas” por informar sobre unos documentos filtrados que ponían al descubierto las actividades financieras de empresas, políticos y el rey. En Marruecos, la defensora de los derechos humanos Saida Alami fue condenada a dos años de prisión por publicar en las redes sociales denuncias sobre la represión de periodistas y activistas; su condena se elevó posteriormente a tres años tras la apelación.
En algunos Estados, las autoridades aumentaron la censura o intensificaron las amenazas contra la libertad de expresión. En Yemen, las autoridades de facto huzíes cerraron al menos seis emisoras de radio de la capital y mantuvieron recluidos al menos a ocho periodistas, cuatro de ellos condenados a muerte. El gobierno de Siria aprobó una nueva ley de ciberdelincuencia que imponía largas penas de prisión por criticar en Internet a las autoridades o la Constitución. En Túnez, un nuevo decreto imponía penas de hasta 10 años de prisión por utilizar de manera indebida e intencionada las redes de telecomunicaciones para producir, enviar o difundir “noticias falsas” u otros contenidos falsos o difamatorios, y permitía a las autoridades disolver las entidades que lo hubieran infringido. Una nueva ley de Emiratos Árabes Unidos criminalizaba a “toda persona que ridiculi[zara], insult[ara] o dañ[ara] la reputación, el prestigio o la imagen del Estado” o de “sus líderes fundadores”.
Las autoridades reprimieron protestas en Irán, Libia y Siria, recurriendo entre otras cosas al uso ilegítimo de la fuerza letal y a detenciones masivas. Las autoridades iraníes respondieron con munición real, perdigones y palizas a un levantamiento sin precedentes contra la República Islámica, lo que causó centenares de muertes, entre ellas las de decenas de menores, y dejó heridas a miles de personas más. Las autoridades cerraron o interrumpieron las redes de Internet y de telefonía móvil y bloquearon las plataformas de redes sociales. Miles de personas fueron detenidas arbitrariamente y sometidas a procesamientos injustos y juicios sin las debidas garantías, y dos hombres fueron ejecutados. Las autoridades palestinas de Cisjordania y la Franja de Gaza hicieron en ocasiones un uso excesivo de la fuerza para dispersar concentraciones pacíficas.
La impunidad por homicidios ilegítimos y otras violaciones graves de derechos humanos seguía prevaleciendo a nivel nacional en toda la región, pero a nivel internacional se adoptaron algunas medidas positivas. Por ejemplo, en noviembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció una misión de investigación para indagar sobre las violaciones de derechos humanos relacionadas con las protestas que estallaron en Irán en septiembre. Además, en virtud del principio de jurisdicción universal, países europeos investigaron y procesaron a través de sus tribunales nacionales a individuos sospechosos de haber cometido crímenes de derecho internacional en Siria e Irán.
En varios países, las autoridades adoptaron otras medidas para sofocar la disidencia. En Argelia utilizaron cargos falsos de terrorismo para silenciar a miembros de movimientos y partidos políticos de la oposición. También suspendieron al menos a un partido político y amenazaron con suspender al menos a otros dos. Las autoridades israelíes asaltaron la sede de siete organizaciones palestinas de la sociedad civil y ordenaron su cierre, además de inhabilitar a un partido político palestino para impedirle presentarse a las elecciones parlamentarias de Israel. En diciembre, el abogado de derechos humanos Salah Hammouri fue expulsado a Francia tras haber permanecido nueve meses en detención administrativa sin cargos ni juicio y después de que se le revocara su permiso de residencia en Jerusalén Oriental.
Desde abril hasta que acabó el año, las autoridades egipcias liberaron a 895 personas recluidas por motivos políticos, pero 2.562 personas sospechosas de criticar al gobierno fueron detenidas e interrogadas por la fiscalía durante el mismo periodo, centenares de ellas en relación con convocatorias de protestas durante la COP27 celebrada en noviembre. Miles de defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, manifestantes y otras personas que mantenían una postura crítica y disidente, o de las que se sospechaba que mantenían una postura crítica y disidente, continuaron bajo detención arbitraria por ejercer sus derechos humanos.
Los gobiernos deben respetar los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, lo que incluye garantizar que periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas puedan disfrutar de estos derechos sin sufrir hostigamiento, violencia ni procesamiento. También deben poner en libertad a las personas detenidas por ejercer estos derechos.
Discriminación
Mujeres y niñas
En 2022, las mujeres y las niñas siguieron sufriendo discriminación en la ley y en la práctica en todo Oriente Medio y Norte de África, entre otras cosas en relación con los derechos de herencia, divorcio, representación política y oportunidades de empleo. La violencia de género seguía prevaleciendo y se cometía con impunidad. Las autoridades de Arabia Saudí, Egipto, Irak, Irán y Yemen sometieron a mujeres defensoras de los derechos humanos y activistas a enjuiciamiento, interrogatorio y otras formas de hostigamiento por denunciar la violencia sexual y la discriminación por motivos de género.
Mujeres y niñas estuvieron en primera línea de las protestas que estallaron en todo Irán en septiembre, plantando cara a décadas de discriminación y violencia de género y desafiando las leyes discriminatorias y abusivas sobre el uso obligatorio del velo.
Continuaron los asesinatos de mujeres denominados homicidios en nombre del “honor” y otros femicidios. En Irak, en la zona central y en la región del Kurdistán, el gobierno no tipificó como delito la violencia de género intrafamiliar a pesar de que habían aumentado los informes sobre este tipo de homicidios y otras formas de violencia de género, como la ejercida contra mujeres trans. En Argelia se registraron 37 femicidios.
La protección jurídica frente a la discriminación se debilitó aún más en varios países de la región. En marzo, Arabia Saudí aprobó su primera “ley sobre la condición jurídica de la persona”, que codificaba muchas de las prácticas problemáticas inherentes al sistema de tutela masculina y afianzaba la discriminación por motivos de género en la mayoría de los aspectos de la vida familiar. En Túnez, una reforma de la ley electoral eliminó las disposiciones que mejoraban la representación de las mujeres en el Parlamento. En Yemen, las autoridades de facto huzíes prohibieron a las mujeres viajar por las gobernaciones bajo su control sin un tutor masculino o sin el permiso de éste por escrito.
En algunos países hubo indicios de progreso, aunque las mujeres seguían sufriendo discriminación y violencia. Marruecos ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, pero en la legislación nacional seguía arraigada la desigualdad de género. La reforma constitucional de Jordania declaró a hombres y mujeres iguales ante la ley y prohibió la discriminación entre ellos, pero no se tomaron medidas para modificar las leyes del país. En Kuwait, el gobierno introdujo medidas para aumentar la representación de las mujeres en la función pública y en puestos de liderazgo, pero la legislación nacional seguía discriminando a las mujeres. Las autoridades omaníes crearon una línea telefónica de ayuda para casos de violencia de género en el ámbito familiar, pero no crearon centros de acogida ni aprobaron leyes que definieran este tipo de violencia.
Lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)
En toda la región, las personas LGBTI sufrían detenciones y enjuiciamientos, y a veces eran sometidas a torturas, como exámenes anales forzados, por su orientación sexual o su identidad de género. Algunos tribunales de lo penal dictaron duras sentencias contra las personas condenadas por mantener relaciones homosexuales consentidas.
En algunos países se observaron signos de retroceso. En Líbano, tras las peticiones de “rechazar la propagación de la homosexualidad” realizadas por grupos religiosos, el Ministerio del Interior prohibió las reuniones pacíficas de personas LGBTI, pero un tribunal suspendió la decisión. En Emiratos Árabes Unidos, donde la ley tipificaba como delito las relaciones homosexuales consentidas, el gobierno ordenó que en las aulas el profesorado se abstuviera de hablar sobre “identidad de género, homosexualidad o cualquier otro comportamiento considerado inaceptable para la sociedad emiratí”. En Yemen, las autoridades actuaron contra personas que no se ajustaban a las convenciones de orientación sexual o identidad de género, y las sometieron a detención arbitraria, violación y otros tipos de tortura.
Minorías étnicas y religiosas
En toda la región, las personas pertenecientes a minorías y comunidades nacionales, étnicas y religiosas seguían sufriendo una arraigada discriminación tanto en la ley como en la práctica, en particular con respecto a los derechos a practicar su religión, a disfrutar de igualdad de acceso al empleo y a la atención médica, y a vivir sin sufrir persecución ni otros abusos graves contra los derechos humanos.
Israel mantenía una forma extrema de discriminación —un sistema de apartheid— al ejercer opresión y dominación sobre la población palestina mediante la fragmentación territorial, la segregación y el control, la desposesión de tierras y propiedades y la negación de derechos económicos y sociales. Para afianzar este sistema, Israel cometió una amplia variedad de violaciones de derechos humanos contra la población palestina —como traslados forzosos, detenciones administrativas, tortura, homicidios ilegítimos, negación de derechos y libertades fundamentales, y persecución— que constituían el crimen de lesa humanidad de apartheid. En un intento de consolidar aún más el sistema de apartheid, las autoridades volvieron a promulgar en marzo una ley que imponía restricciones drásticas a la reagrupación familiar de la población palestina con el fin de mantener una mayoría demográfica judía, y en julio el Tribunal Supremo ratificó una ley que autorizaba a la ministra del Interior a privar de la ciudadanía a las personas condenadas por actos que constituyeran “deslealtad al Estado”.
En Irán, las minorías étnicas, como las comunidades árabe ahwazí, turca azerbaiyana, baluchi, kurda y turcomana, sufrían una discriminación sistemática que restringía su acceso a la educación, al empleo, a una vivienda adecuada y a los cargos políticos. En Kuwait, los bidun (kuwaitíes nativos pero apátridas) sufrían una creciente discriminación ante la ley.
Los miembros de minorías religiosas también sufrían una discriminación profundamente arraigada tanto en la ley como en la práctica, incluido su derecho a practicar su religión. En Argelia, las autoridades utilizaron un decreto que restringía todas las religiones que no fueran el islam suní para perseguir a miembros de la Religión Ahmadí de la Paz y la Luz y cerrar al menos tres iglesias protestantes. Las autoridades egipcias continuaron enjuiciando y encarcelando por “difamación de la religión” y otros cargos falsos a personas de religión cristiana y otras minorías religiosas, así como a ateos y a personas que profesaban creencias religiosas no autorizadas por el Estado. En Irán, las personas de religión bahaí, cristiana, derviche gonabadí, judía, yaresaní y musulmana suní sufrían discriminación en la ley y en la práctica, sobre todo en cuanto al acceso a la educación, al empleo, a los cargos políticos y a los lugares de culto.
Los gobiernos deben tomar medidas urgentes para erradicar la discriminación por motivos de género y la violencia contra las mujeres, las niñas y las personas LGBTI, y llevar ante la justicia a los responsables de tales delitos. También deben despenalizar las relaciones homosexuales consentidas. Los gobiernos deben acabar con la discriminación por motivos de origen nacional, etnia o religión, e implementar reformas jurídicas y políticas que otorguen igualdad de derechos a todas las personas sin discriminación y protejan, promuevan y garanticen la libertad de religión y de creencia.
Derechos económicos y sociales
En algunos países, las crisis económicas tuvieron un impacto demoledor en el coste de la vida, en la seguridad alimentaria y energética, y en el derecho al agua, la vivienda, la salud y a un nivel de vida adecuado. Especialmente dura era la situación de las personas pertenecientes a grupos marginados, como mujeres, personas LGBTI, minorías étnicas y religiosas, personas refugiadas y migrantes y población trabajadora con salarios bajos.
En Líbano, las autoridades no abordaron la aguda crisis económica del país —clasificada por el Banco Mundial como una de las peores de la historia moderna—, lo que provocó un drástico deterioro de la garantía de los derechos económicos y sociales. Casi la mitad de los hogares libaneses sufría inseguridad alimentaria, el Estado suministraba menos de dos horas de electricidad al día, los medicamentos se habían vuelto inasequibles o no estaban disponibles, y los programas de protección social seguían siendo totalmente insuficientes. Egipto entró en una espiral de crisis financiera y económica que menoscabó los derechos económicos y sociales de millones de personas. También se agravó la crisis económica de Túnez, donde el desempleo llegó al 15% y se produjo escasez de alimentos básicos. En Siria, se estimó que el 55% de la población sufría inseguridad alimentaria. En Yemen, la depreciación de la moneda, la elevada inflación y la escalada mundial de los precios de los alimentos restringieron enormemente el acceso de la población a la comida.
En toda la región, los gobiernos dejaron a la población trabajadora con salarios bajos desprotegida ante los abusos laborales, y reprimieron su derecho a afiliarse a sindicatos independientes y a hacer huelga sin temor a sufrir graves repercusiones. En Egipto, Irán y Jordania se penalizó con despidos improcedentes, detenciones y procesamientos a las personas trabajadoras que organizaron protestas o huelgas, o que intentaron formar sindicatos independientes. En los Estados del Golfo, los trabajadores y trabajadoras migrantes con bajos salarios, que constituían la mayor parte de la mano de obra, seguían siendo vulnerables a la explotación extrema, la discriminación laboral, unas pésimas condiciones de vivienda, una amplia gama de abusos físicos y mentales, el pago insuficiente o el impago de salarios, la limitación de acceso a la asistencia médica, y el despido sumario y la devolución a su país. En Qatar, el gobierno siguió reformando el sistema de kafala (patrocinio) del país para los trabajadores y trabajadoras migrantes, pero el proceso no logró poner fin a los abusos laborales generalizados, entre ellos el robo de salarios. Las autoridades seguían sin investigar adecuadamente las muertes repentinas de trabajadores migrantes, como las de aquellos que trabajaban en condiciones de calor extremo y durante largos periodos sin pausas ni días de descanso. Muchos trabajadores y trabajadoras migrantes sufrían discriminación por motivos de raza, nacionalidad e idioma, lo que se traducía en salarios diferentes, peores condiciones laborales y empleos más duros. Por otra parte, el personal doméstico, en su mayoría mujeres, seguía enfrentándose a unas condiciones laborales muy duras y a graves abusos físicos y mentales, así como a agresiones sexuales. El gobierno también seguía prohibiendo a la población trabajadora migrante formar sindicatos o afiliarse a ellos, un derecho que sí tenían quienes poseían la nacionalidad qatarí.
Los gobiernos deben actuar urgentemente para establecer medidas de protección social que protejan eficazmente a todas las personas, incluidos los grupos marginados, contra los efectos adversos de las crisis, y deben pedir esfuerzos internacionales coordinados para garantizar los derechos a la salud, la alimentación y a un nivel de vida adecuado. Los gobiernos también deben proteger el derecho de los trabajadores y trabajadoras a organizar sindicatos independientes y a protestar, y deben ampliar la protección brindada por la legislación laboral para incluir en ella a la población trabajadora migrante, incluido el personal doméstico.
Actuación deficiente contra la crisis climática
Los Estados de la región no adoptaron las medidas necesarias para hacer frente al cambio climático y la degradación ambiental, ni siquiera los que formaban parte del Acuerdo de París de 2015, un tratado internacional jurídicamente vinculante sobre el cambio climático. En 2022 se comprobó claramente el devastador efecto de la crisis climática sobre los derechos humanos. En Argelia, los incendios forestales destruyeron grandes extensiones de bosque y causaron la muerte de más de 40 personas. Irán sufrió una pérdida continua de lagos, ríos, humedales y bosques, altos niveles de contaminación atmosférica e hídrica y hundimiento del suelo. En Irak, las intensas sequías, las olas de calor y las tormentas de arena provocaron el desplazamiento de más de 10.000 familias.
Las principales naciones productoras de petróleo y gas de la región no apoyaron que en el acuerdo final de la COP27 se incluyera el llamamiento a eliminar progresivamente todos los combustibles fósiles, ni adoptaron en sus respectivos países las medidas necesarias para combatir el cambio climático. Arabia Saudí, uno de los mayores productores de petróleo del mundo, no actualizó su contribución determinada a nivel nacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Tampoco lo hicieron Kuwait, Bahréin y Emiratos Árabes Unidos, respectivamente segundo, tercer y cuarto país del mundo con mayores emisiones de dióxido de carbono per cápita, y tampoco lo hizo Qatar. Emiratos Árabes Unidos incluso elevó sus niveles de producción de petróleo durante el año, en contra de las obligaciones que había adquirido en virtud del Acuerdo de París. Otros Estados no actualizaron ni revisaron sus objetivos de emisiones para 2030, cuya finalidad era mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de 1,5 °C, o supeditaron sus modestas promesas a la ayuda financiera internacional. Las negociaciones de la COP27 se vieron ensombrecidas por la crisis de derechos humanos en Egipto, que se saldó con una oleada de detenciones masivas en relación con las convocatorias de protesta durante la conferencia. El evento se desarrolló en un entorno represivo en el que se sometió a participantes a interrogatorio, vigilancia y otras formas de acoso.
Los gobiernos deben tomar medidas urgentes para frenar sus emisiones de carbono y dejar de financiar proyectos de combustibles fósiles. También deben revisar y respetar sus contribuciones determinadas a nivel nacional y cumplir todas las obligaciones contraídas en virtud del Acuerdo de París.
Tortura y otros malos tratos
En Arabia Saudí, Egipto, el Estado de Palestina, Irak, Irán, Israel y Territorios Palestinos Ocupados, Líbano, Libia, Siria y Yemen continuaron infligiéndose con casi total impunidad tortura y otros malos tratos en lugares de detención tanto oficiales como no oficiales. Se infligieron abusos para arrancar “confesiones” y castigar a las personas detenidas. Entre los métodos de tortura utilizados figuraban palizas, descargas eléctricas, simulacros de ejecución, suspensión en posturas forzadas, violencia sexual, negación de asistencia médica y reclusión prolongada en régimen de aislamiento. Las autoridades no llevaron a cabo, en casi ningún caso, investigaciones adecuadas sobre las denuncias de tortura y de muertes sospechosas bajo custodia.
En Libia, las milicias y los grupos armados torturaban y sometían a otros malos tratos sistemáticamente a las personas detenidas, a veces hasta causarles la muerte, mediante descargas eléctricas, flagelación, violencia sexual y otros métodos. En Arabia Saudí, las autoridades sometieron a tortura y malos tratos a trabajadores migrantes y les negaron atención médica adecuada, lo que causó varias muertes bajo custodia. En Egipto, la tortura seguía practicándose de forma generalizada en prisiones, comisarías de policía y centros gestionados por la Agencia de Seguridad Nacional. En Israel, las fuerzas de seguridad continuaban torturando y sometiendo a otros malos tratos a las personas palestinas detenidas, y estos abusos seguían siendo generalizados en los centros de detención e interrogatorio gestionados por las autoridades palestinas en Cisjordania y la Franja de Gaza. En Líbano, un juez de instrucción militar dictó acta de acusación formal contra cinco miembros de un organismo de seguridad por cargos de tortura en el caso de un refugiado sirio que murió bajo custodia, pero el caso se estaba juzgando en tribunales militares intrínsecamente injustos.
Irán, Libia y Arabia Saudí mantenían leyes que establecían castigos corporales, como amputación, flagelación, causar ceguera, lapidación y crucifixión. En Irán, entre mayo y septiembre, las autoridades amputaron los dedos a cinco hombres condenados por robo.
En toda la región, las personas presas permanecían a menudo recluidas en condiciones inhumanas, sufriendo hacinamiento, ventilación e higiene deficientes, falta de alimentos y agua suficientes y negación del acceso a una atención médica oportuna y adecuada, a visitas familiares o a aire fresco y ejercicio al aire libre. En Bahréin, a Ahmed Jaber Ahmed se le negó la atención médica durante 11 meses, lo que le dejó incapacitado para caminar o vestirse. Finalmente, en el hospital le diagnosticaron una tuberculosis que se había extendido a la columna vertebral. En Emiratos Árabes Unidos, el defensor de los derechos humanos Ahmed Mansoor permaneció recluido en régimen de aislamiento durante todo 2022 sin colchón, almohada, artículos de higiene personal, libros ni gafas.
Los gobiernos deben garantizar investigaciones independientes, imparciales y efectivas de las denuncias de tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada y otros crímenes de derecho internacional y violaciones graves de derechos humanos. También deben poner en marcha medidas para prevenir estos delitos y garantizar la reparación a las víctimas.
Pena de muerte
La mayoría de los países de la región mantenían la pena capital, y los tribunales dictaban condenas a muerte tras juicios injustos, incluso por delitos que no implicaban homicidio intencional, por actos protegidos por el derecho internacional, como las relaciones homosexuales consentidas y la “apostasía”, y por cargos falsos o imprecisos presentados contra disidentes.
Se llevaron a cabo ejecuciones en Arabia Saudí, Egipto, Irak e Irán, y también en el Estado de Palestina, concretamente en la Franja de Gaza bajo las autoridades de facto de Hamás, donde se practicaron ejecuciones por primera vez en cinco años. En Arabia Saudí, Egipto, Irán, Irak y Libia se impusieron condenas a muerte en juicios manifiestamente injustos, celebrados incluso en tribunales de excepción, tribunales militares y tribunales especiales. En Irán, donde la pena de muerte se utilizaba ampliamente como instrumento de represión política, en 2022 aumentaron las ejecuciones y se reanudaron las ejecuciones públicas. Además, Irán fue el único país de la región que ejecutó a personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad. En Arabia Saudí, el 12 de marzo se llevó a cabo la mayor ejecución colectiva en décadas: 81 hombres fueron condenados a muerte. Por otra parte, Arabia Saudí reanudó las ejecuciones por delitos relacionados con las drogas después de una moratoria no oficial de dos años. En 2022, en Egipto e Irak se llevaron a cabo menos ejecuciones que en años anteriores.
Los gobiernos deben establecer inmediatamente una moratoria oficial de las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte.