Oriente Medio y Norte de África 2023
La devastadora escalada de violencia que se produjo en el conflicto entre Israel y Palestina tuvo profundas ramificaciones en el conjunto de la región e internacionalmente. Desde octubre, las fuerzas israelíes mataron a más de 21.000 gazatíes —en su mayoría civiles—, en muchos casos ilegítimamente, mientras que Hamás mató intencionadamente a civiles en Israel y tomó a muchas personas como rehenes o cautivas. El conflicto hundía sus profundas raíces en el desplazamiento forzado y la desposesión impuestos por Israel al pueblo palestino en 1948, la ocupación militar de Gaza y Cisjordania en 1967, el persistente sistema de apartheid de Israel contra la población palestina y los 16 años de bloqueo ilegal israelí de la Franja de Gaza ocupada.
Las repercusiones de otros conflictos de larga duración en Irak, Libia, Siria y Yemen siguieron arruinando la vida de millones de personas, especialmente en el caso de las pertenecientes a comunidades marginadas —como las personas internamente desplazadas, refugiadas y migrantes— o a minorías étnicas, a muchas de las cuales se les negaron los derechos más básicos a la alimentación, el agua, una vivienda adecuada, la atención sanitaria y la seguridad. Continuaron produciéndose impunemente ataques indiscriminados, destrucción de infraestructuras, desplazamientos forzados y abuso de poder de fuerzas de seguridad, milicias y grupos armados.
Los gobiernos de la región no respondieron adecuadamente a los efectos de las fuertes subidas del coste de la vida, las crisis económicas y las catástrofes naturales y relacionadas con el cambio climático, todo lo cual tuvo consecuencias en los derechos humanos fundamentales de cientos de millones de personas. Quienes expresaban quejas sobre cuestiones políticas, sociales y económicas se enfrentaban a medidas punitivas cuyo objetivo era silenciar la disidencia. Las autoridades detenían, torturaban y procesaban injustamente a las personas que expresaban su disidencia y se mostraban críticas, castigándolas con duras condenas —incluida la pena de muerte—, la prohibición de viajar, amenazas y otras formas de hostigamiento. En su punto de mira había periodistas, comentaristas de Internet, defensores y defensoras de los derechos humanos —como participantes en campañas en favor de los derechos de las mujeres, las personas LGBTI y las comunidades marginadas— y activistas del ámbito político y sindical. En Egipto, Irán y Jordania, las fuerzas de seguridad hicieron uso ilegítimo y, a veces, letal de la fuerza, además de recurrir a desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias masivas, para reprimir protestas. Quienes perpetraban estas violaciones de derechos humanos gozaban de impunidad en su mayor parte.
En toda la región seguía estando muy extendida la discriminación por motivos de género, raza, nacionalidad, situación jurídica, etnia, orientación sexual, identidad o expresión de género, religión y clase económica. En algunos países estaba arraigada en la legislación.
Aunque fenómenos meteorológicos extremos como la sequía y el calor intenso provocaron muerte y destrucción en algunas partes de la región, los gobiernos no tomaron las medidas necesarias para hacer frente al cambio climático y la degradación medioambiental; varios de ellos, como los de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos —país anfitrión de la COP28— y Qatar, anunciaron planes para ampliar la producción de combustibles fósiles.
Conflicto entre Israel y Palestina
En octubre, el prolongado conflicto entre Israel y Palestina estalló, y las consecuencias para la política regional y el derecho internacional de los derechos humanos se hicieron sentir no sólo en toda la región, sino también internacionalmente.
El 7 de octubre, Hamás y otros grupos armados palestinos cometieron crímenes de guerra, como matar intencionadamente a cientos de civiles en Israel, tomar como rehenes a personas y disparar cohetes de manera indiscriminada sobre Israel. Seguidamente, las fuerzas israelíes llevaron a cabo intensos bombardeos aéreos sobre la Franja de Gaza, densamente poblada, cometiendo crímenes de guerra, como matar y herir a civiles y destruir y dañar viviendas y otros bienes de carácter civil en ataques indiscriminados y otros ataques ilegítimos; imponer ilegalmente un asedio total a la ya empobrecida población civil, y provocar el desplazamiento forzado de casi 1,9 millones de personas palestinas de sus hogares.
Durante las 12 semanas siguientes, los incesantes bombardeos y la ofensiva terrestre de las fuerzas israelíes mataron a 21.600 personas palestinas —según el Ministerio de Sanidad de Gaza—, un tercio de las cuales eran niños y niñas; hirieron a muchas otras, y arrasaron gran parte de las zonas urbanizadas de Gaza. Un creciente número de datos —respaldados por multitud testimonios, imágenes por satélite y fotografías y vídeos contrastados recopilados por Amnistía Internacional y otras organizaciones— pusieron de manifiesto cómo las fuerzas israelíes habían bombardeado campos de personas refugiadas abarrotados y edificios residenciales, aniquilando en repetidas ocasiones a familias enteras y destruyendo hospitales, iglesias, mezquitas, escuelas gestionadas por la ONU, panaderías, carreteras y otras infraestructuras esenciales. Los imprecisos avisos emitidos por Israel para “evacuar” el norte de Gaza, incluso mientras seguía bombardeando zonas supuestamente seguras en el sur, supusieron desplazamiento forzado de población civil, en contravención del derecho internacional humanitario.
Miles de personas palestinas más murieron innecesariamente como consecuencia del bloqueo y de los ataques de Israel a hospitales, que privaron a 2,2 millones de gazatíes de acceso a agua potable, alimentos, suministros médicos y combustible suficientes, y dejaron el sistema sanitario prácticamente colapsado.
Mientras la atención internacional se centraba en Gaza, se intensificaron los violentos ataques de las fuerzas armadas israelíes y de colonos judíos armados y respaldados por el Estado contra la población palestina de la Cisjordania ocupada —incluida Jerusalén Oriental—, donde causaron la muerte de 511 personas y obligaron a miles más a huir de sus hogares. Esos ataques se llevaban a cabo con impunidad. Las autoridades israelíes también demolieron cientos de edificios palestinos sin ninguna justificación militar, lo que provocó el desplazamiento de 2.249 personas, e intensificaron significativamente el uso de la detención administrativa.
Respuesta internacional
A pesar de los alarmantes niveles de derramamiento de sangre, destrucción y sufrimiento causados a la población civil en Gaza e Israel, la comunidad internacional no adoptó medidas significativas, y algunos Estados, en particular Estados Unidos, continuaron proporcionando a las partes en el conflicto armas con las que se cometían violaciones flagrantes de los derechos humanos. Estados Unidos hizo uso de su poder de veto para impedir que el Consejo de Seguridad de la ONU tomara medidas efectivas o pidiera un alto el fuego.
Naciones poderosas, entre ellas Estados Unidos y muchos Estados de Europa Occidental, respaldaron públicamente la actuación de Israel, en detrimento del respeto por el derecho internacional humanitario y de la protección de la población civil. La falta de voluntad de la comunidad internacional para hacer respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario alentó a Israel a seguir llevando a cabo su ofensiva militar sin tener en cuenta las devastadoras consecuencias para la población civil de Gaza.
El 16 de noviembre, un grupo de especialistas de la ONU advirtió públicamente de que el mundo estaba siendo testigo de “un genocidio en ciernes” en Gaza.
En contraste con la falta de respuesta significativa de la comunidad internacional, cientos de millones de personas organizaron en todo el mundo manifestaciones semanales multitudinarias en solidaridad con la población de Gaza y para exigir un alto el fuego y el fin del bloqueo.
Este tipo de manifestaciones también se extendieron por toda la región, incluso en países que habían normalizado sus relaciones con Israel y donde las protestas públicas estaban prohibidas o eran peligrosas. En Egipto, decenas de miles de personas salieron a la calle en todo el país, y las autoridades detuvieron arbitrariamente a muchas de ellas. En Bahréin se manifestaron unas 1.000 personas. También hubo grandes manifestaciones en Argelia, Irán, Irak, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Siria, Túnez y Yemen, así como en Cisjordania.
El 11 de noviembre, en una cumbre conjunta sin precedentes de la Liga Árabe y la Organización para la Cooperación Islámica, sus dirigentes condenaron la agresión israelí contra la Franja de Gaza, los crímenes de guerra y “las bárbaras […] e inhumanas masacres perpetradas por el gobierno de ocupación”. En diciembre, Sudáfrica solicitó a la Corte Internacional de Justicia que iniciara un procedimiento contra Israel por haber violado en Gaza la Convención sobre el Genocidio, de 1948.
Al mismo tiempo, aumentó el temor de propagación del conflicto. Desde el 7 de octubre, las hostilidades transfronterizas entre Israel y Hezbolá y otros grupos armados en el sur de Líbano causaron la muerte de al menos 4 civiles israelíes y de al menos 20 civiles en Líbano. Entre el 10 y el 16 de octubre, las fuerzas israelíes dispararon proyectiles de artillería que contenían fósforo blanco en operaciones militares llevadas a cabo a lo largo de la frontera sur de Líbano. Amnistía Internacional pidió que el ataque contra la localidad de Dhayra se investigara como posible crimen de guerra. El 13 de octubre, los disparos de la artillería israelí en el sur de Líbano mataron a un periodista e hirieron a 6 más. Ese mismo mes, los ataques israelíes en Siria mataron a 8 soldados y alcanzaron 4 veces el aeropuerto de Alepo. Desde el 9 de octubre, el ejército israelí atacó el paso fronterizo de Rafá con Egipto en numerosas ocasiones, en una de las cuales hirió a guardias de fronteras egipcios.
El odio y el racismo en Internet contra comunidades palestinas y judías se intensificaron en todo el mundo, adoptando formas como incitación a la violencia, la hostilidad y la discriminación; algunos gobiernos reprimieron el derecho a la libertad de expresión y de reunión con el fin de silenciar manifestaciones y consignas a favor de Palestina.
Según el derecho internacional humanitario, todas las partes en un conflicto deben proteger a la población civil y los bienes de carácter civil. Amnistía Internacional pide un alto el fuego inmediato para evitar más muertes de civiles y permitir que la ayuda humanitaria, esencial para salvar vidas, llegue a quienes la necesitan desesperadamente en Gaza, e insta a que se lleven a cabo investigaciones internacionales independientes sobre los crímenes de derecho internacional cometidos por todas las partes. La organización pide también la liberación inmediata de todos los rehenes civiles retenidos por Hamás y de todas las personas palestinas detenidas arbitrariamente por Israel. La comunidad internacional debe imponer un embargo total de armas a todas las partes en el conflicto.
Otras violaciones del derecho internacional humanitario
Otros conflictos armados regionales de larga duración y sus secuelas destrozaron la vida de millones de personas, y las partes beligerantes —algunas respaldadas por gobiernos extranjeros— cometieron crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario.
En el duodécimo año de conflicto en Siria, todas las partes y sus aliados llevaron a cabo ataques ilegítimos, que mataron a civiles y destruyeron infraestructuras esenciales. El gobierno sirio, apoyado por fuerzas gubernamentales rusas, lanzó múltiples ataques terrestres ilegítimos y, a partir de octubre, intensificó los ataques aéreos contra civiles y bienes de carácter civil en el noroeste del país, lo que causó la muerte de decenas de civiles y el desplazamiento de decenas de miles más.
En Libia, las milicias y los grupos armados llevaron a cabo ataques ilegítimos y utilizaron en barrios residenciales armas con efectos en una amplia superficie, lo que supuso matar y herir a civiles y destruir infraestructuras civiles durante hostilidades armadas. Miles de personas siguieron detenidas arbitrariamente en relación con el conflicto o por su filiación tribal o política. En Yemen, a pesar de que los enfrentamientos armados y los ataques transfronterizos disminuyeron, todas las partes en el conflicto cometieron ataques y homicidios ilegítimos con impunidad.
Todas las partes en un conflicto armado deben respetar el derecho internacional humanitario y, en particular, poner fin a los ataques directos contra civiles e infraestructuras civiles, así como a los ataques indiscriminados. Los gobiernos extranjeros deben detener las transferencias de armas cuando exista un riesgo preponderante de que éstas se utilicen para cometer o facilitar violaciones graves de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario.
Represión de la disidencia
En toda la región, las autoridades seguían violando los derechos de quienes expresaban opiniones críticas o discrepantes, incluso en Internet, ya fuera sobre el gobierno o las fuerzas de seguridad o sobre derechos humanos, políticas económicas, asuntos internacionales o cuestiones sociales consideradas “inmorales”.
Tras la sublevación iraní “Mujer, Vida, Libertad” de 2022, las autoridades intensificaron la represión contra las mujeres y las niñas que desafiaban la obligación de llevar velo, así como el hostigamiento de familiares de manifestantes y transeúntes víctimas de homicidio ilegítimo que buscaban verdad y justicia. También detuvieron a decenas de periodistas, profesionales de la abogacía y defensores y defensoras de los derechos humanos. Las autoridades interrumpieron el acceso a Internet y a las redes de telefonía móvil durante protestas, impidieron con detenciones masivas la celebración de manifestaciones multitudinarias en todo el país cuando se cumplía el aniversario de la sublevación de 2022 en septiembre y aplastaron protestas locales más pequeñas empleando fuerza ilegítima y llevando a cabo detenciones en gran escala.
En el periodo previo a las elecciones presidenciales egipcias de diciembre, en las que se impidió presentar candidaturas de auténtica oposición, las autoridades intensificaron la persecución de figuras políticas de la oposición y sus simpatizantes; de familiares de disidentes que estaban en el extranjero; de sindicalistas, profesionales de la abogacía y periodistas, y de personas críticas con el historial de las autoridades en materia de derechos humanos y su gestión de la crisis económica y con el papel del ejército. Las fuerzas de seguridad continuaron sometiendo a desaparición forzada, tortura, procesamiento injusto y detención arbitraria a disidentes.
Algunos Estados se valieron de legislación antiterrorista o de cargos falsos para silenciar la oposición e infligir duros castigos a quienes criticaban a las autoridades.
En Argelia, las autoridades procesaron a activistas y periodistas por expresar opiniones críticas, principalmente en Internet, y cerraron medios de comunicación. Las autoridades iraquíes atacaron el derecho la libertad de expresión e intentaron promulgar leyes y normas para restringirlo.
En Túnez, las autoridades intensificaron la represión de la disidencia, recurriendo cada vez más a acusaciones infundadas de conspiración y terrorismo contra figuras destacadas de la oposición y otras voces críticas, además de utilizar con frecuencia una nueva y draconiana ley sobre ciberdelincuencia. Se persiguió especialmente a la membresía del partido de oposición Ennahda, muchos de cuyos líderes permanecieron recluidos en espera de juicio durante largos periodos. Más de 50 activistas del ámbito político fueron objeto de investigación por cargos falsos de “conspiración”, mientras que decenas de personas que se habían manifestado por la justicia social y la protección ambiental fueron procesadas injustamente.
En Arabia Saudí, las autoridades persiguieron implacablemente a quienes consideraban disidentes. El Tribunal Penal Especializado, creado para juzgar delitos de terrorismo, condenó a varias personas a largas penas de prisión, tras juicios manifiestamente injustos, por ejercer su derecho a la libertad de expresión o asociación —entre otras cosas, por expresarse pacíficamente en Internet—. La sala de apelación del Tribunal Penal Especializado confirmó la sentencia condenatoria dictada contra Salma al Shehab por delitos de terrorismo —tales como publicar tuits que “alteran el orden público [y] desestabilizan la seguridad de la sociedad y […] del Estado”— debido a que había publicado en las redes sociales mensajes a favor de los derechos de las mujeres. Su condena consistía en 27 años de prisión, seguidos de la prohibición de viajar durante otros 27.
Durante la conferencia anual sobre el cambio climático (COP28), organizada por Emiratos Árabes Unidos, se inició aquí un juicio colectivo contra más de 80 emiratíes, entre los que había defensores de los derechos humanos y presos de conciencia ya encarcelados desde hacía un decenio, por cargos falsos de terrorismo. Al menos 26 presos de conciencia permanecían recluidos en el país por expresar pacíficamente sus creencias.
Aparte de las marchas a favor de Palestina, la represión permanente o intensificada en gran parte de la región impidió las protestas multitudinarias, y las pocas que se produjeron se sofocaron por lo general con uso ilegítimo de la fuerza y detenciones.
Cientos de miles de israelíes se manifestaron contra reformas judiciales propuestas y, en ocasiones, sufrieron detención arbitraria y uso excesivo de la fuerza por la policía. Al mismo tiempo, la Orden Militar 101 de Israel siguió reprimiendo el derecho de la población palestina a manifestarse y reunirse pacíficamente en Cisjordania.
En Jordania, las autoridades reprimieron cada vez más las actividades pacíficas de personas dedicadas al activismo político, periodistas, trabajadores y trabajadoras, miembros de partidos políticos y personas LGBTI, entre otras, en virtud de legislación abusiva y redactada de manera imprecisa. Una nueva ley sobre ciberdelincuencia reprimió aún más el derecho a expresar opiniones en Internet. Al menos 43 personas fueron investigadas o procesadas por expresarse en Internet, en virtud de leyes abusivas e imprecisas. De ellas, 9 fueron juzgadas por el Tribunal de Seguridad del Estado, de jurisdicción militar.
Los gobiernos deben respetar el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, lo que incluye garantizar que periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas pueden disfrutar de él sin sufrir hostigamiento, violencia ni enjuiciamiento, y poner en libertad a las personas detenidas por ejercerlo.
Negación de derechos económicos y sociales
El aumento de la inflación, la inoperancia de los gobiernos y otros factores —locales, regionales e internacionales— siguieron ejerciendo una intensa presión sobre los precios de la energía y los alimentos en toda la región, lo que afectó con especial dureza a los países menos ricos en recursos y más poblados, algunos de los cuales aún se estaban recuperando de las repercusiones económicas y otras consecuencias de la pandemia de COVID-19. Esta situación dejó a millones de personas en condiciones de inseguridad alimentaria y menoscabó su derecho al agua, la salud y un nivel de vida adecuado. Las más afectadas fueron las que sufrían múltiples formas de discriminación, como las mujeres, la población trabajadora con salarios bajos y las personas refugiadas, migrantes y desplazadas internamente.
En Líbano, la crisis económica se agravó, con una inflación de tres dígitos y una subida de los precios de los alimentos superior al 300%. Muchas personas, en particular las pertenecientes a grupos marginados, no podían permitirse medicamentos y otros productos esenciales —como agua potable, comida suficiente, electricidad y otros bienes y servicios básicos— o no tenían acceso a ellos. La crisis económica de Egipto tuvo efectos demoledores en los derechos socioeconómicos. El gobierno destinó cerca de la mitad del presupuesto al reembolso de la deuda, sin cumplir sus obligaciones presupuestarias de gasto en sanidad y educación ni ajustar adecuadamente sus programas de protección social, todo lo cual, combinado con el aumento de la inflación, sumió aún más en la pobreza a millones de personas.
En muchos países, incluidos los que gozaban de una floreciente economía rica en petróleo y gas, el gobierno no protegía de los abusos laborales a poblaciones trabajadoras que percibían salarios bajos y negaba a los trabajadores y trabajadoras el derecho a afiliarse a sindicatos independientes y a declararse en huelga. En los Estados del Golfo, la población trabajadora migrante, con salarios bajos, seguía sufriendo explotación extrema, discriminación, alojamiento claramente inadecuado, abusos físicos y mentales, robo del salario por las entidades empleadoras y acceso limitado a la atención sanitaria.
En Qatar, a pesar de la destacada campaña emprendida a favor de sus derechos con motivo de la celebración allí de la Copa Mundial de Fútbol de 2022, los trabajadores y trabajadoras migrantes sufrían abusos —como robo del salario, trabajo forzoso y restricciones para cambiar de empleo— y no tenían acceso adecuado a mecanismos de reclamación y reparación. El bajo salario mínimo les impedía tener un nivel de vida adecuado o liberarse de la servidumbre por deudas causada por el pago de comisiones de contratación ilegales. En Qatar y algunos otros Estados, el personal doméstico, en su mayoría mujeres, se enfrentaba a duras condiciones de trabajo y a un alto riesgo de sufrir abusos físicos y mentales, incluidas agresiones sexuales.
Decenas de trabajadores migrantes nepalíes que habían sido contratados para trabajar en almacenes de Amazon en Arabia Saudí sufrieron abusos contra los derechos humanos, incluidas situaciones que podían equivaler a trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Los engañaron sobre su trabajo, les retuvieron el salario y los alojaron en viviendas deplorables. A algunos los maltrataban verbal o físicamente, sobre todo cuando se quejaban de sus condiciones.
Los gobiernos deben actuar urgentemente para adoptar medidas de protección social que amparen a todas las personas, incluidos los grupos marginados, frente a los efectos adversos de las crisis, y reclamar esfuerzos internacionales coordinados para garantizar el derecho a la salud, a la alimentación y a un nivel de vida adecuado. Los gobiernos deben proteger el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a organizar sindicatos independientes y a protestar, además de hacer extensiva a la población trabajadora migrante la protección de la legislación laboral.
Discriminación
Mujeres y niñas
En toda la región, las mujeres y las niñas sufrían discriminación en la ley y en la práctica, incluso en relación con derechos como la libertad de circulación y de expresión, la autonomía corporal, la herencia, el divorcio, el acceso a cargos políticos y las oportunidades de empleo. La violencia de género seguía siendo habitual, y los agresores gozaban de impunidad. En algunos países, esta violencia aumentó, y las medidas de protección de las mujeres se debilitaron. En Argelia e Irak, la ley permitía a los violadores eludir su procesamiento casándose con la víctima. Marruecos rechazó las recomendaciones del Examen Periódico Universal de tipificar como delito la violación marital. Continuaron los “homicidios por honor” contra mujeres y otros femicidios en Estados como Argelia y Túnez.
En la región del Kurdistán de Irak, el gobierno regional permitía que los autores de violencia de género intrafamiliar eludieran la acción de la justicia y no protegía adecuadamente a las sobrevivientes.
En Irán, las autoridades intensificaron la represión contra las mujeres y las niñas que desafiaban el uso obligatorio del velo, adoptando nuevas políticas que violaban gravemente sus derechos sociales, económicos, culturales, civiles y políticos. Entre otras medidas punitivas, se enviaron un millón de SMS de advertencia a mujeres amenazándolas con confiscar sus vehículos y se llevó a miles de mujeres a los tribunales.
En Yemen, las autoridades de facto huzíes y los grupos armados imponían restricciones a la circulación de las mujeres y les prohibían viajar sin un tutor varón o la aprobación de éste por escrito. En Egipto, las autoridades no prevenían adecuadamente la violencia sexual y de género perpetrada por agentes estatales y no estatales, en un contexto de aumento de los informes sobre mujeres asesinadas a manos de familiares o pretendientes rechazados. Al mismo tiempo, se enjuiciaba a mujeres por alzar la voz contra la violencia sexual o por motivos de “moralidad”.
Personas LGBTI
En toda la región se detenía y procesaba a personas por su orientación sexual o identidad de género y a muchas les imponían severas condenas si eran declaradas culpables de mantener relaciones homosexuales consentidas. Los ataques contra los derechos de las personas LGBTI se intensificaron en Irak, Jordania, Líbano, Libia y Túnez. En Líbano, las autoridades incitaron a la violencia contra gays y lesbianas. Como respuesta, 18 organizaciones de medios de comunicación condenaron conjuntamente la represión de las libertades, y una coalición de 15 organizaciones libanesas e internacionales instó a Líbano a rechazar propuestas legislativas contra las personas LGBTI.
En Libia, la Agencia de Seguridad Interna de Trípoli y otras milicias y grupos armados detuvieron arbitrariamente a personas por su orientación sexual o identidad de género, real o supuesta, y difundieron sus “confesiones” obtenidas mediante tortura. Las autoridades iraquíes ordenaron a los medios de comunicación que sustituyeran el término “homosexualidad” por “desviación sexual”. En Túnez, los tribunales imponían penas de dos años de prisión en virtud de disposiciones que tipificaban como delito las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. En Jordania, algunos miembros del Parlamento encabezaron una campaña contra las personas LGBTI en la que pedían que se tipificaran como delito las relaciones homosexuales, lo que desencadenó discursos de odio y amenazas contra las personas LGBTI y sus simpatizantes.
Comunidades raciales, étnicas, nacionales y religiosas
En toda la región, las personas pertenecientes a comunidades y minorías raciales, étnicas, nacionales y religiosas sufrían discriminación en la ley y en la práctica, incluso en relación con su derecho al culto, a disfrutar de igualdad de acceso al empleo y a la atención sanitaria, y a vivir libres de persecución y otros abusos graves contra los derechos humanos.
Israel siguió reforzando la forma extrema de discriminación —un sistema de apartheid— que ejercía mediante la opresión y el dominio contra el pueblo palestino a través de la fragmentación territorial, la segregación y el control, la desposesión de tierras y propiedades y la negación de derechos económicos y sociales. Para ello recurrió a la comisión sistemática de una amplia variedad de violaciones de derechos humanos, como traslados forzosos, detenciones administrativas, tortura, homicidios ilegítimos, negación de derechos y libertades básicos y persecución.
En Irán, las minorías étnicas, como las comunidades árabe ahwazí, turca azerbaiyana, baluchi, kurda y turcomana, sufrían discriminación, lo que restringía su acceso a la educación, el empleo, una vivienda adecuada y los cargos políticos. Las minorías religiosas, como la cristiana, derviche gonabadi, judía, yaresaní y musulmana suní, también sufrían discriminación en la ley y en la práctica. La minoría bahaí en particular fue objeto de violaciones generalizadas y sistemáticas de sus derechos humanos.
Por su carácter discriminatorio, la legislación de Kuwait negaba a las personas bidun (población autóctona apátrida) el acceso a los servicios estatales gratuitos que se prestaban a la ciudadanía, incluida la educación. En Egipto, las autoridades detuvieron y procesaron a miembros de minorías religiosas y a personas que profesaban creencias religiosas no autorizadas por el Estado. En Libia, las comunidades tubu y tuareg, a las que se negaba el documento nacional de identidad debido a la discriminación, tenían problemas para acceder a servicios básicos, en un entorno de creciente racismo y xenofobia.
Los gobiernos deben tomar medidas urgentes para poner fin a la discriminación por motivos de género y a la violencia contra las mujeres y las niñas, así como contra las personas LGBTI, y llevar ante la justicia a quienes sean responsables de este tipo de delitos. También deben despenalizar las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. Los gobiernos deben poner fin a la discriminación por motivos de raza, origen nacional, etnia, religión, género, orientación sexual e identidad y expresión de género, y aplicar reformas jurídicas y políticas que garanticen la igualdad de derechos para todas las personas, sin discriminación, y que protejan, promuevan y garanticen el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión y creencias.
Derechos de las personas internamente desplazadas, migrantes y refugiadas
Como consecuencia de los prolongados conflictos de Irak, Libia, Siria y Yemen, había un número enorme de personas internamente desplazadas que luchaban por sobrevivir. La mayoría afrontaban obstáculos para acceder a servicios, así como discriminación, bloqueos de su derecho a regresar a casa o represalias si intentaban hacerlo sin autorización, y restricciones y reducciones de ayuda humanitaria vital.
En Irak, al menos 1,1 millones de personas seguían internamente desplazadas como consecuencia del conflicto con el grupo armado Estado Islámico, y la mayoría permanecían en situación precaria casi seis años después del conflicto. En abril, las autoridades iraquíes cerraron, sin previo aviso ni coordinación con los agentes humanitarios, el último campo de población internamente desplazada que estaba operativo.
En Siria, unos 2,9 millones de personas internamente desplazadas en el noroeste del país seguían dependiendo de la ayuda humanitaria coordinada por la ONU, y, en 2023, al menos 118.000 personas más se vieron desplazadas por enfrentamientos armados. El gobierno sirio restringió el abastecimiento de productos esenciales a la población civil —incluidas muchas víctimas de desplazamiento interno— que vivía en zonas predominantemente kurdas de la región septentrional de Alepo y que ya se enfrentaba a una grave escasez de combustible y ayuda.
Las catástrofes naturales, cuyos efectos se vieron agravados por la mala gestión de los gobiernos, la impunidad y el dominio de las milicias, agudizaron los problemas de la población internamente desplazada y añadieron a cientos de miles de personas a sus filas. Los terremotos ocurridos el 6 de febrero en el sudeste de Turquía y el norte de Siria provocaron el desplazamiento de unas 400.000 familias en Siria y dejaron a casi 9 millones de personas en situación de necesidad de ayuda humanitaria inmediata. Muchas familias perdieron sus hogares y se vieron obligadas a vivir en refugios temporales y campamentos. Los terremotos también aumentaron las necesidades humanitarias de todas las personas previamente desplazadas en el noroeste de Siria, entre ellas el creciente número de ellas que vivían en tiendas de campaña, con acceso limitado o nulo a agua, saneamiento y atención sanitaria.
Los derechos de las personas migrantes y refugiadas sufrieron un duro golpe en toda la región. En Líbano, país que acogía a cerca de 1,5 millones de personas refugiadas sirias y más de 200.000 de otros países, la incapacidad del gobierno para mitigar los efectos de la crisis económica dejó a cerca del 90% de la población refugiada siria en situación de extrema pobreza, sin acceso a alimentos adecuados ni a servicios básicos. La creciente retórica contra las personas refugiadas, en ocasiones alimentada por las autoridades y las fuerzas políticas locales, intensificó el ambiente hostil hacia ellas. En abril y mayo, las fuerzas armadas libanesas asaltaron casas de personas refugiadas sirias y expulsaron del país a la mayoría de sus ocupantes; en septiembre asaltaron campos de refugiados en la región de la Becá y en la localidad de Arsal y confiscaron propiedades. En Jordania, 2 millones de personas refugiadas palestinas y aproximadamente 750.000 de otros orígenes se enfrentaban a la pobreza y al deterioro de sus condiciones de vida, debido en parte a los recortes de la ayuda internacional.
Desde julio, las autoridades tunecinas expulsaron a miles de personas negras migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, incluidos niños y niñas, al desierto de las fronteras con Libia y Argelia y las dejaron allí sin comida ni agua, lo que causó al menos 28 muertes. Las autoridades, incluido el presidente Saied, instigaron un nivel de violencia racista sin precedentes contra la migración negra. La policía utilizó gas lacrimógeno contra personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas que participaban en una sentada frente a las oficinas de la ONU en Túnez capital y torturó a manifestantes bajo custodia. En Libia, las personas refugiadas y migrantes, incluidas las interceptadas en el mar por guardacostas respaldados por la Unión Europea y grupos armados y devueltas por la fuerza al país, eran sometidas a detención arbitraria indefinida, tortura y otros malos tratos, extorsión y trabajo forzoso, y más de 22.000 fueron expulsadas sumariamente a Chad, Egipto, Níger y Sudán.
Arabia Saudí obligó a regresar a sus países de origen a centenares de miles de personas en una ofensiva contra la migración irregular. En Irán, los 5 millones de migrantes de Afganistán que se estimaba que vivían allí se enfrentaban a una discriminación muy arraigada, que incluía obstáculos para acceder a servicios básicos. Las autoridades amenazaron con expulsar a las personas afganas que hubieran entrado irregularmente en Irán y prohibieron a la población afgana vivir o trabajar en algunas provincias.
Los gobiernos deben tomar medidas concretas para garantizar el retorno voluntario, seguro y digno de las personas internamente desplazadas a sus zonas de origen. También deben poner fin a la detención arbitraria de personas refugiadas y migrantes por razón de su condición migratoria, y protegerlas de la tortura y otros malos tratos durante su detención, de la devolución y de las expulsiones masivas.
Pena de muerte
La mayoría de los Estados mantuvieron la pena de muerte, y algunos la impusieron, incluso por delitos o actos protegidos por el derecho internacional —como las relaciones homosexuales consentidas y la apostasía— y por cargos falsos o excesivamente generales, que se formulaban con objeto de silenciar la disidencia. Se llevaron a cabo ejecuciones en Arabia Saudí, Egipto, Irak e Irán. En Egipto disminuyó el número de ejecuciones, pero en Irán aumentó, y en Libia, donde no se llevaba a cabo ninguna desde 2011, se amenazó con reanudarlas. Un tribunal de Arabia Saudí dictó por primera vez una sentencia de muerte por actividades en redes sociales.
Los gobiernos deben establecer de inmediato una moratoria oficial de las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte.
Crisis climática
En 2023 se pusieron de manifiesto las terribles consecuencias del cambio climático en la región —entre ellas la escasez de agua y las condiciones meteorológicas extremas, que afectaban cada vez más a zonas y poblaciones vulnerables— y se dejó en evidencia la escasa preparación de muchos países para hacerles frente.
La tormenta Daniel provocó la rotura de dos presas, cuyo mantenimiento era deficiente, en la ciudad libia de Derna. Los torrentes resultantes causaron la muerte de 4.540 personas, la desaparición de 8.500 y el desplazamiento de más de 44.000. En Argelia, unas olas de calor sin precedentes provocaron al menos 140 incendios que causaron la muerte de unas 34 personas y el desplazamiento de 1.500. En Marruecos se registraron temperaturas récord, que superaron los 50 °C en Agadir. Irak y Siria se enfrentaron a una persistente sequía.
Al mismo tiempo, los Estados de la región mantuvieron por lo general un enfoque de continuidad en la producción de combustibles fósiles, contribuyendo así a la probabilidad de que se sobrepasara el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 °C, y no respondieron adecuadamente a la degradación medioambiental. Irak registró ingresos récord por la venta de petróleo y anunció planes para perforar nuevos pozos y aumentar la producción. Arabia Saudí anunció planes para aumentar su producción en alrededor de un millón de barriles diarios para 2027 e incrementar en un 50% su producción de gas natural para 2030. Además, siguió desempeñando el papel de saboteador en las negociaciones internacionales sobre la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, pues bloqueó una iniciativa del G20 destinada a reducir su uso y fue uno de los más firmes opositores a la inclusión de su eliminación progresiva en la decisión de la COP28. Kuwait mantuvo sus planes de aumentar la producción de combustibles fósiles al menos hasta 2035, y la empresa estatal Kuwait Oil Company anunció en junio que gastaría más de 40.000 millones de dólares hasta 2028 para ampliar la producción de petróleo. Qatar amplió su producción de gas natural licuado. Sin embargo, Omán puso en marcha un programa para reducir las emisiones de carbono, con miras a alcanzar los objetivos de neutralidad de carbono fijados para 2030, 2040 y 2050, aunque seguía dependiendo de fuentes de energía no renovables y produciéndolas.
La elección de Emiratos Árabes Unidos como anfitrión de la COP28 resultó controvertida, sobre todo porque la empresa estatal Abu Dhabi National Oil Company, que era uno de los mayores productores de hidrocarburos del mundo y estaba dirigida por el presidente de la COP28, Sultan Al Jaber, había anunciado planes para ampliar agresivamente su producción de combustibles fósiles.
En diciembre, en la COP28, los Estados adoptaron por primera vez una decisión que mencionaba los combustibles fósiles, pero que distaba mucho de aportar soluciones, entre otras cosas porque dejaba lagunas que permitían a los productores de combustibles fósiles y a los Estados mantener el enfoque que venían aplicando. Los Estados, incluidos los principales responsables de la crisis climática, tampoco contrajeron compromisos adecuados en materia de financiación climática, ya fuera para a ayudar a otros Estados en la transición hacia energías limpias o para facilitar la adaptación a los efectos nocivos de la crisis climática, y apenas ofrecieron lo suficiente para poner en funcionamiento el nuevo fondo para pérdidas y daños.
Los gobiernos deben tomar medidas urgentes para mitigar la crisis climática y mantener el calentamiento global dentro del límite de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales, entre otras cosas frenando sus emisiones de carbono (en particular si figuran entre los principales responsables de las emisiones históricas) y poniendo fin a la financiación de la extracción de combustibles fósiles. Todos los Estados que dispongan de los recursos necesarios deben aumentar significativamente la financiación a los países que necesiten ayuda para adoptar medidas de mitigación y adaptación compatibles con los derechos humanos.
Tortura y otros malos tratos
Persistieron a una escala enorme en Arabia Saudí, Egipto, Libia, Irán y Siria la tortura y otros malos tratos infligidos en lugares de detención tanto oficiales como no oficiales, que en ocasiones provocaron muertes bajo custodia que quedaron impunes. También hubo persistentes denuncias de su uso en Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, Líbano, Marruecos y Palestina. La tortura se utilizaba a menudo para obtener “confesiones”, y entre los métodos empleados figuraban palizas, descargas eléctricas, simulacros de ejecución, suspensión en posturas forzadas, violaciones y otros actos de violencia sexual, negación de asistencia médica y reclusión prolongada en régimen de aislamiento.
En Egipto, la tortura y otros malos tratos seguían siendo habituales en las prisiones, las comisarías de policía y los centros de la Agencia de Seguridad Nacional, y adoptaban formas como negación deliberada de atención médica, reclusión prolongada en régimen de aislamiento, exposición continuada a luces brillantes, vigilancia constante con cámaras y negación de las visitas de familiares. En Irán y Libia, la tortura seguía siendo generalizada y sistemática, y se utilizaba para obtener “confesiones” filmadas que se emitían públicamente. En casi todos los casos documentados en la región, las autoridades no investigaron adecuadamente las denuncias de tortura ni las muertes bajo custodia ocurridas en circunstancias sospechosas. El denunciante de irregularidades Mohamed Benhlima declaró en julio ante un tribunal argelino que unos agentes de las fuerzas de seguridad lo habían sometido a torturas como desnudarlo, atarle las piernas y las manos y verter sobre él agua fría, y que también lo habían acosado sexualmente, golpeado y amenazado. No se abrió ninguna investigación sobre sus denuncias, y el tribunal lo condenó a siete años de prisión.
Los gobiernos deben garantizar investigaciones independientes, imparciales y efectivas sobre las denuncias de tortura y otros malos tratos y aplicar medidas para prevenir estos crímenes.
Impunidad
En toda la región, los Estados siguieron facilitando la impunidad de quienes cometían graves violaciones de derechos humanos, lo que puso de manifiesto las graves deficiencias de los sistemas judiciales nacionales.
En Egipto prevaleció la impunidad de crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos cometidos en 2023 o en el decenio anterior, incluidos los homicidios ilegítimos de al menos 900 personas perpetrados en agosto de 2013 durante la dispersión violenta de las acampadas de partidarios del presidente derrocado Mohamed Morsi. Del mismo modo, en Líbano, la investigación sobre la explosión del puerto de Beirut de 2020, que había causado la muerte de al menos 236 personas, permanecía suspendida desde diciembre de 2021 debido a acciones judiciales entabladas contra jueces a cargo de ella por figuras políticas implicadas en la tragedia. En Irán no se exigieron responsabilidades a ningún cargo público por homicidios ilegítimos, desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos —incluidas violaciones y otras formas de violencia sexual— y otros delitos de derecho internacional o violaciones graves de derechos humanos cometidos durante 2023 o en años anteriores.
La comunidad internacional no garantizó la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos cometidas. En marzo, la Misión Independiente de Investigación sobre Libia, de la ONU, publicó su informe final, donde concluyó que había motivos para creer que las fuerzas de seguridad del Estado y las milicias habían cometido una amplia variedad de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU no amplió el mandato de la Misión. Seguían existiendo dudas sobre la imparcialidad, independencia, transparencia y eficacia de las investigaciones anunciadas por la fiscalía de Trípoli sobre las muertes y la destrucción causadas por la tormenta Daniel, incluido el examen de si las autoridades libias y las que tenían el control de facto no habían protegido el derecho a la vida de la población.
Los gobiernos deben combatir la impunidad llevando a cabo investigaciones exhaustivas, independientes, imparciales, efectivas y transparentes sobre las violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional y sometiendo a los presuntos responsables a la acción de la justicia en juicios justos ante tribunales civiles.