Oriente Medio y Norte de África 2025
En 2025, los conflictos armados, el uso creciente de prácticas autoritarias, la crisis económica, social y climática, y el genocidio perpetrado por Israel contra la población palestina de la Franja de Gaza ocupada fueron devastadores para millones de personas en toda la región, especialmente para las comunidades marginadas.
Israel cometió numerosos crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluido genocidio, contra el pueblo palestino en Gaza. El genocidio siguió perpetrándose incluso después del alto el fuego del 9 de octubre. Israel destruyó o causó graves daños en prácticamente todas las viviendas, edificios históricos e infraestructuras civiles de Gaza y sometió intencionalmente a la población palestina a condiciones de existencia que acarreaban su destrucción física. En el marco de esta ofensiva, endureció el bloqueo ilícito que imponía desde hacía 18 años a la Franja para negar sistemáticamente a sus habitantes el acceso a la ayuda humanitaria y otros suministros y servicios esenciales y orquestar una catástrofe humanitaria. La inmensa mayoría de los dos millones de personas palestinas de Gaza sufrieron desplazamiento ilícito, hambre y privación de atención sanitaria y abrigo adecuados.
Israel también lanzó ataques militares contra Irán, Líbano, Qatar, Siria y Yemen, algunos de los cuales mataron o hirieron a civiles. En el sur de Líbano destruyó bienes civiles de forma masiva. Ejercido por medio de operaciones militares de alta intensidad y un acusado aumento de la violencia de los colonos respaldada por el Estado, su sistema de apartheid contra todas las personas palestinas tuvo graves consecuencias, especialmente en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental.
Las protestas multitudinarias contra el genocidio de Israel se extendieron por el mundo. Un amplio espectro de organizaciones, organismos internacionales y Estados reconocieron que Israel estaba cometiendo genocidio. No obstante, los gobiernos del mundo no emprendieron acciones significativas para detenerlo ni para poner fin a la ocupación ilegal israelí.
En toda la región, gobiernos y grupos armados no estatales reprimieron a la disidencia, y los Estados recurrieron cada vez más a prácticas autoritarias. Las autoridades detuvieron, torturaron y enjuiciaron injustamente a voces críticas y opositoras, castigándolas con severas condenas, incluida la pena capital. Entre las víctimas más frecuentes de estas medidas había periodistas, disidentes, defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas de los derechos de las mujeres y sindicalistas.
En Siria, la caída del gobierno de Al Asad a finales de 2024 amplió el espacio de la sociedad civil e impulsó los procesos de justicia transicional. Con todo, persistieron importantes dificultades para, por ejemplo, garantizar justicia por los homicidios de motivación sectaria o crear un entorno propicio que permitiera el fortalecimiento de la sociedad civil.
La discriminación, ejercida por motivos de género, raza, nacionalidad, etnia, religión, orientación sexual, identidad o expresión de género y clase social, siguió arruinando la vida de millones de personas en toda la región. En algunos países se intensificaron los abusos contra los derechos humanos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes.
A pesar de las consecuencias cada vez más catastróficas de la crisis climática, los principales Estados productores de combustibles fósiles de la región mantuvieron o aumentaron sus niveles de producción.
Genocidio
El genocidio perpetrado por Israel contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza continuó durante todo 2025 con la persistente negación del acceso a una asistencia humanitaria adecuada, en medio de continuos desplazamientos forzados de casi toda la población, bombardeos militares devastadores y una enorme destrucción de bienes e infraestructuras civiles.
En marzo, Israel puso fin unilateralmente a una tregua acordada el 19 de enero e intensificó de inmediato los ataques militares en Gaza. Un alto el fuego alcanzado en octubre supuso la liberación de los 20 rehenes vivos retenidos aún por grupos armados palestinos y de casi 2.000 personas palestinas que Israel mantenía presas o detenidas. No obstante, los ataques militares israelíes continuaron, provocando la muerte de 415 palestinos y palestinas más desde el alto el fuego hasta el final del año.
Durante 2025, Israel mató a 26.791 gazatíes e hirió a 64.065 más; el 60% eran niños y niñas, mujeres y personas de edad avanzada. Además, siguió atacando espacios civiles abarrotados de gente, entre otros, cafeterías, concurridos mercados y escuelas donde se refugiaban personas que se habían visto forzadas a abandonar sus hogares a causa de las operaciones militares.
Una jornada especialmente mortífera fue la del 18 de marzo, cuando los ataques aéreos israelíes sobre la Franja causaron la muerte de al menos 414 gazatíes, incluidos 174 niños y niñas. El 23 de marzo, las fuerzas israelíes atacaron varios vehículos con distintivos de servicios humanitarios, entre ellos cinco ambulancias, matando a 15 cooperantes, incluido personal médico de la Media Luna Roja. El 30 de junio bombardearon de forma indiscriminada la cafetería Al Baqa, popular establecimiento donde mataron a 32 personas, la mayoría civiles.
El desplazamiento masivo provocado por las órdenes de evacuación o la destrucción israelíes de barrios enteros causó un enorme daño físico y mental. En mayo, Israel destruyó deliberadamente Juzaa, localidad de 11.000 habitantes situada en el sur, sin que hubiera una necesidad militar imperiosa que lo justificara. El 5 de septiembre, lanzó una campaña de demolición de edificios residenciales y comerciales de gran altura en toda la ciudad de Gaza en la que se derribaron al menos 16 bloques de viviendas en 10 días y se arrasaron los campamentos improvisados de los alrededores, lo que provocó un nuevo desplazamiento de miles de familias.
El genocidio de Israel incluyó también la orquestación deliberada de una crisis humanitaria en Gaza. A mediados de agosto, había en la Franja más de medio millón de personas en situación de hambruna/catástrofe humanitaria, la fase más grave de inseguridad alimentaria, y 1,4 millones más en la segunda y tercera fases de gravedad. Según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), sólo en julio hubo casi 13.000 nuevos ingresos hospitalarios de niños y niñas con desnutrición aguda. Por tercer año consecutivo y a pesar de las peticiones presentadas ante los tribunales, las autoridades israelíes prohibieron por completo las evacuaciones médicas de Gaza a Cisjordania e Israel y restringieron drásticamente las realizadas al extranjero, provocando con ello muertes evitables.
Entre el 2 de marzo y el 19 de mayo, Israel impuso un asedio total en Gaza. Pese a su alivio temporal a partir del 19 de mayo, siguió sin permitir la entrada de determinados suministros esenciales, como combustible y gas para cocinar. El 9 de marzo, las autoridades israelíes cortaron el suministro de electricidad a la última planta desalinizadora que quedaba en la Franja. Sin combustible, los generadores eléctricos no podían suministrar energía a los equipos hospitalarios. Por otra parte, entre finales de mayo y agosto, al menos 859 palestinos y palestinas murieron a manos de las fuerzas israelíes y su personal de seguridad privada cuando, desesperados, acudieron a los puntos militarizados de distribución de ayuda gestionados por la Fundación Humanitaria de Gaza.
Israel causó una destrucción enorme de infraestructuras culturales, religiosas, médicas y educativas palestinas. Su ejército destruyo todas las universidades y colegios universitarios de Gaza, cientos de mezquitas y tres iglesias. La mayoría de las escuelas se transformaron en refugios para personas desplazadas y fueron posteriormente blanco de los bombardeos aéreos y los robots de demolición no tripulados de Israel. Las fuerzas israelíes destruyeron centros de atención de la salud para mujeres y bloquearon la ayuda destinada a la atención reproductiva.
Al terminar 2025, las fuerzas israelíes seguían totalmente desplegadas en más del 58% de la Franja de Gaza. Poco antes, Amnistía Internacional había advertido: “El alto el fuego [de octubre] corre el riesgo de crear el peligroso espejismo de que la vida en Gaza está volviendo a la normalidad […] el mundo no debe dejarse engañar. El genocidio de Israel no ha terminado”.
Israel debe poner fin a su genocidio contra la población palestina de Gaza, lo que incluye respetar sus obligaciones jurídicas de permitir el acceso sin trabas a la ayuda, levantar por completo su bloqueo ilegal y retirar su presencia militar ilegal, tal como ha indicado la Corte Internacional de Justicia en sus opiniones consultivas.
Apartheid
Israel continuó imponiendo un sistema de apartheid consistente en la opresión y dominación de todas las personas palestinas cuyos derechos controlaba. Las leyes, políticas y prácticas israelíes ocasionaban la fragmentación geográfica y política de la población palestina, a menudo empobrecida y sumida en un estado permanente de miedo e inseguridad. Durante 2025, la OCHA contabilizó en Cisjordania 849 bloqueos de carreteras y puestos de control que obstruían la circulación entre pueblos y ciudades palestinos y retrasaban el acceso de los servicios de emergencia.
Las autoridades israelíes siguieron demoliendo edificios palestinos, con el consiguiente desplazamiento permanente de sus residentes; de hecho, las cifras anuales de demoliciones y desplazamientos fueron las más elevadas registradas por la OCHA desde 2009. Se establecieron 86 puestos de avanzada ilegales nuevos y se aprobaron 54 asentamientos ilegales nuevos, que se sumaron a los aproximadamente 371 ya existentes, según Yesh Din, organización israelí contraria a la ocupación.
Las autoridades militares y gubernamentales israelíes permitieron cada vez más que los colonos atacaran y aterrorizaran impunemente a personas palestinas o los animaron a hacerlo, y, en ocasiones, los soldados se sumaron a la violencia gratuita y protegieron a los colonos. Estos ataques expulsaron a unas 220 familias de 19 aldeas de Cisjordania, según la organización israelí de derechos humanos B’Tselem. Yinba y Shib al Butum, situadas en las colinas del sur de Hebrón, fueron atacadas en repetidas ocasiones. La OCHA registró más de 1.600 ataques violentos de colonos en los primeros diez meses de 2025.
A lo largo del año, el ejército israelí llevó a cabo ataques de alta intensidad, incluidos bombardeos aéreos, en el norte de Cisjordania, causando muertes, destrucción masiva de viviendas e infraestructuras y el desplazamiento de decenas de miles de palestinos y palestinas, especialmente de quienes ya vivían en campos de personas refugiadas. A finales de noviembre aparecieron unas imágenes de soldados israelíes ejecutando sumariamente en Yenín a dos palestinos a los que se veía rendirse.
Algunos miembros destacados del gobierno israelí siguieron alabando y enalteciendo la violencia contra la población palestina, incluidas las detenciones arbitrarias y la tortura y otros malos tratos infligidos bajo custodia mediante prácticas como violaciones y violencia sexual, y negación de alimentos y atención sanitaria, entre otros derechos básicos. Al menos 98 personas palestinas murieron bajo custodia israelí entre octubre de 2023 y noviembre de 2025, según Physicians for Human Rights Israel.
Las autoridades israelíes demolieron unas 5.000 viviendas en aldeas beduinas del desierto del Néguev/Naqab, en el sur de Israel, con el objetivo de expandir las comunidades judías. En la aldea de Al Sir, la policía israelí demolió más de 60 viviendas y estructuras, lo que dejó sin techo a unas 1.500 personas. En noviembre, el Tribunal Supremo aprobó la expulsión de más de 500 habitantes de la aldea palestina beduina no reconocida de Ras Jrabah.
Amnistía Internacional pide a los Estados, a la comunidad internacional y a las empresas que ejerzan una mayor presión sobre Israel para que cumpla sus obligaciones internacionales de desmantelar su sistema de apartheid contra todas las personas palestinas cuyos derechos controla y poner fin a su ocupación ilegal del Territorio Palestino Ocupado.
Violaciones del derecho internacional humanitario
Además de sus operaciones militares en el Territorio Palestino Ocupado, Israel lanzó ataques contra Irán, Líbano, Qatar, Siria y Yemen, algunos de los cuales mataron o hirieron a civiles.
El 13 de junio, Israel inició una ofensiva de 12 días contra Irán durante la cual se dañaron infraestructuras civiles y murieron más de 1.100 personas, entre ellas 45 niños y niñas. El 23 de junio, las fuerzas israelíes atacaron la prisión de Evín, ubicada en la capital, Teherán, causando la muerte de al menos 80 civiles y provocando enormes daños en el complejo penitenciario. El ataque representó una grave violación del derecho internacional humanitario que debía investigarse como crimen de guerra. En represalia, Irán lanzó un ataque con misiles y drones contra Israel, en el que se utilizaron ilícitamente municiones de racimo y murieron al menos 29 personas, entre ellas niños y niñas.
El 9 de septiembre, los bombardeos aéreos israelíes de un complejo residencial de la capital de Qatar, Doha, donde se celebraban negociaciones para alcanzar un alto el fuego, causaron la muerte de seis personas.
Aunque en noviembre de 2024 había acordado con el grupo armado Hezbolá la cesación del fuego, Israel siguió llevando a cabo ataques militares periódicos y causando una enorme destrucción en Líbano. Desde el alto el fuego de noviembre de 2024 hasta septiembre de 2025, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH) confirmó la muerte de 103 civiles allí.
Según investigaciones de Amnistía Internacional, entre octubre de 2024 y enero de 2025, es decir, tanto antes como después de la entrada en vigor del alto el fuego, el ejército israelí causó destrucción o daños generalizados en más de 10.000 estructuras civiles, así como en tierras agrícolas, del sur de Líbano.
El 18 de marzo, el grupo armado huzí de Yemen reanudó los ataques con misiles y drones contra Israel. Por su parte, entre mayo y septiembre Israel atacó grandes infraestructuras del norte de Yemen, causando la muerte e hiriendo a centenares de civiles, según diversas fuentes.
En Yemen, la persistencia de los conflictos siguió agravando los devastadores efectos de la crisis económica y humanitaria. Amnistía Internacional documentó un ataque aéreo estadounidense contra un centro de detención de migrantes de Sada, en el noroeste de Yemen, que mató e hirió a decenas de personas africanas a quienes las autoridades de facto huzíes mantenían recluidas allí, lo que debía investigarse como crimen de guerra.
Durante 2025 se produjeron graves estallidos esporádicos de enfrentamiento en Siria. El 6 de marzo, grupos armados afines al gobierno anterior atacaron emplazamientos militares y de seguridad en las gobernaciones costeras, predominantemente alauíes. La respuesta del gobierno, respaldado por milicias, fue lanzar una contraofensiva que provocó una serie de masacres en las que murieron alrededor de 1.400 personas, en su mayoría civiles, y durante las cuales fuerzas progubernamentales perpetraron homicidios por motivos sectarios de miembros de la comunidad alauí.
En julio estallaron en el sur de Siria enfrentamientos armados entre combatientes drusos y beduinos. Tras la intervención gubernamental en la gobernación de Sueida, Amnistía Internacional documentó la ejecución extrajudicial de 46 hombres y mujeres drusos, perpetrada en julio por el gobierno y fuerzas afines en el lapso de dos días. Durante esas jornadas, Israel también llevó a cabo ataques en Sueida y Amnistía Internacional recibió información fiable de violaciones del derecho internacional cometidas por otros grupos implicados en los combates, incluida la ejecución de un cooperante a manos de grupos armados drusos. En Libia, el 12 de mayo estallaron en zonas densamente pobladas de Trípoli enfrentamientos armados entre milicias rivales en los que se emplearon armas de gran calibre, incluidos cañones antiaéreos, de manera inapropiada e imprecisa. Según informes de una ONG de Trípoli, las hostilidades causaron la muerte de 53 civiles.
Todas las partes en un conflicto armado deben respetar el derecho internacional humanitario, en particular poniendo fin a los ataques directos contra la población y las infraestructuras civiles y a los ataques indiscriminados y desproporcionados. Los gobiernos extranjeros deben detener las transferencias de armas cuando exista un riesgo preponderante de que éstas se utilicen para cometer o facilitar la comisión de genocidio y otras violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario.
Libertad de expresión, de asociación y de reunión
Durante 2025, varios Estados de la región recurrieron cada vez más a prácticas autoritarias para reprimir el ejercicio de gran número de derechos humanos y endurecer sus drásticas medidas contra la disidencia, especialmente la expresada en Internet.
En Túnez, las autoridades intensificaron la represión de la disidencia, en particular atacando a organizaciones y activistas de derechos humanos y a personal de ONG e imponiendo condenas punitivas a miembros de la oposición al gobierno en virtud de leyes antiterroristas o sobre ciberdelitos, tras juicios colectivos de motivación política. En noviembre, un tribunal de apelación de Túnez capital confirmó las penas de hasta 45 años de prisión impuestas a miembros de la oposición de distinto signo político, defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas en el conocido caso del “complot”, tras un juicio lleno de irregularidades. Se recurrió al Decreto Ley 2022-54 para silenciar a periodistas, personas usuarias de redes sociales, profesionales de la abogacía, artistas y activistas disidentes. En Egipto, las autoridades siguieron reprimiendo a organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes y penalizando las críticas al gobierno. Las fuerzas de seguridad detuvieron arbitrariamente a periodistas, personas dedicadas a la investigación y disidentes, a quienes sometieron a desaparición forzada, detención en régimen de incomunicación y tortura y otros malos tratos.
En los países del Golfo continuó la represión generalizada y severa de la disidencia. Arabia Saudí limitó drásticamente el derecho a la libertad de expresión y de asociación y las voces críticas con el gobierno y las personas defensoras de los derechos humanos se enfrentaron a largas penas de prisión, juicios manifiestamente injustos, prohibiciones de viaje arbitrarias y, cada vez más, la aplicación de la pena capital. El vecino Omán promulgó una nueva ley de nacionalidad que permitía a las autoridades retirar la ciudadanía a quienes “ofendieran” a la nación o al sultán o pertenecieran a un grupo, partido u organización que abrazara principios o creencias “perjudiciales para los intereses” de Omán. La libertad de prensa también se vio aún más restringida.
En Irak, las autoridades se ampararon en imprecisas disposiciones legales que penalizaban los “contenidos indecentes” y las violaciones de la “moralidad pública” para perseguir a voces críticas, activistas y medios de comunicación independientes. En mayo, la Comisión Jordana de Medios de Comunicación bloqueó 12 sitios web de medios de información locales y extranjeros por “difundir veneno mediático y atacar a Jordania y a sus símbolos nacionales”. Según el Centro Palestino para el Desarrollo y la Libertad de la Información, la policía palestina mantuvo detenidas a 12 personas, todas ellas periodistas, durante periodos de entre dos horas y dos semanas en el transcurso de los cuales las interrogó sobre su trabajo.
En toda la región, las autoridades reprimieron las protestas pacíficas prohibiéndolas o dispersándolas por la fuerza.
En Argelia, la policía detuvo arbitrariamente a participantes en protestas pacíficas durante huelgas y manifestaciones por los derechos laborales que tuvieron lugar en enero y febrero. Durante protestas que comenzaron en Teherán el 28 de diciembre y se propagaron con rapidez por todo el país, las fuerzas de seguridad iraníes se valieron ilícitamente de fusiles, escopetas de perdigones, gas lacrimógeno y palizas para dispersar manifestaciones mayoritariamente pacíficas en las que se pedía la caída del sistema de la República Islámica, causando muertes y lesiones terribles. En Palestina, fuerzas de seguridad dirigidas por Hamás detuvieron arbitrariamente y sometieron a tortura a personas que habían organizado manifestaciones pacíficas en Beit Lahia, en marzo y abril.
Los gobiernos deben respetar el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, lo que incluye garantizar que periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas puedan disfrutar de él sin ser sometidos a enjuiciamiento ni sufrir hostigamiento, y poner en libertad a las personas detenidas por ejercerlo.
Juicios injustos
Los sistemas de justicia penal de toda la región se vieron enturbiados por juicios injustos y otras violaciones de derechos humanos. En Egipto y Libia, a pesar de algunas excarcelaciones largo tiempo esperadas, miles de personas seguían recluidas arbitrariamente sin base legal o tras juicios manifiestamente injustos, mientras continuaban las desapariciones forzadas, la tortura y otros malos tratos y las detenciones en régimen de incomunicación. En Irán, el poder judicial carecía de independencia y era cómplice de desapariciones forzadas y tortura.
El poder judicial carecía de independencia también en Túnez, donde los tribunales dictaron severas sentencias tras juicios colectivos injustos. El Tribunal de Primera Instancia de Túnez capital resolvió en febrero que en los juicios por “terrorismo” que se celebraran a partir de entonces las personas acusadas comparecieran telemáticamente desde prisión. Se abrieron investigaciones penales por cargos espurios, como “difundir información falsa”, contra profesionales que prestaban asistencia letrada a miembros de grupos políticos de la oposición y a víctimas de violaciones de derechos humanos.
En la Región del Kurdistán de Irak, el destacado periodista Sherwan Sherwani fue condenado en agosto a una nueva pena de cuatro años y seis meses de prisión por cargos falsos pocos días antes de la fecha prevista para su liberación. Esta nueva condena formaba parte de un patrón documentado de prolongación judicial de la detención de periodistas, activistas y disidentes mediante la formulación de sucesivos cargos en su contra.
Las autoridades egipcias continuaron llevando a periodistas, profesionales de la abogacía, defensores y defensoras de los derechos humanos y otras personas sometidas a detención prolongada en espera de juicio ante circuitos especiales de tribunales penales por cargos relacionados con el terrorismo, en muchos casos únicamente por ejercer sus derechos humanos. Era habitual que esos tribunales incumplieran las normas sobre juicios justos.
En Jordania, miles de personas permanecían en detención administrativa como consecuencia de haber sido consideradas por los gobernadores provinciales “un peligro para la población”. Se hallaban recluidas sin cargos ni acceso a una autoridad judicial ante la que impugnar la legalidad de su detención.
Las autoridades judiciales de Argelia vulneraron reiteradamente el derecho a un juicio justo con medidas como someter innecesariamente a detención en espera de juicio a personas acusadas, llevarlas ante el tribunal sin informar previamente a quienes les prestaban asistencia letrada y someterlas a vistas judiciales aceleradas.
En Irán, los juicios eran sistemáticamente injustos, lo que hacía que los encarcelamientos y las ejecuciones fueran arbitrarios. La nueva Ley de Espionaje erosionó aún más el derecho a un juicio justo.
Las autoridades deben garantizar el derecho a un juicio justo, respetar la independencia del poder judicial y abstenerse de utilizar el sistema de justicia para perseguir a la disidencia.
Pena de muerte
La mayoría de los Estados de la región impusieron condenas a muerte en 2025.
Irán llevó a cabo el mayor número de ejecuciones registrado desde hacía decenios. Este aumento obedeció al uso creciente de la pena de muerte como herramienta de represión política y a la aplicación de mortíferas políticas antidroga. Las ejecuciones masivas dieron lugar a concentraciones pacíficas ante las prisiones y a huelgas de hambre carcelarias. El “adulterio” seguía castigándose con la muerte por lapidación. Continuó imponiéndose la pena de muerte a miembros de minorías étnicas de forma desproporcionada.
Arabia Saudí ejecutó a cientos de personas por una amplia variedad delitos, relacionados en especial con las drogas y el “terrorismo”. La mayoría de las víctimas de ejecución por delitos de drogas eran nacionales de otros países, quienes se enfrentaban a obstáculos adicionales para obtener un juicio justo. Una parte muy considerable de las ejecutadas por “terrorismo” eran chiíes. Muchas de las ejecuciones se llevaron a cabo por ta’zir, delitos para los que la ley no especificaba ninguna pena concreta. Un dato preocupante con respecto a la pena de muerte en Arabia Saudí fue la ejecución de al menos dos hombres por delitos presuntamente cometidos cuando eran menores de edad.
También se llevaron a cabo ejecuciones en Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak y Kuwait. Argelia y Kuwait ampliaron el ámbito de aplicación de la pena capital para incluir los delitos relacionados con las drogas.
Los gobiernos deben establecer de inmediato una moratoria oficial de las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte.
Derechos económicos y sociales
En una región afectada por los conflictos, las tensiones financieras y el cambio climático y que, además, carecía de un sistema universal de protección social, la población sufrió una grave crisis económica y social. Las comunidades más golpeadas por ella se encontraban ya desatendidas y vivían en unas condiciones que socavaban sus derechos económicos y sociales en cuestiones como la salud, el agua, la vivienda y un nivel de vida adecuado. Quienes protestaban para defender esos derechos eran a menudo víctimas de represión.
Millones de personas que vivían en la pobreza en Egipto se enfrentaron a nuevas dificultades. En agosto, las autoridades egipcias legislaron para poner fin a los contratos de arrendamiento antiguos y decretaron otras medidas que amenazaban la asequibilidad de la vivienda para las personas de bajos ingresos. Se detuvo y, posteriormente, se despidió a trabajadores y trabajadoras del sector textil que se habían declarado en huelga en enero.
Los gobiernos de varios países, incluidos los Estados del Golfo, no protegieron a la población trabajadora migrante con salarios bajos frente a la explotación laboral extrema y otros abusos y le negaron el derecho a constituir sindicatos independientes.
La interrupción repentina e irresponsable de la ayuda exterior por parte del gobierno de Estados Unidos a comienzos de año puso en peligro la salud y los derechos humanos de millones de personas dependientes de la asistencia humanitaria. En Yemen, personal humanitario entrevistado por Amnistía Internacional explicó que la decisión de Estados Unidos de reducir los fondos de ayuda había provocado la interrupción de servicios de asistencia y protección de primera necesidad, como el tratamiento de la desnutrición en niños y niñas y en mujeres embarazadas y lactantes, el mantenimiento de albergues seguros para sobrevivientes de violencia de género y la atención médica para menores que padecían cólera y otras enfermedades.
Los gobiernos deben defender los derechos económicos y sociales, lo que incluye establecer sistemas universales de protección social que permitan a todas las personas, incluidos los grupos marginados, disfrutar de un nivel de vida adecuado, con garantías como el acceso a alimentos, agua y vivienda, así como a servicios esenciales como la atención sanitaria y la educación. Los gobiernos también deben respetar el derecho de los trabajadores y trabajadoras a formar sindicatos independientes y afiliarse a ellos, así como a declararse en huelga, y deben hacer extensiva a toda la población trabajadora migrante la protección garantizada por la legislación laboral.
Derecho a un medioambiente saludable
La región siguió sufriendo las nefastas consecuencias, a menudo mortales, del cambio climático, entre ellas fenómenos meteorológicos extremos y escasez de agua, además de problemas derivados de la mala gestión medioambiental. Jordania, Líbano, Marruecos y Siria, entre otros países, se enfrentaron a una grave crisis hídrica que socavó el derecho al agua, a la salud y a un nivel de vida adecuado y afectó de manera desproporcionada a las comunidades rurales, las personas refugiadas y los hogares de bajos ingresos.
En Irán, las autoridades no abordaron la degradación ambiental del país, que afectaba de manera desproporcionada a las comunidades marginadas. La crisis se caracterizaba por la pérdida de ecosistemas, el agotamiento de las aguas subterráneas, la contaminación hídrica, la deforestación, el hundimiento del suelo, la disminución de las reservas de agua y de la salud del suelo y la contaminación atmosférica, que contribuía a que se produjeran miles de muertes.
Entretanto, los gobiernos de los Estados ricos en petróleo y gas de la región no tomaron medidas adecuadas para frenar el cambio climático, mitigar sus efectos o proporcionar el apoyo adecuado a las personas más afectadas. Bahréin amplió su producción de petróleo y gas, Kuwait siguió estando entre los mayores emisores de gases de efecto invernadero per cápita del mundo, Qatar siguió siendo uno de los mayores exportadores mundiales de gas natural licuado y Arabia Saudí se mantuvo entre los diez mayores emisores de carbono per cápita del mundo.
La destrucción causada por Israel en Gaza provocó el vertido de sustancias tóxicas a los sistemas hídricos, lo que ocasionó una contaminación permanente.
Los gobiernos deben tomar medidas urgentes para mitigar la crisis climática, entre ellas frenar las emisiones de carbono y poner fin a la extracción y el uso de combustibles fósiles.
Derechos de las personas internamente desplazadas, refugiadas y migrantes
En 2025, la devastadora crisis política, humanitaria y económica provocó el incremento del número de personas obligadas a abandonar sus hogares en busca de seguridad, en muchos casos, enfrentándose a violaciones de derechos humanos al hacerlo. Millones de personas sufrieron desplazamiento interno en Irak, Israel, Líbano, Libia, Palestina, Siria y Yemen. En algunos países, los derechos de las personas desplazadas fueron violados sistemáticamente por agentes estatales y no estatales. Fuerzas de seguridad, milicias y grupos armados y otros agentes no estatales de toda Libia continuaron cometiendo impunemente abusos y violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos contra las personas refugiadas y migrantes. Durante 2025, guardacostas respaldados por la Unión Europea (en el oeste de Libia) y las Fuerzas Navales Especiales Libias —vinculadas a las Fuerzas Armadas Árabes Libias— y el grupo armado Tariq Ben Zeyad (en el este del país) interceptaron y devolvieron a Libia a más de 25.000 personas, lo que supuso un aumento en relación con el año anterior.
Las más de un millón de personas desplazadas internamente en Irak siguieron soportando el deterioro de sus condiciones en un contexto de desplazamiento prolongado y muchas de ellas tuvieron dificultades para acceder a servicios vitales como la atención sanitaria, el agua o la vivienda. Las condiciones de vida también se deterioraron en los campos de la Región del Kurdistán de Irak para población desplazada.
Más de 1,8 millones de afganos y afganas, incluidos menores no acompañados y separados de sus familias, fueron expulsados ilícitamente u obligados a regresar a Afganistán. En esta campaña de expulsiones en masa se practicaron redadas violentas en domicilios, operaciones de identificación y registro y detenciones arbitrarias. La población afgana que se quedó en Irán sufrió una violencia y una discriminación generalizadas.
En Túnez, las políticas de migración y asilo se caracterizaron por la comisión generalizada de violaciones de derechos humanos, principalmente contra personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes negras. Miembros del Parlamento y del gobierno hicieron cometarios públicos que exacerbaron la violencia racista contra las personas migrantes negras. Las autoridades llevaron a cabo de manera habitual expulsiones colectivas, ilícitas y potencialmente mortales a Libia y Argelia, a menudo tras interceptaciones temerarias en el mar o detenciones selectivas por motivos raciales que con frecuencia iban acompañadas de tortura y otros malos tratos, incluida violencia sexual deshumanizadora. El mantenimiento de la suspensión por parte del gobierno del acceso al asilo agravó las violaciones de derechos humanos contra personas solicitantes de asilo y refugiadas.
A partir de abril, las fuerzas de seguridad argelinas incrementaron la detención masiva y la expulsión colectiva de personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas negras y racializadas. Cientos de personas refugiadas y migrantes fueron detenidas arbitrariamente en Libia tras ser expulsadas colectivamente por las autoridades tunecinas o argelinas. Junto con miles más llegadas también a Libia, fueron recluidas indefinidamente en condiciones crueles e inhumanas y sometidas a tortura y otros malos tratos.
Las autoridades deben poner fin a las detenciones y deportaciones ilícitas de personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes: respetar los principios de no devolución y no discriminación y facilitar el retorno voluntario y seguro de las personas desplazadas internamente a sus hogares.
Discriminación
Mujeres y niñas
Las mujeres y las niñas seguían sufriendo discriminación en la ley y en la práctica, concretamente en relación con derechos como la libertad de circulación y de expresión y la autonomía corporal, y en cuestiones como la herencia, el divorcio, el acceso a cargos políticos y las oportunidades de empleo. La arraigada violencia de género, incluido el femicidio, seguía siendo habitual y las autoridades eludían de manera sistemática tomar medidas para combatir la impunidad por estos delitos.
El Parlamento de Irak otorgó a una secta religiosa mayor potestad en cuestiones del derecho de familia como el matrimonio y el divorcio, lo que agudizó las divisiones entre sectas y aumentó el peligro para los derechos de las mujeres. Además, no penalizó la violencia de género en el ámbito familiar ni derogó artículos problemáticos y discriminatorios del Código Penal como los que atenuaban la pena por los llamados “asesinatos en defensa del honor” y permitían los castigos corporales. La violencia de género en el ámbito familiar y otras formas de violencia de género seguían siendo prácticas generalizadas.
En Irán, las autoridades seguían tratando a las mujeres y las niñas como ciudadanas de segunda clase, negándoles la igualdad de derechos en ámbitos como el matrimonio, el divorcio, la nacionalidad y custodia de los hijos e hijas, el empleo, la herencia y la ocupación de cargos públicos. La edad legal para el matrimonio de las niñas seguía siendo los 13 años. La resistencia generalizada al uso obligatorio del velo obligó a las autoridades a frenar las violentas detenciones masivas practicadas en años anteriores por no llevarlo en público y a mantener suspendida la implementación de una nueva ley sobre él. Aun así, continuaron utilizando leyes y reglamentos vigentes para hacer cumplir su uso obligatorio en el lugar de trabajo y la universidad y otras instituciones públicas, con lo que las mujeres y las niñas que se resistían quedaban expuestas constantemente al riesgo de sufrir hostigamiento, agresiones, detención arbitraria, imposición de multas y expulsión de sus estudios o su trabajo.
Personas LGBTI
En muchos Estados de la región se siguió deteniendo y enjuiciando a personas por su orientación sexual o identidad de género y algunas fueron condenadas a penas severas por mantener relaciones sexuales consentidas con personas de su mismo sexo.
En Yemen, el Código Penal tipificaba las relaciones homosexuales consentidas y el sexo anal como delito, penado con castigos como prisión y muerte por lapidación. En Argelia y Marruecos, las autoridades siguieron enjuiciando a personas adultas por mantener relaciones homosexuales consentidas, y en Túnez aumentó el número de procesamientos de este tipo.
Minorías étnicas y religiosas
En toda la región, las comunidades y minorías nacionales, étnicas y religiosas se enfrentaban a una discriminación arraigada en la ley y en la práctica, incluso en relación con su derecho al culto y a no sufrir persecución ni otros abusos graves contra los derechos humanos.
En Irán, las minorías étnicas seguían sufriendo discriminación en el acceso a la educación, al empleo, a una vivienda adecuada y a cargos públicos, así como otras violaciones de derechos humanos. Las minorías religiosas estaban expuestas a sufrir detención arbitraria, procesamiento injusto y tortura y otros malos tratos por profesar o practicar su fe.
En Libia, entre agosto y octubre, el Batallón Subul al Salam, grupo armado comandado por las Fuerzas Armadas Árabes Libias, y la policía adscrita a éstas cometieron homicidios ilícitos, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de miembros de la comunidad tebu del distrito de Kufra, motivadas por su origen étnico.
Los gobiernos deben poner fin a la discriminación por motivos de raza, origen nacional, etnia, religión, género, orientación sexual, e identidad y expresión de género. Deben acometer reformas de las leyes y políticas para garantizar la igualdad de derechos a todas las personas sin discriminación y proteger, promover y asegurar el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia, religión y creencias.