Perspectiva regional: Oriente Medio y Norte de África

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ORIENTE MEDIO Y NORTE DE ÁFRICA 2021

En su segundo año, la pandemia siguió evidenciando la falta de medidas de muchos gobiernos de la región para priorizar el acceso adecuado de su población a la salud, incluidas las vacunas contra la COVID-19, con la notable excepción de algunos países del Golfo.

Los gobiernos continuaron restringiendo gravemente la libertad de expresión: aprobaron nueva legislación draconiana que la penalizaba y siguieron censurando Internet e invirtiendo en equipos de cibervigilancia. Se sometió a defensores y defensoras de los derechos humanos a actuaciones penales, prisión, restricciones administrativas, amenazas e intimidación, y se criminalizó la actividad de las organizaciones de la sociedad civil. Las fuerzas de seguridad emplearon fuerza ilegítima para reprimir manifestaciones pacíficas en toda la región.

Debido a las condiciones de hacinamiento e insalubridad que soportaban las personas presas en la región, éstas corrían un mayor riesgo de contraer la COVID-19 y su vulnerabilidad se veía exacerbada por la falta de atención sanitaria adecuada y la práctica de tortura y otros malos tratos en las prisiones. Persistía la impunidad de miembros de las fuerzas de seguridad, milicias y grupos armados sobre los que existían sospechas razonables de responsabilidad en crímenes de derecho internacional y violaciones graves de los derechos humanos.

Las partes en los conflictos armados cometieron crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario. Las autoridades limitaron la ayuda humanitaria en Siria y Yemen, lo que empeoró la precariedad de unos sistemas de salud ya agotados. Otras potencias militares propiciaron violaciones de derechos humanos mediante transferencias ilícitas de armas y apoyo militar directo a las partes beligerantes.

Las autoridades siguieron deteniendo y recluyendo indefinidamente a personas refugiadas y migrantes indocumentadas, a menudo sin fundamento legal para ello. A pesar de que Jordania y Líbano continuaban acogiendo a más de 3 millones de personas refugiadas de Siria, miles de ellas siguieron siendo deportadas o retornando a causa de una serie de factores de presión. Las autoridades de la región no protegieron a la población trabajadora con salarios bajos frente a la pérdida del empleo o del salario. Los trabajadores y trabajadoras migrantes eran especialmente vulnerables, pues, en muchos países, el sistema de kafala (patrocinio) vinculaba su residencia al empleo.

Persistía la impunidad por los actos de violencia contra las mujeres, desde el acoso sexual hasta los homicidios en nombre del “honor”, en ausencia de compromiso alguno por parte de los Estados para hacer rendir cuentas a los responsables. Las autoridades reprimieron con dureza los derechos de las personas LGBTI: detuvieron a muchas por su orientación sexual o identidad de género reales o supuestas y sometieron a algunos hombres a exámenes anales forzados. En toda la región, los miembros de minorías étnicas y religiosas sufrían una discriminación arraigada.

Derecho a la salud

En Egipto, Irán, Libia y Túnez, la campaña de vacunación contra la COVID-19 se caracterizó por la falta de transparencia y de consultas, los retrasos en la priorización de los grupos de riesgo y la falta de medidas que garantizasen el acceso equitativo y justo a la vacuna de los grupos marginados, incluidas las personas refugiadas y migrantes, internamente desplazadas, presas, sin hogar y otras personas indocumentadas. Con frecuencia, el acceso a las vacunas también se vio afectado por consideraciones de carácter político. En Irán, los retrasos en la distribución de la vacuna obedecían en gran medida a la decisión tomada en enero por el líder supremo de prohibir las vacunas fabricadas en Reino Unido y Estados Unidos; una vez que se levantó la prohibición en agosto, la vacunación se aceleró, de manera que al concluir el año se había puesto la primera dosis a más del 80 % de la población. En Túnez, a mediados de julio, el número de muertes diarias confirmadas por millón de habitantes era el segundo más alto del mundo y, debido a la escasez de vacunas, sólo se había vacunado al 6% de la población. Sin embargo, después de que el presidente Kaïs Saïed disolviera el Parlamento y reclamase poderes de excepción, la campaña de vacunación se aceleró y al concluir el año se había vacunado al 46% de la población. En un acto de discriminación institucionalizada, Israel dejó fuera de su campaña de vacunación a alrededor de 5 millones de personas palestinas que vivían bajo ocupación militar en Gaza y Cisjordania.

Marruecos y Túnez exigieron la presentación de un pasaporte vacunal a todas las personas para entrar en lugares de trabajo de los sectores público y privado, y para viajar al extranjero. En Túnez, el decreto sobre el pasaporte vacunal vulneraba otros derechos, pues permitía a las entidades empleadoras suspender sin sueldo a los trabajadores y trabajadoras no vacunados.

Salvo en los países del Golfo e Israel, en su segundo año la pandemia evidenció las deficiencias de los sistemas de salud de la región y las dificultades para lograr la accesibilidad y la asequibilidad de una asistencia médica adecuada. El gobierno de Líbano no garantizó el acceso al combustible a instalaciones de salud esenciales, incluidos los hospitales, ni desplegó ningún plan de protección social en medio de la crisis económica. En noviembre retiró las subvenciones a los medicamentos sin garantizar el acceso a suministros esenciales a quienes no podían hacer frente al acusado aumento de los precios, incluidas personas que padecían enfermedades crónicas graves. En Egipto, el presupuesto nacional adoptado en junio incumplía el mandato constitucional de asignar el 3% del producto interno bruto (PIB) a salud, y reducía el gasto en seguro médico y medicamentos.

El gobierno sirio contribuyó activamente a la persistente escasez del sector de la salud en el nordeste de Siria al restringir la entrega de ayuda humanitaria, lo que afectó a las personas que padecían cáncer y diabetes. En Libia, donde los grupos armados y las milicias continuaban atentando contra personal sanitario y de ayuda humanitaria, se cerraron varios centros de aislamiento para la COVID-19 a causa de la falta de material e infraestructuras o de los daños sufridos.

Libertad de expresión

En toda la región, las autoridades continuaron deteniendo, recluyendo y procesando a personas únicamente por el ejercicio pacífico de la libertad de expresión, empleando a menudo disposiciones subjetivas del Código Penal que tipificaban como delito el “insulto” para perseguir las críticas que recibían sobre asuntos como su respuesta a la pandemia y encarcelar a quienes las formulaban. Un tribunal de la región del Kurdistán de Irak recurrió a legislación redactada de forma imprecisa para condenar a 5 activistas y periodistas a sendas penas de 6 años de prisión por actos relacionados con su uso de las redes sociales y su labor periodística, mientras el Gobierno Regional del Kurdistán justificó la necesidad de los procesamientos relacionados con la libertad de expresión por “motivos de seguridad nacional”. Un caso especialmente flagrante fue el de Abdulrahman al Sadhan, que fue condenado en Arabia Saudí a 20 años de prisión, seguidos de la prohibición de viajar durante un periodo de la misma duración, por unos tuits críticos con las políticas económicas del gobierno. En Marruecos, un tribunal condenó a la youtuber Jamila Saadane a 3 meses de prisión por “insultar” a instituciones estatales después de que ésta publicara unos vídeos en los que se acusaba a las autoridades de encubrir redes de prostitución y trata de personas. En Argelia, las autoridades recurrieron cada vez más a cargos relacionados con el terrorismo redactados de forma imprecisa para procesar a personas por su discurso o su activismo político legítimos.

En toda la región, los gobiernos aprobaron nueva legislación draconiana que penalizaba la libertad de expresión. En Libia, el Parlamento aprobó una ley sobre ciberdelincuencia que limitaba gravemente la libertad de expresión en Internet, contemplaba la vigilancia y la censura del gobierno, y castigaba con penas de prisión la difusión de contenidos que se considerasen “inmorales”. En Egipto, el presidente, aduciendo motivos redactados de forma imprecisa, ratificó una ley que penalizaba la publicación de información sobre la pandemia. Las autoridades iraníes detuvieron y juzgaron a seis personas por estudiar la posibilidad de emprender acciones legales contra el gobierno por su inacción a la hora de garantizar el acceso a las vacunas contra la COVID-19. El Ministerio de Salud Pública de Túnez prohibió a todo el personal sanitario del sector público, con la excepción de las personas que se enumeraban en una lista restringida, hablar públicamente sobre la pandemia de COVID-19, y amenazó con medidas disciplinarias o enjuiciamientos penales si no se acataba la orden.

En toda la región, los gobiernos siguieron censurando Internet. Las autoridades de Egipto y Palestina siguieron bloqueando el acceso a sitios web, y las de Irán, a plataformas de redes sociales.

Derecho a la privacidad

Los gobiernos también continuaron invirtiendo en costosos equipos de vigilancia digital, como el software espía Pegasus producido por la empresa de vigilancia NSO Group, y los utilizaron contra defensores y defensoras de los derechos humanos. En julio, Forbidden Stories, coalición de organizaciones de medios de comunicación que contaba con el apoyo técnico de Amnistía Internacional, reveló el alcance del uso del software espía Pegasus en la región al identificar como posibles clientes a los gobiernos de Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos. En julio, un tribunal marroquí condenó a Omar Radi, periodista que con frecuencia manifestaba opiniones críticas con las autoridades, a seis años de prisión por cargos de espionaje y violación después de un juicio que incumplió las normas internacionales sobre juicios justos. Las autoridades marroquíes lo habían sometido a vigilancia mediante un ataque de “inyección de red” en su iPhone entre enero de 2019 y enero de 2020.

Defensores y defensoras de los derechos humanos y libertad de asociación

Los defensores y defensoras de los derechos humanos continuaron pagando un alto precio por su valentía en toda la región, donde las autoridades trataron de silenciarlos y castigarlos por su labor. Las autoridades saudíes reanudaron la implacable represión ejercida contra toda la disidencia con una oleada de condenas: los tribunales impusieron a 5 defensores y defensoras de los derechos humanos penas de hasta 20 años de prisión por cargos relacionados únicamente con su trabajo de derechos humanos, a menudo seguidas de la prohibición de viajar durante largos periodos. En Israel y los Territorios Palestinos Ocupados, el Ministerio de Defensa israelí catalogó como “terroristas” a 6 destacadas organizaciones palestinas de la sociedad civil basándose en información secreta que éstas no pudieron ver ni impugnar, lo que en la práctica las criminalizó y paralizó su actividad. Esto sucedía mientras Israel continuaba impidiendo la entrada en el país al personal internacional de investigación y observación de la situación de los derechos humanos, incluido el de la ONU.

En Egipto, los defensores y defensoras de los derechos humanos seguían siendo sometidos a investigaciones penales de motivación política, medidas extrajudiciales de libertad condicional, encarcelamiento injusto, prohibición de viajar, congelación de activos e inclusión arbitraria en la “lista de terroristas”, lo que en la práctica les impedía participar en actividades cívicas. En Libia, las milicias y los grupos armados intensificaron sus ataques contra activistas de la sociedad civil mediante secuestros, amenazas e intimidación antes de las elecciones presidenciales, aplazadas indefinidamente el 22 de diciembre, dos días antes de la fecha en que estaba previsto su comienzo.

Protestas y uso ilegítimo de la fuerza

Pese a las prohibiciones frecuentes de reuniones públicas impuestas por los gobiernos como parte de las medidas contra la COVID-19, la población se manifestó durante todo el año en muchos países de la región, a menudo para exigir derechos socioeconómicos. En Túnez, la policía detuvo a más de 1.500 personas durante la oleada de manifestaciones de enero. En Argelia, Irak y Líbano continuaron durante todo el año los movimientos de protesta, y quienes se manifestaron se enfrentaron a detención, palizas y, en ocasiones, enjuiciamiento únicamente por participar en manifestaciones pacíficas.

En toda la región, las fuerzas de seguridad emplearon fuerza ilegítima, a menudo excesiva o innecesaria, para dispersar protestas. En Irán, las fuerzas de seguridad desplegaron fuerza ilegítima que incluía munición real y perdigones para sofocar protestas mayoritariamente pacíficas, lo que provocó al menos 11 muertes y centenares de lesiones, incluida la pérdida de la vista. También llevaron a cabo detenciones arbitrarias masivas de manifestantes y transeúntes y manipularon el acceso a Internet durante las protestas. En Irak, las autoridades del Gobierno Regional del Kurdistán detuvieron a más de 100 personas por participar en protestas; y las fuerzas de seguridad iraquíes usaron fuerza excesiva, incluida munición real, para dispersar protestas entre enero y mayo. En enero, en una maniobra inusual, los servicios de seguridad de Líbano emplearon munición real en la ciudad septentrional de Trípoli tras producirse enfrentamientos en relación con la crisis económica, y detuvieron a decenas de hombres a los que posteriormente procesaron en el sistema de justicia penal militar. Las autoridades jordanas respondieron con fuerza, incluido el uso intensivo de gas lacrimógeno, contra manifestantes que se habían movilizado para protestar por el deterioro de las condiciones económicas, y detuvieron a miembros del sindicato de docentes para impedir una marcha solidaria.

En mayo y junio, la policía israelí usó fuerza excesiva contra palestinos y palestinas ciudadanos de Israel que se manifestaron contra los desalojos de Jerusalén Oriental y los ataques militares en Gaza, y llevó a cabo detenciones masivas de quienes organizaban las protestas o participaban en ellas. La mayoría de las personas detenidas fueron acusadas de delitos menores sin relación alguna con la violencia. La muerte bajo custodia de un destacado crítico de las autoridades palestinas de Cisjordania desencadenó manifestaciones en localidades palestinas a las que las autoridades respondieron con fuerza excesiva e innecesaria. Manifestantes y transeúntes fueron objeto de detención y presuntas torturas.

Derechos de las personas detenidas

En varios países de la región, las condiciones de reclusión eran crueles e inhumanas —se caracterizaban por el hacinamiento, la mala ventilación e higiene, y la escasez de alimentos y agua—, lo que exponía a la población reclusa a un mayor riesgo de contraer la COVID-19 y otras enfermedades infecciosas. La masificación era habitual debido a prácticas de detención arbitraria que abarcaban la reclusión prolongada en espera de juicio sin posibilidad de apelación efectiva, como en Egipto; la detención indefinida por la condición migratoria, como en Libia, o la detención administrativa, como en Israel y Palestina. En algunos países, se prohibieron las visitas a las prisiones durante los confinamientos de ámbito nacional y a veces durante más tiempo, sin ofrecer a las personas reclusas medios alternativos para comunicarse con sus familias.

Las autoridades de la región no proporcionaron atención médica adecuada a las personas detenidas, a veces de forma deliberada para castigar la disidencia. Muchos gobiernos no garantizaron la vacunación oportuna de la población penitenciaria; en Irán, la vacunación en las prisiones no empezó hasta agosto. En Egipto, algunas personas presas por motivos políticos, incluidas las que por su edad o sus problemas médicos preexistentes corrían el riesgo de contraer la COVID-19, quedaron excluidas de la campaña de vacunación en las prisiones.

Tortura y otros malos tratos

Continuaban practicándose tortura y otros malos tratos en lugares de detención oficiales y no oficiales en al menos 18 países, especialmente durante el interrogatorio con miras a obtener “confesiones” y durante la reclusión en régimen de aislamiento en condiciones terribles. En Arabia Saudí, Egipto, Irán y Libia, las autoridades no investigaron las causas ni las circunstancias de muertes bajo custodia en circunstancias sospechosas tras denuncias de tortura, incluida la denegación deliberada de atención sanitaria. En Líbano se denunciaron los casos de 26 personas refugiadas sirias, 4 varones menores de edad entre ellas, recluidas por cargos de terrorismo y sometidas a tortura por agentes de los servicios de Inteligencia Militar y otras personas. Las autoridades no investigaron las denuncias de tortura ni siquiera en los casos en que las personas recluidas contaron al tribunal que habían sido torturadas. El destacado activista político crítico Nizar Banat murió bajo custodia de las fuerzas palestinas de Seguridad Preventiva, que lo habían detenido y torturado en Hebrón, en el sur de Cisjordania. La autopsia reveló fracturas, hematomas y abrasiones en todo el cuerpo.

En varios países de la región, la legislación mantenía castigos corporales como la flagelación, la amputación de miembros, la ceguera, la lapidación y la crucifixión. En Irán y Libia se llevaron a cabo flagelaciones.

Pena de muerte

Los países de la región mantuvieron la pena de muerte para castigar, entre otros, delitos que no implicaban homicidio intencional y actos protegidos en el derecho internacional, incluidas las relaciones homosexuales consentidas entre personas adultas. En Arabia Saudí, Egipto, Irán y Libia se impusieron condenas a muerte en juicios manifiestamente injustos ante tribunales antiterroristas, militares, de excepción o revolucionarios. Se llevaron a cabo ejecuciones en al menos seis países, a veces en secreto sin la última visita de familiares.

En Arabia Saudí e Irán, las autoridades ejecutaron a varios hombres jóvenes declarados culpables de delitos cometidos cuando tenían menos de 18 años.

Impunidad

Persistía en toda la región la impunidad de miembros de las fuerzas de seguridad, milicias y grupos armados sobre los que existían sospechas razonables de responsabilidad en crímenes de derecho internacional y violaciones graves de los derechos humanos, entre ellos homicidio ilegítimo, tortura, desaparición forzada y violación. En Libia, las autoridades siguieron integrando en las instituciones estatales, nombrando y ascendiendo a mandos y miembros de milicias y grupos armados responsables de abusos, incluidos los que figuraban en la lista de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Saif al Islam al Gaddafi, buscado por la Corte Penal Internacional por su papel en la represión violenta de las protestas contra el gobierno de su padre en 2011, permanecía en libertad y se presentó como candidato a las elecciones presidenciales. En Irán, Ebrahim Raisi ascendió a la presidencia del país en lugar de ser investigado por crímenes de lesa humanidad relacionados con las masivas desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de 1988. En Líbano, las autoridades obstruyeron reiteradamente a lo largo del año la investigación de la explosión del puerto de Beirut de 2020 dando numerosos pasos para impedir que figuras políticas y altos cargos fuesen interrogados por el juez instructor.

En Túnez, tras la disolución del Parlamento en julio por el presidente Kaïs Saïed, se enjuició por la vía militar a 10 civiles, 4 de ellos por criticar al presidente, cifra que representaba un aumento considerable con respecto a años anteriores. Siguieron sin resolución por tercer año consecutivo 10 juicios —iniciados en virtud del proceso de justicia transicional— contra miembros de las fuerzas de seguridad por violaciones de derechos humanos.

En el ámbito internacional se tomaron algunas medidas en favor de la rendición de cuentas. En octubre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU prorrogó el mandato de la misión de determinación de los hechos en Libia encargada de investigar los crímenes de derecho internacional cometidos en este país desde 2016. En agosto, en aplicación del principio de jurisdicción universal, dio comienzo el juicio del exfuncionario iraní Hamid Nouri, detenido en Suecia por su presunta participación en las masacres penitenciarias de 1988.

Al menos cuatro Estados europeos investigaron y procesaron en sus tribunales nacionales a individuos sospechosos de haber cometido crímenes de guerra u otros crímenes de derecho internacional en Siria. En febrero, un tribunal alemán declaró culpable de crímenes de lesa humanidad a un exagente de seguridad sirio por su complicidad en la tortura de manifestantes detenidos en Damasco.

No obstante, el intenso cabildeo de Arabia Saudí y Bahréin forzó el fin del Grupo de Eminentes Expertos Internacionales y Regionales sobre Yemen de la ONU, único mecanismo internacional imparcial de investigación sobre las violaciones del derecho humanitario internacional en Yemen, lo que supuso un paso atrás.

Apartheid

Israel mantenía un sistema de opresión y dominación de la población palestina mediante la fragmentación territorial, la segregación y el control, la desposesión de tierras y propiedades, y la negación de derechos económicos y sociales, lo que constituía la violación de derechos humanos y el hecho internacionalmente ilícito de apartheid. Israel cometió actos ilegítimos contra la población palestina con la intención de mantener este sistema —entre ellos traslados forzosos, detención administrativa y tortura, homicidios ilegítimos, la negación de derechos y libertades fundamentales, y persecución— que constituían el crimen de lesa humanidad de apartheid.

Conflicto armado

Los años de conflictos armados e inseguridad continuaron afectando a la vida de la población civil en Irak, Libia, Siria y Yemen, donde los niveles variables de violencia a manos de agentes estatales y no estatales reflejaban los cambios de alianzas sobre el terreno y los intereses de quienes los respaldaban en el extranjero. Los múltiples actores beligerantes cometieron crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

Casi todas las partes llevaron a cabo ataques indiscriminados que mataron e hirieron a civiles, por medio de incursiones aéreas, si disponían de fuerza aérea, y de bombardeos de zonas residenciales con artillería, morteros y cohetes. En Libia, aunque en general seguía en pie el alto el fuego de ámbito nacional, los enfrentamientos armados esporádicos y localizados entre milicias y grupos armados en zonas residenciales se saldaron con víctimas civiles y daños en infraestructuras civiles. En Yemen, tanto la coalición dirigida por Arabia Saudí como las fuerzas huzíes siguieron llevando a cabo ataques ilegítimos en los que murieron y resultaron heridos decenas de civiles, llegando incluso a alcanzar campos para personas internamente desplazadas y bienes civiles como infraestructuras de producción y distribución de alimentos. En Siria, el gobierno, respaldado por fuerzas rusas, efectuó ataques en el noroeste del país que alcanzaron edificios residenciales, mercados y hospitales.

Continuó la transferencia de armas que se utilizaban para cometer crímenes de guerra y otras violaciones del derecho internacional. Emiratos Árabes Unidos, Rusia y Turquía violaron el embargo de armas impuesto a Libia por la ONU al mantener combatientes extranjeros y material militar en el país. En octubre se utilizaron vehículos blindados fabricados y exportados por Emiratos Árabes Unidos en redadas contra personas migrantes y refugiadas en Trípoli.

En Libia y Siria, algunos actores emplearon la restricción del acceso humanitario como táctica. Los ataques esporádicos de motivación política contra infraestructuras hidráulicas a manos de actores armados afectaron al acceso al agua de millones de personas en Libia. Entre junio y septiembre, las fuerzas gubernamentales sirias asediaron a millares de civiles en Deraa al Balad e impidieron a las organizaciones humanitarias entregar alimentos, suministros médicos y otra ayuda para la supervivencia.

Durante el conflicto armado de mayo, Israel y grupos armados palestinos cometieron, al parecer, crímenes de guerra en la Franja de Gaza que causaron la muerte de al menos 242 personas palestinas, 63 de ellas menores de edad, y provocaron lesiones a miles más. Había más de 74.000 personas palestinas desplazadas. Grupos armados palestinos en la Franja de Gaza llevaron a cabo ataques ilegítimos, disparando miles de cohetes de forma indiscriminada hacia Israel, donde causaron la muerte de 13 personas pese a que Israel interceptó la mayoría de ellos.

Derechos de las personas refugiadas, migrantes e internamente desplazadas

Las autoridades siguieron deteniendo y recluyendo indefinidamente a personas refugiadas y migrantes, a menudo sin fundamento legal para ello y sin permitirles impugnar la legalidad de su detención. En octubre, las fuerzas de seguridad libias y milicias radicadas en Trípoli usaron medios letales ilegítimos y otras formas de violencia para detener arbitrariamente a más de 5.000 hombres, mujeres, niños y niñas procedentes del África subsahariana.

En Arabia Saudí, Libia y Yemen, actores estatales y no estatales continuaron sometiendo a las personas refugiadas y migrantes a innumerables delitos, entre ellos homicidios ilegítimos, detención arbitraria indefinida en condiciones que ponían en peligro su vida, tortura y otros malos tratos, y violación y otros actos de violencia sexual. En Libia, miles fueron objeto de desaparición forzada a manos de guardacostas libios respaldados por la Unión Europea tras desembarcar, y un mínimo de 2.839 fueron expulsadas sin el debido proceso y abandonadas en las fronteras terrestres con Chad, Egipto y Sudán. En Yemen, las autoridades de facto huzíes continuaron recluyendo arbitrariamente, durante periodos indefinidos y en condiciones precarias, a cientos de hombres, mujeres y niños y niñas migrantes, en su mayoría de nacionalidad etíope o somalí. En marzo, las autoridades respondieron a una huelga de hambre disparando proyectiles contra un edificio que albergaba a 350 migrantes, lo que provocó un incendio en el que murieron a 46 varones allí recluidos. En junio, Emiratos Árabes Unidos detuvo al menos a 375 trabajadores y trabajadoras migrantes africanos, los recluyó en régimen de incomunicación durante periodos de hasta 6 semanas en condiciones precarias, les despojó de todas sus pertenencias y luego los deportó. En Siria, las fuerzas gubernamentales sometieron a personas refugiadas retornadas entre 2017 y 2021 —incluidos niños y niñas— a detención arbitraria, tortura y otros malos tratos —como la violación y otros actos de violencia sexual— y desaparición forzada.

En Qatar, las autoridades no investigaron adecuadamente las muertes de trabajadores y trabajadoras migrantes, miles de los cuales habían fallecido de forma repentina e inesperada durante el decenio anterior pese a haber superado las pruebas médicas obligatorias antes de viajar al país. La inacción de las autoridades, que impedía evaluar si las muertes eran atribuibles a causas laborales, negaba a las familias afectadas la oportunidad de ser indemnizadas por la entidad empleadora o el Estado. En Egipto, 40 personas de nacionalidad eritrea fueron devueltas a su país sin el debido proceso y sin poder solicitar asilo.

En Irak, Libia y Siria, decenas de miles de personas internamente desplazadas no pudieron regresar a su lugar de origen a causa de la inseguridad, el temor a represalias o la falta de servicios esenciales y hacían frente a obstáculos adicionales para obtener acceso a atención de la salud —incluidas las vacunas contra la COVID-19—, educación, vivienda y oportunidades de empleo. En Irak, la decisión del gobierno de cerrar casi todos los campos para personas internamente desplazadas a comienzos del año sometió a miles de ellas a desplazamiento secundario o las dejó sin hogar.

Derechos laborales

Las autoridades de la región no protegieron a la población trabajadora de salarios bajos frente a la pérdida del empleo o del salario por motivos como el impacto de la pandemia en la economía. Los gobiernos también reprimieron el derecho de la población trabajadora a la huelga y no protegieron a personas despedidas injustamente por secundar huelgas. En Egipto, las autoridades continuaron penalizando a personas trabajadoras por expresar su opinión o su supuesta disidencia. Se aprobó nueva legislación que permitía el despido automático de las personas empleadas en el sector público que estuvieran incluidas en “la lista de terroristas”, y un tribunal confirmó el despido sin indemnización de un trabajador de una empresa del sector público por “expresar públicamente sus opiniones políticas”. No obstante, se anunciaron reformas para mejorar la protección de los trabajadores y trabajadoras migrantes en varios países, en particular en el Golfo, donde constituían un porcentaje muy elevado de la mano de obra.

Derechos de las mujeres y de las niñas

La violencia contra las mujeres y las niñas quedaba impune en la mayoría de los casos en los sistemas de justicia penal de la región. Continuaron cometiéndose homicidios en nombre del “honor” en Irak, Jordania, Kuwait y Palestina, sin que las autoridades tomaran medidas para enjuiciar a los perpetradores. En Irán, la legislación propuesta para abordar la violencia contra las mujeres contenía disposiciones que se acogieron con satisfacción, incluida la creación de centros de acogida, pero no definía la violencia de género en el ámbito familiar como un delito diferenciado ni penalizaba la violación conyugal y el matrimonio precoz, y en los casos de violencia de género en el ámbito familiar favorecía la reconciliación respecto a la rendición de cuentas.

En Irán se introdujeron cambios legislativos que menoscababan aún más el derecho de las mujeres a la salud sexual y reproductiva, pues restringían severamente el acceso a la contracepción, los servicios de esterilización voluntaria y la información al respecto. En Libia, las autoridades no ofrecieron protección ni reparación a las mujeres y niñas frente a la violación y otras formas de violencia sexual y de género como los homicidios, la tortura y la privación ilegítima de la libertad a manos de milicias, grupos armados y otros actores no estatales. En Yemen, las autoridades de facto huzíes realizaron una campaña de detención y desaparición forzada de mujeres y niñas dirigida especialmente contra aquellas que se consideraba que cuestionaban las normas de género huzíes.

En toda la región, las mujeres seguían sufriendo una discriminación arraigada en la ley en lo relativo al matrimonio, el divorcio, la custodia de hijos e hijas, la herencia y, en Arabia Saudí e Irán, también respecto del empleo y los cargos políticos. Los cambios propuestos a la legislación egipcia sobre la condición jurídica de las personas mantenían disposiciones discriminatorias y menoscababan aún más la autonomía de las mujeres.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

En toda la región, las personas LGBTI sufrían detención y enjuiciamiento, y a veces eran sometidas a exámenes anales que constituían tortura, debido a su orientación sexual o identidad de género reales o percibidas. Los tribunales penales seguían tratando las relaciones homosexuales consentidas como delito y con frecuencia condenaban por ello a hombres y, a veces, a mujeres, en virtud de legislación sobre la moral pública o disposiciones específicas. En Egipto, un tribunal declaró a cuatro hombres culpables de mantener relaciones homosexuales y los condenó a penas de entre seis y nueve años de prisión. Las autoridades tampoco protegieron a las personas LGBTI de la violencia perpetrada por actores no estatales. En Irán, un joven que se identificaba como hombre gay no binario fue asesinado después de que en su certificado de exención del servicio militar se le identificase como un “pervertido”. En Túnez, dos agentes de policía insultaron y agredieron de forma violenta al activista LGBTI Badr Baabou, director de DAMJ, destacado grupo tunecino de defensa de los derechos de las personas LGBTI, mientras le decían que la paliza era una represalia por presentar denuncias contra la policía y “defender a prostitutas” y a personas gays, a quienes se refirieron con un lenguaje despectivo.

El Parlamento marroquí tomó una medida parcialmente positiva al aprobar una nueva ley que permitía la reasignación de género a lo largo de la vida a las personas nacidas “hermafroditas”, pero no la hacía extensiva a las personas transgénero.

Minorías religiosas y étnicas

Los miembros de minorías religiosas sufrían discriminación arraigada en la ley y en la práctica en toda la región incluso con respecto a su derecho a practicar su religión. En algunos países, incluidos Egipto e Irán, los miembros de minorías religiosas y las personas cuyos progenitores hubieran sido identificados como musulmanes por las autoridades eran sometidos a detención, enjuiciamiento y reclusión arbitraria por profesar su fe o expresar creencias no autorizadas. En Irán se impusieron penas de prisión a tres cristianos conversos en virtud de nueva legislación que castigaba con hasta cinco años de prisión el insulto a las “religiones de revelación divina” o la realización de “actividades proselitistas”.

En Irán y Libia, la discriminación que sufrían las minorías étnicas restringía su acceso al empleo, al desempeño de cargos políticos y a los servicios esenciales, incluidas la educación y la atención de la salud, y vulneraba sus derechos lingüísticos y culturales. En Libia, estudiantes de la tribu tubu de Al Kufra no pudieron acceder a la única universidad de la ciudad por estar situada en un barrio controlado por grupos armados rivales. En Irán, las condenas a muerte impuestas por delitos redactados de forma imprecisa, como el de “enemistad con Dios”, seguían afectando desproporcionadamente a las personas de minorías étnicas.

Recomendaciones

Las autoridades deben garantizar que facilitan atención sanitaria, incluidas vacunas, sin discriminación; que el personal sanitario está adecuadamente protegido, y que todas las restricciones de derechos impuestas para combatir la pandemia son estrictamente necesarias y proporcionadas.

Los gobiernos deben cerrar todas las investigaciones o procedimientos judiciales relacionados con la expresión pacífica de opiniones, derogar las disposiciones de carácter subjetivo que criminalizan el “insulto” y despenalizar la difamación. Además, deben reconocer su obligación de respetar y garantizar el derecho a defender los derechos humanos, velando por que quienes los defienden puedan trabajar sin sufrir detención arbitraria y enjuiciamiento, amenazas, ataques ni hostigamiento.

Los gobiernos deben poner fin a la interminable sucesión de delitos contra las personas refugiadas y migrantes y respetar y proteger el derecho de asilo, poniendo fin a la detención y la reclusión arbitrarias de personas refugiadas y migrantes únicamente por su condición migratoria. Deben poner fin a todas las deportaciones de personas refugiadas y garantizar su protección frente a la devolución (refoulement). También deben hacer extensivas las garantías de la legislación laboral a la población trabajadora migrante, incluida la del sector doméstico, y abolir el sistema de patrocinio (kafala).

Las partes en conflictos armados deben respetar el derecho internacional humanitario, en concreto poniendo fin a todos los ataques directos contra población o infraestructura civiles y a los ataques indiscriminados. Las potencias militares deben cesar las transferencias de armas cuando exista un riesgo significativo de que éstas vayan a ser utilizadas de maneras que violen el derecho internacional, como ocurre en los conflictos en curso en la región.

Las autoridades deben garantizar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetan las normas internacionales sobre el uso de armas de fuego y armas menos letales, someterlos a investigación si hacen uso ilegítimo de la fuerza a fin de que rindan cuentas, y proteger el derecho a la libertad de reunión pacífica.