En 2025, los conflictos armados, el uso creciente de prácticas autoritarias, la crisis económica, social y climática, y el genocidio perpetrado por Israel contra la población palestina de la Franja de Gaza ocupada fueron devastadores para millones de personas en toda la región, especialmente para las comunidades marginadas.
Israel cometió numerosos crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluido genocidio, contra el pueblo palestino en Gaza. El genocidio siguió perpetrándose incluso después del alto el fuego del 9 de octubre. Israel destruyó o causó graves daños en prácticamente todas las viviendas, edificios históricos e infraestructuras civiles de Gaza y sometió intencionalmente a la población palestina a condiciones de existencia que acarreaban su destrucción física. En el marco de esta ofensiva, endureció el bloqueo ilícito que imponía desde hacía 18 años a la Franja para negar sistemáticamente a sus habitantes el acceso a la ayuda humanitaria y otros suministros y servicios esenciales y orquestar una catástrofe humanitaria. La inmensa mayoría de los dos millones de personas palestinas de Gaza sufrieron desplazamiento ilícito, hambre y privación de atención sanitaria y abrigo adecuados.
Israel también lanzó ataques militares contra Irán, Líbano, Qatar, Siria y Yemen, algunos de los cuales mataron o hirieron a civiles. En el sur de Líbano destruyó bienes civiles de forma masiva. Ejercido por medio de operaciones militares de alta intensidad y un acusado aumento de la violencia de los colonos respaldada por el Estado, su sistema de apartheid contra todas las personas palestinas tuvo graves consecuencias, especialmente en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental.
Las protestas multitudinarias contra el genocidio de Israel se extendieron por el mundo. Un amplio espectro de organizaciones, organismos internacionales y Estados reconocieron que Israel estaba cometiendo genocidio. No obstante, los gobiernos del mundo no emprendieron acciones significativas para detenerlo ni para poner fin a la ocupación ilegal israelí.
En toda la región, gobiernos y grupos armados no estatales reprimieron a la disidencia, y los Estados recurrieron cada vez más a prácticas autoritarias. Las autoridades detuvieron, torturaron y enjuiciaron injustamente a voces críticas y opositoras, castigándolas con severas condenas, incluida la pena capital. Entre las víctimas más frecuentes de estas medidas había periodistas, disidentes, defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas de los derechos de las mujeres y sindicalistas.
En Siria, la caída del gobierno de Al Asad a finales de 2024 amplió el espacio de la sociedad civil e impulsó los procesos de justicia transicional. Con todo, persistieron importantes dificultades para, por ejemplo, garantizar justicia por los homicidios de motivación sectaria o crear un entorno propicio que permitiera el fortalecimiento de la sociedad civil.
La discriminación, ejercida por motivos de género, raza, nacionalidad, etnia, religión, orientación sexual, identidad o expresión de género y clase social, siguió arruinando la vida de millones de personas en toda la región. En algunos países se intensificaron los abusos contra los derechos humanos de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes.
A pesar de las consecuencias cada vez más catastróficas de la crisis climática, los principales Estados productores de combustibles fósiles de la región mantuvieron o aumentaron sus niveles de producción.
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