En toda la región, los gobiernos respondieron a la pandemia de COVID-19 con la declaración de estados de excepción o la promulgación de leyes que imponían restricciones excesivas a la libertad de expresión. Se enjuició a personas por sus críticas legítimas a la dura respuesta de sus gobiernos a la pandemia. El personal sanitario protestó por la falta de seguridad en el trabajo como consecuencia de no contar con medidas como equipos de protección adecuados y acceso a pruebas diagnósticas, pero se expuso a sufrir detenciones y enjuiciamientos por expresar su preocupación por las condiciones de trabajo y la salud pública. Las respuestas de los gobiernos a la pandemia —incluida la distribución de vacunas— fueron discriminatorias.
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