En su segundo año, la pandemia siguió evidenciando la falta de medidas de muchos gobiernos de la región para priorizar el acceso adecuado de su población a la salud, incluidas las vacunas contra la COVID-19, con la notable excepción de algunos países del Golfo.
Los gobiernos continuaron restringiendo gravemente la libertad de expresión: aprobaron nueva legislación draconiana que la penalizaba y siguieron censurando Internet e invirtiendo en equipos de cibervigilancia. Se sometió a defensores y defensoras de los derechos humanos a actuaciones penales, prisión, restricciones administrativas, amenazas e intimidación, y se criminalizó la actividad de las organizaciones de la sociedad civil. Las fuerzas de seguridad emplearon fuerza ilegítima para reprimir manifestaciones pacíficas en toda la región.
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