Uruguay 2025
Continuaban las limitaciones a la libertad de expresión y al acceso a la información pública. El hacinamiento en las cárceles generaba con frecuencia condiciones de reclusión inhumanas y los índices de mortalidad en prisión eran elevados. Se seguía enjuiciando a miembros de las fuerzas armadas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen cívico-militar (1973-1985), pero no se produjeron avances en las investigaciones sobre las desapariciones forzadas ocurridas en ese periodo. Persistían las cifras elevadas de femicidios y denuncias de violencia contra las mujeres. Los servicios de salud mental eran insuficientes, al igual que la provisión de asistencia social. Seguía preocupando el embarazo en adolescentes.
Información general
El sistema uruguayo de garantías de los derechos siguió debilitándose. Durante el debate sobre el presupuesto del gobierno para el período 2025-2029 se detectó una reducción en la asignación de recursos destinados a políticas de fortalecimiento del sistema de garantías de derechos en ámbitos tales como la lucha contra la violencia de género, la protección de la infancia y la adolescencia y el acceso a los servicios de salud mental.
En septiembre, la fiscal general interina, Mónica Ferrero, sufrió un atentado en su domicilio, situación que generó una gran alarma pública.
Libertad de expresión
Según un informe publicado en mayo por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, entre abril de 2024 y marzo de 2025 se habían registrado 51 casos de amenazas y restricciones a la libertad de expresión contra periodistas en Uruguay. Las limitaciones que se imponían al ejercicio libre del periodismo seguían suscitando preocupación.
En julio se identificó un caso de censura contra la periodista Fernanda Kosak después de que ésta se pronunciara a favor de Palestina.
Derecho a la información
Cuando habían transcurrido más de 15 años de la aprobación de la Ley sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública (Ley 18.381), el acceso a este tipo de información seguía siendo insuficiente. Las instituciones públicas, sujetas a dicha ley, no habían implementado políticas sobre transparencia y acceso a la información pública.
En abril, la fiscal general interina prohibió la difusión de las solicitudes de formalización de la investigación en las causas de interés público, lo que opacaba el trabajo de la Fiscalía General de la Nación y restringía el acceso a la información.
Condiciones de reclusión inhumanas
Persistía el hacinamiento en el sistema carcelario. Según datos del Ministerio del Interior, la población reclusa aumentaba de forma constante y en diciembre superaba la cifra de 16.000 personas, lo que suponía 32 por cada policía, 63 por cada trabajador penitenciario civil y 157 por cada técnico de atención médica, frente al estándar internacional de tres personas privadas de libertad por cada funcionario de trato directo. Además, había más de 10.000 personas sometidas a medidas alternativas a la prisión supervisadas por el Ministerio del Interior.
Las organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por el deterioro e insalubridad de las condiciones de detención, incluido el hacinamiento, y su impacto negativo en el derecho a la salud de la población reclusa. En junio, cuatro personas privadas de libertad fallecieron a causa de un incendio registrado en el módulo 11 de la cárcel de Santiago Vázquez (anteriormente denominada COMCAR).
Impunidad
En mayo, el Ministerio del Interior anunció que se reabrirían los archivos de la Dirección de Información e Inteligencia, que contenían información sobre los hechos acontecidos en el periodo histórico anterior
Se dictaron 15 sentencias condenatorias contra miembros de las fuerzas armadas y la policía, retirados o en activo, por cargos de tortura, secuestro y asesinato —constitutivos de crímenes contra la humanidad— cometidos durante el régimen cívico-militar de las décadas de 1970 y 1980. Además, un exmilitar uruguayo recibió una sentencia condenatoria en Italia, en el marco de las investigaciones que ese país estaba realizando sobre el denominado Plan Cóndor. Sin embargo, no se produjeron avances sustanciales en el esclarecimiento de la suerte que habían corrido las víctimas de desaparición forzada durante ese periodo.
Derecho a la salud
El acceso a los servicios de salud mental era insuficiente, y la tasa de suicidios suscitó la preocupación tanto de las autoridades como de las organizaciones de la sociedad civil que trabajaban en ese campo. Según el Sindicato de la Policía Nacional, en 2025, 15 policías se quitaron la vida voluntariamente, lo que suponía una tasa superior a la del resto de la población. El gobierno informó en julio que en 2024 se habían suicidado 764 personas y la tasa de suicidio había sido de 21,35 casos por cada 100.000 habitantes.
Violencia por motivos de género
Según el Ministerio del Interior, entre enero y octubre se registraron 16 femicidios y 35.443 denuncias de violencia contra las mujeres. El grado preocupante de la violencia de género se atribuía al hecho de que seguía sin aplicarse plenamente la Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en Género (Ley 19.580) y no se habían asignado recursos suficientes para la creación de juzgados polivalentes capaces de tratar todos los asuntos relacionados con este tipo violencia.
En septiembre, un hombre se suicidó después de asesinar a su hija y a su hijo, de dos y seis años, respectivamente, en un caso de violencia vicaria registrado en el departamento de Río Negro. En los tres años anteriores, al menos 13 niños y niñas habían muerto como consecuencia del mismo tipo de violencia.
Derecho a los cuidados
El Ministerio de Desarrollo Social anunció en abril que se iniciaría la elaboración de un plan nacional de cuidados. En octubre, la Junta Nacional de Cuidados presentó el plan para el período 2026-2030 sin que la sociedad civil organizada que trabajaba en esa área hubiera sido convocada durante el proceso de elaboración.
Un decenio después de su creación mediante la Ley 19.353, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados seguía sin funcionar con eficacia y las personas destinatarias seguían sin poder acceder a la asistencia prevista en la ley. Las mujeres, que solían llevar a cabo el trabajo de cuidados no remunerado debido al arraigo de la discriminación de género, se veían afectadas de forma desproporcionada por la vulneración de este derecho.
Derechos sexuales y reproductivos
Durante el año se registraron avances en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, pero los obstáculos a la prevención del embarazo en adolescentes persistían y la política gubernamental al respecto seguía siendo inadecuada. Según información del Ministerio de Salud Pública y de la Administración de los Servicios de Salud del Estado anteriormente publicada, entre 2021 y 2024 se habían registrado 190 embarazos de niñas menores de 15 años. En 2024 se habían producido 2.390 alumbramientos en niñas de entre 15 y 18 años, y 37 en menores de 15 años, sobre un total de 29.899.
Derechos de la infancia
En junio, una bebé de tres meses que se encontraba bajo la tutela del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) fue hallada sin vida en el departamento de Colonia. En agosto, una niña de 13 años que se encontraba también bajo la tutela del INAU fue asesinada por su padre mientras asistía a una consulta médica en el departamento de Maldonado.
Derecho a un medioambiente saludable
En julio, el gobierno decidió cancelar la implementación del proyecto Neptuno, que preveía la construcción de una planta de tratamiento de agua para la zona metropolitana de la capital, Montevideo, y anunció la construcción de una nueva planta en la localidad de Aguas Corrientes (departamento de Canelones) sin presentar información sustantiva sobre su impacto en el medioambiente y en las comunidades cercanas.
Persistieron las restricciones graves del acceso a la información pública sobre la puesta en marcha de proyectos y megaproyectos productivos, lo que impedía conocer los efectos que tenían sobre el medioambiente, el acceso al agua y la calidad de vida de las personas.