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URUGUAY 2020

La crisis provocada por la COVID-19 agravó las desigualdades estructurales y afectó de manera especial a los derechos de la población históricamente marginada. La Ley de Urgente Consideración amenazaba el derecho a la protesta pacífica y a la libertad de expresión. Las inadecuadas condiciones de reclusión siguieron empeorando. La violencia contra las mujeres aumentó. La impunidad seguía siendo motivo de preocupación y aparecieron pruebas que señalaban que se había retenido información clave sobre violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado.

Derechos económicos, sociales y culturales

La respuesta a la COVID-19 tuvo consecuencias negativas para el acceso a los derechos económicos y sociales de las personas pertenecientes a comunidades marginadas. Las medidas de confinamiento afectaron a la actividad económica, lo que agravó las desigualdades estructurales ya existentes. La Universidad de la República informó de que en abril había más de 100.000 personas por debajo del umbral de pobreza, lo que suponía un aumento del 35% en comparación con diciembre de 2019. Los medios de comunicación informaron de que, en agosto, más de 40.000 personas dependían de los bancos de alimentos (las denominadas ollas populares). Las personas que realizaban trabajo sexual, las personas migrantes y refugiadas y las que trabajaban en el sector doméstico tenían dificultades para acceder a la vivienda.

Libertad de expresión y de reunión

En julio se aprobó la Ley de Urgente Consideración (LUC), que contenía disposiciones imprecisas que restringían la libertad de expresión y reunión y podría prohibir las manifestaciones y las protestas sociales.

Garantías procesales y detención

Algunas cuestiones que suscitaban preocupación con relación a la LUC tenían que ver con la aplicación del principio de presunción de inocencia a los agentes policiales y las disposiciones que permitían un mayor uso de la detención en espera de juicio. La LUC también eliminaba algunas garantías de juicio justo y alargaba las penas de prisión para determinados delitos. Estas medidas amenazaban con incrementar la población reclusa en un sistema penitenciario en el que el hacinamiento y las condiciones de insalubridad eran muy comunes. Según la Fiscalía General de la Nación, en noviembre había 13.077 personas adultas encarceladas, de las cuales casi el 20% estaban en espera de juicio. La tasa de encarcelamientos de Uruguay, 370 por cada 100.000 habitantes, era una de las más elevadas de la región.

Impunidad

El gobierno manifestó su intención de buscar a las personas que habían desaparecido durante el régimen cívico-militar (1973-1985). En febrero, la Fiscalía General de la Nación inició procedimientos penales contra cuatro militares retirados a quienes se acusaba de tortura por actos cometidos en 1972. El 24 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos remitió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de tres niñas sometidas a desaparición forzada en 1974, así como otros dos casos.

En agosto se publicaron las actas de un tribunal de honor de las fuerzas armadas de 2006, que revelaban que el ejército había torturado y ejecutado en Argentina a personas detenidas de nacionalidad uruguaya durante la década de 1970 y que se habían ocultado las pruebas.

Violencia contra mujeres y niñas

Las medidas de confinamiento contra la COVID-19 dieron lugar a un incremento de los casos de violencia contra las mujeres y niñas en el ámbito familiar. Según el Ministerio del Interior, entre enero y octubre se presentaron 33.004 denuncias, 203 más que en el mismo periodo de 2019. La respuesta a la pandemia de COVID-19 no contemplaba mecanismos adecuados para prevenir la violencia contra las mujeres.

Derechos sexuales y reproductivos

A pesar de la ausencia de cifras oficiales en 2020, el embarazo infantil seguía siendo un problema de escasa visibilidad en Uruguay. La mayor parte de los partos de niñas menores de 15 años eran consecuencia de situaciones de abuso y explotación sexual. Según el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual de la Niñez y la Adolescencia, en 2020 aumentaron en un 41% las denuncias de explotación de niños, niñas y adolescentes para el comercio sexual.

Durante el periodo de vigencia de las medidas de confinamiento contra la COVID-19 aumentaron las dificultades para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, especialmente el aborto, que era legal en el país, pero difícil de obtener debido a la negativa del personal de la salud, por motivos religiosos, a practicarlo, y a la falta de acceso a los centros de salud en las zonas rurales.