Uruguay 2024
Continuaban las limitaciones a la libertad de expresión y al acceso a la información pública, lo que suscitaba preocupación respecto a la transparencia del Estado. Las cárceles seguían adoleciendo de grandes problemas de hacinamiento, situación que a menudo daba lugar a unas condiciones de reclusión inhumanas, y los índices de mortalidad en prisión eran elevados. Se enjuició a miembros de las fuerzas armadas por delitos constitutivos de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen cívico-militar (1973-1985), pero no se produjeron avances en las investigaciones sobre las desapariciones forzadas que habían tenido lugar en ese periodo. Uruguay seguía siendo un país hostil para las niñas y las mujeres, en el que las cifras de femicidios y denuncias de violencia contra las mujeres eran elevadas. Los servicios de salud mental eran insuficientes, al igual que la provisión de asistencia social. Seguía preocupando el embarazo en adolescentes. La instalación confirmada de un centro de datos podía tener consecuencias ambientales.
Información general
El sistema uruguayo de garantías de los derechos siguió debilitándose. Las autoridades de los poderes ejecutivo y legislativo cuestionaban públicamente a la Fiscalía General de la Nación, lo que llevó a la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay a presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Libertad de expresión
En un informe de la organización local Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública se afirmaba que, entre abril de 2023 y marzo de 2024, se habían registrado 59 casos de amenazas y restricciones a la libertad de expresión del gremio periodístico en Uruguay.
La reforma de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual favorecía la concentración del mercado mediático, lo que suponía una amenaza para la diversidad, la pluralidad de los medios de comunicación y la transparencia gubernamental.
Condiciones de reclusión inhumanas
El hacinamiento en el sistema carcelario continuó durante todo el año. Según la información proporcionada por la Oficina del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, la población reclusa aumentaba de forma constante; en noviembre se aproximaba a la cifra de 16.266 personas, de las que 14.923 eran hombres y 1.343, mujeres. Además, había 70 niños y niñas menores de cuatro años bajo custodia con sus madres.
En 2024 se registraron 54 muertes bajo custodia: 33 por violencia y 18 por causas naturales; tres se estaban investigando. Las organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por el deterioro y la insalubridad de las condiciones de detención, así como el hacinamiento, y su impacto negativo en el derecho a la salud de las personas privadas de libertad.
Impunidad
En 2024 se dictaron cinco actas de acusación formal y cinco fallos condenatorios y se confirmaron cinco sentencias condenatorias contra miembros de las fuerzas armadas y la policía, retirados o en activo, por cargos de tortura, secuestro y asesinato —constitutivos de crímenes contra la humanidad— cometidos durante el régimen cívico-militar de las décadas de 1970 y 1980. Sin embargo, no se produjeron avances sustanciales en el esclarecimiento de la suerte que habían corrido las víctimas de desaparición forzada durante ese periodo.
En mayo y septiembre se reconocieron, respectivamente, los restos humanos de Amelia Sanjurjo y Luis Eduardo Arigón, activistas políticos que habían sido secuestrados y desaparecidos durante el régimen militar.
Violencia por motivos de género
Según el Ministerio del Interior, hasta octubre se habían registrado 19 femicidios y 35.293 denuncias de violencia contra las mujeres. El grado preocupante de la violencia de género se atribuía al hecho de que no se había aplicado plenamente la Ley de Violencia hacia las Mujeres basada en Género (Ley 19.580) ni se habían asignado recursos suficientes para la creación de juzgados polivalentes capaces de tratar todos los asuntos relacionados con este tipo de violencia.
Derecho a la información
Cuando habían transcurrido 15 años de la aprobación de la Ley sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública (Ley 18.381), el acceso a este tipo de información seguía siendo insuficiente. Las instituciones públicas, sujetas a esta ley, no habían implementado políticas sobre transparencia y acceso a la información pública.
Según el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, la cifra de casos en que este acceso se había restringido —constaban 18— seguía siendo elevada.
Derecho a la salud
El acceso a los servicios de salud mental era insuficiente y no había datos oficiales sobre la tasa de suicidios. Según la Organización Panamericana de la Salud, en Uruguay morían por suicidio en torno a 16 personas semanalmente, una de las tasas de suicidio más elevadas de Latinoamérica.
Derecho a los cuidados
Nueve años después de su creación mediante la Ley 19.353, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados no funcionaba con eficacia y su población objetivo (niños y niñas menores de tres años, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia) seguía sin poder acceder a la asistencia prevista en la ley. Tal vulneración del derecho de esos grupos a los cuidados afectaba de forma desproporcionada a las mujeres, que, debido al arraigo de la discriminación de género, solían estar sobrerrepresentadas en el trabajo de cuidados no remunerado.
La Red Pro Cuidados de Uruguay subrayó la necesidad de restituir la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad al frente de la coordinación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados y garantizar el cumplimiento de su mandato. También recalcó que el sistema requería de recursos estables y suficientes y de un modelo solidario para su cofinanciación.
Derechos sexuales y reproductivos
Pese a los avances logrados en la agenda de derechos sexuales y reproductivos, los obstáculos a la prevención del embarazo en adolescentes persistían y la política gubernamental al respecto seguía siendo inadecuada. Según información facilitada por el sistema de notificación de embarazos de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, en el periodo comprendido entre mayo de 2021 y abril de 2024, se habían registrado 190 embarazos de niñas y adolescentes menores de 15 años, de las que 22 interrumpieron la gestación. En el 39% de estos casos el embarazo había sido consecuencia de abusos sexuales y en un 22% más no podía descartarse que lo fuera.
La muerte de una adolescente que había sido sometida a explotación sexual mientras se encontraba bajo el amparo del Estado permitió identificar casos de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes internados en instituciones del sistema público de protección de la infancia.
Derecho a un medioambiente saludable
Se confirmó la instalación en Uruguay de un centro de datos perteneciente a una empresa multinacional, lo que suscitó inquietud por el impacto que podría tener en los derechos humanos y el medioambiente, así como por las posibles exenciones fiscales que la empresa recibiría. El Ministerio de Ambiente expresó su preocupación por los daños ambientales que el centro podía provocar en términos de contaminación atmosférica y uso de agua. Amnistía Internacional solicitó acceso a la información del Ministerio en relación con los beneficios fiscales a que optaría la empresa, pero al concluir el año no se había recibido información al respecto.