Las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de COVID-19 seguían afectando a los grupos en situación vulnerable. Se registraron varios ataques contra periodistas y medios de comunicación, lo que supuso una amenaza a la libertad de expresión. Las cifras de encarcelamiento sin precedentes provocaron unas condiciones penitenciarias inhumanas. Persistía la preocupación por las muertes en prisión. La violencia contra las mujeres y las niñas siguió intensificándose, y el número de femicidios y homicidios infantiles denunciados aumentó. Aunque algunos miembros de las fuerzas armadas fueron procesados por delitos comunes cometidos durante el régimen cívico-militar (1973-1985) que constituían crímenes de lesa humanidad, no se produjeron avances sustanciales en el esclarecimiento del paradero de las víctimas de desaparición forzada durante ese periodo.
Leer másNo utiliza la pena de muerte
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