Resumen

Continuaban las limitaciones a la libertad de expresión y al acceso a la información pública, lo que suscitaba preocupación respecto a la transparencia del Estado. Las cárceles seguían adoleciendo de grandes problemas de hacinamiento, situación que a menudo daba lugar a unas condiciones de reclusión inhumanas, y los índices de mortalidad en prisión eran elevados. Se enjuició a miembros de las fuerzas armadas por delitos constitutivos de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen cívico-militar (1973-1985), pero no se produjeron avances en las investigaciones sobre las desapariciones forzadas que habían tenido lugar en ese periodo. Uruguay seguía siendo un país hostil para las niñas y las mujeres, en el que las cifras de femicidios y denuncias de violencia contra las mujeres eran elevadas. Los servicios de salud mental eran insuficientes, al igual que la provisión de asistencia social. Seguía preocupando el embarazo en adolescentes. La instalación confirmada de un centro de datos podía tener consecuencias ambientales.