Tras sufrir algunos retrasos iniciales, el programa de vacunación contra la COVID-19 avanzó. Sin embargo, las políticas para abordar la pandemia no pudieron revertir la desigualdad estructural que ya existía, y que en 2021 se agravó y afectó especialmente a los derechos económicos, sociales y culturales de los sectores más vulnerables de la población. Unas cifras de encarcelamiento sin precedentes provocaron con frecuencia condiciones penitenciarias inhumanas. En 2021 se produjo el mayor número de muertes en prisión de la historia reciente del país. La violencia contra las mujeres siguió intensificándose y el número de feminicidios denunciados aumentó. Aunque varios miembros de las fuerzas armadas fueron procesados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen cívico-militar (1973-1985), no se produjeron avances sustanciales en el esclarecimiento de la suerte corrida por las víctimas de desaparición forzada durante ese periodo. Se observaron obstáculos para acceder a la información pública, especialmente sobre salud sexual y reproductiva.
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