La crisis provocada por la COVID-19 agravó las desigualdades estructurales y afectó de manera especial a los derechos de la población históricamente marginada. La Ley de Urgente Consideración amenazaba el derecho a la protesta pacífica y a la libertad de expresión. Las inadecuadas condiciones de reclusión siguieron empeorando. La violencia contra las mujeres aumentó. La impunidad seguía siendo motivo de preocupación y aparecieron pruebas que señalaban que se había retenido información clave sobre violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado.
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