Sri Lanka 2024
El gobierno continuó utilizando legislación draconiana y medidas de represión contra la libertad de expresión y asociación. Se aprobaron nuevas leyes para reprimir la disidencia, sin someterlas a una consulta adecuada y en contravención del derecho y las normas internacionales de derechos humanos. Se siguió intimidando y hostigando a minorías, a activistas y a la sociedad civil. El gobierno no hizo progresos significativos para que las personas afectadas por el conflicto armado interno terminado en mayo de 2009 obtuvieran verdad, justicia y reparación. No se llevaron a cabo las reformas legislativas propuestas con el fin de garantizar los derechos de la población LGBTI y de las mujeres y las niñas musulmanas.
Información general
Durante los últimos meses del año se celebraron elecciones tanto presidenciales como generales. Pese a la ampliación de un servicio financiero del Fondo Monetario Internacional que desbloqueaba el acceso a 1.333 millones de dólares desde 2023, el Banco Mundial anunció que, previsiblemente, la tasa de pobreza seguiría por encima del 22% hasta 2026.
Derechos económicos y sociales
Aunque en su segunda fase, iniciada en febrero, el programa de pago de prestaciones sociales (Aswesuma) aumentó el número de personas beneficiarias, las que no tenían cuentas bancarias no pudieron recibir los pagos mensuales. El gobierno recibió críticas por no dar a conocer el programa de manera adecuada.
Varias personas de la comunidad tamil malaiyaha que trabajaban en plantaciones de té señalaron que, al no haber normativa ni inspecciones suficientes, el gobierno no protegía de manera adecuada a la mano de obra empleada en las parcelas y fincas privadas de la provincia Meridional. Sufrían abusos tales como trabajo forzoso, servidumbre por deudas y limitación de su libertad de circulación, además de no recibir salarios dignos ni vacaciones ni vivienda adecuada.
Se negaba el derecho a la libertad de asociación a quienes trabajaban en zonas de libre comercio, especialmente en el sector de la confección, mediante la aplicación de normativas excesivamente restrictivas. Las autoridades no protegían a los trabajadores y las trabajadoras de la confección sindicados frente al acoso al que los sometía la dirección de las fábricas. El gobierno eludió los mecanismos de consulta tripartita.1
Libertad de expresión y de asociación
El 24 de enero, el Parlamento aprobó la Ley de Seguridad en Línea. Pese a las modificaciones que se le realizaron en agosto, la ley era imprecisa en la definición de los delitos y otorgaba amplias facultades a las autoridades, lo que hacía temer que pudiera utilizarse para limitar la libertad de expresión y reprimir la disidencia. La sociedad civil criticó su tramitación por la falta de consultas y de transparencia. El texto se aprobó sin introducir 31 enmiendas obligatorias ordenadas por el Tribunal Supremo, y ninguna de las adoptadas armonizaba sus disposiciones con el derecho y las normas internacionales. En agosto, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos comunicó que ya se habían abierto al menos dos causas penales contra particulares e intermediarios de Internet en virtud de esta ley.
En junio se archivó una causa contra la humorista Nathasha Edirisooriya. Había sido detenida en mayo de 2023 por formular unos comentarios presuntamente irrespetuosos con el budismo en un monólogo.
Se siguió utilizando la draconiana Ley de Prevención del Terrorismo contra minorías, activistas y voces críticas con el gobierno, pese a la promesa gubernamental de establecer una moratoria en su aplicación. Según la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka, entre enero de 2023 y abril de 2024 las autoridades informaron de 46 casos de detención y reclusión en aplicación de dicha ley.
Continuaba la tramitación parlamentaria del proyecto de Ley contra el Terrorismo, propuesto en 2023. El texto, cuyo objetivo era otorgar amplios poderes a la policía, el ejército y el ejecutivo, establecía nuevos delitos al tratar de equiparar los actos de desobediencia civil a delitos de terrorismo. Los delitos propuestos estaban formulados de una forma excesivamente amplia, imprecisa y subjetiva, lo que se prestaba en gran medida a aplicaciones arbitrarias y abusos. En julio, el gobierno propuso una ley para regular las ONG que concedía amplia discrecionalidad a las autoridades, incluidas restricciones ilegítimas del derecho a la libertad de asociación.
Varias comunidades minoritarias, en particular la tamil y la musulmana de las provincias Norte y Oriental, denunciaron que la policía y los organismos de inteligencia las sometían a vigilancia, intimidación y represalias constantes. Familias de personas desaparecidas denunciaron actos de hostigamiento, incluidas llamadas nocturnas de agentes estatales que les preguntaban por su trabajo y sus finanzas. También sufrieron hostigamiento e intimidación miembros de la sociedad civil y periodistas que trabajan principalmente sobre derechos de tierras, desapariciones forzadas y excombatientes.
El 9 de julio, el Parlamento aprobó el proyecto de Ley de Enmienda sobre Telecomunicaciones, pese a la muy escasa consulta pública a la que había sido sometido. La sociedad civil y el Tribunal Supremo manifestaron preocupación por la introducción de un delito relacionado con las telecomunicaciones y definido en términos imprecisos que podía ser utilizado para vulnerar la libertad de expresión.
Detención y reclusión arbitrarias
El gobierno lanzó la segunda fase de su abusiva iniciativa de lucha contra las drogas, denominada “Operación Yukthiya”, pese a las denuncias de violaciones de derechos humanos formuladas por la sociedad civil y los llamamientos al cese de la operación realizados por la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka y mecanismos expertos de la ONU. Entre las violaciones de derechos cabía mencionar detenciones arbitrarias (sobre todo de personas de grupos socioeconómicos marginales), tortura y otros malos tratos y negación del debido proceso y del derecho a un juicio justo. Entre diciembre de 2023 y mayo de 2024 fueron detenidas como sospechosas 111.074 personas; sólo el 6 de agosto la policía comunicó la detención de 776 personas en 780 redadas.
Tortura y otros malos tratos
Las torturas y otros malos tratos infligidos por la policía y las fuerzas de seguridad seguían siendo motivo de preocupación. Entre enero de 2023 y marzo de 2024, la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka recibió denuncias sobre 2.845 casos de tortura y 675 de trato degradante. Algunas de estas denuncias de tortura y otros malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad fueron formuladas por tamiles de la provincia Norte.
Libertad de reunión pacífica
En mayo, en la provincia Oriental, la policía detuvo a cuatro tamiles por servir kanji (gachas de arroz) antes de un acto en recuerdo de las víctimas mortales del conflicto armado interno. En agosto y septiembre, los tribunales de las ciudades de Trincomalee y Vavuniya dictaron órdenes que prohibían a las familias de personas desaparecidas celebrar protestas.
Libertad de religión o de creencias
El 22 de agosto, el gobierno pidió formalmente disculpas por la imposición de una política de cremaciones forzosas durante la pandemia de COVID-19, contraria a las creencias musulmanas.
Derecho a verdad, justicia y reparación
El 1 de enero, el gobierno publicó en el boletín oficial un anteproyecto de ley sobre la creación de una nueva Comisión de la Verdad, la Unidad y la Reconciliación. El texto se sometió a revisión y se publicó de nuevo en agosto. Por otro lado, el 9 de enero el gobierno aprobó la Ley de Establecimiento de la Oficina para la Unidad y la Reconciliación Nacionales. Ambas piezas legislativas fueron rechazadas por los grupos de víctimas y la sociedad civil porque el gobierno no las había sometido a consulta significativa alguna ni se había esforzado en fomentar la confianza en torno a ellas. No se aplicaron las recomendaciones formuladas por organismos similares. Algunos grupos aludieron a la falta de resultados tangibles de instituciones nacionales como la Oficina para Reparaciones y la Oficina de Personas Desaparecidas.
Seguían descubriéndose fosas comunes, entre ellas una el 13 julio en el puerto de Colombo, la última de la que se tenía conocimiento. Sin embargo, casi no se identificaron ni se devolvieron restos a las familias.
La Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka solicitó una investigación independiente sobre la posible desaparición forzada de un hombre en Anuradhapura en marzo. No se observó ningún avance reseñable en varios casos destacados de años anteriores, y en algunos se dieron importantes retrocesos. Entre ellos figuraba el homicidio de cinco estudiantes tamiles en Trincomalee en enero de 2006, el asesinato de Lasantha Wickrematunge en 2009, la desaparición forzada de Prageeth Eknaligoda en 2010 y los procesamientos por el atentado con explosivos del domingo de Pascua de 2019.
En octubre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución por la que se prorrogaba sólo un año más el mandato del proyecto sobre rendición de cuentas en Sri Lanka de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.2
El gobierno se opuso a la participación de esta oficina en la recopilación de pruebas, lo que parecía presagiar la perpetuación de una ya arraigada impunidad. Si bien el nuevo gobierno prometió sistemas nacionales creíbles, al final del año no había habido avances sobre estos mecanismos.
Derechos de las mujeres
En julio se envió a la Fiscalía General para su aprobación el documento de reforma de la Ley de Matrimonio y Divorcio Musulmanes. Esta ley arcaica había sido objeto de críticas por una serie de disposiciones discriminatorias contra las mujeres y las niñas, que permitían, por ejemplo, el matrimonio precoz y la poligamia. Activistas de la sociedad civil expresaron preocupación por la falta de transparencia de la reforma.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
El 9 de mayo, el gobierno presentó el proyecto de Ley para la Igualdad de Género, que posteriormente fue declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo, por lo que debía ser aprobado en referéndum o por una mayoría de dos tercios en el Parlamento.
Seguía sin aprobarse el proyecto de ley presentado a título particular por un diputado con el fin de revocar el artículo 365 del Código Penal, que penalizaba las relaciones homosexuales. Aunque se había presentado en 2022, continuaba la falta de transparencia sobre su tramitación.