Sri Lanka 2025
El nuevo gobierno, que asumió el poder a finales de 2024, prometió realizar un cambio transformador. Sin embargo, continuó utilizando la draconiana ley antiterrorista y no reformó otras leyes, lo cual influyó negativamente en la libertad de expresión y los derechos de las mujeres, las personas musulmanas y las personas LGBTI. Las minorías, especialmente la tamil, afectada por la guerra, siguió siendo hostigada por exigir justicia por las atrocidades cometidas en tiempos de guerra, que aún debían abordarse mediante mecanismos nacionales fiables. El ciclón Ditwah segó vidas y destruyó viviendas.
Información general
Tras tomar posesión a finales de 2024 el recién elegido gobierno del Partido del Poder Popular Nacional, en mayo se celebraron las elecciones locales pendientes. En junio, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos realizó una visita oficial al país. En octubre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó a un acuerdo sobre la ampliación de fondos, permitiendo a Sri Lanka acceder a una financiación de 347 millones de dólares estadounidenses. En octubre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución por la cual se ampliaba el mandato del proyecto sobre rendición de cuentas en Sri Lanka puesto en marcha por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH), con el fin de recopilar y preservar pruebas parare futuros enjuiciamientos, y se pedía que se siguiera realizando un seguimiento y presentando informes.
Derechos económicos, sociales y culturales
A pesar del aumento de las prestaciones de asistencia social en virtud del programa Aswesuma, el FMI informó de que los niveles de pobreza seguían siendo superiores a los que existían antes de la crisis económica.
La comunidad Tamil Malaiyaha que trabajaba en plantaciones de té seguía siendo uno de los grupos más marginados y continuaba sufriendo tras más de dos siglos de discriminación racial. Esta comunidad tenía un acceso limitado a la propiedad de la tierra, viviendas inadecuadas y estaba sometida a condiciones de explotación laboral. En el sector textil, los trabajadores y trabajadoras continuaban sufriendo abusos contra los derechos humanos, como represión sindical, salarios bajos, violencia de género e inseguridad en las condiciones de trabajo.1
Derecho a un medioambiente saludable
A finales de noviembre y principios de diciembre, el ciclón Ditwah causó numerosos daños materiales y muertes en el país, lo cual hizo dudar sobre la preparación y las comunicaciones del gobierno ante catástrofes relacionadas con el cambio climático. Se calcula que en las inundaciones y corrimientos de tierras que provocó el ciclón murieron 646 personas y quedaron destruidas 114.343 viviendas.
Libertad de expresión
A raíz del ciclón Ditwah, el presidente declaró el estado de emergencia a finales de noviembre y aprobó una extensa normativa que otorgaba amplias facultades a las autoridades, incluidas las fuerzas armadas y la policía. El viceministro de Seguridad Pública ordenó a la policía que actuara contra quienes difundieran declaraciones falsas y difamatorias durante la catástrofe y calumniaran al presidente en las redes sociales. La policía informó de que se habían iniciado investigaciones en relación con 57 publicaciones en redes sociales.
El Partido del Poder Popular Nacional se comprometió a modificar la Ley de Seguridad en Línea de 2024, promulgada por el anterior gobierno, para eliminar las restricciones excesivas a la libertad de expresión. La ley concedía a una Comisión de Seguridad en Línea amplios poderes para determinar lo que se consideraban “declaraciones prohibidas”. En agosto, el gobierno solicitó la presentación pública de propuestas de modificación.
Detención y reclusión arbitrarias
A pesar de que el Partido del Poder Popular Nacional se había comprometido a derogar la Ley de Prevención del Terrorismo, esta ley draconiana continuó utilizándose, incluso para delitos que no tenían nada que ver con actos relacionados con el terrorismo —por ejemplo, para detener a figuras de “los bajos fondos” vinculadas a delitos relacionados con drogas—. El gobierno desveló que la Ley de Prevención del Terrorismo se había utilizado para efectuar 49 detenciones en los primeros cinco meses del año.
En febrero, el gobierno designó un comité para elaborar un proyecto de ley que la sustituyera y en mayo invitó a la ciudadanía a presentar sus propuestas. En diciembre, publicó un proyecto de ley denominado Ley de Protección del Estado frente al Terrorismo.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Un grupo de 116 personas refugiadas rohinyás, 57 de ellas menores de edad, que habían llegado en diciembre de 2024 continuó detenido en un campo de las fuerzas aéreas en Mullaitivu administrado por el Departamento de Inmigración y Emigración. No se permitió el acceso al ACNUR, la agencia de la ONU para los Refugiados, para inscribir en el registro a las personas refugiadas.
Libertad de asociación y de reunión pacífica
Las restricciones del derecho de sindicación eran opresivas y el Estado interfería en las actividades sindicales.
Se mantuvo el requisito de que las ONG se inscribieran en un registro del Secretariado de ONG tras conseguir la autorización de seguridad del Ministerio de Defensa, a pesar de que el registro ya era obligatorio en virtud de otras leyes.
En agosto, el exinspector general de la Policía fue detenido por cargos relacionados con el hecho de no haber impedido los ataques contra personas que se manifestaban pacíficamente en mayo de 2022.
En septiembre, la policía empleó fuerza excesiva contra personas que protestaban en la ciudad de Mannar por un proyecto de energía eólica ante su posible efecto negativo en el medioambiente.
Tortura y otros malos tratos
Durante el año hubo al menos 13 casos conocidos de muerte bajo custodia. Dos policías fueron suspendidos de sus funciones por la muerte de Muthuwadige Sathsara Nimesh bajo custodia policial en abril. Su familia denunció que había sido torturado mientras estaba detenido en la comisaría de Welikada en la capital, Colombo. La División Especial de Investigación se ocupó de seis casos de tortura perpetrada por policías y de dos casos de detención ilegal durante el año.
Derecho a verdad, justicia y reparación
En febrero se descubrió una nueva fosa común cerca de Chemmani, en el distrito de Jaffna. En septiembre habían sido exhumados los restos de 239 personas. Se expresó preocupación por la transparencia y la necesidad de más recursos para terminar el proceso de excavación. En agosto, un juez de primera instancia de Kaluwanchikudy falló en contra de las instrucciones de no actuar dadas por el fiscal general y ordenó que se excavara la fosa común de Kurukkalmadam, situada en el distrito de Batticaloa, donde al parecer los Tigres de Liberación de Eelam Tamil habían llevado a cabo una masacre y enterrado a sus víctimas en 1990. El gobierno no respondió a las peticiones de mejora de la capacidad forense y las investigaciones penales sobre las fosas comunes.
En agosto el gabinete ministerial aprobó la elaboración de un plan nacional de actuación en materia de reconciliación, con el apoyo de la oficina de las Naciones Unidas en el país. En septiembre, el gobierno anunció que había iniciado el proceso para establecer una comisión de la verdad y la reconciliación.
Se llevaron a cabo varias detenciones en causas emblemáticas vinculadas a la guerra civil. El exparlamentario Sivanesathurai Chandrakanthan (conocido como Pillaiyan) fue detenido por la desaparición del vicerrector de la Eastern University, Sivasubramaniam Raveendranath, en 2006. Dos antiguos agentes de inteligencia del ejército fueron detenidos por el secuestro del periodista Keith Noyahr. El llamado caso de “los 11 de la marina” sobre la presunta desaparición forzada de 11 jóvenes entre 2008 y 2009 continuó estancado en los tribunales. En julio, el excomandante de la marina Nishantha Ulugetenne, implicado en este caso, fue detenido por otra desaparición que databa de su etapa en los servicios de inteligencia.
En abril, el presidente presentó el informe final de la comisión de investigación sobre los ataques del Domingo de Pascua de 2019. Se creó una comisión policial para llevar a cabo investigaciones, pero al acabar el año no había ninguna novedad.
Las comunidades afectadas por la guerra lucharon por resolver prolongados conflictos sobre tierras con numerosos departamentos estatales. A través de una notificación enviada en marzo, las autoridades trataron de adquirir unas 2.400 hectáreas de terreno de varios distritos de la Provincia del Norte. El gobierno retiró la notificación tras la orden provisional del Tribunal Supremo que prohibía la adquisición.
Continuaron recibiéndose denuncias de vigilancia y hostigamiento de familiares de víctimas de guerra, periodistas y activistas tamiles. La División de Investigación Antiterrorista citó al periodista Kumanan Kanapathipillai a raíz de una queja presentada por el servicio de inteligencia militar en relación con la cobertura que había hecho de las protestas y conmemoraciones organizadas por la comunidad afectada por la guerra. En respuesta a las preocupaciones de la ONU, el gobierno alegó acusaciones infundadas de terrorismo y delitos económicos.
Desapariciones forzadas
En agosto, el gobierno anunció que la Oficina de Personas Desaparecidas iba a abrir investigaciones sobre 10.531 casos de personas desaparecidas anteriores al año 2000. Siguieron sin abordarse casos recientes. En septiembre, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU señaló que la Oficina de Personas Desaparecidas había localizado a sólo 23 personas desaparecidas de los 16.966 casos recibidos. El Comité se mostró preocupado por el gran nivel de impunidad que se reflejaba en la falta de avances en la investigación y el procesamiento de las desapariciones forzadas.
Derechos de las mujeres y de las niñas
En febrero, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó su preocupación por la Ley de Matrimonio y Divorcio Musulmanes, que permitía el matrimonio infantil. El Comité expresó su satisfacción por el plan de acción nacional “Mujeres, paz y seguridad”.
En septiembre, el gobierno designó a quienes iban a integrar la primera Comisión de la Mujer, aunque al acabar el año la Comisión aún no estaba operativa.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
No hubo avances en lo que se refiere a la despenalización de las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos había instado a que se actuara partiendo de un proyecto de ley presentado a título particular por un miembro del Parlamento para reformar el Código Penal, y pese al compromiso del gobierno de revisar las leyes discriminatorias.