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SRI LANKA 2021

El gobierno continuó con su represión de la disidencia, dirigida contra distintos grupos. Persistió la impunidad en varios casos emblemáticos. Hubo muchos informes de uso excesivo de la fuerza y brutalidad de los agentes encargados de hacer cumplir la ley, y se produjeron muertes bajo custodia. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció un mecanismo para consolidar pruebas de violaciones graves de los derechos humanos para futuros enjuiciamientos después de que el gobierno srilankés retirara su apoyo a la justicia transicional. No se registraron avances en los mecanismos de justicia transicional existentes. Se siguió utilizando la Ley de Prevención del Terrorismo contra voces críticas de comunidades minoritarias, a las que se sometió a detención arbitraria y reclusión prolongada sin supervisión judicial. El nuevo reglamento promulgado en el marco de esta ley suponía de hecho negar a las personas sospechosas una vista judicial y obligarlas a asistir a programas de “rehabilitación”. Aumentó la discriminación y la marginación de la comunidad musulmana a causa de políticas gubernamentales utilizadas expresamente en su contra. En su respuesta a la COVID-19, el gobierno no dio prioridad al personal sanitario, las personas de edad avanzada o con comorbilidades ni los grupos marginados.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

Persistió la represión de la disidencia. El gobierno arremetió contra defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas, profesionales de la abogacía, miembros de la oposición y responsables de investigación penal y amplió su ámbito de actuación al alumnado universitario, personas del mundo académico, sindicalistas y comentaristas en redes sociales. En mayo, el secretario del Ministerio de Salud dictó una orden amenazando con tomar medidas disciplinarias contra personal del sector de la salud que había hablado con los medios de comunicación sobre las dificultades para hacer frente a la pandemia de COVID-19.

Hubo protestas por cuestiones salariales que afectaban desde hacía tiempo a docentes y personal directivo de escuelas. Entre las reivindicaciones también figuraba la retirada del controvertido proyecto de ley de educación. Se arrestó a activistas, que en algunos casos permanecieron más de 75 días en reclusión.

En agosto, en una reunión online organizada por el Instituto de Jueces de Sri Lanka, los magistrados recibieron instrucciones de funcionarios no judiciales sobre el control de las reuniones públicas durante la pandemia de COVID-19. Las instrucciones se dictaron a raíz de protestas generalizadas de los sindicatos y, según informes, los funcionarios judiciales se sintieron presionados a dictar órdenes para impedir las protestas.

El gobierno anunció iniciativas de reformas legislativas para regular el trabajo de las ONG, lo que podía poner trabas al derecho a la libertad de asociación.

Derecho a verdad, justicia y reparación

En casos emblemáticos en los que estaban implicados miembros del ejército o partidarios del gobierno, se absolvió a las personas sospechosas o la Fiscalía General archivó las causas. No hubo avances en otros casos. Se aplazó varias veces el juicio relacionado con la desaparición forzada en 2010 del periodista Prageeth Eknaligoda, debido en parte a las restricciones por la COVID-19. Se absolvió a las personas acusadas del asesinato del parlamentario Joseph Pararajasingham en 2005, entre ellas miembros de un partido político afín al gobierno, y la Fiscalía General no mostró ningún interés en reabrir la investigación. Sin dar explicación pública alguna por su decisión, la Fiscalía General decidió retirar los cargos contra el excomandante de la Marina Wasantha Karannagoda por su presunta participación en la desaparición forzada de 11 tamiles en 2008 y 2009. La Marina de Sri Lanka había sido presuntamente responsable de la desaparición forzada de los llamados “11 de la Marina”.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la Resolución 46/1 con vistas a promover la rendición de cuentas en Sri Lanka. La resolución establecía un mecanismo internacional que permitía a la OACNUDH recopilar, consolidar, analizar y preservar información y pruebas, así como desarrollar estrategias para futuros procesos de rendición de cuentas por violaciones graves de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario.

Bajo el liderazgo del controvertido exjuez del Tribunal Supremo Upali Abeyratne, la Oficina de Personas Desaparecidas abrió una nueva sede en el norte del país y anunció que iba a “verificar” los 21.374 casos que habían recopilado sus antiguos miembros. Al concluir el año, el volumen oficial de casos de la Oficina de Personas Desaparecidas era de 14.988, y no se habían dado explicaciones acerca de los más de 6.000 casos de personas desaparecidas que faltaban. Se eligieron nueve miembros y no se aclaró si la dirección había cambiado.

El Consejo de Ministros aprobó una serie de políticas y directrices elaboradas por la Oficina para Reparaciones relacionadas con reparaciones a las víctimas del conflicto armado y de disturbios políticos o civiles. Al terminar el año el documento todavía no se había hecho público. Con el pretexto de las restricciones de la COVID-19, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley presentaron órdenes judiciales contra iniciativas conmemorativas relacionadas con la guerra y arrestaron a quienes participaron en ellas.

Detención y reclusión arbitrarias

En virtud de la Ley de Prevención del Terrorismo, las autoridades continuaron manteniendo recluidas a cientos de personas musulmanas detenidas en relación con los atentados con explosivos de abril de 2019.

El activista y abogado Hejaaz Hizbullah, que había sido detenido arbitrariamente en abril de 2020, también en aplicación de esta ley, permaneció recluido sin acceso a libertad bajo fianza. Fue inculpado en marzo y su juicio estaba previsto para 2022. El poeta Ahnaf Jazeem, que había permanecido en reclusión prolongada tras ser arrestado en mayo de 2020 en relación con sus escritos, salió en libertad bajo fianza en diciembre. Había sido inculpado en noviembre en aplicación de la Ley de Prevención del Terrorismo, ley que también se utilizó para atacar, arrestar y recluir arbitrariamente a numerosos periodistas, sobre todo del norte del país. Tanto a Ahnaf Jazeem como a Hejaaz Hizbullah les negaron las debidas garantías procesales en varias ocasiones. No fueron informados del motivo de su arresto y permanecieron recluidos en régimen de detención administrativa prolongada sin supervisión judicial para vigilar su bienestar, ni acceso a sus familiares ni a asistencia letrada. En marzo, el presidente Rajapaksa promulgó un nuevo reglamento en el marco de la Ley de Prevención del Terrorismo que permitía remitir a programas de “rehabilitación” a las personas consideradas sospechosas de la comisión de delitos con arreglo a esta ley o a la normativa de excepción. El nuevo reglamento suscitaba muchos motivos de preocupación en materia de derechos humanos, especialmente el uso de términos subjetivos y excesivamente amplios para describir los delitos. Preocupaba también que, con arreglo al nuevo reglamento, la rehabilitación y la detención privaran a las personas sospechosas del debido proceso, del acceso a familiares y de la capacidad de impugnar la detención ante un tribunal. Estas violaciones de derechos humanos también exponían a las personas detenidas a sufrir tortura y otros malos tratos.

Uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales

En los medios de comunicación se informó ampliamente de casos de muerte bajo custodia y brutalidad policial. Sin embargo, al parecer no se exigió ninguna responsabilidad ni rendición de cuentas a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ni a cargos gubernamentales. La sociedad civil informó de un gran número de presuntos casos de este tipo de violencia a lo largo del año, entre ellos 3 de disparos de la policía, 40 de violencia policial, 10 de muerte bajo custodia policial (algunos atribuidos a suicidio), al menos 30 de muerte en prisión (en algunas ocasiones atribuidos a suicidio o a la COVID-19), al menos 16 de violencia de las fuerzas de seguridad, 24 de violencia —incluido acoso sexual— ejercida por empleados públicos, y por lo menos 3 de tortura en prisión.

El Ministro de Seguridad Pública anunció su intención de promulgar leyes para desestimar los casos de violación de derechos humanos contra agentes de la policía si no se tramitaban “a su debido tiempo”.

En septiembre, el ministro de Gestión Penitenciaria y Rehabilitación de Prisioneros, Lohan Ratwatte, irrumpió en una prisión estatal de la ciudad de Anuradhapura y, a punta de pistola, amenazó con matar a unos reclusos tamiles encarcelados en aplicación de la Ley de Prevención del Terrorismo. El incidente puso de manifiesto la impunidad de las conductas delictivas en las más altas instancias del gobierno. Al terminar el año, Lohan Ratwatte no había rendido cuentas de sus actos y permanecía en su cargo de ministro.

Discriminación

El gobierno actuó contra la comunidad musulmana minoritaria de Sri Lanka con nuevas políticas y leyes que aumentaron su marginación y discriminación.

En marzo, el ministro de Seguridad Pública, Sarath Weerasekera, declaró que el gobierno planeaba prohibir más de 1.000 madrasas (instituciones de enseñanza islámica) cuya actividad se desarrollaba al margen de la política educativa nacional. En caso de ser aprobada, esta prohibición podría constituir discriminación por motivos religiosos, además de violar la libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias mediante prácticas de culto. En abril, el Consejo de Ministros aprobó una propuesta del mismo ministro para prohibir el uso del velo.

En marzo, el Ministerio de Defensa declaró que los libros del islam importados a Sri Lanka sólo se podrían distribuir tras ser analizados y revisados por el Ministerio, como supuesta “medida antiterrorista”. Esta directiva del gobierno discriminaba por motivos únicamente religiosos y violaba el derecho a la libertad de religión y de creencias y a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas.

Antes de las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, finalmente las autoridades srilankesas decidieron cambiar la política de incineraciones forzadas de víctimas musulmanas de la COVID-19, práctica iniciada en marzo de 2020. Esta política se había mantenido en vigor a pesar de las recomendaciones de la OMS de permitir tanto el entierro como la incineración. Las directrices afectaban a las ceremonias fúnebres de la comunidad musulmana, y violaban el derecho a la libertad de religión y de creencias. Aunque la política de incineraciones forzadas quedó derogada, el gobierno continuó insistiendo en enterrar a las víctimas musulmanas de la COVID-19 en zonas remotas, lo que limitaba el acceso de la familia y discriminaba por motivos únicamente de credo religioso.

Discriminación y violencia por motivos de género

A pesar de las promesas de modificar la Ley Musulmana de Matrimonio y Divorcio de 1951, que permitía casarse a las niñas a partir de los 12 años, la Ley siguió en vigor sin cambios.

Los grupos en defensa de los derechos de las mujeres reivindicaban las siguientes reformas, entre otras: la posibilidad de que las mujeres pudieran ser nombradas quazis (juezas del tribunal Quazi, un organismo religioso de mediación no oficial), la abolición de la poligamia, y el consentimiento de ambas partes al inscribir un matrimonio en el registro, con el fin de evitar los matrimonios forzados.

Aumentaron los abusos y la violencia de género en el ámbito familiar contra personas LGBTIQ y mujeres de minorías étnicas y comunidades indígenas por la obligación de permanecer en casa durante los confinamientos a causa de la COVID-19.

Se siguieron penalizando las relaciones homosexuales en el país. En un vídeo compartido en las redes sociales, un asesor de un programa de formación policial apareció haciendo comentarios mezquinos y discriminatorios sobre la comunidad LGBTIQ. Una ONG presionó al Tribunal de Apelación para que comunicara a la policía que dejara de impartir formaciones que marginaban y violaban los derechos de las personas LGBTIQ.

Derecho a la salud

Sri Lanka tuvo dificultades para responder eficazmente al aumento del número de casos de COVID-19 sin un plan de vacunación comunicado a nivel nacional y con dificultades para adquirir vacunas de los fabricantes por el acaparamiento por parte de los países ricos y poderosos. El gobierno no dio prioridad al personal sanitario, las personas de edad avanzada o con comorbilidades, los grupos marginados ni las minorías.