El gobierno intensificó la represión de la disidencia mientras miles de personas protestaban por la nefasta situación económica. Los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica fueron ferozmente atacados por los organismos encargados de hacer cumplir la ley, que en ocasiones utilizaron fuerza ilegítima y provocaron lesiones y muertes. En aplicación de la draconiana legislación antiterrorista se detuvo y recluyó de manera arbitraria a manifestantes, que sufrieron malos tratos bajo custodia. Siguieron sin abordarse violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. Las familias de personas sometidas a desaparición forzada continuaron pidiendo verdad y justicia. La reforma de la Ley de Prevención del Terrorismo no resolvió motivos de preocupación clave en materia de derechos humanos, y se siguió utilizando la Ley para atacar a la población musulmana y tamil.
Leer másMantiene la pena de muerte en la ley, pero no ha ejecutado durante al menos 10 años
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