Resumen

El gobierno continuó con su represión de la disidencia, dirigida contra distintos grupos. Persistió la impunidad en varios casos emblemáticos. Hubo muchos informes de uso excesivo de la fuerza y brutalidad de los agentes encargados de hacer cumplir la ley, y se produjeron muertes bajo custodia. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció un mecanismo para consolidar pruebas de violaciones graves de los derechos humanos para futuros enjuiciamientos después de que el gobierno srilankés retirara su apoyo a la justicia transicional. No se registraron avances en los mecanismos de justicia transicional existentes. Se siguió utilizando la Ley de Prevención del Terrorismo contra voces críticas de comunidades minoritarias, a las que se sometió a detención arbitraria y reclusión prolongada sin supervisión judicial. El nuevo reglamento promulgado en el marco de esta ley suponía de hecho negar a las personas sospechosas una vista judicial y obligarlas a asistir a programas de “rehabilitación”. Aumentó la discriminación y la marginación de la comunidad musulmana a causa de políticas gubernamentales utilizadas expresamente en su contra. En su respuesta a la COVID-19, el gobierno no dio prioridad al personal sanitario, las personas de edad avanzada o con comorbilidades ni los grupos marginados.