China 2024

El gobierno siguió aplicando leyes y políticas represivas que restringían el derecho a la libertad de expresión y otros derechos humanos. Se detuvo, enjuició y condenó a largas penas de prisión a personas que defendían los derechos humanos. Se amenazó e intimidó a activistas que vivían en el extranjero. En la Región Autónoma Uigur de Xinjiang se impusieron nuevas restricciones a la libertad religiosa y continuaron los procesamientos de intelectuales, artistas y otras figuras de la cultura uigur. Las autoridades chinas intensificaron la represión de la cultura y las lenguas tibetanas. Aunque aumentó la capacidad generadora de energías renovables, China siguió siendo muy dependiente del carbón. Una nueva ley de seguridad nacional restringió aún más el espacio de la sociedad civil en Hong Kong, donde se condenó a largas penas de prisión a decenas de activistas en favor de la democracia.

Información general

En medio de un panorama de creciente preocupación por la desaceleración económica, el descenso de la natalidad y el envejecimiento de la población, el gobierno redobló sus esfuerzos por garantizar la ‶estabilidad˝, lo que se tradujo en un aumento de las restricciones a los derechos humanos. El férreo control ejercido por las autoridades chinas y la continua falta de transparencia se hicieron patentes con las expulsiones de cargos del Partido Comunista Chino por acceder a publicaciones ‶prohibidas˝, la imposición de restricciones a los viajes del funcionariado y la censura de escándalos relacionados con los derechos de las personas consumidoras.

Pese a los desmentidos del gobierno, las partes en el conflicto armado de Sudán utilizaron armas y otro material militar de fabricación china. En cuanto al conflicto de Myanmar, siguieron apareciendo pruebas que implicaban a agentes estatales y no estatales chinos en el suministro de combustible de aviación al ejército, lo que permitía los ataques aéreos contra objetivos civiles y otros crímenes de guerra.

Continuó la ralentización de la economía de Hong Kong, donde cerraron numerosos negocios y restaurantes. Persistió el déficit fiscal, y las reservas fiscales descendieron hasta su nivel más bajo desde 2010. La continua represión de la oposición política obstaculizó los esfuerzos de las autoridades por restaurar la imagen del territorio como centro internacional de inversión extranjera y turismo.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

Se procesó a artistas y a otras personas en aplicación de legislación restrictiva. El 5 de enero, las autoridades detuvieron a Chen Pinlin, director de un documental sobre el ‶movimiento de los folios en blanco″, que en 2022 había catalizado una serie de protestas pacíficas contra las políticas sumamente restrictivas relacionadas con la COVID-19, así como contra la censura y la vigilancia generalizadas. Fue acusado de ‶provocar peleas y crear problemas˝ y, al concluir el año, continuaba detenido en espera de juicio.¹ En septiembre, el célebre artista Gao Zhen —cuya obra incluye representaciones críticas de cuestiones sociales— fue detenido por presuntos “insultos a héroes y mártires revolucionarios”. Gao, residente en Estados Unidos, estaba en China en el momento de su detención visitando a unos familiares. Al concluir el año, continuaba en espera de juicio.²

En abril, el Ministerio de Seguridad del Estado promulgó una nueva normativa que otorgaba a los agentes encargados de hacer cumplir la ley nuevas facultades para inspeccionar dispositivos electrónicos, incluidos los de visitantes del extranjero. La nueva normativa, que entró en vigor en julio, ampliaba el alcance de la legislación existente contra el espionaje para abarcar también cuestiones de “seguridad nacional”, al tiempo que debilitaba las salvaguardias de procedimiento.

En junio, en una respuesta poco habitual a la presión pública, el gobierno central retiró el proyecto de reforma de la Ley de Sanciones Administrativas de Seguridad Pública, que incluía delitos formulados de manera imprecisa referidos a conductas que “socavaban el espíritu” y “herían los sentimientos” de la nación. Sin embargo, sí se tomaron otras medidas para ampliar el marco jurídico y normativo que restringía el derecho a la libertad de expresión.

El 11 de octubre, la Administración del Ciberespacio de China anunció nuevas medidas para restringir el uso de “expresiones oscuras” en Internet, cuyo objetivo era la jerga adoptada por la comunidad de internautas para eludir la censura en línea.

También en octubre y según informes, las autoridades locales de Shanghái detuvieron al menos a seis personas que vestían disfraces de Halloween.

Prosiguió la campaña del gobierno para silenciar las críticas de nacionales de China residentes en el extranjero. En las universidades de Europa occidental y Norteamérica, estudiantes de China continental y de Hong Kong eran objeto de vigilancia y sufrían censura tanto dentro como fuera de Internet por parte de agentes estatales, entre otros. Tanto estas personas como algunos de sus familiares en China continental eran sometidos a hostigamiento e intimidación con el fin de evitar su participación en actividades relacionadas con cuestiones políticas u otros temas “delicados”.³

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Los defensores y defensoras de los derechos humanos —entre quienes figuraban activistas, profesionales del derecho y periodistas ciudadanos— continuaban sufriendo intimidación, hostigamiento, detención arbitraria y tortura y otros malos tratos por defender los derechos humanos y ejercer su libertad de expresión y de asociación. Con frecuencia, para reprimir a estas personas se recurría a leyes sobre la seguridad nacional excesivamente amplias e imprecisas. En algunos casos, los actos de hostigamiento e intimidación se hacían extensivos a sus familiares.

El 14 de febrero, la relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados se dirigió por escrito al gobierno para transmitirle su preocupación por las restricciones administrativas que se imponían al trabajo de abogados y abogadas, su criminalización y otras injerencias habituales. Según la relatora, se atacaba, sobre todo, a abogados y abogadas de derechos humanos que trabajaban en casos delicados.

En febrero, Li Qiaochu, activista en favor de los derechos laborales y de las mujeres que había sido juzgada en diciembre de 2023, fue declarada culpable de “incitar a la subversión del poder del Estado”. Condenada a tres años y ocho meses de prisión,⁴ quedó en libertad en agosto por haber cumplido ya parte de la condena.

También salieron de la cárcel otros tres defensores de los derechos humanos: la abogada Li Yuhan, el abogado Chang Weiping y el activista contra la discriminación Cheng Yuan, que tras su liberación continuaron sufriendo restricciones de su libertad de circulación y fueron privados de sus “derechos políticos”.

En junio, el Tribunal Intermedio de Guangzhou condenó a Sophia Huang Xueqin y Wang Jianbing a cinco y tres años y medio de prisión, respectivamente, por “incitar a la subversión del poder del Estado”. Estos dos destacados activistas del movimiento #MeToo y de los derechos laborales llevaban recluidos desde septiembre de 2021, cuando habían sido detenidos por participar en actividades de formación sobre la protesta no violenta, así como en debates sobre la reducción del espacio de la sociedad civil.⁵

En agosto, la periodista ciudadana Zhang Zhan fue detenida tras haber participado en actividades de defensa de los derechos humanos. Llevaba sometida a vigilancia desde su excarcelación, en mayo de 2024.

En octubre, He Fangmei, defensora de los derechos de las mujeres y del derecho a la salud, fue condenada a cinco años y seis meses de prisión a causa de su campaña en favor de vacunas seguras. He Fangmei había dado a luz a su segunda hija en la cárcel; posteriormente, funcionarios locales se habían llevado a ambas niñas y las habían ingresado en un hospital psiquiátrico. Según informes, las niñas —de tres y ocho años— habían sido trasladadas en abril, pero se desconocía su paradero.

En octubre, el abogado de derechos humanos Lu Siwei, conocido por defender casos políticamente delicados, fue detenido y acusado de “cruzar la frontera ilegalmente”. Con anterioridad, en julio de 2023, había sido detenido por la policía en Laos y devuelto a China.

Seguían preocupando las condiciones de reclusión y las torturas y otros malos tratos infligidos a defensores y defensoras de los derechos humanos. Según informes, en octubre, el jurista y activista Xu Zhiyong, que cumplía una condena de 14 años de prisión por “subversión del poder del Estado”, se declaró en huelga de hambre en protesta por los malos tratos que le infligían los guardias de la prisión.

De acuerdo con la información recibida, la salud de Xu Yan, detenida en abril de 2023 junto con su esposo, Yu Wensheng, se había deteriorado durante su reclusión debido a la mala alimentación. El 29 de octubre de 2024 fueron condenados a sendas penas de prisión de un año y nueve meses y de tres años por “incitar a la subversión del poder del Estado”.⁶

En marzo, 14 expertos y expertas de la ONU condenaron que las autoridades chinas siguieran sin investigar las circunstancias que habían rodeado la muerte bajo custodia de la defensora de los derechos humanos Cao Shunli en 2014. Había sido detenida en 2013, cuando se preparaba para participar en el Examen Periódico Universal de China, pero su salud se deterioró debido, al parecer, a torturas y otros malos tratos, incluida la negación de acceso a atención médica.

Regiones autónomas

El gobierno continuó aplicando políticas represivas en las regiones autónomas, especialmente la Región Autónoma Uigur de Xinjiang y Tíbet, en las que negaba derechos como el de expresión cultural y el de libertad de religión y creencias. Para reprimir a las etnias y las minorías se invocaba la lucha contra el terrorismo y la seguridad nacional.

Región Autónoma Uigur de Xinjiang

En enero, el gobierno publicó un libro blanco titulado Marco jurídico y medidas de lucha contra el terrorismo, en el que se describían una serie de iniciativas encaminadas, en teoría, a “proteger” los derechos humanos en el contexto de la lucha antiterrorista. Sin embargo, siguió utilizándose legislación represiva —incluidas la Ley de Lucha contra el Terrorismo de 2015 y la Normativa sobre Desradicalización de Xinjiang de 2017— para detener de manera arbitraria a personas de las etnias uigur, kazaja y otras predominantemente musulmanas y para restringir sus prácticas culturales y religiosas. En agosto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reiteró su llamamiento a las autoridades chinas para que examinaran y revisaran el marco jurídico que regía la seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo y reforzaran la protección de las minorías contra la discriminación.

En febrero entraron en vigor una serie de modificaciones de la normativa religiosa que limitaban aún más la libertad de religión y creencias. Tanto la reforma del Reglamento de Asuntos Religiosos de Xinjiang como las declaraciones del secretario del partido en Xinjiang recalcaban la necesidad de “chinificar” el islam, en reflejo de anteriores declaraciones de dirigentes chinos que enfatizaban la “lealtad […] ante todo” al Partido Comunista Chino.

Continuaron las detenciones de personalidades de la cultura uigur. Entre las personas procesadas a lo largo del año figuraba el cineasta Ikram Nurmehmet, que fue declarado culpable en enero de “participar en actividades terroristas” porque había viajado a Turquía. Según noticias aparecidas en la prensa, Ikram Nurmehmet fue sometido a tortura y otros malos tratos para obligarlo a “confesar” delitos que no había cometido. En junio, el cantautor Yashar Shohret fue condenado a tres años de prisión por “promoción del extremismo” y “posesión ilegal de material extremista”. La condena tenía que ver con su expresión de la identidad cultural a través de la música y con el hecho de que poseía literatura uigur.

Asimismo, prominentes intelectuales y artistas uigures siguieron cumpliendo largas penas de prisión y se les impidió comunicarse con sus familiares. Éste era el caso, entre otros, del conocido intelectual uigur Ilham Tohti, que había sido condenado a cadena perpetua en 2014 por “separatismo”.⁷ No se recibió información sobre la situación ni el paradero de la etnógrafa Rahile Dawut, quien, según informes, había sido condenada a cadena perpetua en 2023 por “poner en peligro la seguridad del Estado”.

Tíbet

El monje tibetano Rinchen Tsultrim quedó en libertad el 1 de febrero tras haber cumplido una condena de cuatro años. Había sido encarcelado por “incitar a la secesión” en sus publicaciones en las redes sociales. En julio, 13 mecanismos expertos de la ONU se dirigieron por escrito al gobierno chino para expresar su preocupación por las noticias recibidas sobre palizas y detenciones arbitrarias de cientos de civiles y monjes tibetanos durante las protestas contra la construcción de una central hidroeléctrica en el río Drichu, en la provincia de Sichuan. Según la carta, la central, que está siendo construida por una empresa estatal, podría provocar el desplazamiento forzoso y la reubicación de residentes locales, la destrucción de importantes lugares culturales y religiosos y daños medioambientales.

Continuó el cierre de escuelas que impartían enseñanza en tibetano y otras lenguas distintas del mandarín, como parte de la campaña de las autoridades para restringir la cultura y las lenguas tibetanas. En julio, las autoridades cerraron la escuela de formación profesional Jigme Gyaltsen, centro privado de la provincia de Gansu que impartía cursos en tibetano y cuyo alumnado estaba conformado principalmente por varones tibetanos. Persistía también la preocupación por el sistema coercitivo de internados que se imponía a los niños y niñas tibetanos. Según informes, en octubre, Tashi Wangchuel, activista en favor de la enseñanza en lengua tibetana, estuvo detenido durante 15 días acusado de “perturbar el orden social”. Con anterioridad, había cumplido una condena de cinco años de prisión por “incitar al separatismo”.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

En mayo, en un litigio por la custodia de una niña, el Tribunal Popular del distrito de Fengtai, en Pekín, reconoció el derecho de una pareja del mismo sexo a visitar mensualmente a su hija. La sentencia supuso un importante avance en un sistema que no reconoce las relaciones entre personas del mismo sexo y carece de salvaguardias para ellas. Sin embargo, continuó la represión del activismo LGBTI, y sus protagonistas se enfrentaban a peligros tales como la detención arbitraria y el interrogatorio, así como a la censura de los temas LGBTI.

Pena de muerte

Se consideraba que la pena de muerte se utilizaba profusamente, pero se desconocía el número de ejecuciones porque esa información seguía clasificada como secreto de Estado.

El acceso a información sobre secretos de Estado, incluido el uso de la pena de muerte, se vio aún más restringido por las modificaciones a la Ley de Protección de Secretos de Estado, que entraron en vigor en febrero, y a su normativa de aplicación, que lo hizo en julio. La reforma amplió el ámbito de la información clasificada y reforzó el control gubernamental sobre su divulgación. En noviembre, los medios de comunicación nacionales e internacionales informaron sobre el caso de un funcionario que había sido condenado a muerte por violar la Ley de Protección de Secretos de Estado.

El 21 de junio, el Tribunal Supremo Popular de China, la Fiscalía Suprema Popular y los ministerios de Seguridad Pública, Seguridad del Estado y Justicia emitieron conjuntamente los “Dictámenes sobre el castigo a los incondicionales de la ‘independencia de Taiwán’ por llevar a cabo o incitar al separatismo, de conformidad con la ley”. Estos dictámenes incluían directivas para procesar y castigar severamente —incluso con la muerte— a quienes abogaran por la independencia de Taiwán o actuaran en favor de ésta.

Derecho a un medioambiente saludable

Se avanzó de manera considerable en la expansión de las energías renovables, y el objetivo del gobierno para 2030 con respecto a la generación de energía eólica y solar se alcanzó seis años antes de lo previsto. En consecuencia, por primera vez, China tuvo más capacidad para generar energía sin emplear combustibles fósiles que empleándolos.

Sin embargo, el consumo de energía dependía sobre todo de los combustibles fósiles, que siguieron siendo el principal factor contribuyente de las emisiones de gases de efecto invernadero de China. Según un informe de la ONG Greenpeace, el número de nuevas autorizaciones emitidas por el gobierno para la construcción de centrales eléctricas de carbón en el país disminuyó en un 79,5% durante la primera mitad del año. Aun así, el ritmo de construcción de centrales eléctricas de carbón siguió siendo elevado, debido a los proyectos que ya se habían aprobado en años anteriores.

A pesar de las promesas que había formulado el gobierno, la construcción de nuevas centrales eléctricas de carbón en el extranjero continuó y, en 2024, se paralizaron menos proyectos que en los dos años anteriores.

En marzo, IQAir informó de que en 2023 se había invertido la tendencia de mejora de la calidad del aire en China, sostenida durante cinco años, y se había vuelto a instalar una espesa capa de esmog (niebla urbana) en varias ciudades y provincias debido, sobre todo, a la quema de carbón.

Región Administrativa Especial de Hong Kong

Libertad de expresión

Se redujo aún más el espacio para la libertad de expresión, de por sí muy restringido debido a la Ley de Seguridad Nacional y a otras leyes represivas.

En marzo, tras unas consultas públicas que no fueron adecuadas, el Consejo Legislativo de Hong Kong aprobó por unanimidad la Ley de Salvaguardia de la Seguridad Nacional, que tipificaba nuevos delitos relacionados con la seguridad nacional, endurecía las penas de los ya existentes y afianzaba las amplias facultades del gobierno para hacer cumplir la ley. Además, la Ley introdujo en Hong Kong las definiciones amplias e imprecisas de “seguridad nacional” y “secreto de Estado” de China continental, que, en la práctica, podían aplicarse a casi cualquier conducta o información. El nuevo texto sustituyó una ley de sedición de la era colonial frecuentemente utilizada, pero amplió las disposiciones que castigaban la intención de causar “odio u hostilidad entre residentes de diferentes regiones de China”, y que abarcaban de manera expresa actos o discursos que no incitaban a la violencia.⁸ La pena máxima de prisión por sedición aumentó de dos a siete años, o hasta 10 si implicaba connivencia con fuerzas externas.

Tras la adopción de la Ley de Salvaguardia de la Seguridad Nacional, 15 personas fueron detenidas en aplicación de sus disposiciones sobre sedición. Posteriormente se presentaron cargos contra cuatro de ellas. En septiembre, tres fueron condenadas en diferentes juicios por llevar una camiseta y una máscara con lemas de protesta, formular comentarios políticos contra el gobierno en plataformas de Internet y escribir lemas de protesta en asientos de autobús. Fueron condenadas a entre 10 y 14 meses de prisión.

Haciendo uso de las nuevas facultades que les otorgaba la Ley de Salvaguardia de la Seguridad Nacional, en junio y diciembre, respectivamente, las autoridades anularon los pasaportes de seis y siete activistas de Hong Kong residentes en el extranjero contra quienes se habían dictado órdenes de arresto en 2023. Incluyeron a seis más en una lista de personas buscadas y ofrecieron una recompensa de un millón de dólares hongkoneses (128.500 dólares estadounidenses) por cada una de ellas.

En mayo, el Tribunal de Apelación concedió al gobierno como medida cautelar la prohibición de la canción de protesta prodemocrática “Gloria a Hong Kong”.⁹ Esta decisión, que revocaba la sentencia de un tribunal inferior, prohibía emitir, interpretar, distribuir, divulgar, mostrar y reproducir la canción con intención de atentar contra la seguridad nacional, por ejemplo, con intención de sedición o de incitar a la secesión. Toda persona que incumpliera esta medida cautelar podía ser declarada culpable de desacato al tribunal y encarcelada. Tras la decisión, YouTube bloqueó el acceso desde Hong Kong a 32 vídeos en los que aparecía la canción.

También en mayo, en una importante causa contra 47 activistas en favor de la democracia, el Tribunal Superior, aplicando la Ley de Seguridad Nacional, declaró a 14 personas culpables de “conspiración para cometer subversión” por haber organizado unas primarias no oficiales para las elecciones al Consejo Legislativo de 2020 que finalmente fueron aplazadas. Otras 31 personas se habían declarado culpables de esos mismos cargos con anterioridad. En noviembre, el tribunal impuso a estas 45 personas penas de prisión que iban desde los cuatro años y tres meses hasta los diez años. Dos personas fueron absueltas, pero el Departamento de Justicia recurrió una de las sentencias absolutorias.

Al concluir el año continuaba en curso el juicio contra Jimmy Lai, hombre de 77 años fundador del periódico prodemocrático Apple Daily al que se había acusado de “connivencia con fuerzas extranjeras” en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional. Su falta de comparecencia en una audiencia judicial en junio hacía temer el deterioro de su salud. En junio se prohibió la entrada en Hong Kong a una persona de Reporteros sin Fronteras que había acudido como observadora del juicio.

En agosto, el Tribunal de Última Instancia desestimó los recursos interpuestos por Jimmy Lai y seis activistas más contra una sentencia condenatoria anterior por haber participado en una reunión no autorizada durante las protestas de 2019, por lo que Lai fue condenado a nueve meses de cárcel.

Se acusó a varias personas de “insultos” al himno nacional chino. En junio, tres personas fueron detenidas en virtud de la Ordenanza sobre el Himno Nacional por ponerse de espaldas mientras sonaba el himno en un partido de fútbol.¹⁰ En agosto, otra persona fue condenada a ocho semanas de cárcel por haberse cubierto los oídos y cantado una canción asociada al movimiento prodemocracia mientras sonaba el himno nacional en un partido de voleibol en 2023.

En agosto, Chung Pui-kuen y Patrick Lam, exeditores del clausurado medio de comunicación Stand News, fueron declarados culpables de “conspirar para publicar material sedicioso”. En septiembre fueron condenados a 21 y 11 meses de prisión, respectivamente. En octubre, Patrick Lam recurrió su condena.

Libertad de reunión

Las autoridades siguieron impidiendo las conmemoraciones de la represión de Tiananmen de 1989. El 4 de junio, 35 aniversario de la represión, se registró una fuerte presencia policial en el parque Victoria y sus alrededores, donde se habían celebrado vigilias durante 30 años, hasta su prohibición en 2020. Cuatro personas fueron formalmente detenidas, mientras que a otras cinco “las llevaron a comisarías de policía”. Llevar a una persona a comisaría era una táctica intimidatoria que permitía a la policía retirar a una persona del lugar de los hechos sin proceder a su detención formal.

En enero, el Tribunal de Última Instancia restituyó la sentencia condenatoria de Chow Hang-tung por “incitar a otras personas a participar en una reunión no autorizada” en 2021, con motivo del aniversario de la represión de Tiananmen. El juicio contra Chow Hang-tung por otro cargo en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional fue aplazado reiteradamente. Continuaba recluida en espera de juicio por su participación en un grupo que celebraba todos los años vigilias a la luz de las velas por Tiananmen en el parque Victoria.

A finales de mayo, la policía inició actuaciones adicionales contra Chow Hang-tung y detuvo a su madre y a seis de sus amistades por “aprovechar la proximidad de una fecha delicada para publicar reiteradamente mensajes con intención sediciosa en una plataforma social”, en aplicación de la Ley de Salvaguardia de la Seguridad Nacional.

Libertad de asociación

En julio, el Consejo Legislativo aprobó una ley que establecía una cuota mayoritaria de personas nombradas por el gobierno en la composición de la Junta de Registro de Trabajadores Sociales, que concedía la habilitación para ejercer esa profesión. La medida se adoptó a raíz de las críticas vertidas por un alto cargo gubernamental sobre la negativa de la Junta a prohibir que las personas condenadas por delitos contra la seguridad nacional se profesionalizaran como trabajadores sociales.

También en julio, el Instituto Cristiano de Hong Kong anunció su disolución debido al “entorno social” y a la imposibilidad de llevar a cabo su misión libremente. Este instituto había apoyado el movimiento de 2014 en favor de la democracia y las protestas de 2019 contra un proyecto de ley que, de haber sido aprobado, habría permitido las extradiciones a China continental.

En septiembre, el Tribunal Superior falló a favor del gobierno en una causa en la que éste acusaba al Sindicato General de Logopedas de Hong Kong, cuyo registro había sido revocado en 2021, de haber utilizado fondos para poner en peligro la seguridad nacional. El tribunal concedió al gobierno una orden de confiscación para incautar 116.000 dólares hongkoneses (unos 14.900 dólares estadounidenses) del sindicato prodemocrático.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

El gobierno de Hong Kong no informó de ninguna novedad relevante con respecto a la aplicación de una sentencia dictada en 2023 por el Tribunal de Última Instancia que le exigía proporcionar un marco jurídico alternativo para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo

En noviembre, el Tribunal de Última Instancia desestimó el recurso del gobierno contra una sentencia de un tribunal inferior que otorgaba a las parejas del mismo sexo casadas en el extranjero los mismos derechos hereditarios y de acceso a vivienda pública que a las parejas casadas heterosexuales.

Según informes de los medios de comunicación, el gobierno de Hong Kong recortó la financiación de al menos tres grupos LGBTI y aplicó medidas administrativas para obstaculizar las actividades de recaudación de fondos y de promoción de uno de ellos.