China 2022

En algunos casos, las severas restricciones por la COVID-19 socavaron los derechos a la salud y a una alimentación adecuada. El gobierno continuó sofocando las críticas a sus políticas y acciones, así como los debates sobre temas considerados delicados, a través de una censura online cada vez más omnipresente. Se detuvo y recluyó arbitrariamente a personas que criticaban al gobierno, a defensores y defensoras de los derechos humanos, a activistas en favor de la democracia y a personas religiosas, tanto dirigentes como practicantes. Continuó la represión sistemática de las minorías étnicas en Xinjiang y Tíbet. Las autoridades trataron de evitar la publicación de un informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) que documentaba posibles crímenes contra la humanidad y otros crímenes de derecho internacional cometidos en Xinjiang. Las mujeres continuaron sufriendo hostigamiento y violencia sexual y otras violaciones de sus derechos. El gobierno de Hong Kong continuó su represión contra el movimiento en favor de la democracia. Se procesó y encarceló a periodistas de prensa, radio y televisión y a responsables de editoriales en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional y otra legislación represiva, al tiempo que varias organizaciones de la sociedad civil en Hong Kong y en el extranjero se enfrentaban a cargos u hostigamiento por actividades legítimas. Aunque se adoptaron algunos compromisos positivos, entre ellos incrementar el uso de las energías renovables, los objetivos de China en cuanto a la reducción de emisiones de carbono fueron calificados de muy insuficientes, y la producción de carbón aumentó.

Información general

El gobierno mantuvo su “política de COVID cero”, que incluía confinamientos generalizados y cuarentenas obligatorias, durante la mayor parte del año. A partir de mediados de noviembre se intensificaron las protestas localizadas contra las duras restricciones. Tras el incendio el 24 de noviembre de un edificio de viviendas en Urumqi, capital de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang (Xinjiang), en el que murieron como mínimo 10 personas, las manifestaciones se extendieron al menos a 20 ciudades. Las autoridades negaron que el cierre de las puertas del edificio hubiera impedido que las personas que vivían en el bloque escaparan del incendio, pero anunciaron la relajación de las restricciones por la COVID-19 tras el incidente.

En mayo, la entonces alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, encabezó una misión de 6 días a China, con una estancia de dos días en Xinjiang. En junio, 42 expertos y expertas independientes sobre derechos humanos de la ONU exigieron al gobierno chino que garantizara el acceso sin trabas a los mecanismos y procedimientos especiales de esta organización para evaluar las denuncias de graves violaciones de derechos humanos en el país, sobre todo en Xinjiang, Tíbet y Hong Kong. En agosto, el gobierno ratificó el Convenio 29, sobre el Trabajo Forzoso, y el Convenio 105, sobre la Abolición del Trabajo Forzoso, de la OIT.

En octubre, en el 20 Congreso Nacional del Partido Comunista Chino (PCCh), se anunció el tercer mandato del presidente Xi Jinping como secretario general, lo que suscitó el temor de que la situación de los derechos humanos siguiera deteriorándose tras una década de creciente represión bajo su liderazgo. En febrero, China acogió los Juegos Olímpicos de Invierno.

Derecho a la salud

Se tuvieron noticias de escasez de alimentos y de demoras o impedimentos en el acceso a atención médica de emergencia en zonas confinadas. Un número desconocido de personas fallecieron tras negárseles el ingreso en el hospital. Las condiciones en los centros de cuarentena, en los que se retenía a las personas que habían dado positivo en la prueba de COVID-19, a menudo eran precarias e insalubres. En algunos casos se separaba a niños y niñas de sus progenitores.

El 7 de diciembre, el gobierno central anunció una relajación significativa de las restricciones y, el 26 de ese mismo mes, declaró que habría un recorte sustancial de la mayoría de los elementos de la “política de COVID cero” a partir del 8 de enero de 2023. Posteriormente aumentaron los contagios y las muertes por COVID-19 y, según informes de varias ciudades, los hospitales se vieron sometidos a una sobrecarga extrema y hubo una grave escasez de medicamentos.

Libertad de expresión y de reunión

La censura online se hizo más omnipresente y sofisticada como herramienta para sofocar las críticas al gobierno, intensificándose en fechas de acontecimientos de gran repercusión y aniversarios importantes.

Las autoridades no cumplieron el compromiso adquirido como anfitriones de los Juegos Olímpicos de Invierno de garantizar la libertad de prensa antes y durante los Juegos, así como la posibilidad de protestar pacíficamente. Antes de los Juegos, desaconsejaron a los y las atletas que protagonizaran “cualquier comportamiento o discurso” que violara las “leyes y normativas chinas”. Se censuró a disidentes de renombre y se restringieron sus movimientos. Los medios de comunicación acreditados en los Juegos informaron de la injerencia reiterada del gobierno en la cobertura de los preparativos para el evento y en las entrevistas a atletas y a la población local tanto dentro como fuera de las sedes olímpicas.

Las autoridades redoblaron los esfuerzos para impedir que se criticaran las medidas de confinamiento en las redes sociales, incluidas las solicitudes de ayuda de las personas confinadas y las denuncias de violaciones de derechos humanos en los centros de cuarentena. También manipularon la aplicación móvil utilizada para detectar el contagio por COVID-19, obligatoria para entrar en edificios públicos y tiendas y para utilizar el transporte público o viajar, con el fin de restringir indebidamente la libertad de circulación y la reunión pacífica. Según informes generalizados, durante las manifestaciones contra la congelación de las cuentas bancarias que tuvieron lugar en junio en la provincia de Henan, la aplicación difundió repentinamente una alerta de código rojo que obligaba a la población a permanecer en cuarentena durante 14 días. Posteriormente, 5 personas funcionarias del gobierno local recibieron sanciones administrativas por haber manipulado la aplicación.

En septiembre, en la antesala del Congreso Nacional del PCCh, la autoridad responsable de regular el ciberespacio en China inició una depuración de tres meses para eliminar los “rumores y noticias falsas” en Internet, para lo cual pidió a las empresas tecnológicas que intensificaran la supervisión, el rastreo, las prohibiciones y las suspensiones contra titulares de cuentas de Internet. También se recibieron noticias de nuevos intentos de bloquear el uso de herramientas para eludir la censura, como las redes privadas virtuales (VPN).

El 13 de octubre, la policía arrestó a Peng Lifa después de que éste desplegara unas pancartas en un puente de la capital, Pekín, durante el Congreso Nacional del PCCh, en las que criticaba la “política de COVID cero” del gobierno y llamaba dictador al presidente Xi Jinping. Aunque las imágenes de la protesta se hicieron virales en todo el mundo, en las redes sociales chinas se eliminó todo el material grabado y las palabras clave correspondientes. Según informes, las autoridades detuvieron a varias personas por reenviar imágenes de la protesta.

Se detuvo a un gran número de personas por participar en las protestas pacíficas contra las restricciones por la COVID-19 tras el incendio con víctimas de un edificio residencial en Urumqi en noviembre. No se sabía cuántas permanecían detenidas al terminar el año. En Internet circularon varios vídeos en los que se mostraba a policías golpeando a manifestantes durante las detenciones.

Siguió prohibiéndose cualquier debate y conmemoración relacionada con las víctimas de la represión de las protestas en favor de la democracia de 1989. En la víspera del 4 de junio, aniversario de la represión militar de las protestas de 1989 en la plaza de Tiananmen de Pekín, se cortó repentinamente la retransmisión en directo de un conocido influencer, al parecer por mostrar una tarta helada en forma de tanque.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Las autoridades siguieron encarcelando a personas defensoras de los derechos humanos, entre ellas personas que ejercían el periodismo ciudadano y abogados y abogadas de derechos humanos. Las recluían en condiciones duras y las sometían a tortura y otros malos tratos.

El 1 de marzo, el abogado de derechos humanos Yu Wensheng fue puesto en libertad después de haber cumplido una condena de cuatro años de prisión por “subvertir el poder del Estado”, al parecer por criticar al presidente. Yu Wensheng denunció que durante la detención previa al juicio lo habían rociado con gas pimienta, obligado a permanecer sentado en una silla de metal hasta perder parcialmente el conocimiento y privado de alimentos adecuados.¹

En enero, la periodista ciudadana Zhang Zhan, condenada a cuatro años de prisión en 2020 por “provocar peleas y crear problemas” tras informar sobre el brote de COVID-19, decidió dar por terminada su huelga de hambre para impedir que las autoridades siguieran alimentándola a la fuerza. No se supo con certeza si permitieron que Zhang Zhan, cuya salud se había deteriorado durante la huelga de hambre, tuviera acceso a atención médica adecuada.²

En abril hubo informes sobre el grave deterioro de la salud de Huang Qi, fundador y director del sitio web de derechos humanos de Sichuan “64 Tianwang”. Huang Qi, que cumplía una condena de 12 años de prisión por difundir información sobre derechos humanos, al parecer no tenía acceso a atención médica adecuada, ni tampoco a una cuenta bancaria en la que sus familiares y amistades le habían ingresado dinero para que pudiera comprar medicinas y otros productos. Además, llevaba sin poder mantener ningún tipo de contacto con su familia desde 2020.³

Muchas personas que ejercían la abogacía seguían en la cárcel o bajo estricta vigilancia. Entre ellas figuraban el jurista Xu Zhiyong y el abogado de derechos humanos Ding Jiaxi, que fueron juzgados en secreto en junio tras haber sido acusados formalmente de “subvertir el poder del Estado” en octubre de 2021. Xu y Ding eran miembros destacados del Movimiento Nuevos Ciudadanos, una red de activistas fundada para promover la transparencia del gobierno y denunciar la corrupción. Ninguno de los dos tuvo acceso a asistencia letrada durante los meses previos al juicio.⁴

En abril, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU instó a las autoridades chinas a que pusieran inmediatamente en libertad al activista laboral Wang Jianbing. Wang había sido arrestado en septiembre de 2021 en Guangzhou junto a la activista del movimiento #MeToo Sophia Huang Xueqin, y ambos habían sido acusados de “incitar a la subversión del poder del Estado” por su participación en reuniones privadas en casa del primero para analizar la reducción del espacio de la sociedad civil.⁵ Los dos estuvieron recluidos en régimen de incomunicación y sufrieron malos tratos tras su arresto.

Libertad de religión o de creencias

Continuaron el hostigamiento y el encarcelamiento de personas por practicar su religión o sus creencias. Entre las personas sometidas a detención arbitraria y reclusión en 2022 figuraban dirigentes y practicantes de religiones, incluidas personas que profesaban su fe en casas iglesia, imanes uigures, monjes budistas tibetanos y miembros de Falun Gong.

Regiones autónomas

Continuó la represión sistemática de las minorías étnicas en Xinjiang y Tíbet so pretexto de “antiseparatismo”, “antiextremismo” y “lucha contra el terrorismo”. El acceso a ambas regiones fue extremadamente limitado, lo que hizo prácticamente imposible las actividades de documentación y elaboración de informes. La vigilancia omnipresente impedía a su población compartir información alguna sobre violaciones de derechos humanos.

Xinjiang

El gobierno continuó aplicando políticas de amplio alcance que limitaban extremadamente las libertades de las personas de etnia uigur, kazaja y otros grupos étnicos minoritarios de Xinjiang predominantemente musulmanes, lo que amenazaba con hacer desaparecer su identidad religiosa y cultural.

Durante su visita a la región en mayo, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos y su equipo no pudieron visitar a las personas detenidas ni a sus familias, y viajaron todo el tiempo en compañía de funcionarios gubernamentales. Después de no haber reconocido las graves violaciones de derechos humanos en el país durante la misión, la OACNUDH publicó en agosto un informe largamente esperado que confirmaba las conclusiones a las que ya habían llegado anteriormente Amnistía Internacional y otros actores: que, por su alcance, las detenciones arbitrarias y discriminatorias de uigures y otras personas en Xinjiang podían constituir crimen de derecho internacional, en particular crimen contra la humanidad. El informe también documentaba denuncias de tortura y otros malos tratos, casos de violencia sexual y de género, trabajo forzoso y desapariciones forzadas, entre otras violaciones graves de derechos humanos.

El gobierno chino intentó ocultar el informe, incluso movilizando a otros gobiernos para ejercer presión contra su publicación. A pesar de sus conclusiones y de las peticiones de decenas de expertos y expertas independientes de la ONU al Consejo de Derechos Humanos para que convocara una sesión especial sobre China, el 6 de octubre el Consejo votó rechazar una resolución para mantener un debate sobre Xinjiang en su siguiente periodo de sesiones.⁶

En noviembre, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial instó al gobierno chino a investigar inmediatamente todas las denuncias de violaciones de derechos humanos y dejar libres a todas las personas privadas de libertad de manera arbitraria en Xinjiang. A pesar de que el gobierno chino afirmó que había clausurado los campos de internamiento, a los que se refería como centros de “formación” o “educación”, se creía que varios miles de hombres y mujeres seguían detenidos arbitrariamente en esos campos, en prisiones y en otros centros donde, según la información recibida, el adoctrinamiento político, la tortura física y psicológica y otros malos tratos eran habituales.

Las autoridades chinas siguieron actuando contra la población uigur y otras personas residentes en Xinjiang que habían pasado algún tiempo en el extranjero, y presionando a otros gobiernos para que devolvieran a China a las personas uigures residentes fuera del país.

En junio, las autoridades informaron a la familia del estudiante uigur de 25 años Zulyar Yasin que se le aplicaría una pena de hasta 5 años de prisión por “separatismo”. Zulyar Yasin, que había pasado 2 años en Turquía estudiando finanzas en la Universidad de Estambul, había sido detenido en diciembre de 2021 y estaba previsto que fuera juzgado el 28 de junio, aunque el juicio se pospuso dos veces debido a los confinamientos por la COVID-19 y, finalmente, se volvió a programar para principios de 2023.⁷

Cuatro personas de etnia uigur habían recibido una orden de deportación de Arabia Saudí a China, donde corrían el riesgo de sufrir graves violaciones de derechos humanos. Las autoridades saudíes detuvieron a Buheliqiemu Abula y su hija de 13 años el 31 de marzo. El exmarido de Buheliqiemu Abula, Nuermaimaiti Ruze, y el ulema Aimidoula Waili permanecían recluidos sin cargos desde noviembre de 2020. Aimidoula Waili, que había estado preso en China de 2013 a 2016, explicó a Amnistía Internacional que lo habían torturado reiteradamente durante el tiempo en el que había estado detenido.⁸

Idris Hasan, diseñador informático uigur detenido en Marruecos en julio de 2021, seguía recluido y en riesgo de devolución a China, pese a que Interpol había cancelado su “notificación roja”, en la que se había basado su detención, y que el Comité de la ONU contra la Tortura y otros procedimientos especiales habían pedido a las autoridades marroquíes que no lo extraditaran.⁹

Tíbet

Las personas de etnia tibetana seguían sufriendo discriminación y restricciones en sus derechos a la libertad de religión y creencia, de expresión, de asociación y de reunión pacífica. No obstante, persistieron las protestas contra la represión del gobierno chino.

En septiembre, el Tribunal Popular Intermedio de la ciudad de Kardze (provincia de Sichuan) condenó a 5 hombres y una mujer de etnia tibetana, escritores y activistas, a penas de entre 4 y 14 años de prisión por “incitar al separatismo” y “poner en peligro la seguridad del Estado”. Los escritores y activistas Gangkye Drupa Kyab, Seynam, Gangbu Yudrum y Samdup y la activista Tsering Dolma habían sido detenidos en marzo y abril de 2021. El escritor Pema Rinchen había sido detenido a finales de 2020 y permaneció en régimen de incomunicación hasta su juicio. Estas 6 personas habían sufrido detenciones arbitrarias en el pasado en relación con lo que habían escrito o por sus protestas contra las autoridades chinas, y varias de ellas padecían problemas de salud a causa de las palizas, las condiciones de reclusión deficientes y otros malos tratos que habían sufrido en esa época.

El monje tibetano Rinchen Tsultrim seguía sin poder mantener contacto con su familia o tener acceso a asistencia letrada pese a las reiteradas peticiones de sus familiares para visitarlo desde su detención en agosto de 2019. Había sido condenado a cuatro años y medio de prisión en noviembre de 2020 tras un juicio injusto.

Pena de muerte

China continuó siendo el mayor verdugo del mundo, aunque el gobierno continuó clasificando como “secreto de Estado” las cifras relativas a ejecuciones y condenas a muerte. La pena de muerte continuó siendo de aplicación en el país para 46 delitos, algunos de ellos no letales y que, por tanto, no se ajustaban al criterio de “los más graves delitos” establecido en el derecho y las normas internacionales.

Derechos de las mujeres

El 30 de octubre, la Asamblea Nacional Popular, máximo órgano legislativo de China, aprobó la modificación de la Ley de Protección a los Derechos e Intereses de las Mujeres. La ley reformada, que entraría en vigor el 1 de enero de 2023, incluía nuevas disposiciones para reforzar la protección de las mujeres en el lugar de trabajo obligando a las empresas a eliminar la discriminación por motivos género en los procesos de contratación y a evitar el acoso sexual en el lugar de trabajo.

La violencia contra las mujeres, incluidos el acoso y las agresiones sexuales, continuaron siendo prácticas generalizadas, y las autoridades censuraron cualquier debate público al respecto.

Por ejemplo, censuraron rápidamente los debates y prohibieron a los sitios de redes sociales compartir las imágenes captadas por cámaras de televisión de circuito cerrado de un incidente ocurrido en el mes de junio en el que un grupo de hombres habían agredido físicamente a varias mujeres en un restaurante de la ciudad de Tangshan, en la provincia de Hebei. Un total de 28 personas fueron condenadas a prisión por participar en la agresión. Mao Huibin, periodista que publicó las imágenes y un artículo sobre el incidente, fue arrestado en julio y se enfrentaba a una pena de hasta 5 años de prisión por “provocar peleas y crear problemas”.

En agosto, el Tribunal Popular del Distrito de Haidian desestimó la apelación de Zhou Xiaoxuan contra una sentencia judicial que rechazaba su solicitud de disculpa e indemnización por daños contra un famoso presentador de una televisión estatal, Zhu Jun, por haberla manoseado y besado a la fuerza cuando ella trabajaba como becaria en la emisora de televisión en 2014. La denuncia pública de Zhou Xiaoxuan contra el acoso sexual provocó que fuera objeto de intimidación online y censura estatal.

En enero se hizo viral un vídeo que mostraba a una mujer en delicado estado de salud física y mental encadenada en un cobertizo en la ciudad de Xuzhou (provincia de Jiangsu), lo que desencadenó una oleada de indignación pública en China. Al menos 4 activistas, hombres y mujeres, fueron arrestados por investigar y difundir el caso y ayudar a la mujer, sospechando que era víctima de trata de personas, aunque las autoridades locales lo habían negado al principio. Se tenía constancia de que Wu Yi, una de las activistas, había sido juzgada en secreto por “provocar peleas y crear problemas”, aunque los detalles de la condena y su paradero seguían sin conocerse. Según informes de los medios de comunicación de febrero, se había sancionado o se estaba investigando a 17 funcionarios locales en relación con el caso. En marzo, el Ministerio de Seguridad Pública anunció una campaña de un año para investigar la trata de mujeres, niños y niñas.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

El activismo LGBTI, tanto dentro como fuera de Internet, fue objeto de graves restricciones. Decenas de cuentas de redes sociales de grupos LGBTI permanecieron clausuradas a causa de la censura generalizada. Las autoridades también censuraron programas y películas de televisión eliminando contenido LGBTI.

En julio, la Universidad de Tsinghua de Pekín envió cartas de advertencia oficiales a dos estudiantes por “distribuir materiales promocionales no autorizados” tras ser identificadas por cámaras de vigilancia dejando banderas del arco iris por el campus. En noviembre, la Comisión de Educación Municipal de Pekín respaldó la medida tomada por la universidad contra las estudiantes. Las autoridades censuraron los debates online sobre el incidente.

Actuación deficiente contra la crisis climática

En su contribución determinada a nivel nacional presentada en 2021, China se comprometía a reducir antes de 2030 la intensidad de sus emisiones de carbono en más de un 65% con respecto a los niveles de 2005, a alcanzar los valores máximos de emisiones de carbono antes de 2030 y a conseguir la neutralidad en emisiones de carbono antes de 2060. En noviembre, el consorcio Climate Action Tracker, dedicado a análisis científicos globales, calificó los objetivos, las políticas y las acciones de China de “muy insuficientes” porque no eran compatibles con limitar el calentamiento global a 1,5 °C.

En marzo, el gobierno publicó un nuevo documento de política sobre la Iniciativa de la Franja y la Ruta, un proyecto de infraestructura que afectaba a 72 países. El documento reiteraba que no se construirían nuevas centrales eléctricas alimentadas con carbón en el marco de la Iniciativa y que “actuaría con prudencia” con los proyectos de centrales de carbón en curso.

En 2022 se publicaron nuevos objetivos de energías renovables nacionales para aumentar la generación de electricidad a partir de fuentes renovables en aproximadamente un 35% para 2025 con respecto a los niveles de 2020. Sin embargo, la producción nacional de carbón aumentó pese a los compromisos de controlar el consumo de carbón hasta 2025 y empezar a reducirlo gradualmente a partir de entonces.

Región Administrativa Especial de Hong Kong

Las autoridades de Hong Kong continuaron con la represión contra activistas en favor de la democracia, periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y otros actores. Se utilizaron de manera generalizada la Ley de Seguridad Nacional de 2020 y otras leyes represivas contra personas que ejercían sus derechos de libertad de expresión, de reunión pacífica y asociación. El Comité de Derechos Humanos de la ONU instó al gobierno de Hong Kong a derogar la Ley de Seguridad Nacional y las disposiciones de sedición de la Ordenanza de Delitos y, mientras tanto, abstenerse de aplicarla.

En julio, John Lee, exjefe de Seguridad de Hong Kong, responsable de la represión policial durante las protestas de 2019 y de la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, accedió al cargo de jefe del Ejecutivo de Hong Kong tras ser elegido por el gobierno central de Pekín como único candidato a las elecciones de mayo.

Libertad de expresión y de reunión

Al menos 11 personas fueron condenadas a prisión durante el año en aplicación de las leyes de sedición de la época colonial por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión.

En septiembre, 5 logopedas —2 hombres y 3 mujeres— fueron condenados a 19 meses de prisión tras ser declarados culpables de sedición por publicar libros infantiles en los que se describía la represión gubernamental de las protestas en favor de la democracia de 2019 y otros temas.¹⁰

En octubre, el locutor de radio y comentarista de asuntos públicos Edmun Wan (conocido como Giggs) fue condenado a 32 meses de prisión por “sedición” y “blanqueo de dinero” por criticar al gobierno y recaudar fondos para los gastos de estudios de jóvenes activistas de Hong Kong que habían huido a Taiwán tras las protestas de 2019. Giggs, que había permanecido detenido durante 19 meses antes de la sentencia condenatoria, fue puesto en libertad el 18 de noviembre con la condición de entregar al gobierno los fondos recaudados.

Se mantuvo en detención prolongada en espera de juicio a activistas políticos, periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y otras personas acusadas en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional. El 31 de octubre, al menos 230 personas habían sido arrestadas en aplicación de la Ley desde su promulgación en 2020.

El espacio para la protesta pacífica siguió extremadamente restringido y quienes participaban en manifestaciones o animaban a otras personas a hacerlo corrían riesgo de enjuiciamiento. En enero, Chow Hang-tung fue declarada culpable de “incitar a terceros a participar en reuniones no autorizadas” y condenada a 15 meses de prisión tras publicar en 2021 en las redes sociales una nota animando a la población a que conmemorara el aniversario de la represión de la plaza de Tiananmen en 1989. En diciembre, Chow Hang-tung ganó el recurso contra esa sentencia, pero permaneció en prisión en espera de juicio por cargos similares que acarreaban penas de hasta 10 años de prisión en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional.

Libertad de asociación

Las autoridades continuaron criminalizando o impidiendo por otros medios las actividades legitimas de la sociedad civil. Se utilizó legislación represiva que tuvo un efecto paralizador sobre las organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo la Ley de Seguridad Nacional y la Ordenanza de Sociedades, que otorgaban facultades excesivas a la policía para cancelar la inscripción en el registro de una sociedad, rechazarla o prohibirla. Más de 100 organizaciones de la sociedad civil habían sido obligadas a disolverse o abandonar el país desde la promulgación de la Ley en julio de 2020.

Se impusieron restricciones a grupos más pequeños e informales. En junio, según informes, la policía avisó por carta a al menos cinco representantes de pequeños grupos de la sociedad civil, incluidos grupos informales de Facebook y redes religiosas, para que se registraran, so pena de infringir la Ordenanza de Sociedades.

Cinco personas que habían sido administradoras del Fondo de Ayuda Humanitaria 612 —creado para proporcionar ayuda económica para sufragar los costos judiciales y otros gastos a personas enjuiciadas por su participación en las protestas multitudinarias de 2019, y que había tenido que cerrar en 2021— fueron arrestadas en mayo, y su exsecretario, en noviembre, por “connivencia con fuerzas extranjeras” en virtud de la Ley de Seguridad Nacional, y se enfrentaban a hasta 10 años de prisión. En diciembre, los 6 fueron declarados culpables de no inscribir el Fondo en el registro con arreglo a la Ordenanza de Sociedades, y multados con entre 2.500 y 4.000 dólares de Hong Kong cada una (aproximadamente entre 321 y 513 dólares estadounidenses).

Proliferaron también los ataques a grupos que actuaban fuera de Hong Kong. En marzo, el Departamento de Seguridad Nacional de la Policía de Hong Kong envió una carta al director ejecutivo de una organización radicada en Reino Unido, Hong Kong Watch, acusándola de “poner en peligro la seguridad nacional” al “presionar a países extranjeros para que imp[usieran] sanciones” y participar en “otras actividades hostiles”. El grupo fue acusado de violar el artículo 29 de la Ley de Seguridad Nacional, que tipificaba como delito la “connivencia con fuerzas extranjeras” y confería jurisdicción extraterritorial a las autoridades hongkonesas. La policía también bloqueó el sitio web de Hong Kong Watch en Hong Kong.

Varias organizaciones de la sociedad civil se autocensuraron para poder desarrollar su actividad y recaudar fondos. Algunas plataformas locales de pago y de financiación colectiva (crowdfunding) suspendieron las cuentas de recaudación de fondos de dos grupos. Una de las plataformas explicó a uno de los grupos que había tomado esta decisión por los “riesgos excesivos que suponía” alojar la cuenta. En otro caso, tres activistas que habían presentado una demanda contra la policía de Hong Kong por malos tratos durante una protesta por los derechos a la tierra en 2014 informaron de que su cuenta en una plataforma de financiación colectiva había sido eliminada porque se había considerado que suponía un riesgo demasiado grande para la empresa.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

El gobierno de Hong Kong no hizo avance alguno en la redacción de una ley de identidad de género, pese a haber establecido un grupo de trabajo interdepartamental sobre el reconocimiento de la identidad de género en 2014 y haber llevado a cabo una consulta en 2017.