Las autoridades chinas intensificaron el control de la información y el discurso público y continuaron reprimiendo la disidencia y el derecho de reunión pacífica. Se persiguió a las personas que participaban en actividades religiosas mediante vigilancia, redadas y leyes de seguridad. Continuaron las detenciones y los procesamientos de defensores y defensoras de los derechos humanos, escritores y escritoras, artistas y otros actores de la sociedad civil en virtud de disposiciones de seguridad nacional muy imprecisas, y persistió la censura y la vigilancia online de estos grupos. Las autoridades reprimieron el activismo dirigido a lograr la igualdad de género e impusieron restricciones a la libertad de expresión de mujeres y personas LGBTI, especialmente en espacios digitales. China continuó utilizando la pena de muerte. Aunque la capacidad de generación de energía renovable se incrementó significativamente, el consumo de combustibles fósiles también siguió aumentando. Grupos étnicos como el uigur y el tibetano siguieron sometidos a un estricto control político y cultural. En las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao, la legislación nacional erosionó aún más los derechos humanos.
Leer másRetiene la pena de muerte en la legislación
Herramientas de campaña que se pueden emplear para intervenir con carácter de urgencia y defender los derechos humanos de alguien.
Informes, documentos informativos, declaraciones, contribuciones escritas para OIG y otros recursos de los equipos de investigación de Amnistía.