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ARGENTINA 2021

La pandemia de COVID-19 siguió agravando la desigualdad existente en el marco de la persistente crisis económica del país. La violencia contra las mujeres y niñas y la falta de medidas eficaces para abordarla continuaron siendo motivo de honda preocupación. Hubo dificultades relacionadas con la aplicación de la ley de 2020 que legalizaba el aborto. Continuó la impunidad por las desapariciones forzadas y el uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios y funcionarias encargados de hacer cumplir la ley.

Información general

Persistía la profunda crisis económica y social en la que estaba inmerso el país. Según cifras oficiales, el 40,6% de la población vivía en la pobreza en junio y, en el tercer trimestre del año, el índice de desempleo era del 8,6%.

El estricto control de los desplazamientos, restablecido en respuesta a la segunda ola de COVID-19, dejó a centenares de personas residentes en Argentina atrapadas fuera del país, sin acceso a atención médica o higiene adecuadas y, en ocasiones, a la reunificación familiar.

El personal sanitario y de servicios esenciales siguió desempeñando un papel clave en la respuesta a la COVID-19. El 71,9% de la población había sido vacunada con el esquema completo al concluir el año.

Derechos de las mujeres

La pandemia agravó las desigualdades de género que ya existían. Por ejemplo, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, que representaría el 16% del producto interno bruto de ser remunerado, aumentó al 21,8% debido a la pandemia, según datos oficiales. Las mujeres realizaban más del 76% del trabajo doméstico y de cuidados en el país.

En julio, Argentina reconoció identidades más allá de las categorías binarias de género en los sistemas de inscripción en registro e identificación (Decreto 476/21). El Congreso de la Nación aprobó la Ley 27.636, que reconocía un cupo laboral para las personas transgénero.

Violencia contra mujeres y niñas

Según los grupos de monitoreo de la sociedad civil, en 2021 se cometieron al menos 256 feminicidios. En muchos casos, la víctima había presentado anteriormente varias denuncias contra el autor, las órdenes de alejamiento se habían violado y el autor era miembro de las fuerzas de seguridad. Estos casos demostraron la falta de políticas públicas y medidas eficaces para abordar la violencia de género y la carencia de una perspectiva de género por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Los movimientos de trabajadoras y trabajadores sexuales denunciaron un aumento del acoso y las detenciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires en el contexto de las restricciones impuestas a causa de la COVID-19.

Derechos sexuales y reproductivos

Las dificultades en torno a la aplicación de la ley que regulaba la despenalización y legalización del aborto en las primeras 14 semanas de embarazo persistieron durante el primer año posterior a su aprobación por el Congreso de la Nación. Ninguna autoridad nacional o local emprendió una campaña masiva para proporcionar información sobre el acceso al aborto. Se documentaron situaciones de uso abusivo de las cláusulas de objeción de conciencia, retrasos en los centros públicos y privados, y saturación de la línea telefónica de emergencia 0800 para consultas y remisiones relacionadas con el aborto.

Hasta diciembre había al menos 37 actuaciones judiciales en marcha contra la ley sobre el aborto; no obstante, ésta continuó en vigor.

Según datos oficiales, en Argentina se registraba un parto de una niña menor de 15 años cada cuatro horas. La mayoría de esas niñas se veían forzadas a llevar a término embarazos que eran consecuencia de una violación.

El análisis de una encuesta oficial (Aprender 2019) reveló que sólo el 4% del alumnado de educación secundaria tenía acceso a todo el contenido mínimo y obligatorio de educación sexual integral.

Derechos de los pueblos indígenas

Los pueblos indígenas seguían encontrando serias dificultades para acceder a los derechos colectivos sobre la tierra. El poder ejecutivo dictó la prórroga de la Ley de Emergencia 26.160, que ordenaba la suspensión de los desalojos de comunidades indígenas. Sin embargo, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas apenas avanzó en el relevamiento de los territorios indígenas dispuesto en la propia ley, que sólo había alcanzado el 43% al terminar el año.

Impunidad

Seguían celebrándose ante tribunales civiles ordinarios juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen militar de 1976-1983. Entre 2006 y septiembre de 2021 se dictaron 264 sentencias, con lo que el total de personas declaradas culpables se elevó a 1.044 y, el de absoluciones, a 162.

La investigación sobre la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro no registraba avances significativos al finalizar el año. Su cadáver había sido hallado 107 días después de que su desaparición se denunciara a finales de abril de 2020. Había sido visto por última vez en un puesto de control policial de la provincia de Buenos Aires.

La sentencia de la Corte Suprema de Justicia con respecto a la causa de la posible desaparición forzada de Santiago Maldonado seguía pendiente al finalizar el año. Su cadáver había sido hallado en un río en territorio mapuche de la provincia de Chubut, en 2017, 78 días después de que las fuerzas de seguridad perimetraran la zona en el marco de un operativo de represión.

Persistía la preocupación por la ausencia de políticas públicas institucionales sobre la búsqueda eficaz de personas desaparecidas y por la falta de investigación de presuntas desapariciones forzadas.

Se realizó otra autopsia a Mauro Coronel, quien había sido torturado por la policía en la provincia de Santiago del Estero en mayo de 2020. Al terminar el año no se había acusado a nadie en relación con su muerte.

Uso excesivo de la fuerza

El 17 de noviembre, el joven de 17 años Lucas González murió por disparos de miembros de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires después de que unos agentes vestidos de civil a bordo de un vehículo sin distintivos interceptaran el automóvil en el que Lucas viajaba con tres amigos, quienes también denunciaron haber sufrido tortura y malos tratos.

El 11 de junio, Josué Lagos, de 23 años e integrante del pueblo indígena qom, recibió un disparo efectuado por un miembro de las fuerzas de seguridad de la provincia de Chaco durante una operación policial. Con el argumento de que no había pruebas suficientes para mantener detenido al único acusado en el caso, la Fiscalía Penal Especial de Derechos Humanos ordenó su liberación; la investigación continuaba al concluir el año. El proyecto de ley de abordaje integral de la violencia institucional en seguridad y servicios penitenciarios seguía pendiente de aprobación por la cámara baja al finalizar el año.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

En mayo, el ejecutivo derogó el Decreto 70/2017, que había introducido medidas regresivas graves en relación con los derechos de las personas migrantes.

Las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo con acceso limitado al mercado de trabajo formal y a una vivienda adecuada se encontraban entre la población más afectada por la COVID-19.

Las restricciones en las fronteras seguían afectando al reasentamiento de personas refugiadas a través del Programa Siria, una iniciativa argentina de patrocinio comunitario. Se paralizó el reasentamiento de cinco familias refugiadas sirias que contaban con la aprobación para trasladarse a Argentina y se suspendió el trámite de nuevas solicitudes de patrocinio comunitario.

El gobierno no estableció un nuevo programa que ampliara las oportunidades de reasentamiento para las personas refugiadas de otras nacionalidades.

Actuación deficiente contra la crisis climática

En la conferencia sobre el cambio climático (COP26), el ejecutivo anunció su compromiso de aumentar casi un 26% su contribución determinada a nivel nacional (CDN) con respecto a la de 2016 y lograr la neutralidad de carbono en 2050, pero esos objetivos seguían siendo insuficientes porque no se ajustaban al compromiso de no superar los 1,5 °C de calentamiento global. Seguía preocupando el hecho de que no se aprobara una ley sobre la conservación de los humedales ni se reformara la Ley de Hidrocarburos, que promovía los combustibles fósiles.