Irán 2024

Las autoridades siguieron restringiendo el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Las mujeres y las niñas, las personas LGBTI y las minorías étnicas y religiosas sufrían discriminación y violencia sistémicas. Las autoridades intensificaron la represión contra las mujeres que desafiaban las leyes sobre el uso obligatorio del velo, contra la comunidad bahaí y contra las personas refugiadas y migrantes afganas. Miles de personas fueron detenidas arbitrariamente, interrogadas, hostigadas o procesadas injustamente por ejercer sus derechos humanos. Los juicios siguieron siendo sistemáticamente injustos. Las desapariciones forzadas, y la tortura y otros malos tratos eran generalizados y sistemáticos. Se aplicaron castigos crueles e inhumanos, como la flagelación y la amputación. La pena de muerte se utilizaba arbitrariamente y afectaba de forma desproporcionada a minorías étnicas y a migrantes. Persistió la impunidad sistémica de los crímenes de lesa humanidad que se habían cometido y se seguían cometiendo en relación con las masacres penitenciarias de 1988 y otros crímenes de derecho internacional.

Información general

En abril, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovó el mandato del relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Irán y de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán. Se denegó la entrada al país a ambos mecanismos y a otros equipos independientes de personal experto de la ONU y de observación internacional de la situación de los derechos humanos.

En mayo, el presidente iraní, Ebrahim Raisi, murió en un accidente de helicóptero. Le sucedió Masoud Pezeshkian en julio, tras unas elecciones con escasa participación, en las que el Consejo de Guardianes sólo aprobó a seis de los 80 candidatos registrados.

Irán siguió apoyando a Hamás y otros grupos armados palestinos y a Hezbolá. En abril, lanzó más de 300 proyectiles contra Israel en represalia por un ataque al consulado iraní en Siria en el que murieron siete miembros de la Guardia de Seguridad de la Revolución Islámica. En octubre, lanzó casi 200 misiles balísticos contra Israel en respuesta a los asesinatos de Ismail Haniyeh, líder político de Hamás, y Hassan Nasrallah, secretario general de Hezbolá; en el ataque murió un civil palestino en el territorio palestino ocupado de Cisjordania. Ese mismo mes, Israel llevó a cabo ataques aéreos contra 20 objetivos en territorio iraní, en los que murieron un civil y cuatro militares.

Irán proporcionó apoyo militar al gobierno de Bachar al Asad en Siria antes de su derrocamiento el 8 de diciembre.

También proporcionó drones y misiles balísticos a Rusia, que los utilizó contra infraestructuras civiles en Ucrania.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

Las autoridades censuraron medios de comunicación, interrumpieron canales de televisión por satélite y siguieron bloqueando o filtrando aplicaciones para móvil y plataformas de redes sociales.

Las autoridades siguieron prohibiendo los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos independientes, y tomaron represalias contra trabajadores y trabajadoras —entre quienes había profesionales de la enfermería, docentes y activistas de los derechos laborales— por declararse en huelga y reunirse pacíficamente.

El proyecto de Ley sobre la Protección de los Usuarios de Internet, que, de aprobarse, vulneraría aún más el derecho a la privacidad y erosionaría el acceso a la red mundial, seguía pendiente de tramitación en el Parlamento. En enero, el líder supremo aprobó un decreto que prohibía el uso de redes privadas virtuales y obligaba a recurrir a la internet nacional.

En junio se abrieron causas penales contra cientos de personas por criticar públicamente a Ebrahim Raisi tras su muerte. Centenares más recibieron llamadas telefónicas intimidatorias, advertencias o citaciones después de que las autoridades declararan que “animar” en Internet a boicotear las elecciones presidenciales era delito.

Las autoridades sometieron a violaciones de derechos humanos a familiares de personas que habían sido víctimas de homicidio ilícito durante la sublevación “Mujer, Vida, Libertad” de 2022 y las manifestaciones de noviembre de 2019, por pedir justicia.

Especialmente en vísperas de la celebración, en septiembre, del segundo aniversario de la sublevación de 2022, las autoridades sometieron a violaciones de derechos humanos a gran número de personas —entre ellas, manifestantes, mujeres y niñas que desafiaban las leyes de uso obligatorio del velo, periodistas, artistas, escritores y escritoras, profesionales del mundo académico, estudiantes de universidad, personas LGBTI, miembros de minorías étnicas y religiosas y defensores y defensoras de los derechos humanos— simplemente por ejercer sus derechos humanos.¹ Entre las violaciones cometidas figuraban interrogatorios; detenciones arbitrarias; desapariciones forzadas; enjuiciamientos injustos con penas de prisión, condenas de flagelación o multas, y suspensión o expulsión de la educación o el empleo.

Desapariciones forzadas, y tortura y otros malos tratos

Las autoridades sometían sistemáticamente a las personas detenidas a desaparición forzada y reclusión en régimen de incomunicación. La tortura y otros malos tratos eran prácticas generalizadas y sistemáticas. En la televisión estatal se emitían “confesiones” obtenidas mediante tortura.

Varias personas recluidas arbitrariamente en centros psiquiátricos por motivos políticos fueron sometidas a tortura y otros malos tratos por medios como la administración forzada de fármacos.

Las autoridades penitenciarias y judiciales negaban sistemáticamente a las personas presas la atención médica adecuada, incluso para lesiones causadas por tortura.

Varios detenidos murieron en circunstancias sospechosas, en relación con las cuales se recibieron informes fidedignos de tortura y otros malos tratos, como palizas y negación de asistencia médica. Entre ellos se encontraba Mohammad Mirmousavi, que murió al día siguiente de su detención en agosto. Las autoridades atribuyeron inicialmente su muerte a un ataque al corazón, mientras que los medios de comunicación estatales dieron a entender que había fallecido a causa de heridas sufridas durante un altercado antes de su detención. Sólo después de que se difundiera un vídeo en el que se veía su cuerpo herido, lo que provocó la indignación de la opinión pública, las autoridades admitieron su responsabilidad. Se detuvo a cinco policías, pero no se facilitó ninguna información sobre su procesamiento.

Las personas presas soportaban condiciones de reclusión crueles e inhumanas, como hacinamiento, insalubridad, mala ventilación, infestaciones de ratones e insectos y acceso deficiente o nulo a ropa de cama, retretes o instalaciones de aseo.

El Código Penal Islámico conservaba castigos constitutivos de tortura, como la flagelación, la ceguera, la amputación, la crucifixión y la lapidación.

Según el Centro Abdorrahman Boroumand para los Derechos Humanos en Irán, los tribunales impusieron al menos 186 condenas de flagelación. Se llevaron a cabo flagelaciones y amputaciones.

Detenciones arbitrarias y juicios injustos

Los juicios eran sistemáticamente injustos, lo que daba lugar a encarcelamientos que constituían detención arbitraria. Entre las violaciones del debido proceso perpetradas figuraban la negación del derecho a asistencia letrada desde el momento de la detención, la admisión como prueba de “confesiones” obtenidas mediante tortura y los juicios sumarios.

El poder judicial, carente de independencia, desempeñaba un papel fundamental en el afianzamiento de la impunidad en casos de tortura, desaparición forzada y otros crímenes de derecho internacional.

Persistía impunemente la práctica de mantener recluidas de manera arbitraria a personas extranjeras y con doble nacionalidad para ejercer presión, lo que en algunos casos constituía un delito de toma de rehenes.

El arresto domiciliario arbitrario de los disidentes Mehdi Karroubi y Mir Hossein Musaví y la disidente Zahra Rahnavard entró en su decimocuarto año.

Derechos de las mujeres y de las niñas

Las autoridades seguían tratando a las mujeres como ciudadanas de segunda clase en ámbitos como el matrimonio, el divorcio, la custodia de hijos e hijas, el empleo, la herencia y los cargos políticos.

La edad legal para el matrimonio de las niñas eran los 13 años, y su padre podía obtener permiso judicial para casarlas a la fuerza incluso a edad más temprana.

Las autoridades utilizaron acusaciones de motivación política y que conllevaban la pena de muerte contra defensoras de los derechos humanos. En junio fue condenada a muerte Sharifeh Mohammadi,² y en julio, Pakhshan Azizi.³

A partir de abril, las autoridades llevaron a cabo una campaña, conocida como Plan Noor, para intensificar la represión contra las mujeres y las niñas que desafiaban el uso obligatorio del velo, recurriendo incluso a vigilancia digital como la tecnología de reconocimiento facial, con la que se violaban aún más los derechos sociales, económicos, culturales, civiles y políticos de las mujeres y se restringía su libertad de circulación. Se aumentaron las patrullas de seguridad, que sometían a mujeres y niñas a hostigamiento y violencia en espacios públicos.⁴ Se aplicaron medidas represivas como impedir a universitarias estudiar, someter a mujeres que conducían automóviles a peligrosas persecuciones para obligarlas a detenerse, confiscar masivamente vehículos de mujeres, obligar a asistir a clases de “moral” e imponer penas de encarcelamiento y flagelación.

En julio, agentes de policía que pretendían confiscar el automóvil a una mujer para hacer cumplir las leyes sobre el uso obligatorio del velo dispararon munición letal contra el vehículo, hiriendo gravemente a una pasajera, Arezou Badri.

En agosto, las autoridades sometieron a tortura y otros malos tratos a la defensora de los derechos humanos Narges Mohammadi y a otras reclusas de la prisión de Evín, que sufrieron lesiones, y les negaron la atención médica adecuada.

En septiembre, el Consejo de Guardianes aprobó el proyecto de Ley de Apoyo a la Familia mediante la Promoción de la Cultura de la Castidad y el Hiyab, con lo que se afianzaba aún más la discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas. Estaba previsto que la Ley fuera firmada por el presidente y entrara en vigor el 13 de diciembre, pero su promulgación quedó temporalmente suspendida.

En noviembre, las autoridades anunciaron que se pensaba abrir en la capital, Teherán, una clínica “para renunciar a quitarse el hiyab” con el fin de proporcionar “tratamiento científico y psicológico” a las mujeres y niñas que no cumplieran con la obligación de cubrirse con el velo.

Desafiar el uso obligatorio del velo podía comportar penas de prisión, multas desorbitadas y negación del acceso a la educación y los servicios públicos.

Seguía pendiente de aprobación en el Parlamento el proyecto de Ley para la Prevención de los Daños a las Mujeres y la Mejora de su Seguridad ante Comportamientos Indebidos, que no tipificaba como delito la violencia de género en el ámbito familiar, no penalizaba la violación marital ni el matrimonio infantil y no garantizaba que los hombres que asesinaran a mujeres de su familia recibieran castigos proporcionales a ello.

Discriminación

Minorías étnicas

Las minorías étnicas, como las comunidades árabe ahwazí, turca azerbaiyana, baluchi, kurda y turcomana, sufrían violaciones generalizadas de derechos humanos, como discriminación en el acceso a la educación, al empleo, a una vivienda adecuada y a cargos políticos. La continua falta de inversión suficiente en las regiones pobladas por minorías étnicas agravaba en ellas la pobreza y la marginación.

El persa siguió siendo la única lengua utilizada en la enseñanza primaria y secundaria, pese a los reiterados llamamientos en favor de la diversidad lingüística.

Las fuerzas de seguridad mataron e hirieron ilícita e impunemente a decenas de mensajeros transfronterizos kurdos (kulbars) desarmados, entre las regiones del Kurdistán de Irán e Irak, y de porteadores de combustible baluchis (soukhtbar), en la provincia de Sistán y Baluchistán.

Minorías religiosas

Las minorías religiosas —bahaí, cristiana, derviche gonabadí, judía, musulmana suní y yaresana, entre otras— sufrían discriminación en la legislación y en la práctica, lo que afectaba a su acceso a la educación, el empleo, la adopción infantil, los cargos públicos y los lugares de culto. Las autoridades sometieron a miembros de minorías religiosas a detención arbitraria, procesamiento injusto y tortura y otros malos tratos por profesar o practicar su fe.

Las personas a cuyo padre y madre las autoridades clasificaban como musulmanes corrían el riesgo de sufrir detención arbitraria, tortura y otros malos tratos, y pena de muerte por “apostasía” si adoptaban otras religiones o el ateísmo.

Las autoridades efectuaron registros en casas iglesia y detuvieron arbitrariamente a personas convertidas al cristianismo.

La minoría bahaí fue objeto de violaciones de derechos humanos generalizadas y sistemáticas —como detenciones arbitrarias, registros de domicilios, exclusión de la educación superior, expulsión de empleos, cierre forzoso de empresas, confiscación y destrucción de bienes, enjuiciamientos injustos e imposición de largas condenas de prisión— sólo por practicar su fe. Se persiguió en particular a las mujeres bahaíes, decenas de las cuales fueron sometidas a interrogatorios y encarcelamiento.

En enero, las autoridades confiscaron tierras agrícolas de familias bahaíes en la provincia de Mazandarán. En mayo, arrasaron sus arrozales, causando destrozos en los cultivos y en las bermas de riego.

Las autoridades impidieron los enterramientos bahaíes en un cementerio que esta minoría llevaba decenios utilizando. En marzo, destruyeron más de 30 tumbas bahaíes en el cementerio de fosas comunes de Javarán. En agosto, no investigaron actos de vandalismo cometidos en un cementerio bahaí de Ahvaz, provincia de Juzestán.

Personas LGBTI

Las personas LGBTI sufrían discriminación y violencia sistémicas. Las relaciones homosexuales consentidas seguían estando tipificadas como delito, con castigos que iban de la flagelación a la pena de muerte.

Las “terapias de conversión” avaladas por el Estado, constitutivas de tortura y otros malos tratos, seguían estando muy extendidas y se aplicaban incluso a niños y niñas. Para cambiar legalmente de género era obligatorio someterse a terapia hormonal y a procedimientos quirúrgicos, incluida la esterilización.

A las personas que no se ajustaban a las convenciones de género se las criminalizaba y se les negaba el acceso a la educación y al empleo.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Las personas de nacionalidad afgana sufrían discriminación generalizada, como obstáculos en materia de educación, vivienda, empleo, atención médica, servicios bancarios y libertad de circulación. Las autoridades las deshumanizaban, lo que fomentaba el discurso de odio y la violencia contra ellas.

Las autoridades llevaron a cabo detenciones y devoluciones de manera violenta y masiva, y se jactaron de que, entre marzo y noviembre, habían deportado sin el debido proceso a 850.000 “personas extranjeras no autorizadas”, aludiendo probablemente a personas de nacionalidad u origen afganos.

En octubre, las autoridades negaron unos informes según los cuales las fuerzas de seguridad habían empleado armas de fuego contra decenas de personas de nacionalidad afgana en la frontera entre Irán y Pakistán, matando a hiriendo a algunas de ellas, y no llevaron a cabo investigaciones efectivas.

Pena de muerte

Cientos de personas fueron ejecutadas arbitrariamente.

La pena de muerte se imponía tras juicios manifiestamente injustos, incluso por actos como tráfico de drogas, que no cumplían el criterio de “los más graves delitos” constitutivos de homicidio intencional.⁵

La pena de muerte también se mantuvo para actos protegidos por el derecho a la privacidad, a la libertad de expresión y a la libertad de religión o de creencias, como el consumo de alcohol y las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. El “adulterio” (relaciones sexuales fuera del matrimonio) seguía castigándose con la muerte por lapidación.

Las autoridades utilizaron la pena de muerte como herramienta de represión política contra manifestantes, disidentes y minorías étnicas.

Un número desproporcionado de ejecuciones eran de miembros de minorías oprimidas, como las poblaciones baluchi y afgana.

En enero⁶ y agosto⁷ fueron ejecutados dos hombres —uno de los cuales era un joven con discapacidad mental— por cargos relacionados con la sublevación de 2022, tras ser declarados culpables en juicios injustos y basados en “confesiones” obtenidas mediante tortura. Varios más fueron condenados a muerte.

Las autoridades continuaron condenando a muerte y ejecutando a personas que tenían menos de 18 años de edad en el momento del presunto delito;⁸ había decenas de ellas en espera de ejecución.

Impunidad

Persistió la impunidad sistémica para los funcionarios implicados en homicidios ilícitos, tortura, desaparición forzada y otros crímenes de derecho internacional y violaciones graves de derechos humanos cometidos en 2024 y en años anteriores.

Pese a los llamamientos de autoridades de alto nivel a acelerar su aprobación, en el Parlamento seguía pendiente un proyecto de ley que modificaba la legislación sobre el uso de armas de fuego y que, de aprobarse, permitiría portarlas a un número mayor de cuerpos de seguridad e inteligencia y afianzaría aún más la impunidad de su uso ilícito.

Las fuerzas de seguridad dispararon ilícita e impunemente contra personas que viajaban en automóvil, llegando incluso a matarlas o herirlas; esta práctica afectó de forma desproporcionada a la minoría baluchi.

En marzo, las autoridades respondieron a un informe de Amnistía Internacional de diciembre de 2023 negando que algún funcionario hubiera perpetrado actos de violencia sexual contra manifestantes en la sublevación de 2022. Por otra parte, negaron las conclusiones de un informe de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Irán según el cual, durante la sublevación, las autoridades habían cometido crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelación, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, persecución, desaparición forzada y otros actos inhumanos.

También en marzo, el Comité Especial para Examinar los Disturbios de 2022, creado por el difunto presidente Ebrahim Raisi, emitió un informe en el que encubría las violaciones de derechos humanos y culpaba de los homicidios ilícitos a “agitadores y terroristas”. A excepción de tres funcionarios procesados a puerta cerrada, no se tenía noticia de que se hubiera llevado a nadie a juicio por homicidio ilícito y tortura de manifestantes y transeúntes durante el levantamiento de 2022.

En enero, el Tribunal Supremo anuló la condena a muerte impuesta por un tribunal militar a Jafar Javanmardi, jefe de la policía de Bandar Anzali, provincia de Guilán, por el homicidio de un manifestante y devolvió el caso a un tribunal inferior para que volviera a juzgarlo. En marzo, un tribunal militar de la provincia de Qazvín restableció la condena a muerte. Los medios de comunicación estatales presionaron al poder judicial para que pusiera al policía en libertad, alegando que había matado al manifestante para proteger la seguridad nacional, y posteriormente, informaron de que los tribunales iban a volver a examinar el caso debido a que tenía “múltiples defectos”.

Las autoridades seguían ocultando la verdad en torno al ataque con misiles perpetrado en enero de 2020 contra el vuelo 752 de Ukraine International Airlines, en el que murieron 176 personas. En agosto, alegando fallos en la investigación, el Tribunal Supremo anuló la sentencia del tribunal militar por la que se condenaba a 10 funcionarios a penas de prisión, y devolvió el caso al tribunal inferior para que lo volviera a examinar.

En marzo y agosto, las autoridades impidieron a las familias de las víctimas el acceso al cementerio de fosas comunes de Javarán, donde se creía que se encontraban los restos de algunos de los varios miles de disidentes políticos que habían sido sometidos a desaparición forzada y ejecutados extrajudicialmente en 1988. Algunos de los funcionarios implicados en los crímenes de lesa humanidad que se habían cometido y se seguían cometiendo en relación con las masacres penitenciarias de 1988 seguían ocupando altos cargos oficiales.

En junio, un acuerdo de intercambio de presos entre Irán y Suecia permitió regresar a Irán al exfuncionario penitenciario iraní Hamid Nouri, condenado a cadena perpetua por un tribunal sueco por su papel en las masacres penitenciarias de 1988.⁹ El acuerdo contribuyó a mantener la impunidad de la toma de rehenes y otros crímenes de derecho internacional cometidos por las autoridades iraníes.

Derecho a un medioambiente saludable

Las autoridades no abordaron la crisis medioambiental de Irán, caracterizada por la pérdida de lagos, ríos y humedales; el agotamiento de las aguas subterráneas; la deforestación; la contaminación hídrica causada por el vertido de aguas residuales en las fuentes de agua urbanas; el hundimiento del suelo, y la contaminación atmosférica causada, en parte, por el uso industrial de combustibles de calidad inferior, que contribuyó a que se produjeran miles de muertes, según el Ministerio de Sanidad, así como al cierre de escuelas y empresas en diciembre.

Irán mantuvo altos niveles de producción y subvención de combustibles fósiles y no protegió de los efectos del cambio climático a las comunidades marginadas.

La mala gestión de los recursos hídricos por parte de las autoridades provocó escasez de agua, sobre todo en las provincias de Juzestán y Sistán y Baluchistán, habitadas por las minorías árabe ahwazí y baluchi, respectivamente. Debido a las deficientes infraestructuras de suministro de agua de la provincia de Sistán y Baluchistán, varias personas, entre ellas niños y niñas, de zonas rurales baluchis murieron ahogadas en peligrosos pozos utilizados para acceder al agua.