Irán 2022

Irán se vio sacudido por un levantamiento popular sin precedentes contra el sistema de la República Islámica. Las fuerzas de seguridad dispararon ilegítimamente munición real y perdigones para sofocar las protestas, lo que provocó la muerte de cientos de hombres, mujeres, niños y niñas, así como heridas a miles más. Miles de personas fueron sometidas a detención arbitraria o enjuiciadas injustamente sólo por ejercer de forma pacífica sus derechos humanos. Se intensificó la discriminación y la violencia contra las mujeres, las personas LGBTI y las minorías étnicas y religiosas. Las desapariciones forzadas, la tortura y otros malos tratos, incluida la negación deliberada de atención médica, eran prácticas generalizadas y sistemáticas. Se impusieron y se ejecutaron castigos crueles e inhumanos, como flagelación, amputación y ceguera. Aumentó el uso de la pena de muerte y se reanudaron las ejecuciones públicas. Los juicios siguieron siendo sistemáticamente injustos. Persistió la impunidad sistémica de los crímenes de lesa humanidad que se habían cometido y se seguían cometiendo en relación con las masacres penitenciarias de 1988 y otros crímenes de derecho internacional.

Información general

Un levantamiento popular sin precedentes sacudió Irán a partir de septiembre; la población pedía el fin del sistema de la República Islámica. Las protestas continuaban al finalizar el año.

En marzo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovó el mandato del relator especial sobre Irán, y en noviembre estableció una misión de investigación sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en Irán en relación con el levantamiento.

Se denegó la entrada a Irán a todos los expertos independientes de la ONU y observadores internacionales, salvo a la relatora especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos.

En marzo, Irán firmó un tratado bilateral con Bélgica —el Tratado sobre el Traslado de Personas Condenadas— que suscitó preocupación por su posible uso para otorgar impunidad a agentes estatales iraníes detenidos y declarados culpables en el extranjero de graves violaciones de derechos humanos. En diciembre, el Tribunal Constitucional de Bélgica suspendió parcialmente la implementación del Tratado, sobre cuya anulación estaba previsto que se pronunciara a principios de 2023.

Irán siguió proporcionando apoyo militar a las fuerzas gubernamentales en el conflicto armado de Siria (véase el apartado sobre Siria).

El país apoyó la invasión de Ucrania llevada a cabo por el gobierno ruso suministrando drones Shahed 136, que se utilizaron para atacar y destruir infraestructuras civiles.

En septiembre y octubre, la Guardia Revolucionaria Iraní atacó a grupos de oposición kurdos en la región del Kurdistán de Irak, causando la muerte de más de una decena de personas, entre ellas una mujer embarazada.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

Las autoridades intensificaron los ya asfixiantes niveles de represión hasta eliminar cualquier espacio para la disidencia pacífica.

Libertad de expresión y de asociación

Las autoridades censuraron medios de comunicación, interfirieron canales de televisión por satélite y, a partir de septiembre, añadieron Instagram y WhatsApp a la lista de aplicaciones móviles y plataformas de redes sociales bloqueadas o filtradas, que incluía Facebook, Signal, Telegram, Twitter y YouTube.

Las autoridades apagaron o interrumpieron en reiteradas ocasiones las redes de Internet y de telefonía móvil durante las protestas para reprimir la movilización y ocultar la magnitud de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad.

El Proyecto de Ley sobre la Protección de los Usuarios de Internet, que restringía aún más las libertades digitales y el acceso a Internet, seguía pendiente. En septiembre se emitió una directiva ejecutiva que limitaba aún más el acceso a los contenidos de Internet.

Las autoridades prohibieron todos los partidos políticos independientes, las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos independientes, y sometieron a represalias a los trabajadores y trabajadoras en huelga.

Libertad de reunión

Las autoridades dieron sistemáticamente una respuesta militarizada tanto a las protestas de ámbito local como a las de ámbito nacional.

En mayo, las fuerzas de seguridad de la provincia de Juzestán, así como de la provincia de Chahar Maha y Bajtiarí, hicieron uso ilegítimo de munición real, perdigones, gas lacrimógeno y cañones de agua para sofocar unas protestas mayoritariamente pacíficas por la subida de los precios de los alimentos y por el derrumbamiento de un edificio con varias víctimas mortales en Abadán, provincia de Juzestán. En la represión de estas protestas murieron al menos cuatro personas, y decenas más, entre las que había niños y niñas, resultaron heridas por perdigones, cuyo uso infringía la prohibición de la tortura y otros malos tratos.¹

La muerte bajo custodia de Mahsa (Zhina) Amini a manos de la “policía de la moral” iraní el 16 de septiembre desencadenó un levantamiento nacional que continuó el resto del año. Las autoridades utilizaron ampliamente y de forma ilegítima munición real, perdigones y gases lacrimógenos, y golpearon con dureza a quienes se manifestaban. Amnistía Internacional registró los nombres de cientos de manifestantes y transeúntes que fueron víctimas de homicidios ilegítimos a manos de las fuerzas de seguridad, entre ellos decenas de niños y niñas. Cientos de personas quedaron ciegas o sufrieron lesiones oculares graves debido a los perdigones disparados por las fuerzas de seguridad.² Miles de personas más resultaron heridas, pero muchas de ellas no solicitaron atención médica por miedo a ser detenidas.

Más de la mitad de las personas que murieron pertenecían a la minoría oprimida baluchi de la provincia de Sistán y Baluchistán y a la minoría oprimida kurda de las provincias de Kurdistán, Kermanshah y Azerbaiyán Occidental.

Estudiantes universitarios y escolares que protestaban pacíficamente fueron objeto de expulsiones y de violentas redadas, palizas y otros malos tratos.

Detenciones arbitrarias y juicios injustos

Miles de personas fueron detenidas arbitrariamente o procesadas injustamente a lo largo del año por ejercer de forma pacífica sus derechos humanos, y muchas siguieron encarceladas injustamente.

Según una declaración oficial grabada en audio que se filtró, durante las primeras semanas del levantamiento fueron detenidas entre 15.000 y 16.000 personas. Las autoridades continuaron efectuando detenciones arbitrarias masivas hasta el final del año y sometieron a muchas personas a procesamientos injustos y juicios sin las debidas garantías.

Dos jóvenes fueron ejecutados arbitrariamente en relación con el levantamiento nacional tras simulacros de juicio y sin notificárselo con antelación a sus familias, mientras que decenas de personas más estaban condenadas a muerte o continuaban siendo enjuiciadas por cargos punibles con la muerte y demasiado imprecisos, como “enemistad con Dios” (moharebeh) y “corrupción en la tierra” (efsad-e fel-arz).

Las autoridades reprimieron aún más a la sociedad civil, sometiendo a detención arbitraria o a procesamiento injusto a cientos de defensores y defensoras de los derechos humanos, profesionales de la abogacía, periodistas, personas que manifestaban disidencia política, activistas, ecologistas, profesionales de la literatura, el arte y la música, estudiantes de universidad y escolares.

Cientos de trabajadores y trabajadoras, entre ellos docentes, fueron detenidos arbitrariamente por hacer huelga, participar en concentraciones del Día Internacional del Trabajo o plantear sus inquietudes sobre los derechos laborales.

Continuó la práctica de detener arbitrariamente a personas extranjeras y con doble nacionalidad para hacer presión, lo que, en algunos casos, constituía un delito de toma de rehenes.³

El arresto domiciliario arbitrario de los disidentes Mehdi Karroubi, Mir Hossein Musaví y Zahra Rahnavard entró en su duodécimo año.

El poder judicial carecía de independencia y supervisaba un aparato represivo repleto de violaciones sistemáticas de las garantías procesales, como negación de acceso a asistencia letrada en la fase de investigación, desapariciones forzadas, detenciones en régimen de incomunicación, admisión como prueba de “confesiones” obtenidas mediante tortura y simulacros de juicios sumarios y secretos que no se parecían en absoluto a un procedimiento judicial y que se saldaban con penas de prisión, flagelación y muerte.

Tortura y otros malos tratos

La tortura y otros malos tratos, como la reclusión prolongada en régimen de aislamiento y la negación deliberada de atención médica, seguían siendo prácticas generalizadas y sistemáticas. En la televisión estatal se emitieron “confesiones” obtenidas bajo tortura y otros malos tratos.

Las autoridades penitenciarias y fiscales, que trabajaban bajo la supervisión del poder judicial, mantenían a la población reclusa en condiciones crueles e inhumanas caracterizadas por hacinamiento, saneamiento deficiente, insuficiencia de alimentos y agua, falta de camas, mala ventilación e infestaciones de insectos.

Decenas de personas murieron bajo custodia en circunstancias sospechosas, con informes verosímiles de tortura física o negación de atención médica. No se llevaron a cabo investigaciones de conformidad con las normas internacionales.

El Código Penal conservaba castigos que infringían la prohibición de la tortura y otros malos tratos, como la flagelación, la ceguera, la amputación, la crucifixión y la lapidación.

Entre mayo y septiembre, las autoridades amputaron los dedos al menos a 5 hombres condenados por robo: 4 en la prisión de Evín, provincia de Teherán, y uno en la prisión de Rajai Shahr, provincia de Alborz.⁴

En octubre se remitieron los casos de 2 hombres y una mujer a la Oficina de Ejecución de Sentencias de Teherán para que se aplicaran sus condenas de ceguera en virtud del principio de qesas (castigo equivalente al delito cometido). Al finalizar el año no se había hecho pública ninguna información sobre su aplicación.

Según el Centro Abdorrahman Boroumand, los tribunales condenaron a flagelación al menos a 178 personas.

Discriminación

Minorías étnicas

Las minorías étnicas, como las comunidades árabe ahwazí, turca azerbaiyana, baluchi, kurda y turcomana, sufrían una discriminación generalizada, que restringía su acceso a la educación, al empleo, a una vivienda adecuada y a los cargos políticos. La inversión en las regiones pobladas por las minorías continuaba siendo insuficiente y exacerbaba la pobreza y la marginación.

El persa siguió siendo la única lengua utilizada en la enseñanza primaria y secundaria, pese a los reiterados llamamientos en favor de la diversidad lingüística.

Las fuerzas de seguridad mataron ilegítimamente a decenas de mensajeros transfronterizos kurdos desarmados (kulbars) entre las regiones del Kurdistán de Irán e Irak, y de porteadores de combustible baluchis (soukhtbar) en la provincia de Sistán y Baluchistán. Las autoridades no investigaron los homicidios ni obligaron a rendir cuentas a sus responsables.

Minorías religiosas

Las minorías religiosas, como las bahaí, cristiana, derviche gonabadí, judía, yaresaní y musulmana suní, sufrían discriminación en la legislación y en la práctica, especialmente en el acceso a la educación, el trabajo, la adopción, los cargos políticos y los lugares de culto. Cientos de personas fueron detenidas de forma arbitraria, procesadas injustamente, torturadas o sometidas a malos tratos u otras formas de hostigamiento por profesar o practicar su fe. Las personas cuyos progenitores eran clasificados como musulmanes por las autoridades corrían el riesgo de sufrir detención arbitraria, tortura o pena de muerte por “apostasía” si adoptaban otras religiones o el ateísmo.

Miembros de la minoría bahaí fueron objeto de violaciones generalizadas y sistemáticas —detención arbitraria, interrogatorio, tortura y otros malos tratos, así como desaparición forzada— por practicar su fe. Las autoridades cerraron negocios de bahaíes, les confiscaron decenas de propiedades, demolieron sus casas y cementerios y les impidieron acceder a la educación superior. En junio, un tribunal de apelación confirmó una sentencia que autorizaba la confiscación de 18 propiedades bahaíes en la provincia de Semnán. En agosto, las autoridades demolieron 6 casas de bahaíes y confiscaron más de 20 hectáreas de tierra en una localidad de la provincia de Mazandarán, con la consiguiente pérdida de medios de subsistencia.⁵

Las autoridades efectuaron registros en casas iglesia y sometieron a las personas convertidas al cristianismo a detenciones arbitrarias, confiscación de bienes personales, enjuiciamiento por cargos relacionados con la seguridad nacional y castigos como encarcelamiento, multas y “exilio” interno.

Continuó el encarcelamiento injusto de derviches gonabadíes.

Personas LGBTI

Las personas LGBTI sufrían discriminación y violencia sistémicas. Las relaciones homosexuales consentidas seguían estando tipificadas como delito, con castigos que iban desde la flagelación a la pena de muerte. Las “terapias de conversión” avaladas por el Estado, que constituían tortura y otros malos tratos, seguían estando muy extendidas y se aplicaban incluso a niños y niñas. Para cambiar legalmente de género era obligatoria la terapia hormonal y los procedimientos quirúrgicos, incluida la esterilización. Las personas que no se ajustaban a las convenciones de género corrían el riesgo de ser criminalizadas y de que se les negara el acceso a la educación y el empleo.

En agosto, Zahra Sedighi Hamadani, conocida como Sareh y defensora de los derechos de las personas LGBTI, y otra mujer, Elham Choubdar, fueron condenadas a muerte por un Tribunal Revolucionario de Urumieh, provincia de Azerbaiyán Occidental, que las declaró culpables de “corrupción en la tierra” debido a su orientación sexual o identidad de género, reales o supuestas, y a sus actividades en las redes sociales en apoyo de las comunidades LGBTI.⁶ En diciembre, el Tribunal Supremo anuló su sentencia condenatoria y la pena correspondiente y devolvió su causa para que se celebrase un nuevo juicio.

Mujeres y niñas

Las autoridades seguían tratando a las mujeres como ciudadanas de segunda clase, por ejemplo en relación con el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos e hijas, el empleo, la herencia y los cargos políticos.

La edad legal para el matrimonio de las niñas se mantenía en los 13 años, y sus padres podían obtener permiso judicial para casarlas incluso antes.

Mujeres y niñas estuvieron en primera línea del levantamiento popular, desafiando decenios de discriminación y violencia de género y contraviniendo leyes discriminatorias y degradantes sobre el uso obligatorio del velo que hacían que se enfrentaran a diario al hostigamiento y la violencia de agentes estatales y no estatales, a detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos, y a la negación del acceso a la educación, el empleo y los espacios públicos.

A mediados de 2022 se endureció la aplicación de estas leyes, lo que culminó con la muerte bajo custodia de Mahsa (Zhina) Amini en septiembre, días después de que hubiera sido detenida violentamente por la “policía de la moral” iraní y según informes verosímiles de tortura y otros malos tratos.

Las autoridades no proporcionaban a las presas asistencia sanitaria adecuada a las necesidades específicas de las mujeres.

El proyecto de ley “Defender la dignidad y proteger a las mujeres de la violencia”, que se había presentado hacía más de un decenio, estaba paralizado en el Parlamento. Los legisladores no revisaron este proyecto de ley, que no definía la violencia de género en el ámbito familiar como delito diferenciado, no penalizaba la violación conyugal y el matrimonio precoz y no garantizaba que los hombres que asesinaran a sus esposas o hijas recibiesen castigos proporcionales.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Las fuerzas de seguridad dispararon ilegítimamente con munición real y mataron a hombres, mujeres, niños y niñas afganos que intentaban cruzar la frontera entre Afganistán e Irán. Los afganos y afganas que consiguieron entrar en Irán fueron sometidos a detenciones arbitrarias, torturas y otros malos tratos antes de ser devueltos ilegítimamente.

Pena de muerte

Aumentó el número de ejecuciones con respecto al año anterior y se reanudaron las ejecuciones públicas tras un paréntesis de dos años.

Las autoridades emplearon la pena de muerte como instrumento de represión política contra manifestantes, disidentes y minorías étnicas.

Un número desproporcionado de las personas ejecutadas pertenecía a la minoría oprimida baluchi.

Se impusieron condenas a muerte en juicios manifiestamente injustos por delitos que no cumplían el criterio de “los más graves delitos”, como el tráfico de drogas, la corrupción económica y el vandalismo, y por actos protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos, como el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión.

Se ejecutó a varias personas por delitos cometidos cuando eran menores de edad; decenas de personas más que tenían menos de 18 años en el momento del delito seguían en espera de ejecución.

Impunidad

No se investigó ni se responsabilizó a ningún cargo público por las ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegítimos, tortura, desaparición forzada y otras violaciones graves de derechos humanos que se habían cometido en 2022 o en años anteriores.

Las autoridades ocultaron el número real de personas muertas a manos de las fuerzas de seguridad durante las protestas, culpando de las muertes a los “alborotadores” o, en algunos casos, incluso de niños y niñas, afirmando que se debían a suicidios o accidentes. Además, desestimaron las denuncias de las familias de las víctimas y amenazaron con matarlas o hacerles daño a ellas o a sus hijos e hijas si hablaban.

No se llevó a cabo ninguna investigación independiente sobre la muerte bajo custodia de Mahsa (Zhina) Amini. Las autoridades negaron su responsabilidad, ocultaron pruebas esenciales y amenazaron a su familia y a otras personas que cuestionaban la versión oficial y reclamaban verdad y justicia.⁷

Las familias que buscaban verdad y justicia y los testigos de las protestas de noviembre de 2019 que habían testificado en Londres (Reino Unido) ante el Tribunal Popular Internacional sobre las Atrocidades de Irán se enfrentaron a detenciones arbitrarias y otras formas de hostigamiento.⁸

No se llevó a cabo ninguna investigación independiente sobre el uso ilegítimo de la fuerza contra las personas reclusas en la prisión de Evín en octubre ni sobre las circunstancias que rodearon la muerte de al menos ocho presos.⁹

Las autoridades continuaron ocultando la verdad sobre el ataque con misiles perpetrado en enero de 2020 contra el vuelo 752 de Ukraine International Airlines, en el que habían muerto 176 personas. En agosto, el poder judicial anunció la devolución a la fiscalía del caso de 10 militares de baja graduación juzgados ante un tribunal militar por su implicación en el ataque con misiles, alegando irregularidades en la investigación.

Persistía la impunidad por los crímenes de lesa humanidad relacionados con las ejecuciones extrajudiciales masivas y las desapariciones forzadas de 1988, y muchos de los implicados ocupaban altos cargos, entre ellos el de presidente. Se levantaron muros de hormigón de gran altura en torno a las fosas comunes de Javarán, donde se creía que estaban enterrados los restos de varios centenares de víctimas, lo que generó preocupación por la seguridad del lugar.¹⁰ En julio, un tribunal sueco condenó a cadena perpetua al exfuncionario iraní Hamid Nouri por crímenes relacionados con las masacres penitenciarias de 1988, tras un juicio histórico celebrado en aplicación del principio de jurisdicción universal.

Actuación deficiente contra el cambio climático y la degradación ambiental

Especialistas en medioambiente criticaron la inacción de las autoridades a la hora de abordar la crisis ecológica de Irán, marcada por la pérdida de lagos, ríos y humedales; la deforestación; la contaminación atmosférica; la contaminación hídrica causada por el vertido de aguas residuales en las fuentes de agua urbanas; y el hundimiento del suelo.

En julio, Irán fue uno de los 8 países que se abstuvieron en la votación de una resolución de la Asamblea General de la ONU, adoptada con el apoyo de 161 Estados, que declaraba que el acceso a un medioambiente limpio, saludable y sostenible era un derecho humano universal.