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IRÁN 2020

Las autoridades restringieron severamente el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión. Las fuerzas de seguridad hicieron uso ilegítimo de la fuerza para sofocar protestas. Las autoridades siguieron manteniendo recluidas arbitrariamente a cientos de personas —entre las que había manifestantes, disidentes y defensores y defensoras de los derechos humanos— e impusieron penas de prisión y flagelación a muchas de ellas. Las mujeres y las minorías étnicas y religiosas sufrían violencia y discriminación arraigada. Se perpetraron desapariciones forzadas, y tortura y otros malos tratos con impunidad y de forma generalizada y sistemática. Se impusieron castigos corporales judiciales que constituían tortura, como flagelaciones y amputaciones. Se violaba sistemáticamente el derecho a un juicio justo. La pena de muerte era utilizada como arma de represión política. Se llevaron a cabo ejecuciones, una de ellas en público, y otras, en secreto; entre las víctimas había personas que eran menores de 18 años en el momento del delito. Las autoridades siguieron cometiendo crímenes de lesa humanidad al ocultar sistemáticamente la suerte y el paradero de varios miles de disidentes de la esfera política que habían sido objeto de desaparición forzada y ejecución extrajudicial en secreto en 1988; continuó la destrucción de fosas comunes que presuntamente contenían sus restos.

Información general

El 8 de enero, en un entorno de tensión creciente por un ataque estadounidense con drones que mató en Irak a Ghasem Soleimani, comandante de la Guardia Revolucionaria, ésta disparó misiles contra un avión de pasajeros ucraniano que volaba en el espacio aéreo iraní y mató a las 176 personas que viajaban en él. Tras tratar inicialmente de encubrir el derribo, las autoridades iraníes lo achacaron a un “error humano”.

Irán siguió proporcionando apoyo militar a las fuerzas gubernamentales en el conflicto armado de Siria.

El sistema de salud se vio desbordado por la pandemia de COVID-19; según informes, al menos 300 profesionales sanitarios murieron a causa de la enfermedad.

Las sanciones impuestas por Estados Unidos siguieron afectando negativamente a la economía, con consecuencias perjudiciales para el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales.

En marzo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU prorrogó el mandato del relator especial sobre la situación de los derechos humanos en Irán, pero las autoridades no permitieron su entrada en el país, ni tampoco la de otros expertos de la ONU y observadores independientes de los derechos humanos.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

Las autoridades restringieron severamente el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión.

El Ministerio del Interior, así como organismos de seguridad e inteligencia, continuaron prohibiendo los partidos políticos independientes y los grupos de derechos humanos y de la sociedad civil. Se siguieron censurando medios de comunicación y bloqueando canales extranjeros de televisión por satélite. Facebook, Telegram, Twitter y YouTube permanecieron bloqueados.

Cientos de personas seguían recluidas arbitrariamente por ejercer de forma pacífica sus derechos humanos. Entre ellas había manifestantes, periodistas, profesionales de los medios de comunicación, disidentes políticos, artistas, escritores y escritoras, y personas que defendían los derechos humanos, como profesionales del derecho, defensoras de los derechos de las mujeres, activistas de los derechos laborales o de los derechos de las minorías, ecologistas, activistas contra la pena de muerte y demandantes de verdad, justicia y reparación por las ejecuciones extrajudiciales masivas de la década de 1980. Cientos de presos y presas de conciencia fueron excluidos de la concesión de indultos y excarcelaciones temporales. Los disidentes políticos Mehdi Karroubi, Mir Hossein Mousavi y Zahra Rahnavard continuaron bajo arresto domiciliario arbitrario, sin cargos ni juicio.

Durante el año, las autoridades cerraron de forma ilegal los negocios o bloquearon las cuentas bancarias o los bienes de gran número de periodistas que trabajaban para medios de comunicación independientes de fuera de Irán, así como de defensores y defensoras de los derechos humanos y sus familias. Asimismo, como represalia contra manifestantes, periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos por su participación en protestas o su trabajo periodístico o de derechos humanos, las autoridades sometieron a intimidación, interrogatorio o detención arbitraria a sus hijos e hijas, sus progenitores de edad avanzada u otros familiares.

En enero, las fuerzas de seguridad usaron fuerza ilegítima —como disparar perdigones puntiagudos con escopetas, balas de goma y gas lacrimógeno, y utilizar pulverizadores de pimienta— para dispersar a manifestantes pacíficos que reclamaban justicia para las víctimas del avión ucraniano derribado. También les propinaron patadas, puñetazos y golpes y practicaron decenas de detenciones arbitrarias.1

En enero y febrero, para impedir la difusión de información independiente en el periodo previo a las elecciones parlamentarias, las autoridades practicaron detenciones arbitrarias, registros domiciliarios e interrogatorios selectivos de periodistas.

También tomaron medidas para acallar la información independiente sobre la COVID-19 y silenciar las críticas a su gestión de la pandemia. El Ministerio de Cultura y Orientación Islámica ordenó a los medios de comunicación y los periodistas que usaran únicamente fuentes y estadísticas oficiales en sus informaciones. La policía de delitos informáticos creó una fuerza especial contra los “rumores cibernéticos” y las “noticias falsas” sobre la COVID-19 en las redes sociales, y decenas de periodistas, usuarios de dichas redes, profesionales sanitarios y otras personas fueron detenidos o citados para ser interrogados o recibieron advertencias. En abril, Rahim Yousefpour, médico de Saqqez, provincia de Kurdistán, fue acusado de “difusión de propaganda contra el sistema” y de “perturbar a la opinión pública” por sus publicaciones en Instagram sobre la COVID-19.

Tortura y otros malos tratos

La tortura y otros malos tratos seguían siendo generalizados y sistemáticos, especialmente durante los interrogatorios.

La policía, los servicios de inteligencia, las fuerzas de seguridad y el personal penitenciario sometían a las personas privadas de libertad a reclusión prolongada en régimen de aislamiento, palizas, azotes, posturas en tensión, administración forzada de sustancias químicas y descargas eléctricas.2 Además, las autoridades penitenciarias y las fiscalías negaban deliberadamente atención médica adecuada a presos y presas de conciencia y a otras personas encarceladas por motivos políticos.3

El Código Penal seguía previendo la imposición de castigos corporales judiciales que constituían tortura, como flagelación, ceguera, amputación, crucifixión y lapidación.

Según el Centro Abdorrahman Boroumand, al menos 160 personas fueron condenadas a flagelación por robo y agresión, así como por actos protegidos por el derecho internacional de los derechos humanos, como participar en protestas pacíficas, tener relaciones sexuales extramaritales o relaciones homosexuales consentidas y asistir a fiestas mixtas. En muchos casos, las penas de flagelación se ejecutaron.

En una sola prisión de Urmía, provincia de Azerbaiyán Occidental, al menos seis hombres corrían riesgo de sufrir amputación.

Varios hombres murieron bajo custodia en circunstancias sospechosas, a juzgar por fotografías y vídeos que indicaban que al menos dos habían sido torturados antes de morir, entre ellos un menor muerto en abril.

Derecho a la salud

Población reclusa

Las condiciones de muchas prisiones y centros de detención seguían siendo crueles e inhumanas. Las personas recluidas en ellos soportaban hacinamiento, limitación del agua caliente, falta de higiene, comida y agua potable insuficientes, falta de camas y aseos, mala ventilación y plagas de insectos, lo que las hacía mucho más vulnerables a la COVID-19.

Entre febrero y mayo, las autoridades excarcelaron temporalmente a unas 128.000 personas e indultaron a otras 10.000 como respuesta a la COVID-19. Unas cartas oficiales filtradas en julio revelaron que el Ministerio de Salud había hecho caso omiso de las reiteradas peticiones formuladas por la Administración Penitenciaria para que le proporcionaran recursos adicionales, como productos desinfectantes y equipos médicos y de protección. En algunas prisiones hubo quejas por el uso inadecuado que hacían las autoridades de la lejía para desinfectar superficies, que empeoraba la mala calidad del aire y provocaba a muchas personas tos intensa, opresión en el pecho y ataques de asma.

En marzo y abril, presos y presas de todo el país realizaron huelgas de hambre, protestas y motines para protestar por el hecho de que las autoridades no los protegieran de la COVID-19. Las autoridades respondieron haciendo uso ilegítimo de la fuerza y recurrieron a palizas y al empleo de munición real, perdigones de metal y gas lacrimógeno para reprimir las protestas. Como consecuencia de ello, el 31 de marzo varios reclusos árabes ahwazíes murieron y muchos otros resultaron heridos en la prisión de Sheiban, en Ahvaz, provincia de Juzestán.

Desapariciones forzadas

Las autoridades sometieron a numerosas personas detenidas, presos y presas de conciencia entre ellas, a desaparición forzada al recluirlas en lugares no revelados y ocultar su suerte y paradero a sus familias. Además, continuaron con la práctica de ejecutar en secreto a miembros de minorías étnicas condenados a muerte y ocultar el paradero de sus cuerpos, sometiendo así a sus familias al crimen continuado de desaparición forzada.

Había varios presos árabes ahwazíes sometidos a desaparición forzada.

Las autoridades siguieron cometiendo el crimen de lesa humanidad de desaparición forzada al ocultar sistemáticamente la suerte y el paradero de varios miles de disidentes políticos que habían sido objeto de desaparición forzada y ejecutados extrajudicialmente en secreto en 1988 y al destruir fosas comunes sin señalizar que supuestamente contenían sus restos.

Las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia amenazaron a familiares de las víctimas con detenerlos si buscaban información sobre sus seres queridos, celebraban actos de conmemoración o denunciaban la situación.

Juicios injustos

El derecho a un juicio justo se violaba sistemáticamente en el sistema de justicia penal.

Las autoridades continuaron negando de forma sistemática asistencia letrada en la fase de investigación a las personas acusadas de delitos contra la seguridad nacional. En algunos casos, se les negaba incluso en el juicio. Algunas eran juzgadas in abstentia porque las autoridades no les notificaban la fecha del juicio o no las trasladaban de la prisión al tribunal.

Muchos juicios se celebraban a puerta cerrada. Durante las actuaciones, los jueces del Tribunal Revolucionario mostraban hostilidad hacia las personas enjuiciadas y trataban las acusaciones de los organismos de inteligencia y seguridad como hechos probados.

La televisión estatal retransmitía antes de los juicios “confesiones” forzadas obtenidas bajo tortura y otros malos tratos, y los tribunales las utilizaban sistemáticamente como prueba para dictar sentencias condenatorias, incluso cuando las personas afectadas se retractaban de ellas.

Las sentencias condenatorias y las penas solían confirmarse en apelación sin que se celebrasen vistas.

Los tribunales se negaban a menudo a facilitar copia escrita de la sentencia a las personas declaradas culpables de delitos contra la seguridad nacional.

Discriminación y violencia contra mujeres y niñas

Las mujeres seguían sufriendo una arraigada discriminación en la legislación con respecto a cuestiones como el matrimonio, el divorcio, el empleo, la herencia y el desempeño de cargos políticos.

Los grupos parapoliciales y la policía de la “moral”, encargados de hacer cumplir la legislación discriminatoria y degradante del país sobre el uso obligatorio del velo, continuaron sometiendo a diario a millones de mujeres y niñas a hostigamiento y a ataques violentos equivalentes a tortura y otros malos tratos. Varias defensoras de los derechos de las mujeres continuaban en prisión por haber hecho campaña contra el uso obligatorio del velo.

Las autoridades no trataban como delitos la violencia de género en el ámbito familiar, la violación conyugal, el matrimonio precoz y forzado ni otros actos de violencia de género contra las mujeres y las niñas, que seguían siendo generalizados.

La edad legal para el matrimonio de las niñas continuaba siendo los 13 años, y sus padres y abuelos podían pedir permiso a los tribunales para casarlas incluso antes. Según cifras oficiales, cada año contraían matrimonio alrededor de 30.000 niñas menores de 14 años.

Las autoridades no tomaron medidas para acabar con la impunidad de los hombres que mataban a sus esposas o hijas y garantizar una rendición de cuentas proporcional a la gravedad de estos delitos.

En junio, el Consejo de Guardianes aprobó una nueva ley de protección de la infancia, pero ésta no contenía salvaguardias frente a los homicidios en nombre del “honor”, el matrimonio precoz y la violación conyugal.

El gobierno continuó con su examen de un proyecto de ley largo tiempo pendiente que tenía por objeto proteger a las mujeres contra la violencia. La demora se atribuyó a cambios realizados por el poder judicial durante su revisión, que reducían considerablemente la protección brindada.

Discriminación

Minorías étnicas

Las minorías étnicas, como las comunidades árabe ahwazí, turca azerbaiyana, baluchi, kurda y turcomana, sufrían una discriminación arraigada, que restringía su acceso a la educación, al empleo, a una vivienda adecuada y a los cargos políticos. La inversión en las regiones pobladas por las minorías continuaba siendo insuficiente y exacerbaba la pobreza y la marginación. Pese a los reiterados llamamientos en favor de la diversidad lingüística, el persa siguió siendo la única lengua utilizada en la enseñanza primaria y secundaria.

Las personas pertenecientes a minorías que denunciaban violaciones de derechos o exigían cierto grado de autogobierno regional eran sometidas a detención arbitraria y tortura y otros malos tratos. Las autoridades trataban como delito la defensa pacífica del separatismo o el federalismo, y acusaban de amenazar la integridad territorial de Irán a quienes propugnaban activamente los derechos de las minorías.

Varios activistas turcos azerbaiyanos fueron condenados a prisión y a flagelación en relación con las protestas de noviembre de 2019 y con el activismo pacífico en favor de la minoría turca azerbaiyana, y en dos casos se ejecutó la pena de flagelación.

La minoría árabe ahwazí denunció que las autoridades restringían las expresiones de cultura árabe, como la vestimenta y la poesía.

La guardia de fronteras iraní siguió disparando ilegítimamente contra decenas de kulbars kurdos desarmados que trabajaban en condiciones crueles e inhumanas como porteadores entre el Kurdistán iraní y el iraquí, y mataron al menos a 40 hombres e hirieron a decenas más, según organizaciones kurdas de derechos humanos.

En muchos pueblos baluchis de la provincia empobrecida de Sistan y Baluchistán se negaba a sus habitantes el derecho a agua apta para el consumo suficiente, segura y físicamente accesible, porque las infraestructuras eran especialmente precarias. Se veían obligados a recurrir a fuentes de agua peligrosas como ríos, pozos, estanques y fosos poblados por cocodrilos, para beber y para el uso doméstico. Varias personas, incluidos niños y niñas se ahogaron cuando recogían agua, entre ellas una niña de ocho años del pueblo de Jakigoor, donde el suministro de agua estuvo cortado una semana en agosto. Algunas autoridades locales culparon a las víctimas por no haber tomado precauciones. Debido a la escasa inversión, gran parte de la población de la provincia tenía también acceso limitado a electricidad, escuelas y centros de salud.

Libertad de religión y de creencias

La libertad de religión y de creencias se vulneraba de forma sistemática en la ley y en la práctica. Las autoridades seguían imponiendo a personas de todas las religiones, así como a las ateas, códigos de conducta pública basados en una interpretación estricta del islam chií. Además, se negaban a reconocer el derecho de las personas de padre y madre musulmanes a convertirse a otra religión o a ser ateas, y quienes trataban de ejercer este derecho corrían el riesgo de sufrir detención arbitraria, tortura y pena de muerte por “apostasía”.

Solamente las personas que profesaban la religión musulmana chií podían ocupar cargos políticos clave. Quienes pertenecían a minorías religiosas, como las bahaí, cristiana, derviche gonabadi y yaresaní (Ahl e Haq), y quienes se habían convertido del islam chií al suní o al cristianismo sufrían discriminación en la educación y el trabajo, así como detención arbitraria y prisión y tortura y otros malos tratos por practicar su fe.

En octubre, un hombre cristiano fue flagelado 80 veces en la provincia de Bushehr por beber el vino del sacramento de la comunión.

Los seguidores de la doctrina espiritual de Erfan-e Halgheh eran sometidos a detención arbitraria.

Las autoridades siguieron cometiendo violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos contra miembros de la minoría bahaí, con medidas como cierres forzosos de negocios, confiscación de bienes, prohibición de trabajar en el sector público, negación del acceso a la educación superior y campañas de incitación al odio en los medios de comunicación estatales.

Persistieron los registros de casas iglesia.

La población musulmana suní siguió sufriendo restricciones en el establecimiento de mezquitas propias.

Pena de muerte

La pena de muerte se usó de forma creciente como arma de represión política contra manifestantes, disidentes y miembros de minorías.4

Decenas de manifestantes fueron acusados de “enemistad con Dios” (moharebeh) y de “propagar la corrupción en la Tierra” (efsad f’il arz), delitos penados con la muerte. Varios manifestantes fueron condenados a muerte tras juicios injustos y que se basaron en “confesiones” presuntamente obtenidas mediante tortura.

En diciembre, el disidente y periodista Ruhollah Zam fue ejecutado en relación con su canal de noticias antisistema en las redes sociales, Amad News.

Se llevaron a cabo ejecuciones tras juicios injustos. Una de las víctimas fue ejecutada en público, y otras, en secreto. Algunas de las personas ejecutadas eran menores de 18 años en el momento del delito.

Un número desproporcionado de las personas ejecutadas pertenecía a las minorías kurda y baluchi.

Se mantuvo la pena de muerte para las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo.

La lapidación siguió siendo un método de ejecución de las personas declaradas culpables de adulterio.

Impunidad

No se investigó ni se pidieron cuentas a ningún cargo público por crímenes de homicidio ilegítimo, tortura y desaparición forzada u otras violaciones graves de derechos humanos.

Las autoridades judiciales no realizaron investigaciones independientes y transparentes sobre el uso de medios letales por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley contra personas que no representaban una amenaza inminente para la vida ni riesgo de lesión grave.

Persistió la impunidad de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron y se seguían cometiendo en relación con las masacres penitenciarias de 1988, y muchos de los implicados seguían ocupando altos cargos judiciales y de gobierno, como el presidente de la Magistratura y el ministro de Justicia.

En mayo, los guardias de fronteras iraníes detuvieron a decenas de afganos, algunos de ellos menores de edad, que habían entrado en el país en busca de trabajo, los golpearon y los obligaron a punta de pistola a cruzar el río Hariroud, la frontera entre Irán y Afganistán. Varios de ellos se ahogaron. Las autoridades negaron toda responsabilidad.

Las autoridades siguieron ocultando la cifra real de personas que habían perdido la vida durante las protestas de 2019 y elogiaron públicamente a las fuerzas de seguridad y de inteligencia por su papel en la represión. En mayo, anunciaron, por primera vez, que habían muerto unas 230 personas durante las protestas, incluidos seis miembros de las fuerzas de seguridad. Amnistía Internacional documentó los datos de 311 hombres, mujeres, niños y niñas a quienes las fuerzas de seguridad mataron durante las protestas, aunque probablemente el número real fuera aún mayor.5


  1. Irán: El uso ilegal de la fuerza para sofocar las protestas por parte de las fuerzas de seguridad deja decenas de personas heridas (noticia, 15 de enero)
  2. Iran: Trampling humanity – Mass arrests, disappearances and torture since Iran’s November 2019 protests (MDE 13/2891/2020)
  3. Irán: Presos torturados necesitan atención médica (MDE 13/2237/2020)
  4. Irán: Dos kurdos, ejecutados en un contexto de creciente uso de la pena de muerte como arma de represión (noticia, 15 de julio)