IRÁN 2021

Miles de personas fueron interrogadas, enjuiciadas injustamente o sometidas a detención arbitraria sólo por ejercer pacíficamente los derechos humanos, y cientos continuaron en prisión injustamente. Las fuerzas de seguridad hicieron uso ilegítimo de medios letales y de perdigones para sofocar protestas. Las mujeres, las personas LGBTI y las minorías étnicas y religiosas sufrían violencia y discriminación arraigada. Hubo novedades legislativas que menoscabaron aún más los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la libertad de religión o de creencias y el acceso a Internet. Siguieron perpetrándose tortura y otros malos tratos de forma generalizada y sistemática, incluida la negación de atención médica adecuada a personas bajo custodia. Las autoridades no garantizaron el acceso oportuno y equitativo a la vacuna contra la COVID-19. Se impusieron castigos judiciales como flagelación, amputación y ceguera. La pena de muerte se aplicó ampliamente y se usó como arma de represión. Se llevaron a cabo ejecuciones tras juicios injustos. Persistió la impunidad sistémica de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron y se seguían cometiendo en relación con las masacres penitenciarias de 1988 y otros crímenes de derecho internacional.

Información general

El expresidente de la judicatura, Ebrahim Raisi, llegó a la presidencia en junio en lugar de ser investigado por crímenes de lesa humanidad relacionados con las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales masivas de 1988, lo que reflejaba la impunidad sistémica imperante en el país.¹

Las elecciones presidenciales se celebraron en un entorno represivo y se caracterizaron por unos bajos índices de participación. Las autoridades prohibieron presentarse a las mujeres, los miembros de minorías religiosas y las personas críticas con el gobierno, y amenazaron con enjuiciar a cualquiera que animara a boicotearlas.

La persistencia de las sanciones de Estados Unidos, la COVID-19 y la corrupción agravaron la crisis económica iraní, que se caracterizaba por una alta tasa de inflación, la pérdida de empleos y los salarios bajos o impagados. A lo largo del año, la población respondió con huelgas y concentraciones a que las autoridades no priorizaran en los presupuestos públicos el pago de salarios adecuados, la vivienda, la atención de la salud, la seguridad alimentaria y la educación.

Especialistas en medioambiente criticaron la inacción de las autoridades a la hora de abordar la crisis ecológica de Irán, marcada por la pérdida de lagos, ríos y humedales; la deforestación; la contaminación hídrica por aguas residuales y residuos industriales; y el hundimiento del suelo.

Irán siguió proporcionando apoyo militar a las fuerzas gubernamentales en el conflicto armado de Siria (véase el apartado sobre Siria).

En febrero, un tribunal belga condenó al diplomático iraní Assadollah Asadi a 20 años de prisión por su papel en un atentado con bomba frustrado contra una concentración de un grupo de oposición iraní en el exilio en Francia en 2018.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovó en marzo el mandato del relator especial sobre Irán, a quien las autoridades iraníes no permitieron entrar en el país, al igual que a otros expertos y expertas de la ONU y entidades de observación independientes.

Libertad de expresión, asociación y reunión

Las autoridades continuaron restringiendo severamente el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión. Prohibieron partidos políticos independientes, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil; censuraron medios de comunicación e interfirieron las emisiones de canales de televisión por satélite.

En enero, las autoridades añadieron Signal a la lista de plataformas de redes sociales bloqueadas, en la que figuraban Facebook, Telegram, Twitter y YouTube. Agentes de las fuerzas de seguridad y de los servicios de inteligencia llevaron a cabo detenciones arbitrarias por publicaciones en las redes sociales consideradas “contrarrevolucionarias” o “contrarias al islam”.

Las autoridades impusieron cierres de Internet durante las protestas, para ocultar la magnitud de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. En julio, el Parlamento aceleró la elaboración de un proyecto de ley, cuya aprobación estaba prevista en 2022, que penalizaba la creación y distribución de herramientas para eludir la censura e intensificaba la vigilancia.

Se sometió a varios miles de hombres, mujeres y niños y niñas a interrogatorio, enjuiciamiento injusto o reclusión arbitraria únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión. Entre estas personas había manifestantes, periodistas, disidentes, artistas, escritores y escritoras, docentes y gente con doble nacionalidad. Había también personas que defendían los derechos humanos, como profesionales del derecho, defensoras y defensores de los derechos de las mujeres; activistas de los derechos de las personas LGBTI, los derechos laborales o los derechos de las minorías; ecologistas, activistas contra la pena de muerte y familiares desconsolados que exigían rendición de cuentas por las ejecuciones extrajudiciales masivas de la década de 1980 y otros delitos. Al terminar el año, cientos de ellas continuaban injustamente encarceladas.

Los excandidatos presidenciales Mehdi Karroubi y Mir Hossein Mousavi, y la esposa de éste último, Zahra Rahnavard, continuaban bajo arresto domiciliario tras un decenio.

Se intensificaron las amenazas a disidentes y a periodistas que residían en el extranjero y, en represalia por su labor, se interrogó o se sometió a detención arbitraria a sus familiares en Irán.² En julio, las autoridades fiscales de Estados Unidos acusaron a cuatro agentes iraníes de conspirar para secuestrar a la periodista irano-estadounidense Masih Alinejad en su territorio. En agosto, agentes de los servicios de inteligencia de Irán interrogaron a los familiares del defensor kurdo de derechos humanos exiliado Arsalan Yarahmadi y los amenazaron de muerte. Habib Chaab y Jamshid Sharmahd, disidentes irano-sueco e irano-alemán respectivamente, seguían corriendo peligro de ser condenados a muerte en Irán, adonde habían sido devueltos tras sendos secuestros.

Las fuerzas de seguridad desplegaron fuerza ilegítima que incluía munición real y perdigones para sofocar protestas mayoritariamente pacíficas. En julio, al menos 11 personas murieron por disparos durante unas protestas por la escasez de agua en las provincias de Juzestán y Lorestán, y decenas más resultaron heridas.³ El 26 de noviembre, las fuerzas de seguridad dispararon perdigones para dispersar unas protestas por la deficiente gestión del agua en Isfahán, y dejaron ciegas o provocaron lesiones oculares graves a decenas de personas entre las que había niños y niñas.

Se despidió injustamente a más de 700 trabajadores del sector petroquímico por su participación en las huelgas nacionales de junio.

Tortura y otros malos tratos

La tortura y otros malos tratos seguían siendo generalizados y sistemáticos, especialmente durante los interrogatorios. La televisión estatal retransmitía “confesiones” obtenidas mediante tortura, y los tribunales las utilizaban sistemáticamente para dictar sentencias condenatorias.

Las autoridades penitenciarias y fiscales, que trabajaban bajo la supervisión del poder judicial, mantenían a la población reclusa en condiciones crueles e inhumanas caracterizadas por el hacinamiento, deficiencias en el saneamiento, la insuficiencia de alimentos y agua, la falta de camas, la mala ventilación y las infestaciones de insectos, y en muchos casos le negaban la atención médica adecuada, lo que aumentaba el peligro de contraer la COVID-19.

Cada vez eran más frecuentes los traslados de presas de conciencia a cárceles alejadas de sus familias en condiciones precarias, como represalia por seguir denunciando violaciones de derechos humanos bajo custodia.

En agosto se filtraron imágenes de vigilancia desde la prisión de Evin, en Teherán, en las que se veía a personal penitenciario dando palizas, acosando sexualmente y sometiendo a tortura y otros malos tratos a reclusos y reclusas.⁴

Al menos 24 personas reclusas murieron en circunstancias sospechosas relacionadas con denuncias de tortura y otros malos tratos, incluida la denegación de atención médica adecuada.⁵

El Código Penal seguía previendo castigos que infringían la prohibición de la tortura y otros malos tratos, como la flagelación, la ceguera, la amputación, la crucifixión y la lapidación. En febrero, Hadi Rostami recibió 60 azotes en la prisión de Urmía en represalia por sus huelgas de hambre contra la amenaza reiterada de que se iba a ejecutar su pena de amputación.

Hadi Atazadeh murió en la prisión de Ahar en septiembre tras ser flagelado.

En octubre, un tribunal de Teherán condenó a un hombre declarado culpable de agresión a quedar ciego de un ojo en aplicación del principio de “castigo equivalente al delito cometido” (qesas).

Según el Centro Abdorrahman Boroumand, se condenó a flagelación a al menos 152 personas.

Discriminación

Mujeres y niñas

Las mujeres sufrían discriminación en la legislación y en la práctica con respecto a cuestiones como el matrimonio, el divorcio, el empleo, la herencia y el desempeño de cargos políticos.

La legislación discriminatoria sobre el uso obligatorio del velo daba lugar a que a diario se sometiera a las mujeres a hostigamiento, detención arbitraria y tortura y otros malos tratos, y se les negara el acceso a la educación, el empleo y los espacios públicos. Al menos seis defensores y defensoras de los derechos de las mujeres continuaban en prisión por hacer campaña contra el uso obligatorio del velo.

El Parlamento menoscabó aún más el derecho a la salud sexual y reproductiva al aprobar en noviembre la ley “Población joven y protección de la familia” que, entre otras cosas, prohibía a los centros que recibían financiación pública ofrecer medios de control de la natalidad gratuitos; exigía a las farmacias que sólo vendieran métodos anticonceptivos con receta; prohibía la vasectomía y la ligadura de trompas salvo cuando el embarazo pudiese poner en peligro la vida de la mujer o provocar daños físicos graves o un sufrimiento insoportable durante el embarazo o tras el parto, y suprimía el acceso a las pruebas de diagnóstico prenatal.

El julio, la Comisión Social del Parlamento aprobó el proyecto de ley largo tiempo pendiente “Defender la dignidad y proteger a las mujeres de la violencia” después de que el poder judicial introdujese modificaciones retrógradas. El proyecto de ley, pendiente de aprobación definitiva, contenía disposiciones que se acogieron con satisfacción, como la creación de unidades policiales especializadas, casas de acogida y un grupo de trabajo de ámbito nacional para idear estrategias destinadas a combatir la violencia contra las mujeres y las niñas. No obstante, no definía la violencia de género en el ámbito familiar como delito diferenciado ni penalizaba la violación conyugal y el matrimonio precoz, ni garantizaba que los hombres que asesinaran a sus esposas o hijas recibiesen castigos proporcionales. En los casos de violencia de género en el ámbito familiar, concedía prioridad a la reconciliación en detrimento de la rendición de cuentas.

La edad legal para el matrimonio de las niñas continuaba siendo los 13 años, y sus padres podían obtener permiso judicial para casarlas incluso antes. Según cifras oficiales, entre marzo de 2020 y marzo de 2021, se registraron 31.379 matrimonios de niñas de entre 10 y 14 años de edad, lo que representaba un incremento del 10,5% con respecto al año anterior.

Lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

El asesinato en mayo de Alireza Fazeli Monfared, que se autoidentificaba como hombre gay no binario, puso de manifiesto que la penalización de las relaciones homosexuales consentidas y de la conducta de las personas que no se ajustaban a las convenciones de género con castigos que iban desde la flagelación hasta la pena de muerte perpetuaban la violencia y la discriminación contra las personas LGBTI.⁶

Las “terapias de conversión” avaladas por el Estado, que constituían tortura y otros malos tratos, seguían estando muy extendidas y se aplicaban incluso a niños y niñas.

Las personas que no se ajustaban a las convenciones de género corrían el riesgo de ser criminalizadas a menos que procurasen un cambio de género legal, lo que requería cirugía de reasignación de género y esterilización.

Las fuerzas armadas continuaban calificando la homosexualidad de “perversión”. Los certificados de exención del servicio militar emitidos a hombres gays y personas transgénero revelaban indirectamente su orientación sexual o identidad de género sin su consentimiento, lo que los exponía a sufrir violencia.

Minorías étnicas

Las minorías étnicas, como las comunidades árabe ahwazí, turca azerbaiyana, baluchi, kurda y turcomana, estaban discriminadas, lo que restringía su acceso a la educación, el empleo y los cargos políticos. Pese a los reiterados llamamientos en favor de la diversidad lingüística, el persa siguió siendo la única lengua utilizada en la enseñanza primaria y secundaria.

Las condenas a muerte impuestas por cargos imprecisos, como “enemistad con Dios”, siguieron afectando desproporcionadamente a los miembros de minorías étnicas. Las autoridades ejecutaban en secreto a quienes declaraban culpables de tales cargos y se negaban a devolver sus cadáveres a las familias, como sucedió en los casos de 4 hombres árabes ahwazíes, en marzo, y de un hombre kurdo, Heidar Ghorbani, en diciembre.⁷ Había al menos 20 kurdos condenados a muerte tras haber sido declarados culpables de esos cargos.

Las autoridades se negaron a dejar de cometer homicidios ilegítimos de decenas de correos transfronterizos kurdos desarmados (kulbars) entre las regiones del Kurdistán de Irán e Irak, y de porteadores de combustible baluchis desarmados (soukhtbar) en la provincia de Sistán y Baluchistán, y a rendir cuentas por ello.⁸

Más de 200 personas kurdas, entre las que había disidentes y activistas de la sociedad civil, fueron detenidas arbitrariamente en sendas oleadas de detenciones en enero y en julio y agosto.⁹ La mayoría quedaron en libertad tras semanas o meses sometidas a desaparición forzada o a reclusión en régimen de incomunicación. Algunos hombres continuaron bajo custodia, y varios más fueron condenados a prisión.

Minorías religiosas

Las minorías religiosas, como las bahaí, cristiana, derviche gonabadi, judía, yaresaní y musulmana suní, sufrían discriminación en la legislación y en la práctica —especialmente en el acceso a la educación, el trabajo, la adopción, los cargos políticos y los lugares de culto—, así como detención arbitraria y tortura y otros malos tratos por profesar o practicar su fe.

Las personas cuyos progenitores eran clasificados como musulmanes por las autoridades continuaban corriendo el riesgo de sufrir detención arbitraria, tortura o la pena de muerte por “apostasía” si adoptaban otras religiones o creencias ateas.

Se siguieron cometiendo violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos contra miembros de la minoría bahaí, como detención arbitraria y tortura y otros malos tratos, desaparición forzada, cierre forzoso de negocios, confiscación de bienes, demolición de viviendas, destrucción de cementerios, discursos de odio por parte de cargos públicos y medios de comunicación estatales, y se les negaba el acceso a la educación superior. En abril, las autoridades impidieron que la población bahaí enterrase a sus seres queridos en parcelas desocupadas de un cementerio de Teherán e insistieron en que los enterrasen entre las tumbas existentes o en la cercana fosa común de Khavaran, relacionada con las masacres penitenciarias de 1988; ante el clamor de la ciudadanía, las autoridades levantaron la prohibición.¹⁰ En junio, las fuerzas de seguridad demolieron alrededor de 50 viviendas de bahaíes en el pueblo de Ivel, en la provincia de Mazandarán, en el marco de una campaña de larga data para expulsar a esta población de la región.

En enero, el Parlamento menoscabó aún más el derecho a la libertad de religión o de creencias al introducir en el Código Penal dos artículos que establecían penas de hasta cinco años de prisión o el pago de una multa por “insultar a las etnias iraníes, las religiones de revelación divina o las confesiones islámicas” o por realizar “actividades educativas o proselitistas degeneradas que contradigan […] el islam”. En julio, tres cristianos conversos fueron condenados a prolongadas penas de prisión sobre esta base.

Varias personas derviches gonabadíes continuaban injustamente encarceladas en relación, entre otras cuestiones, con una protesta pacífica de 2018 que las autoridades habían sofocado violentamente. Una de ellas, Behnam Mahjoubi, murió bajo custodia el 21 de febrero tras meses de tortura y otros malos tratos, incluida la negación deliberada de atención médica adecuada.

Las autoridades continuaron efectuando registros en casas iglesia.

Derecho a la salud

La respuesta de las autoridades a la COVID-19 se caracterizó por la falta de transparencia y de medidas para abordar la escasez de vacunas, camas hospitalarias, suministros de oxígeno y personal de enfermería.

Irán puso en marcha su programa de vacunación contra la COVID-19 en febrero, pero la decisión tomada en enero por el líder supremo de prohibir las vacunas fabricadas en Reino Unido y Estados Unidos hizo que menos del 6% de la población estuviese vacunada en agosto. La prohibición se levantó ese mes y, al concluir el año, más del 80% de la población había recibido la primera dosis de la vacuna.

Las autoridades no elaboraron una estrategia nacional para garantizar el acceso oportuno y equitativo a las vacunas contra la COVID-19 de miles de personas afganas indocumentadas y, en algunas provincias, las autoridades locales establecieron centros especiales de vacunación para este grupo a partir de octubre.

En algunas ciudades se enviaron equipos móviles de vacunación a los asentamientos informales y a las zonas en las que vivían personas sin hogar, pero el alcance de la vacunación continuó siendo desigual a nivel nacional.

La vacunación de la población penitenciaria no comenzó hasta agosto.

Seis personas que se habían reunido para estudiar la posibilidad de emprender acciones legales contra las autoridades por su inacción a la hora de garantizar el acceso a las vacunas contra la COVID-19 fueron detenidas arbitrariamente únicamente por ese motivo en agosto, y enjuiciadas por cargos falsos relacionados con la seguridad nacional en octubre.

Pena de muerte

Se impusieron condenas a muerte en juicios injustos por delitos que no cumplían el criterio de “los más graves delitos”, como el tráfico de drogas y la corrupción económica, y por actos que no constituían delitos reconocidos internacionalmente. La pena de muerte se usó como arma de represión contra manifestantes, disidentes y miembros de minorías étnicas.

En Arak se condenó a muerte a Yousef Mehrdad y Saadollah Fazeli por “insultar al Profeta”.

En agosto y noviembre fueron ejecutados, respectivamente, Sajad Sanjari, detenido cuando tenía 15 años, y Arman Abdolali, detenido cuando tenía 17. Había más 80 personas en espera de ejecución por delitos cometidos cuando eran menores de edad.

Impunidad

Las autoridades continuaron ocultando el número de personas muertas violentamente durante las protestas de noviembre de 2019, desestimaron las denuncias de las familias de las víctimas y elogiaron a las fuerzas de seguridad por su actuación en la represión. A lo largo del año, las fuerzas de seguridad dispersaron concentraciones pacíficas de familiares que buscaban justicia, y los golpearon y detuvieron temporalmente. Manouchehr Bakhtiari, padre de un manifestante muerto, fue detenido en abril y condenado a prisión en julio por denunciar la impunidad.

En agosto, en virtud del principio de jurisdicción universal, dio comienzo el juicio de Hamid Nouri, detenido en Suecia por su presunta participación en las masacres penitenciarias de 1988. En consonancia con sus persistentes patrones de negación y distorsión, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán calificó el juicio de “complot” urdido por “terroristas” a partir de “documentación y testigos falsos”.

Las autoridades continuaron ocultando la verdad sobre el derribo en enero de 2020 del vuelo 752 por la Guardia Revolucionaria Islámica en el que murieron 176 personas, y sometieron a hostigamiento, detención arbitraria, tortura y otros malos tratos a los familiares desconsolados por buscar justicia. En noviembre dio comienzo el enjuiciamiento a puerta cerrada de 10 militares de baja graduación ante un tribunal militar de Teherán entre quejas de familiares de las víctimas por la impunidad de la que gozaban las máximas autoridades militares y ejecutivas.