Las autoridades siguieron restringiendo el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Las mujeres y las niñas, las personas LGBTI y las minorías étnicas y religiosas sufrían discriminación y violencia sistémicas. Las autoridades intensificaron la represión contra las mujeres que desafiaban las leyes sobre el uso obligatorio del velo, contra la comunidad bahaí y contra las personas refugiadas y migrantes afganas. Miles de personas fueron detenidas arbitrariamente, interrogadas, hostigadas o procesadas injustamente por ejercer sus derechos humanos. Los juicios siguieron siendo sistemáticamente injustos. Las desapariciones forzadas, y la tortura y otros malos tratos eran generalizados y sistemáticos. Se aplicaron castigos crueles e inhumanos, como la flagelación y la amputación. La pena de muerte se utilizaba arbitrariamente y afectaba de forma desproporcionada a minorías étnicas y a migrantes. Persistió la impunidad sistémica de los crímenes de lesa humanidad que se habían cometido y se seguían cometiendo en relación con las masacres penitenciarias de 1988 y otros crímenes de derecho internacional.
Leer másRetiene la pena de muerte en la legislación
Herramientas de campaña que se pueden emplear para intervenir con carácter de urgencia y defender los derechos humanos de alguien.
Informes, documentos informativos, declaraciones, contribuciones escritas para OIG y otros recursos de los equipos de investigación de Amnistía.