Senegal 2024

La policía disparó contra manifestantes durante el periodo previo a las elecciones y mató a cuatro de ellos, incluido un adolescente; más de 150 manifestantes fueron detenidos, y periodistas que informaban de las protestas sufrieron golpes. En marzo se aprobó una ley de amnistía que puso fin a los procesamientos por la muerte de 65 manifestantes y transeúntes entre marzo de 2021 y febrero de 2024. El Código de la Familia seguía conteniendo disposiciones que violaban los derechos de las mujeres y las niñas. Las autoridades no protegían los derechos de los niños talibé. Más de 959 migrantes que habían partido de la costa senegalesa murieron en el mar en los primeros cinco meses del año. El gobierno suspendió todas las actividades mineras a orillas del río Falémé debido a la degradación ambiental.

Información general

El primer trimestre del año estuvo marcado por tensiones asociadas a la demora de las elecciones presidenciales provocada por acciones del Parlamento, en el contexto de denuncias de corrupción contra dos miembros del Tribunal Constitucional. Las elecciones se celebraron finalmente en marzo; Bassirou Diomaye Faye, que fue elegido presidente, y Ousmane Sonko, que fue nombrado primer ministro, eran dos de los cientos de presos políticos liberados antes de los comicios. En mayo, la nueva administración organizó consultas de ámbito nacional en un intento de implementar reformas estructurales del poder judicial.

Homicidios ilícitos y uso excesivo de la fuerza

El 9 y el 10 de febrero, las fuerzas de seguridad mataron a cuatro personas —entre ellas un adolescente de 16 años— que protestaban por la demora de las elecciones presidenciales, en unas acciones de represión violentas que tuvieron lugar en las ciudades de Saint-Louis, la capital —Dakar— y Ziguinchor.¹ Al menos 151 personas fueron detenidas en febrero durante las protestas,² y varios periodistas sufrieron malos tratos. Mor Amar, del periódico L’Enquête y secretario general de la Convención de Jóvenes Periodistas de Senegal, fue golpeado, y la periodista Absa Hane fue detenida tras ser golpeada y quedar inconsciente. Las autoridades restringieron el acceso a cobertura de telefonía móvil en todo el país y suspendieron Walf TV, canal de televisión privado, por la información que ofrecía sobre las protestas.

Detención y reclusión arbitrarias

En febrero y marzo, las autoridades pusieron en libertad a cientos de personas detenidas, varias de las cuales habían sido arrestadas entre 2022 y 2024 por llamar a la gente a unirse a las protestas o por participar en ellas. Muchas de estas personas privadas de libertad, entre las que había menores de edad, no habían llegado a ser enjuiciadas.

Derecho a verdad, justicia y reparación

En marzo, la Asamblea Nacional aprobó un anteproyecto de ley de amnistía que había sido aprobado el 28 de febrero por el Consejo de Ministros. Esta ley, justificada por un “espíritu de reconciliación nacional” y por el “apaciguamiento del clima político y social”, abarcaba delitos vinculados a “protestas o incidentes de motivación política que [habían] t[enido] lugar entre el 1 de febrero de 2021 y el 25 de febrero de 2024, en Senegal o en el extranjero”. La ley de amnistía impedía obtener justicia a las familias de al menos 65 personas que habían perdido la vida, la mayoría a manos de las fuerzas de seguridad y de defensa en el marco de las protestas celebradas entre marzo de 2021 y febrero de 2024.³

Derechos de las personas detenidas

Según informaron personas que habían estado recluidas en la prisión de Rebeuss, en enero hubo en el centro penitenciario brotes de tuberculosis agravados por el hacinamiento y las pésimas condiciones de reclusión.

Libertad de expresión

En julio, el político Ahmed Suzanne Camara fue detenido y acusado de “ofensa al jefe del Estado” tras llamar mentirosos al presidente y al primer ministro. En septiembre, Cheikhna Keita, ex comisario de policía y político, también fue detenido por orden del fiscal y acusado de difusión de noticias falsas tras hablar en la televisión de tensiones entre el presidente y el primer ministro.

Derechos de las mujeres y de las niñas

El Código de la Familia seguía conteniendo disposiciones que conferían “la potestad paterna y marital” únicamente a los hombres y designaban al esposo como cabeza de familia, con lo que se negaba a las mujeres y las niñas los derechos y la potestad sobre su hogar y sus hijos e hijas. El artículo 111 del Código de la Familia establecía la edad mínima legal para contraer matrimonio en 16 años para las jóvenes, frente a los 18 para los varones.

En julio, el informe de la consulta nacional sobre el poder judicial recomendó elevar de 16 a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio las jóvenes. Además, pidió modificaciones de los apartados relativos a la “patria potestad” y la prohibición de que los padres trataran de obtener la paternidad de los niños o niñas nacidos fuera del matrimonio, entre otras medidas. Estas recomendaciones no se habían implementado al terminar el año.

Derechos de la infancia

Los niños talibé —estudiantes de las daaras (escuelas coránicas)— seguían viéndose obligados a mendigar alimentos y también dinero para los maestros, pese a estar tipificada esta situación como “trata de personas” en la legislación senegalesa. El gobierno no adoptó el borrador de Código de la Infancia ni el anteproyecto de ley sobre el estatuto de las daaras. El sector de la protección de la infancia adolecía de una financiación insuficiente, lo que se traducía en falta de protección de los niños talibé, que sufrían una amplia variedad de violaciones de derechos humanos. La situación fue denunciada por el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, de la ONU.

Derechos de las personas migrantes

El litoral senegalés seguía siendo uno de los puntos de partida más activos de la migración irregular hacia las islas Canarias. Más de 959 personas migrantes que partieron de la costa senegalesa murieron en el mar entre enero y mayo, según la ONG española Caminando Fronteras. Las salidas continuaron en los meses siguientes; muchas personas migrantes murieron en el mar y muchas fueron interceptadas por la fuerza naval senegalesa. La mayoría partían de puertos pesqueros, que se habían empobrecido como consecuencia de la crisis del sector de la pesca en Senegal.

Derechos económicos, sociales y culturales

En mayo, el gobierno anunció una auditoría del impacto de las minas de fosfatos en la ciudad de Ndendory, región de Matam, y pidió a las autoridades locales que localizaran a todas las familias afectadas para que pudieran ser indemnizadas.

Derecho a un medioambiente saludable

En junio, las autoridades suspendieron hasta el 30 de junio de 2027 todas las actividades mineras a una distancia inferior a 500 metros de la orilla septentrional del río Falémé. La decisión se tomó debido a la preocupación por la salud y el medioambiente derivada del uso de sustancias químicas en las operaciones de minería, que contribuían a contaminar el agua, destruir la flora y fauna locales y reducir los rendimientos agrícolas a lo largo del río Falémé.