Se modificó el Código Penal con objeto de aumentar las condenas para quienes cometieran abusos sexuales contra menores de edad y actos de violación. La policía usó fuerza excesiva. Hubo protestas de población reclusa en relación con las deficientes condiciones sanitarias, y amenazas de profesionales de la salud con convocar huelgas por los recursos insuficientes. Había comunidades en peligro de sufrir desalojos forzosos. Se registró un rebrote de la violencia en el conflicto de Casamancia.
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