América 2025
Los gobiernos de la región de las Américas intensificaron sus esfuerzos por sofocar la disidencia. Se reprimieron protestas y se criminalizó a manifestantes. También se registraron agresiones contra periodistas, además de aplicarse medidas de censura contra la prensa.
Los defensores y defensoras de los derechos humanos siguieron siendo objeto de hostigamientos, ataques y criminalización, y sus organizaciones se enfrentaron a obstáculos para su funcionamiento, incluidos controles arbitrarios de su financiación.
Las autoridades hicieron un uso ilícito de la fuerza, lo que dio lugar a violaciones de derechos humanos.
Continuaron las detenciones arbitrarias y los juicios injustos, lo que mostraba que el uso del poder punitivo del Estado no estaba sujeto a controles adecuados y a menudo respondía a intereses políticos.
Las personas privadas de libertad soportaban condiciones de detención inhumanas. Se registraron casos de tortura y otros malos tratos, en particular en contextos de represión política.
La desaparición forzada de personas seguía siendo en toda la región un problema que los gobiernos no abordaban de manera preventiva, con lo que seguía impune.
También persistió la impunidad por las violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional, aunque se registraron algunos resultados positivos en casos de larga data.
La falta de garantías por parte de los Estados respecto a los derechos económicos y sociales afectaba especialmente a los grupos que sufrían discriminación. Las personas enfrentaban dificultades para acceder a servicios públicos esenciales como la educación, la salud y el agua potable.
La 30 Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30) tuvo alcances limitados y no reafirmó el compromiso de abandonar de forma gradual los combustibles fósiles. Los Estados no adoptaron medidas suficientes para hacer frente a la crisis climática.
Se registraron casos de violencia de género, incluidos el femicidio/feminicidio y la violencia sexual, en los que prevaleció la impunidad. El acceso al aborto se vio obstaculizado en la legislación y en la práctica, y los servicios de salud reproductiva no estaban debidamente garantizados.
Los Estados también siguieron sin garantizar el derecho de los pueblos indígenas a sus territorios, tierras y recursos y no implementaron procesos auténticos de consulta y consentimiento libre, previo e informado en los asuntos que les afectaban.
Las personas LGBTI continuaron sufriendo violencia y discriminación sin recibir protección por parte de los gobiernos. La población trans estaba en situación de especial vulnerabilidad y en varios países se aprobaron leyes y políticas que menoscababan sus derechos.
Las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo también se vieron expuestas a niveles alarmantes de violencia y discriminación, en un contexto de creciente retórica racista y xenófoba en toda la región. Muchas de ellas encontraban barreras para acceder a sus derechos.
Libertad de expresión, de asociación y de reunión
La región continuó enfrentando el deterioro del espacio cívico como resultado de la violación de los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica.
Durante el año se registraron restricciones indebidas de protestas en Argentina, Canadá, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, México, Paraguay, Puerto Rico y Venezuela. En varias ocasiones, las autoridades hicieron un uso ilícito de la fuerza para dispersar manifestaciones pacíficas o para reprimir a quienes participaban en ellas. Hechos similares ocurridos en años anteriores continuaban impunes. Durante y después de las protestas se llevaban a cabo detenciones arbitrarias e investigaciones penales, utilizando así el poder punitivo del Estado para inhibir la libertad de expresión y de reunión pacífica.
En varios países de la región continuó la tendencia a reformar o crear leyes para limitar indebidamente el derecho a la libertad de asociación. Las legislaciones adoptadas en Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú y Venezuela generaron preocupación por sus efectos negativos en la existencia y funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil, incluidos medios de comunicación. Por ejemplo, la Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (Ley APCI) suponía controles arbitrarios y desproporcionados de las organizaciones.
Se registraron casos de acoso, censura y agresiones contra personal de prensa en Argentina, Brasil, Cuba, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Las agresiones ponían en peligro la vida y la integridad personal de quienes ejercían el periodismo y se documentaron asesinatos de profesionales del gremio al menos en Colombia, Ecuador, Honduras, México y Perú. Al mismo tiempo, continuaron la criminalización y el hostigamiento judicial: en Argentina, el presidente, Javier Milei, denunció al menos a ocho periodistas por calumnias e injurias, y, en Guatemala, un juez ordenó el regreso del periodista Jose Rubén Zamora a la cárcel pese a que los procesos en su contra estaban plagados de irregularidades.
Se agravaron la vigilancia digital ilícita y otras formas de injerencia en las comunicaciones y en la vida privada. En Argentina, el Ministerio de Seguridad Nacional facultó a la policía federal para vigilar a las personas en redes sociales sin orden judicial. En México se aprobó una reforma legal que disponía la creación de un documento de identidad con datos biométricos, lo que suponía un riesgo para la privacidad.
Los Estados deben derogar las leyes y prácticas que obstaculizan el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, y permitir la participación de la sociedad civil en los asuntos públicos.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
Quienes defendían los derechos humanos se enfrentaban a contextos de violencia y criminalización. Se registraron hostigamientos, ataques y asesinatos contra personas defensoras en casi todos los países de la región.
Los defensores y defensoras del medioambiente y el territorio corrían un especial riesgo de sufrir criminalización y violencia. En Bolivia, se imputó a 12 personas que protegían la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía; en Canadá, tres personas indígenas fueron condenadas a servicio comunitario por defender el territorio wet’suwet’en; en Chile, desapareció la defensora María Ignacia González, y, en Perú, fueron asesinados los defensores ambientales Hipólito Quispe Huamán Conde e Isai Shuk Shawit. En Colombia se preveía que 2025 superara a los dos años anteriores en cuanto a violencia contra quienes defendían los derechos humanos.
En algunos países hubo intentos continuados de menoscabar la capacidad de las organizaciones de defensa de los derechos humanos para funcionar adecuadamente. Por ejemplo, en El Salvador se aprobó la Ley de Agentes Extranjeros, que establecía un impuesto del 30% sobre la financiación internacional que recibían las organizaciones y otorgaba al ejecutivo facultades para imponer multas o cancelar personerías jurídicas. En Nicaragua, el Ministerio de Gobernación emitió en marzo una normativa que, en la práctica, facilitaba la cancelación arbitraria de personerías jurídicas y aumentaba el riesgo de que las organizaciones tuvieran que cesar su actividad.
Se hostigaba a las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos. Por ejemplo, en República Dominicana, quienes trabajaban sobre cuestiones relacionadas con la justicia racial, el género y la migración denunciaron actos de hostigamiento digital y de revelación de datos personales, y, en Paraguay, una comisión parlamentaria demandó judicialmente a cinco organizaciones para poder acceder a información sensible sobre sus actividades y el uso de los fondos recibidos.
Los Estados deben garantizar que los defensores y defensoras de los derechos humanos pueden llevar a cabo su labor sin obstáculos y sin temor a represalias.
Uso ilícito de la fuerza
En la región de las Américas, las autoridades hicieron un uso excesivo e innecesario de la fuerza, lo que dio lugar a violaciones de derechos humanos en operativos que afectaron especialmente a manifestantes y a personas que sufrían discriminaciones múltiples.
En Brasil, una operación policial en Río de Janeiro en contravención de las normas internacionales aplicables a la policía movilizó a miles de agentes civiles y militares y causó la muerte de más de 120 personas.
En Estados Unidos, la policía disparó y mató a 1.143 personas en 2025; la población negra se veía afectada de manera desproporcionada por el uso de la fuerza letal. En junio, los organismos locales encargados de hacer cumplir la ley utilizaron de forma ilícita armas de letalidad reducida para reprimir protestas pacíficas cerca de un edificio federal de la ciudad de Los Ángeles donde se encontraban detenidas personas migrantes, e hirió a seis personas. Durante operativos de control de tráfico de drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico, Estados Unidos mató por lo menos a 123 personas, en lo que parecieron ser ejecuciones extrajudiciales.
En Honduras, las organizaciones de la sociedad civil denunciaron violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad durante el estado de excepción, especialmente detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, y tortura y otros malos tratos.
En Perú, la policía hizo un uso innecesario y desproporcionado de la fuerza durante unas protestas, causando la muerte del manifestante Eduardo Mauricio Ruiz Sanz por impacto de bala y heridas a decenas de personas.
Los Estados deben garantizar que el uso de la fuerza se ajusta al derecho y las normas internacionales de derechos humanos, en particular en lo que respecta al principio de no discriminación.
Detenciones arbitrarias y juicios injustos
La detención arbitraria con fines políticos se practicaba en varios países de la región y afectaba principalmente a personas consideradas contrarias al gobierno y que, en general, eran sometidas a juicio sin las debidas garantías.
En Cuba, la detención arbitraria se usaba para reprimir a quienes eran consideradas disidentes. En enero fueron excarceladas al menos 211 personas presas por razones políticas, pero las autoridades les impusieron restricciones arbitrarias de sus derechos; además, a algunas de ellas se les revocó la libertad condicional como represalia por mantener el activismo político y la defensa de los derechos humanos.
En El Salvador continuaron las detenciones arbitrarias y, al finalizar el año, más de 90.000 personas permanecían privadas de libertad sin pruebas suficientes. La Asamblea Legislativa amplió de forma desproporcionada los plazos de detención provisional y abrió la posibilidad de que se celebraran juicios masivos sin atribución individualizada de responsabilidades penales.
En Nicaragua continuaron las detenciones arbitrarias por motivos políticos y las organizaciones locales documentaron al menos 60 casos durante el año.
En Venezuela se registraron nuevas detenciones arbitrarias por motivos políticos y, al finalizar el año, al menos 806 personas permanecían detenidas por esa razón, según las organizaciones sociales; a quienes habían sido acusadas se les impusieron defensas públicas que no actuaban en su favor, se les negaba el acceso a los cargos y se utilizaron tribunales carentes de independencia para juzgarlas.
En Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Paraguay y Venezuela se intensificó la tendencia de socavar la independencia judicial.
Las autoridades deben dejar de utilizar el poder judicial para atacar las voces disidentes, y adoptar todas las medidas necesarias para evitar las detenciones arbitrarias y garantizar el derecho a un juicio justo.
Derechos de las personas detenidas
Las personas privadas de libertad soportaban condiciones de detención inhumanas y el hacinamiento era un problema estructural y recurrente.
En Bolivia, la Defensoría del Pueblo advirtió acerca del extremo hacinamiento carcelario extremo en el país, con más de 33.000 personas presas en un sistema que tenía capacidad para apenas 16.000. En Ecuador y El Salvador, las personas privadas de libertad continuaban sufriendo hacinamiento y falta de atención médica y alimentación adecuada, así como muertes violentas. En Haití, el sistema de internamiento juvenil presentaba hacinamiento y había personas adultas albergadas junto con niños y niñas en al menos un centro de detención. En Uruguay persistía el deterioro e insalubridad de las condiciones de detención, incluido el hacinamiento.
Las personas privadas de libertad y quienes defendían sus derechos denunciaron actos de tortura en varios países de la región, entre ellos Chile, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela.
En El Salvador, la tortura y otros malos tratos continuaron en las prisiones en forma de palizas, humillación sexual, privación del sueño y castigo colectivo, entre otras prácticas. Además, las muertes bajo custodia estatal desde el inicio del estado de excepción ascendían a 470.
En Cuba, Nicaragua y Venezuela, las personas percibidas como opositoras del gobierno estaban especialmente expuestas a sufrir tortura y otros malos tratos. Nicaragua derogó el artículo 36 de su Constitución, que prohibía expresamente la tortura.
Los Estados deben garantizar a las personas privadas de libertad el respeto de sus derechos y su dignidad.
Desapariciones forzadas
Las desapariciones forzadas seguían siendo un problema regional y permanecían en la impunidad. Estaban claramente vinculadas a la represión del disenso en algunos países, mientras que en otros eran resultado de la implementación de políticas de seguridad.
En Cuba, la desaparición forzada era una estrategia represiva utilizada contra defensores y defensoras, activistas, artistas y periodistas. En Nicaragua, varias personas privadas de libertad por motivos políticos estuvieron en situación de desaparición forzada por ocultamiento de paradero y negación de visitas. En Venezuela continuó la práctica de la desaparición forzada, que solía comenzar con una detención arbitraria llevada a cabo por agentes del Estado, seguida de falta de información, la negativa a reconocer la detención y, especialmente, el ocultamiento deliberado de la suerte y el paradero de la persona detenida.
En Ecuador, la Fiscalía General del Estado abrió investigaciones sobre la posible desaparición forzada de 43 personas tras unas operaciones de seguridad llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas en 2024. En El Salvador, un grupo de personas migrantes y solicitantes de asilo expulsadas ilegalmente de Estados Unidos y trasladadas al Centro de Confinamiento del Terrorismo en marzo estuvieron sometidas a desaparición forzada.
En Colombia, el Comité Internacional de la Cruz Roja documentó entre enero y mayo 136 casos nuevos de personas desaparecidas en relación con los conflictos armados, entre ellas 26 niños, niñas o adolescentes.
Ante la crisis de personas desaparecidas en México, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada activó por primera vez el procedimiento del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas con el propósito de analizar si las desapariciones en el país se practicaban de forma sistemática o generalizada.
Los Estados deben abandonar por completo la práctica de la desaparición forzada y adoptar todas las medidas necesarias para prevenir las desapariciones cometidas por agentes no estatales.
Derecho a verdad, justicia y reparación
Se dictaron sentencias en casos de violaciones graves de derechos humanos. En Chile, tres integrantes de Carabineros (fuerza policial) fueron condenados por el ataque sufrido por Moisés Órdenes mientras se manifestaba pacíficamente en 2019. En Colombia, la Jurisdicción Especial para la Paz emitió sus primeras sentencias por crímenes de guerra y de lesa humanidad. En México, un tribunal civil sentenció a cuatro militares por la ejecución extrajudicial de cinco jóvenes perpetrada en 2023. En Uruguay se dictaron 15 condenas contra miembros de las fuerzas armadas y la policía por hechos constitutivos de crímenes contra la humanidad cometidos durante el régimen cívico-militar de las décadas de 1970 y 1980.
En Argentina se autorizó el juicio en ausencia de diez personas acusadas del atentado perpetrado en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina. En Guatemala, un sospechoso que llevaba años prófugo fue detenido y enviado a juicio por su posible participación en el asesinato del arzobispo Juan José Gerardi en 1998. En Honduras, un juzgado decidió que tres hombres acusados del asesinato del ambientalista Juan López en 2024 fueran sometidos a juicio.
También se presentaron retrocesos y contratiempos en otros casos. En Bolivia se declararon nulos los procesos incoados contra policías y militares en el contexto de varias masacres ocurridas en 2019. En Chile, el Ministerio Público decidió no proseguir con 1.509 causas vinculadas a violaciones de derechos humanos cometidas durante el estallido social de 2019. En Colombia continuaron las disputas jurisdiccionales entre la justicia penal militar y la justicia penal ordinaria en investigaciones relacionadas con posibles violaciones de derechos humanos o crímenes de derecho internacional cometidos por agentes de las fuerzas militares o policiales. En Guatemala, una resolución judicial emitida en contravención de las normas internacionales de derechos humanos concedía el arresto domiciliario a un militar condenado en el caso Molina Theissen. En Perú entró en vigor una ley que otorgaba la amnistía a todos los miembros de las fuerzas armadas, la policía nacional y los comités de autodefensa investigados, procesados, enjuiciados y sentenciados en relación con hechos constitutivos de violaciones graves de derechos humanos, incluso crímenes de lesa humanidad, cometidos entre 1980 y 2000.
La investigación Venezuela I ante la Corte Penal Internacional apenas avanzó y, en diciembre, su Fiscalía decidió cerrar sus oficinas en Caracas.
Los Estados deben garantizar verdad, justicia y reparación por las violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional, y llevar a las personas sospechosas de tener responsabilidad penal ante los tribunales, garantizándoles juicios justos.
Derechos económicos y sociales
Los Estados de la región no garantizaban los derechos económicos y sociales, y los grupos que sufrían discriminación se veían especialmente afectados.
El derecho a la salud no estaba garantizado para todas las personas. El recorte repentino a principios de año de la ayuda exterior de Estados Unidos repercutió negativamente en el acceso a los servicios de salud en Haití y Guatemala. Las autoridades cubanas reconocieron en julio que el país contaba sólo con el 30% de los medicamentos esenciales. En Paraguay continuó la crisis del sistema de salud debido a la falta de inversión pública, que no alcanzaba el 6% mínimo del producto interno bruto recomendado por la OMS. En Uruguay, el acceso a los servicios de salud mental era insuficiente y la tasa de suicidio resultaba preocupante.
El derecho a la educación resultó afectado por los recortes presupuestarios y la violencia. En El Salvador se registró una disminución de 25.000 inscripciones de estudiantes en los centros educativos públicos durante los primeros meses del año. En Haití, la violencia dificultó el acceso a la educación
En Argentina, la pensión mínima no cubría las necesidades básicas y había más de tres millones de personas mayores en situación de pobreza.
Los obstáculos para acceder a servicios públicos esenciales persistieron en 2025. En Cuba, el suministro del servicio eléctrico estuvo en crisis constante durante el año, con apagones masivos frecuentes que afectaban a millones de personas. En Guatemala, el acceso al agua potable y a un servicio de saneamiento digno era profundamente desigual. En Haití continuó la crisis humanitaria, que afectaba el acceso a la alimentación, a la atención médica y al agua potable, entre otros derechos. En Venezuela siguieron registrándose fallas en el suministro de agua y electricidad, así como protestas relacionadas con los servicios básicos.
Los Estados deben garantizar que las personas tienen acceso a los derechos económicos y sociales sin discriminación y en igualdad de condiciones.
Derecho a un medioambiente saludable
La COP30, celebrada en noviembre en Brasil, tuvo alcances limitados y no reafirmó el compromiso de realizar una transición para abandonar los combustibles fósiles. De igual forma, tampoco se alcanzó un compromiso firme para que los países de ingresos altos aumentaran la financiación basada en subvenciones que los países de ingresos bajos necesitaban de cara a la adaptación.
Incluso antes de la COP30, los Estados de la región no habían adoptado medidas suficientes para hacer frente a la crisis climática, cuyos efectos en los derechos humanos continuaron registrándose durante el año. Las autoridades de algunos países, como Argentina y Estados Unidos, sostuvieron sus posturas negacionistas respecto a la crisis climática.
Argentina mantuvo unos objetivos y políticas insuficientes en materia climática. Canadá brindó subsidios, financiación y exenciones fiscales para proyectos petroquímicos y de combustibles fósiles. Ecuador continuó permitiendo la quema de gas en mecheros instalados en la Amazonía, pese a que una sentencia de 2021 había ordenado eliminarlos. En Estados Unidos, un decreto del ejecutivo declaraba el “dominio energético” como emergencia nacional y pretendía reactivar la industria minera del carbón, pese a sus efectos ambientales. Honduras presentaba rezago en la formulación y adopción de medidas de adaptación al cambio climático.
En Bolivia, el cambio climático agravó la deforestación, los incendios y las alteraciones de los regímenes de lluvias, lo que intensificó la escasez de agua afectando los derechos al agua y a la seguridad alimentaria. En Brasil, los déficits hídricos y de lluvias, los deslizamientos de tierra, las tormentas e inundaciones, las olas de calor y las sequías afectaron de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables, con consecuencias particularmente intensas para las comunidades negras, indígenas y de ingresos bajos. Paraguay enfrentaba crecientes riesgos debido al cambio climático, como sequías, inundaciones y aumento de temperaturas.
Las autoridades deben abordar, prevenir y mitigar los efectos de la crisis climática sobre los derechos humanos adoptando medidas a nivel local y regional.
Derechos sexuales y reproductivos
En Chile se aprobó un nuevo reglamento sobre el aborto que pretendía garantizar una atención oportuna. En México, cuatro estados adoptaron legislación que despenalizaba el aborto.
A pesar de estos avances concretos, persistían los obstáculos al acceso al aborto en la legislación y en la práctica al menos en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.
En Estados Unidos, el gobierno federal revocó políticas que contribuían a ampliar y proteger el acceso a la atención reproductiva y redujo la financiación a centros y programas especializados. En Puerto Rico se aprobó una ley que exigía el consentimiento por escrito de uno de los progenitores o una persona con custodia legal para que una niña menor de 16 años pudiera acceder al aborto. En República Dominicana se aprobó un nuevo Código Penal que establecía la prohibición total del aborto. El aborto continuó penalizado en todas las circunstancias en El Salvador, Haití, Honduras y Nicaragua.
Continuaron registrándose embarazos de niñas y adolescentes sin que las autoridades adoptaran medidas al respecto. En Argentina se desmanteló un plan oficial que había logrado disminuir la tasa de fecundidad adolescente un 49% en los cuatro años anteriores. En Perú, 992 niñas fueron forzadas a llevar a término su embarazo.
Las autoridades deben garantizar el acceso al aborto seguro, así como a otros derechos sexuales y reproductivos.
Derechos de las mujeres y de las niñas
Las mujeres y las niñas siguieron enfrentándose a niveles alarmantes de violencia, incluido el femicidio/feminicidio, con casos registrados en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Uruguay. En varios Estados de la región, las estadísticas sobre este tipo de delito no eran ni adecuadas ni confiables.
En Cuba, el feminicidio siguió sin ser considerado delito autónomo. En Puerto Rico, el Tribunal de Apelaciones declaró inconstitucional un artículo del Código Penal sobre este tipo de delito alegando que vulneraba el debido proceso y la presunción de inocencia.
Se registraron casos de otras formas de violencia contra las niñas y las mujeres, incluida violencia sexual, en Argentina, Bolivia, Chile, Cuba, Estados Unidos, México, Perú, República Dominicana y Uruguay, entre otros países. En República Dominicana, el nuevo Código Penal contenía una tipificación regresiva del delito de violencia sexual de pareja que no cumplía con los estándares internacionales.
Durante el año hubo algunos avances, como la entrada en vigor en Bolivia de la Ley 1639, que prohibía el matrimonio precoz e infantil de personas menores de 18 años, o la sanción en enero de una ley en Colombia que establecía la posibilidad de divorcio con la voluntad de un solo cónyuge.
Los Estados deben adoptar medidas eficaces para poner fin a la violencia de género y garantizar que las mujeres y las niñas disfrutan de sus derechos sin discriminación.
Derechos de los pueblos indígenas
Los pueblos indígenas siguieron sufriendo discriminación y violencia, así como los efectos de la crisis climática, y los Estados no respetaban sus derechos. En Bolivia, Canadá y Ecuador, entre otros países, continuó la expansión de proyectos extractivos en territorios de los pueblos indígenas sin consultarlos mediante procedimientos que cumpliesen las normas internacionales sobre consentimiento libre, previo e informado.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Ecuador por violar el derecho a la propiedad colectiva de pueblos indígenas de la Amazonía, al autorizar proyectos de explotación minera en su territorio.
En Canadá, varios proyectos de ley amenazaban el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, entre otros, al acelerar la aprobación de grandes proyectos de infraestructura.
En Brasil, líderes, lideresas y miembros de las comunidades indígenas fueron asesinados en contextos de recuperación del territorio y conflicto por la tierra. El pueblo indígena Avá Guaraní Paranaense seguía aguardando la restitución —tanto en Brasil como en Paraguay— de su territorio ancestral, del que había sido desplazado por la construcción de la central hidroeléctrica Itaipú Binacional.
En Colombia, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes continuaron sufriendo de manera desproporcionada desplazamientos forzados múltiples y masivos, así como confinamientos o restricciones a la movilidad humana.
En Venezuela, pueblos indígenas de la etnia yekuana denunciaron la situación de conflicto que tenía lugar en
sus territorios, en el estado Amazonas, debido a la actividad extractivista ilegal.
Los Estados deben respetar y proteger la tenencia, propiedad y control de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
Las personas LGBTI fueron víctimas de delitos en toda la región y los discursos que las estigmatizaban —en particular, a la población trans— se agravaron. Según las organizaciones locales, al finalizar el año habían sido asesinadas al menos 29 personas LGBTI en Guatemala y 35 en Honduras, mientras que en México se habían registrado al menos 17 transfeminicidios; en la mayoría de los países los gobiernos no elaboraban estadísticas confiables sobre la incidencia de estos delitos. En Canadá, Estados Unidos, Paraguay, Perú y Puerto Rico se implementaron leyes o políticas restrictivas con los derechos de las personas trans.
La violencia y la discriminación afectaban aún más a personas que sufrían discriminación múltiple, como en Brasil, donde se registraron casos de violencia racista contra las personas LGBTI negras; en Estados Unidos, donde se aprobaron leyes que restringían los servicios de salud dirigidos a personas trans jóvenes, y en Paraguay, donde las autoridades negaron a dos personas trans migrantes la expedición de documentos acordes con su identidad de género.
Las autoridades no tomaron medidas suficientes para atender estas formas de violencia. En algunos Estados, los mecanismos para atender a las víctimas se debilitaron o se eliminaron. Por ejemplo, el gobierno federal de Estados Unidos cerró una línea telefónica nacional de prevención del suicidio dirigida a jóvenes LGBTI.
Los Estados deben reconocer los derechos de las personas LGBTI y, en particular los de las personas trans, y adoptar medidas para protegerlas de todas las formas de discriminación y violencia.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo sufrieron niveles alarmantes de violencia y discriminación en la región. El panorama de movilidad humana se complejizó por las políticas y la retórica de diversos países, en particular Estados Unidos, lo que afectó a los movimientos migratorios en el continente. Las autoridades de Colombia, Costa Rica y Panamá señalaron que el tránsito irregular de personas hacia el norte se había reducido significativamente y sin embargo había aumentado en dirección sur.
Las autoridades de varios países difundieron discursos estigmatizantes, hostiles y discriminatorios. En Chile y Estados Unidos, las narrativas racistas y xenófobas se intensificaron en el contexto de procesos electorales.
También en Estados Unidos se impulsó una agenda racista y antiinmigrante: agentes con el rostro oculto detenían a personas con independencia de su situación migratoria y vehículos blindados patrullaban las calles centrándose en zonas cercanas a escuelas, centros religiosos, hospitales y otras áreas anteriormente protegidas de acciones de control migratorio.
En República Dominicana persistieron el uso de perfiles raciales, las detenciones arbitrarias, el uso excesivo de la fuerza y los tratos crueles e inhumanos durante las operaciones de control migratorio y en los centros de detención de migrantes, así como las expulsiones colectivas contrarias al derecho internacional. Además, se aplicó un protocolo de atención en hospitales que concluía con la expulsión y deportación de quienes no tuvieran la documentación requerida, lo que afectaba principalmente a personas haitianas o de ascendencia haitiana.
Los Estados no garantizaban a las personas migrantes y refugiadas el disfrute adecuado y sin discriminación de sus derechos y, en muchas ocasiones, buscaban restringirlos aún más. En Canadá, el Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales continuaba vinculando obligatoriamente a las personas migrantes a su entidad empleadora, pese a los abusos generalizados y el riesgo de explotación laboral y de discriminación que eso implicaba, y se impusieron restricciones que precarizaban más su situación. En Chile, el Congreso continuó el debate de varios proyectos de ley que planteaban la criminalización de las personas refugiadas y migrantes. Colombia y México seguían careciendo de un sistema de asilo eficiente.
Los Estados deben combatir el racismo y la xenofobia, así como proteger a las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes y garantizar todos sus derechos.