Los gobiernos de la región de las Américas intensificaron sus esfuerzos por sofocar la disidencia. Se reprimieron protestas y se criminalizó a manifestantes. También se registraron agresiones contra periodistas, además de aplicarse medidas de censura contra la prensa.
Los defensores y defensoras de los derechos humanos siguieron siendo objeto de hostigamientos, ataques y criminalización, y sus organizaciones se enfrentaron a obstáculos para su funcionamiento, incluidos controles arbitrarios de su financiación.
Las autoridades hicieron un uso ilícito de la fuerza, lo que dio lugar a violaciones de derechos humanos.
Continuaron las detenciones arbitrarias y los juicios injustos, lo que mostraba que el uso del poder punitivo del Estado no estaba sujeto a controles adecuados y a menudo respondía a intereses políticos.
Las personas privadas de libertad soportaban condiciones de detención inhumanas. Se registraron casos de tortura y otros malos tratos, en particular en contextos de represión política.
La desaparición forzada de personas seguía siendo en toda la región un problema que los gobiernos no abordaban de manera preventiva, con lo que seguía impune.
También persistió la impunidad por las violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional, aunque se registraron algunos resultados positivos en casos de larga data.
La falta de garantías por parte de los Estados respecto a los derechos económicos y sociales afectaba especialmente a los grupos que sufrían discriminación. Las personas enfrentaban dificultades para acceder a servicios públicos esenciales como la educación, la salud y el agua potable.
La 30 Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30) tuvo alcances limitados y no reafirmó el compromiso de abandonar de forma gradual los combustibles fósiles. Los Estados no adoptaron medidas suficientes para hacer frente a la crisis climática.
Se registraron casos de violencia de género, incluidos el femicidio/feminicidio y la violencia sexual, en los que prevaleció la impunidad. El acceso al aborto se vio obstaculizado en la legislación y en la práctica, y los servicios de salud reproductiva no estaban debidamente garantizados.
Los Estados también siguieron sin garantizar el derecho de los pueblos indígenas a sus territorios, tierras y recursos y no implementaron procesos auténticos de consulta y consentimiento libre, previo e informado en los asuntos que les afectaban.
Las personas LGBTI continuaron sufriendo violencia y discriminación sin recibir protección por parte de los gobiernos. La población trans estaba en situación de especial vulnerabilidad y en varios países se aprobaron leyes y políticas que menoscababan sus derechos.
Las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo también se vieron expuestas a niveles alarmantes de violencia y discriminación, en un contexto de creciente retórica racista y xenófoba en toda la región. Muchas de ellas encontraban barreras para acceder a sus derechos.
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