Resumen

Tres años después de la aparición de la COVID-19, la región de las Américas seguía sufriendo las consecuencias devastadoras de la pandemia. Las autoridades no garantizaban el acceso de millones de personas a los derechos básicos a la alimentación, el agua y la salud, y los sistemas de atención de la salud seguían adoleciendo de una grave falta de fondos. En un contexto de recesión económica, en muchos países las autoridades intensificaron el uso de tácticas represivas para acallar la disidencia y numerosas formas de protesta. Varios gobiernos declararon estados de excepción que dieron lugar a una serie de violaciones graves de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, juicios injustos y homicidios ilegítimos. En otros casos, la represión se ejecutó usando fuerza excesiva contra quienes ejercían su derecho a protestar, sometiendo a vigilancia ilegítima y seguimiento a activistas, y atacando a periodistas. Los pueblos indígenas, la población negra y otras personas que sufrían discriminación racial seguían siendo objeto de manera desproporcionada de violaciones de derechos humanos, como abusos policiales y tortura y otros malos tratos infligidos en los centros de detención de personas migrantes. Se produjeron importantes retrocesos en relación con los derechos sexuales y reproductivos y, en varios países, las autoridades aprobaron medidas que menoscababan el acceso al aborto y prohibían la educación sexual integral. La violencia contra las mujeres y las niñas continuaba siendo generalizada, y las personas LGBTI seguían corriendo peligro; en algunos países se registró un nivel sin precedentes de asesinatos de personas transgénero. En varios países, las autoridades tomaron medidas para llevar ante la justicia a algunas de las personas responsables de crímenes cometidos en el pasado, pero, en general, la impunidad por violaciones graves de derechos humanos continuaba arraigada. Los gobiernos no cumplieron sus compromisos relativos al cambio climático. Ante los niveles históricos de personas en busca de refugio o de una vida mejor fuera de su país, las autoridades aplicaron políticas regresivas que menoscababan los derechos de las personas refugiadas y migrantes y contravenían el derecho internacional.