En la región de las Américas se seguía estigmatizando, hostigando y agrediendo a los defensores y defensoras de los derechos humanos con prácticas como la detención arbitraria, las campañas de difamación, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, la vigilancia ilegal, el homicidio, las amenazas, la tortura y los juicios sin las debidas garantías.
La libertad de expresión corría peligro por los ataques y el hostigamiento practicados contra la prensa, incluido el homicidio de periodistas y la vigilancia ilícita de la población. Las normas restrictivas y la represión llevada a cabo por las fuerzas de seguridad obstaculizaban el ejercicio del derecho a la protesta.
Los Estados no investigaban las violaciones graves de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional, como las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, ni ofrecían reparación a quienes los sufrían. Se registraron algunos avances de carácter limitado en materia de rendición de cuentas por la represión política y los crímenes cometidos en el pasado. El sistema interamericano de derechos humanos siguió desempeñando un papel fundamental en la labor llevada a cabo en la región para obtener verdad, justicia y reparación.
Los juicios sin las debidas garantías y las detenciones arbitrarias y masivas se seguían dando cotidianamente como forma de represión o como parte de las estrategias de seguridad pública. En algunos países se celebraban juicios injustos ante tribunales y otros órganos jurisdiccionales carentes de independencia.
El racismo contra las personas negras y la discriminación contra los pueblos indígenas seguían estando muy extendidos en la región. Se registraron casos de discriminación contra personas LGBTI en toda la región. La violencia afectó gravemente a las personas transgénero.
Los Estados no adoptaron las medidas necesarias para reducir al mínimo las repercusiones que la crisis climática tenía en los derechos humanos. Los incendios forestales, la subida del nivel mar, la erosión del litoral y las inundaciones afectaron a comunidades de varios países.
Tampoco cumplieron los Estados con su deber de garantizar los derechos económicos y sociales, lo que afectaba especialmente a los grupos que sufrían discriminación. La pobreza y la desigualdad estaban muy extendidas en la región. Los servicios de salud eran inadecuados y carecían de fondos suficientes, y la inseguridad alimentaria afectaba a millones de personas.
La violencia de género, incluidos el femicidio/feminicidio y la violencia sexual, persistía y quedaba impune en toda la región. Se obstaculizaba el acceso al aborto, en la legislación y en la práctica, principalmente a quienes sufrían formas múltiples de discriminación. Varios países implantaron políticas, por ley o práctica, que reducían el acceso a los servicios de salud reproductiva.
Los pueblos indígenas siguieron sufriendo violencia, discriminación y marginación, y varios Estados les negaban su derecho al consentimiento libre, previo e informado. Los abusos contra los derechos humanos cometidos por actores estatales y no estatales estaban a menudo vinculados con la tenencia de tierras, con cuestiones relativas a la concesión de títulos de propiedad y con las industrias extractivas.
Miles de personas seguían abandonando sus países y circulaban por toda la región solicitando protección internacional, debido a la persecución, las violaciones de derechos humanos, la inseguridad, y los efectos negativos del cambio climático. Muchas personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo sufrían violencia, xenofobia y racismo, y se enfrentaban a obstáculos burocráticos y jurídicos para ejercer sus derechos.
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