Colombia 2024
Pese a las conversaciones de paz y los ceses al fuego, la población civil seguía viéndose afectada por las violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario causadas por el conflicto armado, que los pueblos indígenas y las comunidades campesinas y afrodescendientes sufrían de forma desproporcionada. Continuaban las desapariciones forzadas, y las búsquedas seguían siendo dificultosas. La violencia contra los defensores y defensoras de los derechos humanos era generalizada, pese a las medidas adoptadas por el gobierno para mejorar su protección. Seguía pendiente la reforma policial integral. La violencia contra periodistas, mujeres, niñas y personas LGBTI continuaba. Hubo controversia acerca del presunto uso de software espía por parte de las fuerzas de seguridad. Se produjeron algunos avances en materia de reparación y justicia con respecto a la violencia infligida por las fuerzas armadas, pero continuó la impunidad. Los derechos de las personas refugiadas venezolanas suscitaban preocupación, aunque hubo algunos avances. Se consideró que el Acuerdo de Escazú era constitucional. Se aprobó el proyecto de ley sobre la reforma de las pensiones.
Información general
Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en Colombia persistían ocho conflictos armados no internacionales. Varios grupos armados ampliaron su presencia en diferentes partes del país y los enfrentamientos se intensificaron. La política gubernamental de “Paz Total” siguió estando vigente y facilitó el mantenimiento de negociaciones entre el ejecutivo y varios grupos armados.
Las negociaciones entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se estancaron en septiembre, cuando el grupo efectuó un ataque contra una base militar en el departamento de Arauca tras haber expirado un cese al fuego en agosto. Posteriormente, en noviembre, las partes se reunieron para tratar la reanudación del diálogo. En septiembre se anunció un acuerdo formal en las negociaciones entre el gobierno y Comuneros del Sur, un grupo armado escindido del ELN. Por otra parte, en marzo se suspendió en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño un cese al fuego entre el gobierno y el Estado Mayor Central (EMC), y se rompieron las negociaciones. Algunas facciones de este grupo armado, bajo el nombre de Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), mantuvieron abiertas las conversaciones con el gobierno y acordaron un cese al fuego en octubre. La Segunda Marquetalia también se dividió y la facción denominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano expresó públicamente en noviembre su deseo de continuar negociando con el gobierno.
Durante el año, el gobierno anunció el inicio de las negociaciones con grupos armados tales como el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Continuaron las conversaciones con otros grupos armados urbanos en las ciudades de Medellín, Quibdó y Buenaventura.
En marzo, la experta internacional de la ONU en derechos humanos pidió que se implementara el Acuerdo de Paz de 2016 y que todas las negociaciones y diálogos con los grupos armados se centraran en los derechos humanos.
Violaciones del derecho internacional humanitario
Durante todo el año se documentaron violaciones del derecho internacional humanitario que afectaron especialmente a los departamentos de Arauca, Caquetá, Cauca, Chocó, Magdalena Medio, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca.
La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) documentó 121 desplazamientos forzados múltiples y masivos hasta diciembre, que afectaban al menos a 49.002 personas. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) informó de que 176.500 personas habían sufrido desplazamiento forzado hasta noviembre.
CODHES denunció también 90 casos de confinamiento forzado ocurridos hasta diciembre, que habían afectado al menos a 195.447 personas. LA OCHA afirmó que los grupos armados utilizaban las tácticas de confinamiento forzado como mecanismo de control territorial y social, lo que perjudicaba el acceso de las comunidades afectadas a derechos y servicios.
La Defensoría del Pueblo denunció 282 casos de reclutamiento infantil por parte de grupos armados hasta principios de noviembre. Por otra parte, el Área de Responsabilidad de Acción Contra Minas calculaba que cerca de 607.910 personas podrían estar en riesgo debido a la presencia de minas terrestres o artefactos explosivos sin detonar, o sometidas a confinamiento por la misma causa.
Hasta el 22 de diciembre, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz había denunciado el homicidio de 31 excombatientes que habían firmado el Acuerdo de Paz de 2016.
Desapariciones forzadas
El CICR había documentado 1.730 casos nuevos de desaparición forzada entre diciembre de 2016 y julio de 2024, y alertó de que, aunque Colombia disponía de instituciones sólidas para abordar la cuestión, las búsquedas seguían siendo dificultosas.
Desde su creación en 2017, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas había encontrado vivas e identificado a 23 personas hasta junio y recuperado —junto con otras instituciones— 1.626 cadáveres, 375 de ellos entre enero y junio de 2024.
En mayo se puso en marcha el Sistema Nacional de Búsqueda, cuyo objetivo era coordinar las distintas instituciones a cargo de la búsqueda de personas desaparecidas, incluidas las víctimas de desaparición forzada.
En junio, el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley en el que se reconocía la labor de las mujeres que buscaban a personas víctimas de desaparición forzada y se establecía un conjunto de medidas para garantizarles la seguridad, una vida sin violencia, la educación, la salud, la vivienda y la justicia, entre otros derechos. Al concluir el año, este colectivo de mujeres seguía exigiendo sus derechos y pidiendo que la nueva ley se aplicara plenamente.1
Defensores y defensoras de los derechos humanos
En junio, el Ministerio del Interior publicó una convocatoria de solicitudes para el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en Territorios, que se había reestructurado. Esta iniciativa de protección colectiva tenía por objeto aumentar la capacidad de las comunidades y organizaciones, centrándose especialmente en la salvaguardia de los defensores y defensoras de los derechos humanos.
En julio, el gobierno y las organizaciones de derechos humanos reactivaron la Mesa Nacional de Garantías, concebida para facilitar el diálogo entre las instituciones del Estado y la sociedad civil en relación con la protección y promoción de la defensa de los derechos humanos. En noviembre, las organizaciones de derechos humanos anunciaron que la Mesa no había vuelto a reunirse debido a aplazamientos de algunas autoridades de alto nivel que debían participar.
Pese a estos avances, la violencia contra defensores y defensoras de los derechos humanos seguía siendo generalizada. En departamentos y regiones tales como Antioquia, Arauca, Cauca, Magdalena Medio, Norte de Santander y Valle del Cauca, la situación era especialmente preocupante.2
El Programa Somos Defensores registró 355 agresiones contra 318 personas defensoras de los derechos humanos entre enero y junio, incluidos asesinatos, amenazas, detenciones arbitrarias, actos de tortura, desapariciones forzadas, secuestros y desplazamientos forzados, lo que suponía una reducción del 24% con respecto al mismo periodo de 2023. Por otro lado, entre julio y septiembre, el Programa registró 205 agresiones contra 190 personas defensoras de los derechos humanos, lo que representaba un incremento del 23% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Entre enero y noviembre, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó de 186 denuncias de asesinato de defensores y defensoras de los derechos humanos en Colombia. Un total de 80 casos habían sido verificados, 11 seguían en proceso de verificación y 95 eran inconcluyentes.
En marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró a Colombia responsable de una campaña de persecución contra la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. El tribunal resolvió que, desde 1990 y al menos hasta 2005, distintas instituciones colombianas habían llevado a cabo actividades de inteligencia arbitrarias contra ese colectivo y sus miembros, con lo que habían vulnerado, entre otros, su derecho a defender los derechos humanos.
Discriminación
Según la OCHA, en marzo, el 23% de los 8,3 millones de personas con necesidades humanitarias derivadas de los efectos negativos combinados de la acción de los actores armados, la pérdida de territorios ancestrales y el cambio climático eran indígenas y afrodescendientes.
Los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes seguían sufriendo violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario de forma desproporcionada. En diciembre, CODHES informó de que al menos 2.446 víctimas de desplazamiento forzado múltiple y masivo eran personas afrodescendientes que vivían en territorios colectivos bajo la autoridad de consejos comunitarios. Al menos 8.336 personas indígenas que vivían en reservas también eran víctimas. El 5 de noviembre, la Defensoría del Pueblo denunció que el 50% de los niños, niñas y adolescentes reclutados por los grupos armados procedían de comunidades indígenas.
La violencia contra los defensores y defensoras de los derechos humanos se concentraba principalmente en las comunidades rurales y afectaba de forma desproporcionada a personas campesinas, indígenas y afrodescendientes. El Programa Somos Defensores reportó que, de las 355 agresiones contra personas defensoras documentadas hasta junio, 111 tenían como objetivo a dirigentes indígenas; cuatro, a dirigentes afrodescendientes y, 39, a dirigentes campesinos.
La organización de la sociedad civil ILEX Acción Jurídica y el Grupo de Trabajo de Expertos de la ONU sobre las Personas de Ascendencia Africana insistieron en que los métodos de recopilación de datos sobre las personas afrodescendientes seguían marginando a esas comunidades y obstaculizaban la elaboración de políticas más selectivas para abordar las desigualdades, la discriminación y el racismo.
Libertad de reunión pacífica
Temblores ONG denunció 78 casos de violencia policial en Colombia hasta junio, de los cuales 19 guardaban relación con la intervención de agentes durante protestas, contexto en el que se habían documentado más casos.
En agosto, la Mesa por la Reforma Policial hizo un llamamiento para que el gobierno avanzara con la reforma integral de la policía, prometida desde 2022. La Mesa reconocía que el gobierno había entablado el diálogo en varias ocasiones y que se habían adoptado medidas para modificar la normativa sobre el uso de la fuerza, pero pedía que se llevara a cabo una reforma más profunda en la policía. En noviembre presentó un informe sobre estas cuestiones al Ministerio de Defensa Nacional y la policía.
En septiembre, varias personas de las Naciones Unidas expertas en derechos humanos expresaron su preocupación por la falta de verdad, justicia y rendición de cuentas en relación con los asesinatos y otras violaciones de los derechos humanos cometidos durante el Paro Nacional de 2021.
También en septiembre, la fiscal general de la Nación emitió una directiva con orientaciones sobre el enjuiciamiento de los posibles delitos cometidos durante las protestas, en la que se exponían las normas de derechos humanos aplicables. Por otra parte, la policía y la judicatura militar siguieron pidiendo que los casos de violaciones de derechos humanos contra manifestantes se transfirieran al sistema de justicia penal militar. En septiembre, la Corte Constitucional determinó que el caso relativo a la agresión sufrida por Leidy Cadena debía permanecer en el sistema de justicia penal ordinaria.
Libertad de expresión
En septiembre, en cumplimiento de una orden dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bedoya Lima y otra vs. Colombia, el gobierno creó el Fondo “No es hora de callar”, concebido para apoyar programas de prevención, protección y asistencia dirigidos a las periodistas que fueran víctimas de violencia de género.
Ese mismo mes, el presidente, Gustavo Petro, firmó una directiva presidencial sobre las obligaciones de las autoridades con respecto a la libertad de expresión, incluida la de prensa, con el objetivo de facilitar el debate público y la pluralidad de la información. Pese a ello, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) instó al presidente a lo largo del año a que rebajara la tensión con los medios de comunicación. En julio, tras unos enfrentamientos entre el presidente y una periodista, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió a las autoridades que adoptaran las medidas apropiadas para prevenir el discurso violento contra la prensa y garantizar la protección del gremio periodístico frente a las amenazas. En septiembre, la FLIP, junto con la ONG El Veinte y varias periodistas solicitaron protección jurídica frente a las declaraciones estigmatizadoras del presidente.
En febrero, la Defensoría del Pueblo publicó los resultados de una encuesta realizada a periodistas: el 37% de quienes habían respondido declaraban haber sufrido actuaciones que representaban una amenaza grave para su seguridad en el desempeño de su trabajo. La FLIP registró 524 agresiones contra periodistas, incluidos dos asesinatos, 213 amenazas y 72 casos de estigmatización.
Derechos de las mujeres
La Defensoría del Pueblo registró 1.310 casos de violencia contra las mujeres en enero y febrero. El Observatorio Colombiano de Feminicidios notificó 815 casos hasta noviembre.
En septiembre, la Fundación Paz y Reconciliación denunció amenazas y un aumento de la violencia por parte del grupo armado EGC contra las mujeres en el departamento de Chocó, especialmente en Quibdó, la capital.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
Las personas LGBTI activistas y defensoras de los derechos humanos seguían sufriendo amenazas y agresiones por la labor que llevaban a cabo, y persistía también la violencia contra la población LGBTI en general. En diciembre, la ONG Caribe Afirmativo informó de que, a lo largo del año, habían sido asesinadas un total provisional de 44 personas LGBTI, entre ellas 21 mujeres transgénero hasta octubre.
Derechos sexuales y reproductivos
En agosto, las autoridades de salud publicaron una normativa que otorgaba acceso a los servicios de aborto hasta la semana 24 de embarazo, en cumplimiento de una sentencia de 2022 de la Corte Constitucional. No obstante, algunas organizaciones, como Profamilia y Ríos/Rivers, denunciaron en septiembre que se seguía obstaculizando el acceso a los servicios de aborto, especialmente en los municipios rurales y los lugares donde la población disponía de menos recursos monetarios.
Vigilancia selectiva ilícita
Un artículo del periódico israelí Haaretz inició una controversia en torno a la presunta compra en 2021 de Pegasus —software espía muy invasivo que permitía el acceso pleno y sin restricciones a los dispositivos— y a su uso en Colombia. En septiembre, el presidente informó de que tenía pruebas de su adquisición. En noviembre, el embajador de Colombia en Estados Unidos informó de que el gobierno estadounidense había confirmado haber comprado Pegasus para su uso en las operaciones de lucha contra las drogas en Colombia, y que ese uso se había suspendido en 2022. Diversas autoridades, incluido el Ministerio de Defensa, declararon no haber tenido acceso al software. Miembros del gobierno de 2021 negaron esa compra en varias ocasiones.
Derecho a verdad, justicia y reparación
A lo largo del año, varias partes interesadas pidieron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que dictara sus primeras sentencias e hicieron especial hincapié en las relacionadas con las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y su política de secuestros, así como con las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por militares para atribuirse falsamente el cumplimiento de los objetivos de combate. El presidente de la JEP y algunas organizaciones de víctimas pidieron que se respetara la independencia de ese órgano judicial.
La JEP empezó a aplicar las denominadas “sanciones propias” de cumplimiento anticipado y basadas en la justicia restaurativa, incluidas las aplicables al personal de las fuerzas armadas implicado en ejecuciones extrajudiciales. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y varias organizaciones de derechos humanos pidieron una participación mayor, vinculante y más significativa en la determinación y aplicación de esas sanciones.
En enero, el gobierno retiró las condecoraciones a un comandante retirado que había sido declarado culpable de participar en la desaparición forzada de cinco personas durante la recuperación del Palacio de Justicia en 1985, operación que había estado bajo su mando.
En mayo, el Congreso aprobó un proyecto de ley que reformaba la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras propuesta por la Defensoría del Pueblo.
En septiembre, el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz informó de que Colombia probablemente no iba a cumplir los compromisos del Capítulo Étnico ni los relativos al enfoque étnico establecidos en el Acuerdo de Paz de 2016, habida cuenta del grado de avance alcanzado hasta ese momento. En el informe también se señalaba que en los compromisos relacionados con la cuestión étnica se había avanzado menos que en los generales.
En septiembre, el presidente de la JEP reiteró su preocupación por la insuficiencia de recursos económicos disponibles para aplicar las “sanciones propias” a quienes aceptaran de forma temprana la responsabilidad por los crímenes que hubieran cometido durante el conflicto armado.
También en septiembre comenzó el primer juicio adversarial celebrado en la JEP, en el que estaba implicado un coronel retirado presuntamente responsable de más de 70 ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo entre 2002 y 2004, mientras estaba al mando de un batallón de la ciudad de Valledupar, en el departamento de Cesar.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
En noviembre, Migración Colombia —la autoridad nacional en materia de migración— informó de la presencia de 2,8 millones de personas venezolanas en el país; de ellas, 2.086.436 habían regularizado su situación migratoria, 336.786 estaban a la espera de que finalizase el proceso de regularización y 384.943 se encontraban en situación migratoria irregular.
En abril, la Corte Constitucional reiteró la inconstitucionalidad de exigir a la población venezolana que solicitaba el reconocimiento de la condición de persona refugiada que renunciara a las medidas de regularización temporal.
En julio, la ONG Colombia Diversa insistió en la necesidad de recopilar información estadística sobre la población migrante LGBTI que se encontraba en el país. La organización señaló que las personas venezolanas transgénero llegadas a Colombia encontraban obstáculos importantes para acceder a los programas de regularización utilizando su nombre y género elegidos.
En septiembre, numerosas personas venezolanas defensoras de los derechos humanos manifestaron que habían recibido amenazas de grupos armados en Colombia.
Tras efectuar una visita al país en abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció en sus conclusiones preliminares que Colombia había avanzado en la aplicación de determinadas políticas de integración y protección temporal de la población venezolana, pero hizo hincapié en la necesidad urgente de reforzar esas medidas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también expresó preocupación en relación con la ausencia de autoridades migratorias y de salud cerca del tapón del Darién, que servía de ruta migratoria a quienes viajaban hacia el norte atravesando las Américas.
Derecho a un medioambiente saludable
En abril, la Corte Constitucional revisó la solicitud de tutela presentada por una pareja campesina que pedía el reconocimiento de víctimas de desplazamiento forzado debido a una inundación fluvial. El tribunal dictó una orden que obligaba al Congreso a promulgar un marco legislativo que abordara el desplazamiento provocado por los fenómenos ambientales, incluidos los vinculados con el cambio climático.
En agosto, la Corte Constitucional resolvió que el Acuerdo de Escazú se ajustaba a la Constitución colombiana, lo que daba vía libre a su ratificación.
Derechos económicos y sociales
El Congreso rechazó los proyectos de ley de reforma en materia de salud y educación que el gobierno había presentado en el primer semestre, mientras que la reforma de las pensiones fue promulgada en julio. Los debates sobre la reforma laboral persistieron durante el año, y en el segundo semestre se anunciaron nuevos proyectos de ley en materia de salud y educación.