Los crímenes de derecho internacional y las violaciones de derechos humanos en el marco del prolongado conflicto armado aumentaron en los departamentos del Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Norte de Santander. Ocho jóvenes perdieron la vida en los ataques que las fuerzas armadas lanzaron contra los grupos armados Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y Ejército de Liberación Nacional (ELN) en los departamentos del Chocó, Guaviare y Caquetá. Aumentaron los asesinatos de excombatientes de las FARC-EP. Al menos 100.000 personas fueron desplazadas o confinadas forzosamente como consecuencia del prolongado conflicto, lo que afectó particularmente a los derechos de los pueblos indígenas y las personas afrodescendientes. En el marco del Paro Nacional hubo numerosas denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad contra quienes se manifestaban de forma pacífica, especialmente en Cali. La policía detuvo arbitrariamente y torturó a manifestantes, y hubo denuncias de violencia sexual y de género contra mujeres y personas LGBTI. Al menos 100 personas sufrieron traumatismos oculares por el uso excesivo e ilegítimo de armas de letalidad reducida por parte de los miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Los homicidios de defensores y defensoras de los derechos humanos y las amenazas dirigidas contra estas personas alcanzaron niveles alarmantes.
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