Pese a las conversaciones de paz y los ceses al fuego, la población civil seguía viéndose afectada por las violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario causadas por el conflicto armado, que los pueblos indígenas y las comunidades campesinas y afrodescendientes sufrían de forma desproporcionada. Continuaban las desapariciones forzadas, y las búsquedas seguían siendo dificultosas. La violencia contra los defensores y defensoras de los derechos humanos era generalizada, pese a las medidas adoptadas por el gobierno para mejorar su protección. Seguía pendiente la reforma policial integral. La violencia contra periodistas, mujeres, niñas y personas LGBTI continuaba. Hubo controversia acerca del presunto uso de software espía por parte de las fuerzas de seguridad. Se produjeron algunos avances en materia de reparación y justicia con respecto a la violencia infligida por las fuerzas armadas, pero continuó la impunidad. Los derechos de las personas refugiadas venezolanas suscitaban preocupación, aunque hubo algunos avances. Se consideró que el Acuerdo de Escazú era constitucional. Se aprobó el proyecto de ley sobre la reforma de las pensiones.
Leer másNo aplica la pena de muerte para ningún delito
Herramientas de campaña que se pueden emplear para intervenir con carácter de urgencia y defender los derechos humanos de alguien.
Informes, documentos informativos, declaraciones, contribuciones escritas para OIG y otros recursos de los equipos de investigación de Amnistía.