Europa Y Asia Central 2024
Europa Oriental y Asia Central
La continuación de la agresión de Rusia contra Ucrania dominaba un paisaje de derechos asediados en el que la región de Europa y Asia Central estaba en primera línea del retroceso de los derechos humanos en todo el mundo. En el contexto de la guerra y de prácticas cada vez más autoritarias, un número creciente de países actuaron al unísono incumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos y socavando instituciones nacionales e internacionales. Quienes defendían los derechos humanos sufrían una situación de asedio.
Las violaciones del derecho internacional humanitario y los crímenes de derecho internacional cometidos de manera implacable por Rusia, que incluían ataques directos contra infraestructuras civiles, causaron una pérdida de vidas humanas incesante y un drástico empeoramiento de las condiciones de vida básicas en Ucrania, además de un sufrimiento cada vez mayor a la población infantil y otros grupos en situación de riesgo.
Persistía la impunidad de estos crímenes, así como de las violaciones de derechos humanos cometidas en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, de modo que, dadas las escasas perspectivas de rendición de cuentas, muchos gobiernos de Europa Oriental y Asia Central lanzaron ataques contra los derechos humanos sin ningún comedimiento. La sociedad civil fue objeto de ataques directos y se redujo en muchos países, donde actuaba en un clima de miedo y clandestinidad. Los defensores y defensoras de los derechos humanos eran encarcelados o se veían obligados a exiliarse. Hubo protestas pacíficas, que desafiaron la represión creciente pese a enfrentarse a una violencia sin precedentes. No obstante, a pesar de muchas iniciativas valientes, el impacto de la comunidad de derechos humanos decayó visiblemente.
La aplicación indebida de leyes contra el extremismo y el terrorismo y la retórica oficial sobre los “valores tradicionales” suprimieron los derechos de género, en particular los sexuales y reproductivos. Las actividades de observación, incluidas las de organizaciones internacionales, quedaron cada vez más restringidas. Aumentó la persecución transnacional de activistas en el exilio, lo que evidenció aún más la debilidad de los mecanismos nacionales e internacionales a la hora de proteger los derechos humanos.
Hubo retrocesos en materia de libertad de religión o de creencias. Se instrumentalizaron de manera flagrante los sistemas de justicia para reprimir la disidencia, y la tortura y otros malos tratos seguían siendo endémicos. Aumentó la violencia de género. Continuó la erosión de los derechos de las personas refugiadas y migrantes.
Crecieron la producción y el consumo de combustibles fósiles, que contribuían a la contaminación del aire, con el consiguiente daño a la salud humana.
Violaciones del derecho internacional humanitario
Rusia continuó atacando sistemáticamente infraestructuras civiles y cometiendo crímenes de guerra en Ucrania. Hubo más víctimas civiles que en 2023. Bajo los ataques continuos de Rusia con misiles y drones contra zonas pobladas, las condiciones básicas de existencia de la población civil ucraniana empeoraron de manera drástica, y las personas mayores, los niños y niñas y otros grupos en situación de riesgo pagaron un precio especialmente alto. Rusia ocupó o destruyó hasta el 70% de la capacidad de producción de energía térmica de Ucrania, lo que dio lugar a cortes periódicos de electricidad por zonas. Decenas de prisioneros y prisioneras de guerra ucranianos fueron juzgados ilegalmente en Rusia y en zonas de Ucrania bajo ocupación rusa, por participación en hostilidades.
Rusia denunció cientos de muertes de civiles en su territorio por ataques ucranianos, pero no fue posible verificar su número ni sus circunstancias de manera independiente.
Persistió la impunidad de las violaciones de derechos humanos que se habían cometido en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por la disputada región de Nagorno Karabaj. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que Rusia había violado el derecho a la vida y otros derechos humanos al establecer y vigilar las fronteras de los territorios escindidos de Osetia del Sur y Abjasia en Georgia.
Todas las denuncias de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad deben investigarse de manera imparcial e independiente, incluso en virtud del principio de jurisdicción universal.
Libertad de expresión
Se reprimieron cada vez más las voces disidentes mediante la presentación de cargos por traición y amenaza para la seguridad nacional, la calificación de “agentes extranjeros” y el uso de leyes homófobas, antiextremistas y antiterroristas, todo ello apuntalado con la retórica de los “valores tradicionales”. La represión afectaba tanto a defensores y defensoras de los derechos humanos como a artistas, periodistas, autores y autoras teatrales, y profesionales de la abogacía, entre otras muchas personas.
En Bielorrusia, la “lista de personas implicadas en actividades extremistas” contenía más de 4.700 nombres, y el número de materiales de Internet, impresos y de radiotelevisión que fueron prohibidos por considerarse “contenido extremista” casi se duplicó. En Georgia se intensificaron el hostigamiento y la violencia contra las voces disidentes, y gran número de activistas y manifestantes sufrieron brutales ataques de agresores sin identificar, en algunos casos promovidos o instigados presumiblemente por autoridades.
En Kirguistán, decenas de periodistas independientes, activistas, blogueros y blogueras y comentaristas de redes sociales fueron objeto de enjuiciamiento, aparentemente como represalia por sus críticas. Moldavia hizo extensiva al tiempo de paz su legislación contra la traición. Tayikistán aprobó una ley que prohibía llevar prendas “ajenas a la cultura nacional”. El último proyecto de Código de Información de Uzbekistán redactado prohibía difundir información que promoviera el “separatismo” y el “extremismo religioso” o mostrara falta de respeto al Estado.
Libertad de asociación
Se estigmatizó, obstaculizó y puso en peligro la actividad de las organizaciones de la sociedad civil. Tomando como modelo la consolidada legislación rusa sobre “agentes extranjeros”, Kirguistán aprobó una similar que obligaba a las ONG a inscribirse como “representantes extranjeros” si recibían financiación del exterior y participaban en determinadas “actividades políticas” vagamente definidas, lo que llevó a muchas a reducir su actividad o a dejar de funcionar como organizaciones no gubernamentales. Por su parte, Georgia promulgó la Ley de Transparencia de la Influencia Extranjera, que obligaba a las organizaciones con más de un 20% de financiación extranjera a declararse agentes de influencia extranjera y cumplir complejos e invasivos requisitos.
En Azerbaiyán, las ONG independientes y los medios de comunicación continuaron sujetos a restricciones arbitrarias, como la negación de su inscripción en registro y onerosos requisitos de presentación de informes. Tayikistán continuó cerrando ONG, que se sumaron a las 700 clausuradas en años anteriores. En Rusia fueron calificadas arbitrariamente de “extremistas” 55 organizaciones más, entre ellas grupos de pueblos indígenas, y se añadieron a la lista de “agentes extranjeros” otras 169 personas y organizaciones.
Libertad de reunión pacífica
El espacio para la reunión pacífica, que ya era ínfimo, se redujo aún más y de forma drástica mediante la aplicación indebida de legislación restrictiva y el uso de fuerza ilícita contra manifestantes. Sumadas a la represión de la libertad de asociación, estas medidas disuadían a la población, incluidas las personas que podían llegar a conformar la siguiente generación de líderes y lideresas, de participar en actividades de derechos humanos.
En Georgia, la policía no sólo golpeó, hirió y detuvo a cientos de manifestantes, sino que también llevó a cabo registros y detenciones de activistas en sus domicilios y lugares de trabajo.
En Rusia, tras la repentina y sospechosa muerte en prisión del destacado líder de la oposición Alexei Navalny, se practicaron cientos de arrestos y se impusieron decenas de sanciones administrativas severas —incluidas multas y detención— por guardar públicamente duelo por él. En Armenia, la policía empleó en varias ocasiones fuerza ilícita contra participantes en manifestaciones multitudinarias celebradas en abril y mayo que pedían la dimisión del primer ministro, Nikol Pashinyan. En Kazajistán, las autoridades podían encarcelar a manifestantes mucho después de la protesta por “delitos” establecidos en la legislación sobre reuniones.
Los gobiernos deben abolir todas las leyes y prácticas que obstaculicen el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, y deben dejar de utilizar excusas para reprimir la disidencia y acallar el debate sobre su historial en materia de derechos humanos.
Libertad de religión o de creencias
Hubo retrocesos en materia de libertad de religión o de creencias en toda Europa Oriental y Asia Central. Ucrania legisló para prohibir las “organizaciones religiosas vinculadas a centros de influencia” con sede en Rusia. Al mismo tiempo, en Rusia se expulsó del clero o se amonestó a clérigos ortodoxos por expresar posturas contrarias a la guerra y continuó el encarcelamiento de miembros de los Testigos de Jehová. Figuras religiosas de Bielorrusia no afines a la política gubernamental sufrieron acoso y arresto. En Tayikistán, la minoría pamiri continuó sufriendo un ataque frontal al derecho a practicar su culto y a la preservación de su cultura.
Los gobiernos deben adoptar medidas eficaces para implementar reformas de las leyes y políticas con el fin de proteger, promover y garantizar plenamente la libertad de religión o de creencias, sin discriminación.
Tortura y otros malos tratos
La tortura y otros malos tratos continuaban siendo endémicos, y la inmensa mayoría de sus autores gozaban de impunidad.
Mecanismos de expertos independientes de la ONU condenaron la aplicación por parte de Rusia de una política oficial y coordinada de torturas a civiles y prisioneros y prisioneras de guerra ucranianos, cuyos sobrevivientes denunciaban graves palizas, descargas eléctricas, violencia sexual, privación del sueño y simulacros de ejecución. El Consejo de Europa dio el paso excepcional de denunciar públicamente la negativa de Azerbaiyán a abordar motivos de preocupación que llevaban mucho tiempo planteándose sobre la práctica generalizada de la tortura y otros malos tratos por la policía. Cinco personas encarceladas por cargos de motivación política en Bielorrusia murieron en 2024, y otras llevaban tanto tiempo en régimen de incomunicación que su detención constituía desaparición forzada. La mayoría de las 400 personas detenidas en Georgia durante las protestas de noviembre y diciembre denunciaron malos tratos; decenas fueron hospitalizadas con lesiones graves y a muchas se les negó asistencia médica. En Tayikistán se negó tratamiento médico adecuado a personas cuyo estado de salud era grave; una de ellas era el abogado de derechos humanos pamiri Manuchehr Kholiknazaro, a quien las autoridades mantenían encarcelado injustamente pese a los llamamientos internacionales en favor de su liberación. En Kazajistán seguía sin materializarse la rendición de cuentas por las denuncias generalizadas de tortura practicada por las fuerzas de seguridad durante protestas celebradas en enero de 2022.
Los gobiernos deben actuar con urgencia para poner fin a la tortura y otros malos tratos y llevar ante la justicia a todas las personas que puedan haber incurrido en responsabilidad penal para que sean sometidas a un juicio justo.
Juicios injustos
Aunque excepcional, una noticia positiva fue la absolución en Kirguistán de 22 personas juzgadas en el denominado “caso Kempir Abad” por cargos de motivación política. Sin embargo, en un número creciente de países se instrumentalizaba el sistema de justicia para perseguir a la disidencia. Aumentó el número sentencias condenatorias dictadas in absentia.
Bielorrusia persiguió específicamente a miembros de la oposición política, defensores y defensoras de los derechos humanos y profesionales de la abogacía, a quienes se imponían largas penas de prisión, como fue el caso de 20 analistas de procesos políticos y periodistas en el exilio afines a la dirigente de la oposición Sviatlana Tiskanouskaya que fueron condenados a entre 10 y 11 años y medio de prisión por crímenes contra el Estado y “extremismo”. En Rusia aumentaron considerablemente los fallos condenatorios por traición y espionaje. En Georgia, las autoridades instrumentalizaban de manera flagrante el sistema de justicia para reprimir las protestas contra el gobierno, y los tribunales ignoraban por sistema las pruebas de tortura. En Tayikistán, la pertenencia a grupos de oposición prohibidos arbitrariamente podía pagarse con la cárcel, y el ejercicio de la abogacía comportaba sufrir graves represalias.
Las autoridades deben garantizar el derecho a un juicio justo y abstenerse de hacer un uso indebido del sistema de justicia para perseguir la disidencia.
Violencia por motivos de género
En Armenia y Kazajistán se reforzó la protección de las personas sobrevivientes de violencia de género en el ámbito familiar. Sin embargo, en otras partes de la región la violencia basada en el género fue en aumento. Las autoridades ucranianas informaron de un incremento del 80% en el número de casos de violencia de género en el ámbito familiar en comparación con 2023. En Kirguistán, el aumento fue del 37% con respecto al año anterior. En Turkmenistán se aprobaron reformas que exigían a los tribunales dar prioridad a la reconciliación de los cónyuges en los casos de divorcio, aunque hubiera violencia de género en el ámbito familiar.
Los gobiernos deben combatir con urgencia todas las formas de violencia de género y abordar sus causas fundamentales.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
Los derechos de las personas LGBTI fueron en declive conforme iba creciendo el énfasis en los “valores tradicionales”.
Georgia aprobó legislación sobre “los valores familiares y la protección de los menores” que contenía numerosas medidas homófobas y tránsfobas para cuya adopción parecía haberse tomado en gran parte como modelo la legislación rusa sobre “propaganda gay”. Bielorrusia actualizó su definición de la pornografía para incluir “las relaciones sexuales y/o los comportamientos sexuales no tradicionales”. En cambio, en Kazajistán, una petición para la adopción de legislación que penalizara la “propaganda LGBTI” suscitó tanta indignación que las sesiones sobre la ley propuesta se aplazaron.
Las relaciones sexuales consentidas entre hombres seguían siendo delito en Turkmenistán y Uzbekistán.
Los gobiernos deben abolir las leyes, políticas y prácticas que discriminen a las personas LGBTI, lo que incluye despenalizar las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo.
Derechos económicos y sociales
Cada vez se privaba más a la infancia de las condiciones adecuadas para el desarrollo humano. UNICEF informó de que la pobreza alimentaria afectaba al 78% de la población infantil de Tayikistán, el 34% de la cual vivía en condiciones de pobreza extrema. La mitad de la población de Kirguistán no podía cubrir sus necesidades nutricionales básicas, y el problema afectaba de manera desproporcionada a los niños y niñas.
En Rusia y los territorios ucranianos bajo ocupación rusa se violó el derecho de la infancia a una educación de calidad, imponiendo un currículo escolar que incluía lecciones de adoctrinamiento en las que se enaltecía la guerra de Rusia contra Ucrania. Además, Rusia aprobó legislación que negaba la escolarización a los hijos e hijas de inmigrantes salvo que aprobaran un examen de ruso y estuvieran legalmente en el país.
Los gobiernos deben garantizar el derecho de todas las personas a un nivel de vida adecuado y el acceso a educación de calidad.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Persistió la erosión de los derechos de las personas refugiadas y migrantes. Las más de 100.000 personas de etnia armenia que habían tenido que desplazarse de Nagorno Karabaj a Armenia continuaban sin perspectivas de retorno en condiciones seguras y dignas. En Kazajistán había activistas de la República Autónoma de Karakalpakistán (Uzbekistán) que se enfrentaban a la amenaza de devolución y a riesgo de tortura y largas penas de prisión. Las autoridades de Bielorrusia seguían obligando a personas refugiadas y migrantes a cruzar sus fronteras con la Unión Europea (UE). Las autoridades de Rusia tenían una retórica que era contraria a las personas migrantes, y en algunas regiones del país se aprobaron leyes que les prohibían desempeñar determinados trabajos.
Los gobiernos deben garantizar que todas las personas que huyan de persecución y de violaciones de derechos humanos tienen acceso a seguridad y a protección internacional y que ninguna es objeto de devolución si corre con ello un riesgo real de sufrir abusos graves contra los derechos humanos.
Derecho a un medioambiente saludable
A pesar de ser el país anfitrión de la COP29, Azerbaiyán no hizo avanzar la justicia climática regional ni globalmente. Sus autoridades impidieron la participación de activistas y defensores y defensoras azerbaiyanos de los derechos humanos en la cumbre persiguiéndolos antes y después de ella y creando un clima de autocensura e intensa vigilancia. La producción de gas y petróleo siguió creciendo, y la mayoría de los países no dieron muestras de compromiso con la necesidad de abordar el cambio climático ni con la reducción la dependencia de los combustibles fósiles.
Persistieron los efectos perjudiciales de la contaminación del aire para la salud humana, agravados por la quema continuada de combustibles fósiles. Según un estudio del Banco Mundial, la contaminación del aire en Tashkent, capital de Uzbekistán, causaba unas 3.000 muertes prematuras al año.
En Armenia, Azerbaiyán y Georgia, las autoridades silenciaban a quienes protestaban por los daños resultantes de la extracción de recursos naturales.
Los países de Europa Oriental y Asia Central con volúmenes elevados de emisiones deben tomar la iniciativa en la mitigación climática, lo que incluye detener las subvenciones a los combustibles fósiles y la expansión de su producción. Los gobiernos deben adoptar de inmediato medidas para proteger a las personas y comunidades de los peligros y efectos del cambio climático y las condiciones meteorológicas extremas.
Europa Occidental, Central y Sudoriental
La discriminación, el uso de perfiles raciales, la estigmatización y el hostigamiento por motivos de identidad —como la raza, la religión, el género y la sexualidad— fueron cuestiones presentes en cada uno de los aspectos de la protección y garantía de los derechos humanos. Hubo un repunte de las denuncias de crímenes de odio.
Se aplicaron leyes antiterroristas excesivamente amplias y ambiguas para reprimir la libertad de expresión, asociación y reunión. La policía empleó fuerza innecesaria o excesiva contra personas que se manifestaban pacíficamente, algunas de las cuales fueron privadas de libertad por actos pacíficos de desobediencia civil. Se hizo amplio uso de tecnologías de vigilancia con efectos intimidatorios.
También se desplegó un arsenal de leyes hostiles y represivas para disuadir y castigar a quienes expresaban solidaridad con el pueblo palestino o criticaban a Israel por el genocidio de la población palestina de Gaza. El compromiso de gobiernos de toda Europa con el derecho internacional se puso a prueba y resultó insuficiente, ya que algunas autoridades tomaron medidas para proteger al Estado israelí de tener que rendir cuentas. Pese a que tanto la Corte Internacional de Justicia como mecanismos expertos de la ONU exigieron que los países suspendieran toda transferencia de armas a Israel, algunos siguieron exportando armas y componentes.
El control de fronteras primó sobre los derechos de las personas refugiadas y migrantes. La tortura y otros malos tratos, especialmente contra migrantes y personas con discapacidad, siguió siendo motivo de preocupación. Persistieron las dificultades de acceso a tratamiento de afirmación de género. La violencia de género seguía estando muy extendida. Se erosionó el acceso a vivienda, seguridad social y asistencia médica. Catástrofes agravadas por el cambio climático hicieron estragos, sobre todo en Estados del sur de Europa.
Discriminación
La discriminación seguía siendo motivo constante de preocupación. Las mujeres, las personas negras, árabes o romaníes y otras personas y grupos racializados, así como las personas con ingresos bajos, sufrían discriminación directa, que afectaba a su acceso a seguridad social, representación política, empleo y educación. A raíz de unos apuñalamientos, en Alemania y Reino Unido repuntaron los crímenes de odio islamófobos y contra inmigrantes. En Francia y otros países aumentaron los delitos antisemitas, islamófobos y racistas. Portugal archivó la mayoría de las investigaciones de crímenes de odio.
Noruega y Suiza utilizaron criterios raciales discriminatorios. En Dinamarca, Suecia y Países Bajos, la automatización del sistema de asistencia social dio lugar a prácticas discriminatorias contra mujeres, personas racializadas y personas con ingresos bajos. Francia prohibió de forma discriminatoria el uso del hiyab deportivo, incluso en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París de 2024.
En Grecia y República Checa se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, y en Reino Unido se propusieron prohibiciones de las prácticas de conversión. Sin embargo, las personas LGBTI seguían enfrentándose a problemas importantes. El reconocimiento legal de la identidad de género aún era difícil de obtener en Serbia y Bulgaria, y en Macedonia del Norte su aprobación estaba estancada. La violencia y la discriminación persistían en Eslovaquia, así como en Polonia, que carecía de una legislación específica sobre crímenes de odio. Turquía continuó prohibiendo ilícitamente las marchas del Orgullo LGBTI.
La población romaní era objeto de discriminación, segregación y exclusión social, a pesar de los planes de acción locales establecidos en algunos países para su integración. Italia violó la Carta Social Europea en relación con el derecho a la vivienda de las personas romaníes. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU puso de relieve el racismo estructural implícito en el trato dispensado a la población romaní en Irlanda y Serbia. La segregación de los niños y niñas romaníes en Eslovaquia llevó a la Comisión Europea a interponer una denuncia, y también persistía la segregación en Macedonia del Norte, Bulgaria y Bosnia y Herzegovina. La población romaní de Croacia y las personas romaníes de Ucrania refugiadas en Rumania tenían dificultades para acceder a servicios esenciales.
Los gobiernos deben abordar de manera significativa la discriminación sistémica contra las personas judías, musulmanas, negras, romaníes, LGBTI y migrantes, entre otras.
Libertad de expresión y de reunión pacífica
Varios Estados adoptaron medidas que coartaban el ejercicio de la libertad de expresión en solidaridad con el pueblo palestino o las voces que criticaban el genocidio israelí de la población palestina de Gaza. Alemania criminalizó el uso de la consigna “desde el río hasta el mar”, lo que dio lugar a sentencias condenatorias. El gobierno británico coartó la libertad de expresión relacionada con Palestina, mientras que Francia investigó a muchas personas por “apología del terrorismo”. España investigó por “enaltecimiento del terrorismo” a activistas que habían mostrado solidaridad con el pueblo palestino.
Mientras que en España se aprobó un Plan de Acción por la Democracia para reformar la legislación que limitaba la libertad de expresión, en Bulgaria y Serbia se recurrió al uso de demandas estratégicas contra la participación pública, en Hungría se estableció un nuevo organismo público que atacó a la sociedad civil y en Turquía continuaron los enjuiciamientos penales de quienes se oponían pacíficamente al gobierno.
Se arremetió duramente contra el derecho de reunión pacífica a medida que los Estados estigmatizaban y criminalizaban cada vez más a quienes se manifestaban pacíficamente, con la imposición de restricciones injustificadas y punitivas y el uso de medios aún más represivos para acallar la disidencia. Se persiguió en particular a quienes protestaban por el genocidio israelí de la población palestina y por el cambio climático.
Como noticias positivas, en Reino Unido se declaró ilegal un reglamento que ampliaba las facultades policiales para restringir protestas, y en Italia, un tribunal absolvió a ocho activistas tras admitir sus motivos para la acción climática. Sin embargo, persistieron los intentos de prohibir las manifestaciones de apoyo al pueblo palestino y las relacionadas con el clima. En Francia se impusieron restricciones excesivas a tales protestas, y en Alemania, Finlandia e Italia se denunció el uso de fuerza innecesaria o excesiva contra participantes en ellas. Turquía impuso prohibiciones generales de las protestas. En Países Bajos se utilizaron drones y tecnología de reconocimiento facial contra participantes en manifestaciones pacíficas. En Serbia, Grecia y Turquía, la policía empleó fuerza excesiva o llevó a cabo arrestos arbitrarios durante manifestaciones.
El espacio necesario para que todas las personas puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica debe ser protegido de las extralimitaciones que los Estados cometen con diversos pretextos.
Transferencias irresponsables de armas
Varios Estados europeos fueron cómplices de transferencias irresponsables de armas, como Alemania, Francia y República Checa, que continuaron sus exportaciones de armas a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos e Israel. Aun así, la sociedad civil impugnó transferencias de armas en Dinamarca y Montenegro, Países Bajos suspendió la exportación de piezas del avión de combate F-35 a Israel por problemas legales y España y Bélgica atendieron los llamamientos formulados por mecanismos expertos de la ONU y por la Corte Internacional de Justicia para que se suspendieran las exportaciones de armas a Israel.
Los gobiernos deben suspender las transferencias de armas a países donde exista un riesgo sustancial de que se utilicen para cometer o facilitar abusos graves contra los derechos humanos.
Derecho a verdad, justicia y reparación
Europa continuó lidiando con su pasado colonial e hizo algunos esfuerzos por ofrecer justicia y reparación por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Varios países firmaron la Convención de Liubliana-La Haya de 2023, dirigida a subsanar carencias de rendición de cuentas por tales crímenes. Un tribunal de Bélgica reconoció la responsabilidad del Estado en los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su régimen colonial en Congo y ordenó proporcionar reparaciones.
Sin embargo, figuras políticas de Bosnia y Herzegovina siguieron negando públicamente el genocidio y enalteciendo a criminales de guerra. Serbia no hizo esfuerzos creíbles para garantizar rendición de cuentas por todos los crímenes de derecho internacional cometidos y, en cambio, se empeñó en debilitar una resolución de la ONU sobre el genocidio de Srebrenica. En Croacia, la mayoría de las víctimas de violencia sexual en tiempo de guerra seguían sin estar acogidas a un régimen especial que les garantizaba ciertas prestaciones. En Reino Unido se impugnó la Ley sobre el Conflicto de Irlanda del Norte (Legado y Reconciliación) ante los tribunales, que la declararon incompatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
En algunos países europeos, hubo autoridades que afirmaron abiertamente o insinuaron que no iban a cumplir las órdenes de detención dictadas por la Corte Penal Internacional contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa israelí Yoav Gallant.
Todas las denuncias de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio deben investigarse de manera imparcial e independiente, incluso en virtud del principio de jurisdicción universal.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Ni los países europeos ni la UE introdujeron políticas y prácticas para anteponer la protección de la vida de las personas refugiadas y migrantes al control de las fronteras, tomar medidas creíbles para garantizar rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos, reducir la dependencia respecto a terceros países en el ámbito de la gestión migratoria o ampliar las rutas legales y sin riesgos. Italia intentó recluir en Albania a personas solicitantes de asilo rescatadas en el mar para que sus solicitudes se examinaran fuera del país. Persistió la cooperación de la UE con Túnez y Egipto a pesar de los indicios de comisión de violaciones de derechos humanos en estos países. Continuaron los informes sobre violencia en las fronteras y devoluciones ilícitas de Grecia a Turquía, de Chipre a Líbano y de Turquía a Siria, Afganistán y Eritrea.
Las ONG y los defensores y defensoras de los derechos humanos siguieron siendo objeto de medidas de criminalización. En Grecia se enfrentaban a continuos procesamientos por prestar asistencia a personas refugiadas y migrantes. Tres mecanismos expertos de la ONU expresaron su preocupación ante las restricciones impuestas por Italia a las actividades de los defensores y defensoras de los derechos humanos que salvaban vidas en el mar.
Las personas refugiadas y migrantes sufrieron un retroceso en sus derechos en los países de acogida. En Hungría, las personas refugiadas ucranianas dejaron de percibir una ayuda estatal a la vivienda, mientras que Irlanda y Bélgica dejaron sin alojamiento a miles de solicitantes de asilo.
Los gobiernos deben garantizar que todas las personas que huyen de persecución y de violaciones de derechos humanos tengan acceso a seguridad y a protección internacional y que ninguna sea objeto de devolución si corre con ello un riesgo real de sufrir abusos graves contra los derechos humanos.
Tortura y otros malos tratos
La tortura y otros malos tratos a migrantes y personas con discapacidad seguía siendo motivo de preocupación. Hubo noticias positivas, como el establecimiento de un mecanismo federal de prevención en Bélgica y la anulación de la prohibición del contacto físico entre las personas presas y sus visitas en Hungría. Rumania aprobó un plan de acción quinquenal para abordar los malos tratos en las instituciones. Sin embargo, persistían el hacinamiento y una asistencia médica insuficiente, en las cárceles de Italia y Albania, por ejemplo, y se denunciaron casos de tortura en Macedonia del Norte y Bulgaria.
Los gobiernos deben actuar con urgencia para poner fin a la tortura y otros malos tratos y llevar a los perpetradores ante la justicia.
Violencia por motivos de género
Varios países aprobaron cambios legislativos para abordar la impunidad de la violencia sexual. Polonia, República Checa y Países Bajos incorporaron a su legislación una definición de la violación basada en el consentimiento, y Croacia tipificó el femicidio como delito.
Con todo, la violencia de género seguía estando muy extendida. En Rumania aumentaron los casos constatados de violencia de género en el ámbito familiar en comparación con años anteriores. Persistían unos niveles alarmantes de homicidios de mujeres —principalmente a manos de su pareja o expareja— en países como Alemania, Bulgaria, Croacia, España, Grecia, Italia, Montenegro, Portugal y Turquía. Las mujeres migrantes, las trabajadoras sexuales y las mujeres trans encontraban barreras sistemáticas cuando intentaban denunciar violencia sexual. En Francia, tales obstáculos incluían la negación del derecho a presentar denuncia y las amenazas de expulsión.
Los gobiernos deben poner fin a la impunidad de todas las formas de violencia basada en el género.
Derechos sexuales y reproductivos
Algunos países dieron pasos positivos para eliminar las barreras en el acceso al aborto. Francia se convirtió en el primer país del mundo en incluir expresamente el aborto como libertad garantizada en su Constitución, y varios países apoyaron medidas para proteger a las personas embarazadas del hostigamiento que sufrían en las inmediaciones de las clínicas abortivas.
Aun así, en muchos países el aborto seguía en gran medida penalizado y persistían las barreras para acceder a él. Andorra mantuvo en vigor la prohibición total del aborto; en Polonia, continuó gravemente restringido, y en Malta, el único supuesto legal que permitía el acceso a él siguió siendo el riesgo para la vida de la persona embarazada. En Inglaterra y Gales se observó un aumento de las investigaciones y enjuiciamientos de mujeres acusadas de abortar al margen del marco legal.
La objeción a prestar servicios de aborto por motivos de conciencia o religión seguía siendo un obstáculo en países como Croacia, Italia y Portugal. En algunos países, como Croacia y Eslovenia, era especialmente difícil acceder al aborto en las zonas rurales y económicamente deprimidas.
Los gobiernos deben garantizar el acceso a asistencia integral de la salud sexual y reproductiva, incluido el aborto sin riesgos.
Derechos económicos y sociales
Había obstáculos en el acceso a la seguridad social. En Austria, las mujeres y las personas con discapacidad se enfrentaban a estigmatización, trabas burocráticas y disposiciones legales restrictivas. En Finlandia, se aplicaron considerables recortes de la seguridad social que pusieron en peligro el derecho a un nivel de vida adecuado de quienes ya tenían unos ingresos bajos. En Reino Unido, las prestaciones de seguridad social habituales eran inferiores al coste de los artículos esenciales para vivir.
En Italia y España se socavó el derecho a la salud debido a la falta de inversión pública suficiente en infraestructuras médicas. En Grecia, trabajadores y trabajadoras de la salud y especialistas del sector continuaron denunciando deficiencias importantes y persistentes en el sistema nacional de salud.
En todo Reino Unido, 4,3 millones de niños y niñas vivían en la pobreza, que afectaba de manera desproporcionada a los que pertenecían a comunidades negras y minorías étnicas. En Italia, el 10% de la población vivía en la pobreza absoluta.
El acceso a la vivienda seguía constituyendo un problema importante. En Polonia existían condiciones de vida muy deficientes debido a la escasez de vivienda asequible. Andorra no tomó medidas para evitar desalojos en invierno, y en Irlanda se registraron niveles sin precedentes de sinhogarismo.
Los gobiernos deben actuar de inmediato para proteger los derechos económicos y sociales de todas las personas, sin discriminación, con medidas como destinar recursos suficientes y garantizar protección social universal e integral.
Derecho a un medioambiente saludable
Varios países sufrieron catástrofes, como inundaciones, incendios forestales y olas de calor extremo, agravadas por el cambio climático inducido por la actividad humana. En España hubo lluvias torrenciales en octubre que causaron inundaciones repentinas y 224 muertes. Las altas temperaturas atribuidas al cambio climático causaron muertes en Grecia y Portugal.
A pesar de algunas respuestas positivas a preocupaciones ambientales, como la imposición de límites más estrictos sobre las emisiones en Eslovenia, la previsión de obtener el 75% de la electricidad de fuentes renovables antes de 2030 en Croacia, el crecimiento de las energías renovables en Hungría y la cancelación de un permiso de minería en Montenegro, muchos países iban muy rezagados en sus políticas climáticas. En una sentencia histórica, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que, con sus políticas climáticas inadecuadas, Suiza había violado el derecho a una protección eficaz frente a los graves perjuicios del cambio climático. Los planes climáticos de Alemania se consideraron jurídicamente insuficientes, y las políticas de Turquía en materia de cambio climático fueron calificadas como sumamente insuficientes. Países Bajos suavizó sus políticas climáticas, Noruega continuó con las prospecciones de combustibles fósiles, Grecia amplió sus infraestructuras de gas y Bélgica gastó 15.500 millones de euros en subvenciones a los combustibles fósiles. Colectivamente, los países europeos bloquearon en la COP29 el acuerdo de un objetivo de financiación climática suficientemente ambicioso.
Los gobiernos deben acelerar el abandono progresivo del uso y la producción de combustibles fósiles mediante una transición justa y poner fin a toda financiación de combustibles fósiles. Asimismo, deben aumentar con carácter urgente la financiación climática y los fondos adicionales específicos para pérdidas y daños destinados a países de ingresos bajos.
Derecho a la privacidad
Aunque Montenegro suspendió el uso de programas informáticos de reconocimiento facial y un tribunal de Francia resolvió que los sistemas de audiovigilancia asistida por inteligencia artificial eran manifiestamente ilegales, el uso ilícito de programas espía y tecnología de reconocimiento facial seguía siendo motivo de preocupación. Las autoridades de Serbia utilizaron invasivas técnicas forenses digitales contra activistas y periodistas independientes. En Alemania, la policía empleó tecnología de reconocimiento facial sin base jurídica suficiente. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que Polonia había violado el derecho a la privacidad por medio de “vigilancia secreta” asociada al uso del programa espía Pegasus, y un tribunal de Hungría concluyó que la autoridad nacional para la protección de datos no había investigado de manera efectiva un caso de cuatro personas contra las que se había utilizado Pegasus.
Los gobiernos deben poner fin a la deriva hacia sociedades dominadas por la vigilancia.