Europa y Asia Central 2022
En Europa y Asia Central, 2022 será recordado como el año en que Rusia emprendió una invasión en gran escala de Ucrania, cometiendo crímenes de guerra y posibles crímenes de lesa humanidad, y causando el mayor desplazamiento de personas refugiadas en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Con su empleo de tácticas ilegales de asedio y sus ataques contra infraestructuras energéticas y bienes civiles, Rusia dejó miles de víctimas mortales y personas heridas entre la población civil, sometida a graves privaciones.
Hubo casi 7 millones de personas desplazadas dentro de Ucrania, 5 millones más huyeron a Europa y otros 2,8 millones marcharon a Rusia y Bielorrusia. La acogida a quienes llegaron a la Unión Europea (UE) fue impresionante, aunque a veces fue discriminatoria al excluir a ciertos grupos, como las personas negras, las no nacionales con permiso de residencia temporal y algunas personas romaníes, que encontraban obstáculos adicionales para acceder a protección. El generoso recibimiento a la mayoría de quienes huían de Ucrania contrastó marcadamente con el rechazo a menudo violento a las personas refugiadas y migrantes en las fronteras exteriores de Europa y los abusos a que eran sometidas. Este doble rasero puso de manifiesto el racismo inherente en las políticas y prácticas de la UE en sus fronteras exteriores. Numerosos países europeos, además, impusieron severas restricciones de viaje a las personas de nacionalidad rusa, muchas de las cuales intentaban eludir su movilización.
La guerra tuvo repercusiones socioeconómicas en todo el mundo, y gran parte del Sur global se vio gravemente afectado por la interrupción de las exportaciones de cereales y fertilizantes. Los países europeos registraron enormes alzas de precios de la energía y, al final del año, muchos sufrían una crisis del coste de la vida y una inflación sin precedentes que afectaban de manera desproporcionada a las personas más vulnerables. La inflación creció más del 30% en Moldavia y más del 64% en Turquía. Las medidas adoptadas para evitar la dependencia del petróleo y el gas de Rusia afectaron a las iniciativas para abordar la crisis climática.
La guerra propició la reconfiguración política del conjunto de la región. Bielorrusia acomodó en gran medida su política exterior y militar a las de Moscú y fue corresponsable en el acto de agresión de Rusia. En uno y otro país, la guerra significó más represión, más penalidades y más aislamiento internacional, simbolizado por la expulsión de Rusia del Consejo de Europa y su suspensión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Con la reducción del papel pacificador de Rusia, el conflicto de Nagorno Karabaj volvió a recrudecerse.
La guerra y la política de Rusia también desestabilizaron los Balcanes occidentales, con el riesgo de una escalada del conflicto de Serbia con Kosovo. Como consecuencia indirecta, la UE cambió su política de ampliación al reconocer la candidatura “condicionada” de Bosnia y Herzegovina para ingresar en la Unión a pesar de que no cumplía los criterios de adhesión. Asimismo, dio el visto bueno a Ucrania y Moldavia para iniciar las negociaciones de adhesión, aunque no a Georgia, donde se habían paralizado o revertido las reformas.
En cuanto a los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, Rusia paralizó con frecuencia la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y también el Consejo de Seguridad de la ONU con su derecho de veto, relegando a ambos al papel de impotentes observadores del conflicto. No obstante, la Corte Penal Internacional actuó con una rapidez sin precedentes al anunciar el 2 de marzo una investigación sobre la situación en Ucrania.
En general, la guerra de Rusia en Ucrania empeoró las tendencias negativas de años anteriores en materia de derechos humanos al favorecer la inseguridad y la desigualdad, lo que a su vez sirvió de pretexto y animó a las fuerzas autoritarias a continuar reprimiendo libertades fundamentales. Estas mismas fuerzas se atrevieron a articular y, con frecuencia, implementar agendas racistas, xenófobas, misóginas y homófobas. Las implacables campañas de represión contra manifestantes en Kazajistán y Tayikistán fueron representativas del uso continuado de fuerza excesiva por las autoridades.
Violaciones del derecho internacional humanitario
La invasión de Ucrania por Rusia desencadenó una amplia crisis de derechos humanos, humanitaria y de desplazamiento.
Equipos de investigación documentaron miles de posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por las fuerzas rusas, tales como ejecuciones extrajudiciales y otros homicidios ilegítimos, tortura y otros malos tratos, traslados forzosos de población, uso de armas prohibidas, violencia sexual y ataques selectivos contra escuelas y hospitales. Rusia empleó tácticas de asedio contra civiles, ataques indiscriminados y ataques selectivos contra infraestructuras energéticas de Ucrania en pleno invierno al parecer con intención de causar el máximo sufrimiento a la población civil. Ambas partes del conflicto sometieron a malos tratos y posible ejecución extrajudicial a prisioneros de guerra.
No hubo avances en la investigación de violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán en 2020 ni tampoco para llevar a los presuntos autores ante la justicia. Las minas colocadas por las fuerzas armenias en territorios cedidos a Azerbaiyán continuaron causando muertes, y al final del año se recrudeció el conflicto cuando manifestantes azerbaiyanos bloquearon la carretera que unía Nagorno Karabaj con Armenia y quedó interrumpido el suministro de bienes y servicios esenciales. En Abjasia y Osetia del Sur / Región de Tsjinvali, regiones escindidas de Georgia, no hubo progresos respecto a la impunidad por los abusos cometidos en el pasado.
Todas las denuncias de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad deben ser objeto de investigaciones imparciales e independientes, incluso aplicando el principio de jurisdicción universal.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
La región recibió un número sin precedentes de personas en movimiento. Quienes huían de la invasión rusa de Ucrania constituyeron la mayor población desplazada del continente desde la Segunda Guerra Mundial. Las cifras más altas se registraron en Polonia (1,53 millones), Alemania (1,02 millones) y la República Checa (468.000). La UE activó por primera vez la Directiva de Protección Temporal, que daba acceso rápido a alojamiento, trabajo y educación a quienes huían del conflicto en Ucrania. La acogida de quienes buscaban protección de la guerra en este país marcó un nuevo hito en Europa y demostró que los Estados miembros de la UE tenían capacidad para ofrecer una protección digna a millones de personas cuando existía la voluntad política de hacerlo. Por ejemplo, en Países Bajos se aprobó una ley de estado de emergencia para que los municipios procuraran acceso a alojamiento y otros servicios a 60.000 personas ucranianas. En Suiza se proporcionó apoyo inmediato a las personas refugiadas de Ucrania, aunque se aplazaron proyectos dirigidos a mejorar las condiciones en los centros de asilo.
Los países de la UE también registraron el mayor número de solicitudes de asilo de personas de otros países del mundo desde 2016, así como un aumento del número de personas que utilizaban las rutas de los Balcanes occidentales y el Mediterráneo central y oriental para llegar hasta ellos. Durante todo el año, las fronteras de Europa siguieron siendo un lugar de exclusión racializada, peligro y abusos para muchas personas que también buscaban protección procedentes de otras partes del mundo, como Afganistán, Siria y el África subsahariana. En fronteras terrestres y marítimas por igual, los Estados sometieron a personas refugiadas y migrantes a devoluciones sumarias y a menudo violentas sin examinar sus circunstancias particulares. Muchas sufrieron las consecuencias de las políticas fronterizas racistas a manos de quienes las aplicaban. Las autoridades españolas seguían negando su responsabilidad en las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante las operaciones de su policía de fronteras en Melilla en 2021, en las que 37 personas del África subsahariana murieron, decenas más resultaron heridas y al menos 470 fueron objeto de devolución sumaria a Marruecos.
Agentes estatales que patrullaban las fronteras marítimas impidieron desembarcar a personas refugiadas y migrantes que llegaban por mar. Agentes de fronteras y policías detuvieron de forma arbitraria, con frecuencia durante largos periodos, a otras que habían logrado entrar en territorio de la UE, y devolvieron sumariamente, a menudo con violencia, a miles de personas de Bulgaria y Grecia a Turquía; de Turquía a Irán y Siria; de Chipre a Líbano; de España a Marruecos; de Francia a Italia; de Croacia a Bosnia y Herzegovina; de Hungría a Serbia; y de Letonia, Lituania y Polonia a Bielorrusia.
Los países reaccionaron de distinta manera a la toma del poder por los talibanes en Afganistán en 2021. Mientras Dinamarca comenzó a revisar las solicitudes de asilo rechazadas de personas afganas, Bélgica reanudó la denegación a éstas de protección internacional. Aunque Alemania reasentó a un número importante de personas afganas en situación de riesgo, suscitó preocupación la imparcialidad y la transparencia de un nuevo programa iniciado para admitir a 1.000 personas al mes.
En el este de la región, Tayikistán detuvo y deportó a personas refugiadas afganas. La guerra de Rusia en Ucrania desencadenó un movimiento migratorio en gran escala de personas rusas hacia Armenia, Georgia, Kirguistán y Kazajistán. En este último país se propusieron reformas legislativas que podían obligar a muchas a volver a Rusia. Bielorrusia continuó usando la violencia para obligar a personas refugiadas y migrantes a cruzar sus fronteras hacia países de la UE, sometiéndolas a tortura y otros malos tratos.
Los gobiernos deben garantizar que se respeta, se protege y se hace efectivo el derecho de todas las personas a recibir protección internacional sin sufrir discriminación, devolución a una situación de persecución ni otras violaciones de derechos humanos.
Derechos de las mujeres y de las niñas
Hubo avances y retrocesos en materia de derechos de las mujeres. En Polonia, una perniciosa sentencia de 2021 del Tribunal Constitucional seguía limitando el acceso al aborto, mientras las ONG ayudaban a 44.000 personas a acceder a éste —sobre todo en el extranjero— corriendo gran peligro debido a la deplorable criminalización de la prestación de ayuda. Hungría adoptó nuevas normas que obligaban a quienes solicitaban servicios de aborto a presentar un informe clínico que confirmara que habían escuchado el “latido fetal”. En Eslovaquia, fuerzas políticas presentaron proyectos legislativos para limitar el acceso al aborto.
Varios países empezaron a eliminar restricciones de acceso al aborto. En Países Bajos se suprimió el periodo preceptivo de cinco días de espera para abortar, mientras en Alemania se abolía una disposición que penalizaba al personal médico por “publicitar el aborto”. En España, el Parlamento aprobó una ley que eliminaba el requisito del consentimiento parental para las personas de 16 y 17 años que solicitaban servicios de aborto, así como el asesoramiento y el periodo de reflexión obligatorios. Malta comenzó a debatir la posibilidad de permitir la interrupción del embarazo en caso de peligro para la vida y la salud de la embarazada.
Persistieron en toda la región altos niveles de violencia contra las mujeres y de violencia de género en el ámbito familiar. Éste fue el caso en Kirguistán, donde la violencia de género seguía siendo sistémica y estando infradenunciada, y en Georgia, donde aumentó la preocupación ante los índices cada vez más altos de femicidio. Varios países tomaron medidas para reformar la legislación sobre violación y consagrar el principio del consentimiento. En Bélgica, Finlandia y España entraron en vigor nuevas leyes, mientras en Países Bajos, la Cámara de Representantes seguía debatiendo estas reformas.
Ucrania y Reino Unido ratificaron el histórico Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul). Aunque la UE no había hecho avances hacia la ratificación de este convenio, la Comisión Europea propuso una nueva directiva para combatir la violencia contra las mujeres y la violencia de género intrafamiliar.
ONU Mujeres informó de que más de un tercio de las familias sostenidas por mujeres en las zonas de Ucrania afectadas por la guerra tenían dificultades para obtener comida suficiente, y los ataques de Rusia contra centros médicos contribuyeron a reducir en gran medida los servicios de atención a la salud materna. En abril, en una nueva iniciativa para imponer los valores “tradicionales” en Turkmenistán, la policía empezó a impedir que las mujeres fueran como pasajeras en el asiento del copiloto de los automóviles, en aplicación de una nueva normativa carente de claridad jurídica.
Los gobiernos deben combatir con carácter urgente todas las formas de violencia de género que afectan desproporcionadamente a mujeres y niñas, y actuar sobre sus causas estructurales.
Derecho a la privacidad
Tras revelaciones anteriores sobre el software espía Pegasus, en 2022 se descubrió que el gobierno español lo había utilizado contra periodistas y figuras de la oposición política. También se confirmaron de manera independiente casos de uso de software espía contra periodistas y figuras políticas en Polonia y Grecia.
Varios gobiernos continuaron ampliando peligrosamente las facultades de sus servicios policiales y de inteligencia. En Serbia, el gobierno intentó aprobar legislación para facilitar la vigilancia biométrica y el tratamiento de datos. En Suiza e Irlanda, diversas ONG expresaron preocupación ante proyectos de legislación que, en el caso de Suiza, ampliaban las facultades de los servicios de inteligencia y, en el de Irlanda, introducían tecnología de reconocimiento facial en la aplicación de la ley. En Georgia se aprobaron reformas legislativas que ampliaban las competencias de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley para llevar a cabo vigilancia encubierta. Se actuó contra activistas de Turkmenistán en el extranjero, por ejemplo, en Estambul, donde personal del consulado turcomano atacó a activistas pacíficos que intentaban entregar una petición de derechos humanos.
Menoscabo de la independencia judicial y derecho a un juicio justo
En junio, la Comisión de Venecia del Consejo de Europa señaló que, en Georgia, la rapidez y el alcance de las reformas de la Ley sobre Tribunales Ordinarios introducidas en 2021 podían tener un “efecto inhibidor sobre la libertad de expresión de la judicatura y la independencia judicial interna” con la aparente intención de “controlar y silenciar” al poder judicial. En Bielorrusia se aprobó legislación que ampliaba el uso de las investigaciones y de los juicios in absentia, y el sistema de justicia continuó persiguiendo a quienes criticaban al gobierno. Los gobiernos de Hungría y Polonia siguieron actuando contra miembros de la judicatura y la fiscalía mediante suspensiones y procedimientos disciplinarios abusivos, y desoyendo las críticas internacionales a este respecto. En Turquía, el control gubernamental de la judicatura menoscababa la independencia judicial desde hacía años y tuvo como resultado que quienes defendían los derechos humanos, activistas y opositores políticos se enfrentaran a investigaciones, procesamientos y condenas sin fundamento.
Los Estados deben frenar su deriva hacia sociedades de la vigilancia, respetar el derecho a un juicio justo y poner fin a la erosión de la independencia judicial.
Tortura y otros malos tratos
La guerra de Rusia en Ucrania fue acompañada de tortura y otros malos tratos sistemáticos. Se sometió a malos tratos y posible ejecución extrajudicial a prisioneros de guerra. En Ucrania, algunas personas civiles sometidas al proceso de “filtrado” ruso sufrieron descargas eléctricas, amenazas de ejecución, privación de comida y agua, y la separación de menores de edad de sus progenitores. En otros lugares del este de la región, los malos tratos eran habituales en los centros de detención. En Kazajistán se denunciaron descargas eléctricas y quemaduras con planchas de vapor y, según datos oficiales, seis personas murieron debido a “métodos ilegales de interrogatorio”. En Tayikistán era habitual el uso de la tortura y otros malos tratos para obtener “confesiones”. En Bielorrusia, las personas declaradas culpables de cargos de motivación política eran recluidas en régimen de aislamiento y soportaban condiciones inhumanas. Kazajistán abolió la pena de muerte íntegramente de la legislación, mientras que Bielorrusia ejecutó al menos a una persona.
En las fronteras exteriores de la UE, guardias fronterizos y policías continuaron infligiendo malos tratos —con frecuencia equivalentes a tortura— a las personas refugiadas y migrantes, y en Italia continuaron los procesos judiciales relacionados con la tortura en las cárceles.
Los gobiernos deben actuar con urgencia para poner fin a la tortura y otros malos tratos y llevar a los perpetradores ante la justicia.
Extralimitaciones del Estado y libertad de expresión
Los gobiernos aprovecharon diversas “crisis” para arrogarse nuevas facultades. Las autoridades de Hungría utilizaron el pretexto de la guerra en Ucrania para atribuirse nuevas competencias que les permitían declarar el estado de excepción. Letonia, Lituania y Polonia mantuvieron un estado de excepción en la frontera con Bielorrusia que restringía injustificadamente el acceso de periodistas, ONG y agentes humanitarios.
Turquía continuó deteniendo y procesando a decenas de periodistas, activistas y figuras políticas de la oposición por cargos falsos de terrorismo. El Parlamento aprobó una nueva ley sobre la desinformación que reforzaba los poderes del gobierno sobre las redes sociales.
En los Balcanes occidentales, las autoridades presionaron, acosaron y amenazaron a periodistas, sobre todo a quienes informaban sobre delincuencia organizada, corrupción y crímenes de guerra. Entidades de observación registraron agresiones físicas contra periodistas en Kosovo, Montenegro y Serbia. El uso de demandas abusivas (demandas estratégicas contra la participación pública o SLAPP, por sus siglas en inglés) contra periodistas y activistas medioambientales era cada vez más habitual. Este uso era preocupante en Austria, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria y Grecia, pero alarmantemente común en Croacia, Serbia y Eslovenia. La Comisión Europea propuso una directiva contra esta clase de demandas que estaba en fase de negociación.
En el este de la región persistió el grave asalto a la libertad de expresión. Las restricciones gubernamentales dejaron a la población rusa casi sin fuentes de información independientes. En marzo se aprobó legislación que castigaba la “desacreditación” de las fuerzas armadas rusas y la “difusión deliberada de información falsa” sobre éstas que en la práctica prohibía toda mención crítica de la guerra en Ucrania y de la que se derivaron miles de causas judiciales administrativas y penales. Quienes criticaban la guerra fueron objeto de arresto, fuertes multas o incluso detención administrativa o prisión. Muchas personalidades críticas con la guerra fueron declaradas “agentes extranjeros”. Se cerraron decenas de medios de comunicación independientes, se bloquearon miles de sitios web y Meta fue declarada “organización extremista”. Bielorrusia también procesó a cientos de personas por expresar su apoyo a Ucrania o criticar al gobierno, arrestó a otros 40 periodistas independientes y presentó nuevos cargos contra los que ya estaban en prisión. Cientos de personas fueron enjuiciadas por su relación con contenido “extremista”.
Las autoridades de Tayikistán actuaron agresivamente contra medios de comunicación independientes y quienes defendían los derechos humanos, en respuesta a las nuevas protestas en la Provincia Autónoma de Gorno-Badajshán, donde cerraron Internet por completo los primeros meses del año. Según informes, Turkmenistán bloqueó 1.200 millones de direcciones IP para impedir el acceso a información del exterior, y Azerbaiyán aprobó una nueva ley de medios de comunicación para crear un registro oficial único de periodistas y exigió a los medios que difundieran únicamente información “objetiva”.
Libertad de reunión
En la parte occidental de la región, varios países prohibieron de manera arbitraria o desproporcionada las protestas pacíficas. En la República Srpska —en Bosnia y Herzegovina—, las autoridades prohibieron las manifestaciones conmemorativas del 30 aniversario de la persecución en tiempo de guerra. Turquía prohibió repetidamente los desfiles del Orgullo y las manifestaciones en memoria de las víctimas de desaparición forzada. Con mayor frecuencia, las autoridades recurrieron a otras medidas, como la detención preventiva (Suecia), el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes (Serbia), fuertes multas (Eslovenia), el arresto arbitrario (Grecia) y el despido injusto por participar en protestas (Hungría).
Muchos gobiernos persistieron en sus esfuerzos para impedir o castigar los actos de desobediencia civil, sobre todo de manifestantes por el medioambiente. Los gobiernos ejercieron la represión por diversos medios, como disolver reuniones ilegalmente (Finlandia) y acusar a manifestantes de delitos graves como el sabotaje (Suecia). Reino Unido aprobó legislación que confería a la policía nuevas facultades para imponer restricciones por hacer ruido o causar molestias. El Tribunal Administrativo Federal de Alemania sentó un precedente al resolver que los campamentos de protesta estaban protegidos por las garantías constitucionales de la libertad de reunión.
En el este, las autoridades de varios países emplearon fuerza excesiva contra manifestantes pacíficos, lo que resultó en muertes, lesiones y torturas. En enero tuvo lugar en Kazajistán un estallido repentino de protestas multitudinarias para reivindicar reformas. La respuesta de las autoridades fue practicar más de 10.000 arrestos, usar munición real y balas de goma, calificar de “terroristas” a quienes se manifestaban y recurrir a los malos tratos y a la detención en condiciones inhumanas; como consecuencia, al menos 219 manifestantes y 19 agentes encargados de hacer cumplir la ley perdieron la vida. Al final del año, la mayoría de los casos no se habían investigado.
En Tayikistán, las protestas fueron brutalmente reprimidas en la Provincia Autónoma de Gorno-Badajshán. En una “operación antiterrorista”, murieron decenas de manifestantes de etnia pamiri y más de 200 personas, entre las que había activistas, poetas y periodistas, fueron detenidas arbitrariamente.
En julio estallaron protestas en Karakalpakistán (Uzbekistán), en respuesta a las reformas constitucionales propuestas sobre el estatuto del territorio. El despliegue de las fuerzas de seguridad se saldó con al menos 21 muertes, más de 250 personas heridas, centenares de arrestos arbitrarios y decenas de casos de tortura y otros malos tratos.
En Bielorrusia, la policía disolvió con brutalidad las protestas pacíficas por la agresión de Rusia contra Ucrania y muchos manifestantes fueron condenados a detención o a una multa tras juicios a puerta cerrada. Las autoridades de Bishkek, en Kirguistán, restringieron los lugares donde podían celebrarse reuniones públicas. En Rusia, las autoridades persiguieron implacablemente no sólo a quienes participaban en protestas sino también a las entidades de observación.
Libertad de asociación
En la parte occidental de la región, Turquía y Francia destacaron por restringir la libertad de asociación intentando disolver asociaciones. En Turquía se aplicaron disposiciones antiterroristas de un modo excesivamente amplio contra una plataforma que combatía el femicidio, un grupo comunitario y uno de los principales partidos de la oposición, el Partido Democrático de los Pueblos. Francia abusó de las disposiciones de una nueva ley sobre los “valores republicanos” para actuar contra un grupo antifascista, dos grupos propalestinos y un colectivo de derechos medioambientales.
El gobierno de Uzbekistán consolidó el control que ejercía sobre la sociedad civil con un decreto que exigía a las ONG tener “socios nacionales” elegidos por el gobierno para poder disponer de subvenciones extranjeras. Kirguistán impuso a las ONG nuevos requisitos relativos a comunicar la recepción de fondos extranjeros, y en Bielorrusia se esgrimieron cargos de “extremismo” y “terrorismo” para cerrar más de 200 organizaciones.
El espacio para que todas las personas puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica debe ser protegido cuando los Estados se extralimitan con diversos pretextos.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
Turquía continuó su ataque contra quienes defendían los derechos humanos. Al final del año, Öztürk Türkdoğan se enfrentaba a tres procesos distintos por cargos falsos de “pertenecer a una organización terrorista”, “insultar a un funcionario público” y “desacreditar a la nación turca”. De igual modo, la abogada de derechos humanos Eren Keskin y una destacada especialista forense, Şebnem Korur Fincancı, se enfrentaban a cargos infundados de terrorismo. Las autoridades turcas rehusaron cumplir una decisión vinculante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso del defensor de los derechos humanos Osman Kavala, a pesar del procedimiento de infracción abierto. El Tribunal de Casación anuló los cargos contra Taner Kılıç, expresidente de Amnistía Internacional Turquía.
Grecia, Italia y Turquía persiguieron a quienes trabajaban en favor de los derechos de las personas refugiadas y migrantes. Quienes defendían los derechos de las mujeres sufrieron persecución en varios países. En Andorra se impuso una fuerte multa por difamación a Vanessa Mendoza Cortés por haber criticado los efectos nocivos de la prohibición del aborto en el país. En Polonia, Justyna Wydrzynska estaba siendo juzgada por apoyar los intentos de una embarazada de acceder a servicios de aborto.
En el este de la región, quienes defendían los derechos humanos sufrieron detención arbitraria, violencia e intimidación. La organización de derechos humanos Viasna fue especialmente atacada en Bielorrusia, donde Ales Bialiatski —premio Nobel de la Paz— y otros miembros de la organización estaban en prisión con cargos falsos en su contra, y Marfa Rabkova y Andrey Chapyuk fueron condenados a 15 y 6 años de cárcel, respectivamente, en un juicio a puerta cerrada. Nasta Loika fue acusada falsamente de “vandalismo menor” y privada de medicamentos, ropa de abrigo y agua potable mientras estuvo en detención administrativa; posteriormente se presentaron contra ella cargos falsos. En Rusia, la legislación sobre “agentes extranjeros” y “organizaciones indeseables” sometía a quienes defendían los derechos humanos a una presión incesante que obligó a muchas de estas personas a irse del país. En abril, el Ministerio de Justicia eliminó del registro oficial más de una docena de fundaciones y ONG extranjeras, incluida Amnistía Internacional, lo que obligó al cierre de sus oficinas en Rusia. En la Crimea ocupada continuaron las graves represalias contra activistas y profesionales de la abogacía de la comunidad tártara crimea.
Los gobiernos deberían proteger a quienes defienden los derechos humanos y reconocer la función esencial que cumplen en lugar de estigmatizar y criminalizar sus actividades.
Discriminación
En varios países hubo un número sin precedentes de denuncias de antisemitismo. Tanto en Alemania como en Reino Unido, las entidades de observación documentaron un grave aumento de los crímenes de odio antisemitas. En un caso en Eslovaquia se halló que el sospechoso del asesinato de dos personas LGBTI había escrito propaganda virulentamente antisemita. El Parlamento de Letonia aprobó una ley sobre reparaciones que establecía el pago de indemnizaciones a la comunidad judía por los bienes confiscados durante las ocupaciones nazi y soviética.
Varios países continuaron reforzando las medidas adoptadas contra las mujeres musulmanas o aprobando otras nuevas. Andorra aprobó una ley que prohibía llevar símbolos religiosos ostentosos, lo que impedía a las mujeres musulmanas cubrirse la cabeza con el hiyab. Autoridades locales en Francia prohibieron una manifestación de mujeres futbolistas contra el intento de codificar una norma discriminatoria que impedía participar en competiciones deportivas a las mujeres musulmanas que usaran el hiyab. El máximo tribunal administrativo confirmó la prohibición de usar el burkini en Grenoble. En Suiza, a raíz de un referéndum celebrado en 2021, el Parlamento examinó un proyecto de ley para prohibir las prendas que cubrían el rostro. El debate sobre estas medidas estuvo plagado de estereotipos negativos y envuelto en retórica antimusulmana.
Entidades de observación encontraron indicios convincentes de racismo estructural contra la comunidad afrodescendiente tanto en Bélgica como en Suiza. En Reino Unido, las operaciones de parada y registro continuaron afectando de manera desproporcionada a las personas negras. Según una investigación, en un periodo de 2 años se había sometido a registros corporales sin ropa a 650 menores de edad, y el 58% pertenecía a la comunidad negra. En Dinamarca, una empresa inmobiliaria desalojó a un gran número de personas para evitar la calificación de “gueto” con arreglo a la legislación que prohibía la concentración de personas de “procedencia no occidental”. En Alemania, el Observatorio Nacional sobre Discriminación y Racismo concluyó que el racismo era parte de la vida cotidiana en el país.
La comunidad romaní se enfrentaba a un discurso peyorativo y a la discriminación sistémica en la vivienda, la educación, la actuación policial y otros ámbitos de la vida. Por ejemplo, persistía su segregación en la educación en Albania, Croacia, Eslovaquia, Kosovo y Macedonia del Norte. Entre los factores que seguían obstaculizando los esfuerzos de empoderamiento de esta comunidad estaban la actuación policial racista, la apatridia y la falta de documentación personal. La represión implacable de los derechos humanos en Bielorrusia también se dirigió contra minorías nacionales como la polaca y la lituana, y contra quienes promovían la lengua y la cultura bielorrusas. El gobierno prohibió enseñar en polaco a dos escuelas del oeste del país, donde vivían muchas personas polacas, y cerró una escuela de lituano en la región de Grodno y varias librerías bielorrusas.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)
La discriminación y la violencia contra las personas LGBTI en algunos países se acompañó de avances judiciales o legislativos en otros. Uno de los episodios de violencia más graves tuvo lugar en Eslovaquia, donde dos personas murieron y otra resultó herida por disparos en el exterior de un bar gay. En Montenegro, Macedonia del Norte y Polonia se registraron ataques y amenazas contra dirigentes LGBTI.
Los tribunales de algunos países dictaron resoluciones que afirmaban los derechos de las personas LGBTI. En Croacia, confirmaron que las parejas del mismo sexo debían poder adoptar en las mismas condiciones que las demás. El Tribunal Constitucional de Eslovenia declaró que la prohibición del matrimonio homosexual y de la adopción por parejas homosexuales era inconstitucional. A raíz de una decisión del Tribunal Supremo de Letonia, los tribunales administrativos empezaron a reconocer a las parejas del mismo sexo. En Suiza entraron en vigor nuevas disposiciones que legalizaban el matrimonio civil y la adopción para las parejas del mismo sexo. El Parlamento de España aprobó una ley histórica que reconocía el derecho de las personas trans a la autodeterminación de género. Los gobiernos de Finlandia y Alemania propusieron legislación progresista sobre el reconocimiento legal de la identidad de género.
El gobierno de Hungría, por el contrario, organizó un referéndum basado en una ley anti-LGBTI de 2021. En Polonia, numerosos municipios aún se declaraban “zonas sin personas LGBTI” y se usaban las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) y la detención arbitraria contra activistas.
En el este de la región se observaron algunos avances. En Ucrania, el presidente Volodímir Zelenski prometió legislación sobre las uniones civiles. Moldavia celebró la mayor marcha del Orgullo de su historia a pesar de que el alcalde de la capital, Chisinau, había amenazado con prohibirla. Sin embargo, en otros lugares se siguieron reprimiendo severamente los derechos LGBTI. Rusia extendió a todos los grupos de edad la prohibición de hacer “propaganda de las relaciones sexuales no tradicionales, la pedofilia y la reasignación de género” dirigida a menores. Turkmenistán y Uzbekistán mantenían como delito las relaciones sexuales consentidas entre hombres, y en Uzbekistán se presentó un proyecto de ley discriminatorio que permitiría a la policía realizar pruebas obligatorias de detección de enfermedades a varones que hubieran tenido relaciones sexuales con otros varones.
Los gobiernos deben redoblar sus esfuerzos para prevenir la discriminación de todas las personas, incluidas las judías, musulmanas, negras, romaníes y LGBTI.
Derechos económicos, sociales y culturales
La guerra en Ucrania afectó profundamente a los países que tenían estrechos vínculos económicos con Rusia. En la propia Rusia aumentó el índice general de pobreza. En Ucrania, según el Banco Mundial, este índice se multiplicó por 10, ya que cerca de medio millón de niños y niñas se vieron sumidos en la penuria.
Al final del año, la mayoría de los países de la región sufrían una crisis del coste de la vida y una inflación sin precedentes. En 17 Estados miembros de la UE se alcanzaron índices de inflación superiores al 10%. Como era habitual, los sectores más pobres e indefensos en toda la región —incluidas personas con discapacidad, pensionistas y menores de edad— sufrieron los efectos de manera desproporcionada y no recibían una protección social adecuada.
Los gobiernos deben tomar medidas inmediatas para abordar las persistentes dificultades socioeconómicas destinando los recursos adecuados —incluso a través de una protección social integral— a garantizar que todas las personas disfrutan de sus derechos económicos, sociales y culturales.
Actuación deficiente contra la crisis climática
Las olas de calor sin precedentes en verano, con temperaturas superiores a 40 °C en algunos lugares, hicieron que muchas personas cobraran conciencia de la crisis climática. Debido a las altas temperaturas se registró un exceso de 25.000 muertes; además, se secaron ríos, se derrumbó un glaciar en Italia, una grave sequía afectó a la mayor parte de Portugal y los incendios destruyeron enormes extensiones en España. Los efectos de la guerra de Rusia en Ucrania diluyeron la urgencia de adoptar medidas respecto al clima. En Ucrania, la actividad militar contaminó el aire, el agua y el suelo con sustancias tóxicas y la actuación de Rusia en las hostilidades agravó el peligro de un accidente nuclear en torno a la central nuclear de Zaporiyia. La necesidad de reducir la dependencia del petróleo y el gas de Rusia dio pie a una carrera por conseguir fuentes alternativas de combustibles fósiles y a que se decidiera prolongar la vida de las centrales nucleares y eléctricas de carbón y bajar temporalmente los impuestos sobre los combustibles. Turkmenistán continuó siendo uno de los mayores emisores de gas metano del mundo, y las mujeres que vivían en las zonas rurales sufrieron de manera desproporcionada los efectos del cambio climático.
Tras cierta ambigüedad antes de la 27 Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP27), la UE apoyó la creación de un fondo de pérdidas y daños, lo que hizo concebir esperanzas en la solidaridad climática. Sin embargo, los países europeos no armonizaron los objetivos de reducción de emisiones hasta 2030 para alcanzar la meta global de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C.
Los gobiernos deben aumentar sus objetivos de reducción de emisiones de modo que reflejen su responsabilidad en la crisis climática y adoptar políticas adecuadas y compatibles con los derechos humanos, entre ellas la eliminación gradual del uso y la producción de combustibles fósiles mediante una transición justa.