La continuación de la agresión de Rusia contra Ucrania dominaba un paisaje de derechos asediados en el que la región de Europa y Asia Central estaba en primera línea del retroceso de los derechos humanos en todo el mundo. En el contexto de la guerra y de prácticas cada vez más autoritarias, un número creciente de países actuaron al unísono incumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos y socavando instituciones nacionales e internacionales. Quienes defendían los derechos humanos sufrían una situación de asedio.
Las violaciones del derecho internacional humanitario y los crímenes de derecho internacional cometidos de manera implacable por Rusia, que incluían ataques directos contra infraestructuras civiles, causaron una pérdida de vidas humanas incesante y un drástico empeoramiento de las condiciones de vida básicas en Ucrania, además de un sufrimiento cada vez mayor a la población infantil y otros grupos en situación de riesgo.
Persistía la impunidad de estos crímenes, así como de las violaciones de derechos humanos cometidas en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, de modo que, dadas las escasas perspectivas de rendición de cuentas, muchos gobiernos de Europa Oriental y Asia Central lanzaron ataques contra los derechos humanos sin ningún comedimiento. La sociedad civil fue objeto de ataques directos y se redujo en muchos países, donde actuaba en un clima de miedo y clandestinidad. Los defensores y defensoras de los derechos humanos eran encarcelados o se veían obligados a exiliarse. Hubo protestas pacíficas, que desafiaron la represión creciente pese a enfrentarse a una violencia sin precedentes. No obstante, a pesar de muchas iniciativas valientes, el impacto de la comunidad de derechos humanos decayó visiblemente.
La aplicación indebida de leyes contra el extremismo y el terrorismo y la retórica oficial sobre los “valores tradicionales” suprimieron los derechos de género, en particular los sexuales y reproductivos. Las actividades de observación, incluidas las de organizaciones internacionales, quedaron cada vez más restringidas. Aumentó la persecución transnacional de activistas en el exilio, lo que evidenció aún más la debilidad de los mecanismos nacionales e internacionales a la hora de proteger los derechos humanos.
Hubo retrocesos en materia de libertad de religión o de creencias. Se instrumentalizaron de manera flagrante los sistemas de justicia para reprimir la disidencia, y la tortura y otros malos tratos seguían siendo endémicos. Aumentó la violencia de género. Continuó la erosión de los derechos de las personas refugiadas y migrantes.
Crecieron la producción y el consumo de combustibles fósiles, que contribuían a la contaminación del aire, con el consiguiente daño a la salud humana.
La discriminación, el uso de perfiles raciales, la estigmatización y el hostigamiento por motivos de identidad —como la raza, la religión, el género y la sexualidad— fueron cuestiones presentes en cada uno de los aspectos de la protección y garantía de los derechos humanos. Hubo un repunte de las denuncias de crímenes de odio.
Se aplicaron leyes antiterroristas excesivamente amplias y ambiguas para reprimir la libertad de expresión, asociación y reunión. La policía empleó fuerza innecesaria o excesiva contra personas que se manifestaban pacíficamente, algunas de las cuales fueron privadas de libertad por actos pacíficos de desobediencia civil. Se hizo amplio uso de tecnologías de vigilancia con efectos intimidatorios.
También se desplegó un arsenal de leyes hostiles y represivas para disuadir y castigar a quienes expresaban solidaridad con el pueblo palestino o criticaban a Israel por el genocidio de la población palestina de Gaza. El compromiso de gobiernos de toda Europa con el derecho internacional se puso a prueba y resultó insuficiente, ya que algunas autoridades tomaron medidas para proteger al Estado israelí de tener que rendir cuentas. Pese a que tanto la Corte Internacional de Justicia como mecanismos expertos de la ONU exigieron que los países suspendieran toda transferencia de armas a Israel, algunos siguieron exportando armas y componentes.
El control de fronteras primó sobre los derechos de las personas refugiadas y migrantes. La tortura y otros malos tratos, especialmente contra migrantes y personas con discapacidad, siguió siendo motivo de preocupación. Persistieron las dificultades de acceso a tratamiento de afirmación de género. La violencia de género seguía estando muy extendida. Se erosionó el acceso a vivienda, seguridad social y asistencia médica. Catástrofes agravadas por el cambio climático hicieron estragos, sobre todo en Estados del sur de Europa.
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