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ARABIA SAUDÍ 2020

Se intensificó la represión del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión. Entre quienes sufrieron hostigamiento, detención arbitraria, procesamiento y/o prisión había personas críticas con el gobierno, activistas de los derechos de las mujeres, defensores y defensoras de los derechos humanos, familiares de activistas, periodistas, miembros de la minoría chií y personas que criticaban en Internet las respuestas del gobierno a la pandemia de COVID-19. Al finalizar el año, prácticamente la totalidad de los defensores y defensoras saudíes de los derechos humanos que se sabía que desarrollaban su labor dentro del país estaban detenidos o encarcelados. Continuaron celebrándose juicios manifiestamente injustos ante el Tribunal Penal Especializado y otros órganos judiciales. Los tribunales recurrieron ampliamente a la pena de muerte, y hubo ejecuciones por una amplia variedad de delitos. Los trabajadores y trabajadoras migrantes eran aún más vulnerables a los abusos y la explotación debido a la pandemia, y miles de ellos fueron recluidos arbitrariamente y en condiciones terribles, lo que causó un número indeterminado de muertes.

Información general

El país mantuvo las sanciones económicas y políticas impuestas a Qatar junto con Bahréin, Egipto y Emiratos Árabes Unidos en el marco de la crisis política del Golfo iniciada en 2017.

La coalición dirigida por Arabia Saudí en el largo conflicto armado de Yemen siguió estando implicada en crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional (véase el apartado sobre Yemen).

En marzo, la agencia de noticias saudí anunció que la Autoridad de Control y Anticorrupción (la Nazaha) había detenido a 298 funcionarios del sector público y los estaba investigando por corrupción.

En mayo, ante el desplome de los precios del petróleo y el impacto económico de la COVID-19, las autoridades introdujeron medidas de austeridad como triplicar el impuesto sobre el valor añadido hasta el 15% y dejar de pagar el subsidio por costo de la vida concedido a los empleados públicos.

En noviembre, se celebró virtualmente la cumbre del G-20, presidida por Arabia Saudí. Más de 220 organizaciones de la sociedad civil se comprometieron a no participar en el proceso de diálogo paralelo de la sociedad civil como protesta por el historial de Arabia Saudí en materia de derechos humanos.

Libertad de expresión, de reunión y de asociación

Las autoridades intensificaron la represión del derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, con la imposición de medidas enérgicas contra la expresión en Internet y de restricciones indebidas a la libertad de expresión en relación con las respuestas del gobierno a la pandemia de COVID-19. Sometieron a hostigamiento, detención arbitraria y enjuiciamiento a personas críticas con el gobierno, defensores y defensoras de los derechos humanos, familiares de activistas y muchas personas más.

En marzo, el Ministerio Público anunció que las publicaciones en redes sociales que cuestionasen el toque de queda impuesto por la COVID-19 o instigasen en su contra serían sancionadas en aplicación del artículo 6 de la Ley de Delitos Informáticos, que preveía penas de hasta cinco años de prisión y una multa máxima de casi tres millones de riyales (800.000 dólares estadounidenses).

Basándose en tuits u otras formas de expresión pacífica en Internet como prueba, los tribunales invocaban a menudo la Ley de Delitos Informáticos para condenar a quienes criticaban al gobierno o defendían los derechos humanos por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión.

Las autoridades seguían prohibiendo la formación de partidos políticos, sindicatos y grupos independientes de derechos humanos, y detenían, enjuiciaban y encarcelaban a quienes constituían organizaciones de derechos humanos no autorizadas o formaban parte de ellas. Continuaban prohibidas todas las reuniones, incluidas las manifestaciones pacíficas, en virtud de una orden del Ministerio del Interior de 2011.

Entre las personas detenidas o recluidas arbitrariamente había miembros de la familia gobernante y ex autoridades gubernamentales y familiares suyos. En abril, un año después de su detención, se confirmó en una cuenta oficial de Twitter la reclusión sin cargos de Basma bint Saud al Saud, hija del exrey Saud bin Abdulaziz al Saud y escritora y activista de derechos humanos. Su familia expresó preocupación por su salud, pues tenía dolencias previas que requerían tratamiento médico.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Las autoridades detuvieron arbitrariamente, enjuiciaron y encarcelaron a defensores y defensoras de los derechos humanos y a familiares de activistas de los derechos de las mujeres por sus actividades pacíficas y su labor por los derechos humanos, en aplicación de legislación como la Ley Antiterrorista y la Ley de Delitos Informáticos. Al concluir el año, prácticamente todos los defensores y defensoras saudíes de los derechos humanos se hallaban detenidos sin cargos o estaban siendo juzgados o cumpliendo penas de prisión.

Entre los que llevaban mucho tiempo recluidos arbitrariamente, sin comparecer ante un juez o sin que se hubieran formulado cargos en su contra, figuraba Mohammed al Bajadi, miembro fundador de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, detenido desde mayo de 2018.

En abril, Abdullah al Hamid, preso de conciencia y miembro fundador también de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, murió bajo custodia por negligencia médica. Había escrito mucho sobre derechos humanos y sobre la independencia del poder judicial.1 A finales de abril, las autoridades detuvieron a escritores y otras personas que habían expresado pesar por su muerte, entre ellos Abdulaziz al Dakhil, economista, escritor y ex viceministro de Economía.

Más de dos años después de una oleada de detenciones dirigida específicamente contra defensoras de los derechos humanos y sus simpatizantes, las autoridades siguieron manteniendo recluidas en régimen de incomunicación a Loujain al Hathloul y a Nassima al Sada por periodos de entre dos y cuatro meses seguidos. En diciembre, tras el traslado de la causa contra ella al Tribunal Penal Especializado en noviembre, Loujain al Hathloul fue condenada a 5 años y 8 meses de prisión, de los que 2 años y 10 meses eran de condena condicional. Varias activistas más seguían recluidas y sometidas a juicio ante el Tribunal Penal de Riad por su trabajo en favor de los derechos humanos o la expresión de sus opiniones.

Juicios injustos

Continuaron celebrándose juicios manifiestamente injustos ante el Tribunal Penal Especializado, órgano judicial antiterrorista conocido por cometer violaciones del debido proceso, como juicios masivos.2 Entre las personas sometidas aún a estos juicios o condenadas ya en ellos figuraban una defensora de los derechos humanos, clérigos y activistas acusados de delitos —algunos punibles con la muerte— derivados de la expresión pacífica de sus opiniones.

En marzo comenzó ante el Tribunal Penal Especializado un juicio masivo contra 68 palestinos, jordanos y saudíes por cargos falsos formulados contra ellos en aplicación de la Ley Antiterrorista. Dos de ellos —Mohammed al Khudari y su hijo, Hani al Khudari— estaban acusados de “unirse a una entidad terrorista”, denominación empleada para referirse a las autoridades de facto de Hamás en Gaza—. Ambos estuvieron en situación de desaparición forzada el primer mes de detención y permanecieron dos meses recluidos en régimen de incomunicación y aislamiento. Desde su detención, no tuvieron acceso a defensa letrada en ningún momento.

En junio, 14 personas detenidas desde abril de 2019 por su apoyo pacífico al movimiento por los derechos de las mujeres y a defensoras de los derechos humanos fueron acusadas formalmente en aplicación de la Ley de Delitos Informáticos, la Ley Antiterrorista o ambas. Entre ellas estaba Salah al Haidar, hijo de Aziza al Yousef, defensora de los derechos humanos que seguía procesada por su labor en favor de los derechos de las mujeres.

En septiembre, ocho hombres recibieron su condena definitiva por el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en Turquía en 2018. El Tribunal Penal de Riad conmutó cinco penas de muerte impuestas inicialmente y condenó a los ocho a entre 7 y 20 años de cárcel. Las autoridades permitieron la asistencia de personal diplomático al juicio, pero lo mantuvieron cerrado a medios de comunicación y observadores independientes. Además, no se reveló la identidad de los procesados ni los cargos a los que se enfrentaban.

También en septiembre, el Tribunal Penal Especializado condenó al escritor y profesor universitario Abdullah al Maliki a siete años de prisión por sus tuits y otras publicaciones en Internet en las que escribía sobre la libertad de expresión y la representación política y defendía a miembros de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos. También fue acusado de organizar un foro intelectual para hablar de libros y filosofía, con los cargos de “incitar a la opinión pública contra los gobernantes del país”.

Pena de muerte

Los tribunales siguieron imponiendo condenas a muerte, y se llevaron a cabo decenas de ejecuciones por una amplia variedad de delitos.

En abril, una orden real anunció que se ponía fin al uso de la pena de muerte contra menores de 18 años en el momento del delito en el caso de los delitos para los que la sharia (ley islámica) previera penas discrecionales. La orden estaba en consonancia con la Ley de Menores de 2018, que impedía la imposición discrecional de la pena de muerte a menores de 15 años, salvo en caso de hadd (delito para el que la sharia preveía una pena fija y severa) o de qisas (castigo equivalente al delito cometido).

En agosto, la Comisión de Derechos Humanos saudí anunció que el Ministerio Público había tomado la largo tiempo esperada decisión de ordenar revisar las condenas a muerte impuestas a Ali al Nimr, Abdullah al Zaher y Dawood al Marhoun, que corrían riesgo inminente de ejecución.3 Los tres jóvenes habían sido detenidos en 2012, cuando eran menores edad, y acusados de delitos relacionados con su participación en protestas contra el gobierno celebradas en la Provincia Oriental. En diciembre, el Ministerio Público revisó también su petición de ejecución de Mohammad al Faraj, miembro de la minoría chií del país que había sido detenido cuando tenía 15 años por su “participación en protestas [contra el gobierno]” en la Provincia Oriental, y solicitó en su lugar una pena de prisión.

Las autoridades no respetaban las normas internacionales sobre juicios justos en los casos de pena de muerte y celebraban a menudo procedimientos sumarios y en secreto, en los que no se permitía el acceso de las personas procesadas a defensa letrada o asistencia jurídica. Las personas extranjeras no tenían, por lo general, acceso a servicios de traducción durante las diversas fases de la detención y el juicio.

Castigos corporales judiciales

En abril, el ministro de Justicia emitió una circular a todos los tribunales para que implementaran la sentencia del Tribunal Supremo de poner fin a las penas de flagelación discrecionales y sustituirlas por penas de prisión y/o multas. La flagelación continuó imponiéndose en los casos en los que el castigo era preceptivo según la sharia.

Seguía desconociéndose si se había anulado la pena de flagelación discrecional impuesta al bloguero Raif Badawi, condenado en 2014 a recibir 1.000 azotes; a 10 años de cárcel, seguidos de la prohibición de viajar durante otros 10, y al pago de una cuantiosa multa por “insultar al islam” y crear un foro de debate en Internet. Badawi había recibido los primeros 50 azotes en enero de 2015, pero el resto se aplazaron, al principio por motivos médicos, y después por razones desconocidas.

Derechos de las mujeres y de las niñas

En julio, miembros de la Asamblea Consultiva, órgano encargado de asesorar al monarca, propusieron una reforma del reglamento de aplicación de la Ley de Nacionalidad saudí para conceder la residencia permanente, sin necesidad de pagar ninguna tasa ni realizar largos trámites, a los hijos e hijas de mujeres saudíes casadas con extranjeros. La propuesta se presentó a modo de solución provisional de las deficiencias de la Ley, que prohibía a las mujeres saudíes casadas con extranjeros transmitir su ciudadanía a su descendencia.

Una noticia positiva fue que, también en julio, un tribunal resolvió que ser “una mujer adulta y racional que vive de forma independiente no es delito”, en la causa abierta contra Maryam al Otaibi, mujer saudí denunciada por su padre —y tutor legal— por abandonar la casa familiar. Maryam al Otaibi había participado activamente en la campaña para poner fin al sistema de tutela masculina. No estaba claro que esta resolución fuera indicativa de que las autoridades tenían la intención de poner fin a la criminalización de las mujeres que se marchaban de casa sin el permiso de su tutor varón, quien podía entonces denunciarlas por “absentismo”.

Continuó la discriminación de las mujeres y las niñas en la ley y en la práctica en relación con el matrimonio, el divorcio y la herencia, y siguieron sin recibir protección suficiente frente a la violencia sexual y otras formas de violencia. Las mujeres acogidas en albergues por haber sufrido abusos en el ámbito familiar seguían necesitando el permiso de un tutor varón para salir de ellos.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

La “homosexualidad” siguió estando prohibida en Arabia Saudí y era punible con flagelación y cárcel.

En julio, el defensor de los derechos de las personas LGBTI Mohamed al Bokari fue condenado a 10 meses de prisión, seguidos de deportación a Yemen, por cargos relativos a vulnerar la moral pública, promover la homosexualidad en Internet e imitar a las mujeres. Había sido detenido después de aparecer en un vídeo en el que defendía las libertades personales de las personas LGBTI.

Derechos de las personas migrantes

En marzo, al comienzo de la pandemia de COVID-19, las autoridades prorrogaron los permisos de residencia de trabajadores y trabajadoras extranjeros sin coste alguno, y la Comisión de Derechos Humanos saudí anunció la excarcelación de 250 personas extranjeras recluidas por delitos no violentos de inmigración y residencia.

Sin embargo, los aproximadamente 10 millones de trabajadores y trabajadoras migrantes de Arabia Saudí seguían estando sometidos al sistema de kafala (patrocinio), que daba a las entidades empleadoras facultades desproporcionadas sobre ellos y les impedía salir del país o cambiar de trabajo sin su permiso, lo que aumentaba su vulnerabilidad a los abusos y la explotación laborales. Durante la pandemia de COVID-19, esta situación —junto con las terribles condiciones de vida, la escasa protección jurídica y el acceso limitado a servicios preventivos de salud y a tratamiento— puso a la población trabajadora migrante en una situación de mayor vulnerabilidad todavía y mayor riesgo de contraer la enfermedad.

A partir de marzo, miles de migrantes etíopes, entre los que había mujeres embarazadas y niños y niñas, fueron recluidos arbitrariamente y en duras condiciones en al menos cinco centros de detención del país. Denunciaron falta de comida, agua, atención médica, instalaciones sanitarias y ropa suficientes. Estaban hacinados en celdas, de las que no podían salir. No se abordaban las necesidades específicas de las mujeres embarazadas y madres lactantes. Los niños y niñas recién nacidos, bebés y adolescentes estaban recluidos en las mismas condiciones terribles que las personas adultas.4

Aunque era difícil determinar el número de muertes ocurridas bajo custodia y corroborar todas las denunciadas, personas recluidas allí que fueron entrevistadas dijeron que habían visto siete cadáveres. Tres mujeres dijeron que habían tenido contacto con otra cuyo bebé había muerto en el centro de detención. Ocho hombres dijeron que habían sufrido y presenciado palizas de los guardias y dos denunciaron que los guardias habían aplicado descargas eléctricas como castigo.


  1. Arabia Saudí: Muere en detención Abdullah al Hamid, preso de conciencia (noticia, 24 de abril)
  2. Arabia Saudí: Silenciar las voces críticas. Juicios politizados ante el Tribunal Penal Especializado de Arabia Saudí (MDE 23/1633/2020)
  3. Arabia Saudí: La revisión de la condena a muerte de tres jóvenes, un paso hacia la justicia largo tiempo esperado (noticia, 27 de agosto)
  4. Saudi Arabia: “This is worse than COVID-19”: Ethiopians abandoned and abused in Saudi prisons (MDE 23/3125/2020)