Arabia Saudí 2024

Se sometió a defensores y defensoras de los derechos humanos y a otras personas que habían ejercido su derecho a la libertad de expresión y de asociación a detención arbitraria, juicios injustos que desembocaron en largas penas de prisión, y prohibiciones de viajar. A pesar de algunas reformas laborales limitadas, la población trabajadora migrante, en particular la del sector doméstico, seguía sometida a trabajo forzoso y otras formas de abuso y explotación laborales y carecía de acceso a mecanismos adecuados de protección y reparación. Miles de personas fueron detenidas y deportadas a sus países de origen, a menudo sin garantías procesales, en el marco de las medidas enérgicas que aplicaba el gobierno contra quienes se consideraba que habían infringido la normativa laboral, de fronteras o de residencia. Arabia Saudí llevó a cabo ejecuciones por una amplia variedad de delitos, incluidos los relacionados con las drogas. Los tribunales impusieron condenas a muerte tras juicios manifiestamente injustos. Las mujeres seguían estando discriminadas en la ley y en la práctica. Arabia Saudí no adoptó medidas para abordar el cambio climático y anunció planes para aumentar la producción de petróleo.

Información general

Arabia Saudí y la Unión Europea (UE) celebraron su cuarto diálogo sobre derechos humanos en la capital, Riad, el 17 de diciembre. La UE reconoció los avances realizados en materia de derechos de las mujeres, pero expresó su honda preocupación por el aumento de las ejecuciones, incluso por delitos no mortales y de drogas, así como por las restricciones de los derechos civiles y políticos, en referencia a las largas penas de prisión impuestas por expresarse en Internet a través de las redes sociales.

El 11 de diciembre, la FIFA confirmó a Arabia Saudí como sede de la Copa Mundial de fútbol masculino de 2034. La decisión fue condenada por organizaciones de la sociedad civil, que destacaron los riesgos de explotación, discriminación, desalojos forzosos y represión que entrañaba.

Entre el 15 y el 19 de diciembre, Arabia Saudí acogió en Riad la decimonovena reunión anual del Foro para la Gobernanza de Internet. Una delegación de Amnistía Internacional pidió la liberación de las personas detenidas por expresarse en Internet.

Libertad de expresión y de asociación

Las autoridades continuaron manteniendo recluidas arbitrariamente a personas sin darles oportunidad alguna de impugnar la legalidad de su detención y, en muchos casos, les impusieron largas penas de prisión o de muerte por cargos imprecisos y excesivamente amplios que tipificaban la expresión pacífica como delito de “terrorismo”, lo que constituía una violación de su derecho a un juicio justo y a las debidas garantías procesales, así como de su derecho a la libertad de expresión. El Tribunal Penal Especializado, creado para juzgar delitos de terrorismo, siguió dictando sentencias condenatorias e imponiendo largas penas de prisión en juicios manifiestamente injustos simplemente por ejercer el derecho a la libertad de expresión y de asociación, incluso en línea a través de X (antes Twitter).

Se filtró un proyecto de reforma inminente del Código Penal que criminalizaba la libertad de expresión, al tipificar como delitos la difamación, el “insulto” y el “cuestionamiento de la integridad de la judicatura” y establecer sanciones para ellos. También contenía imprecisas disposiciones sobre delitos como “actos indecentes” y “palabras que afectan al honor”.

Juicios injustos

El 9 de enero, en una vista secreta, el Tribunal Penal Especializado condenó a Manahel al Otaibi, instructora de gimnasia de mantenimiento y activista en favor de los derechos de las mujeres, a 11 años de prisión por cargos relacionados únicamente con su forma de vestir y sus opiniones expresadas en Internet, entre ellas pedir en las redes sociales el fin del sistema de tutela masculina de Arabia Saudí. La condena no se hizo pública hasta varias semanas después de haberse dictado sentencia, cuando el gobierno emitió su respuesta formal a una petición de información sobre su caso planteada conjuntamente por varios procedimientos especiales de la ONU. La familia de Manahel al Otaibi no pudo acceder a los documentos judiciales ni a las pruebas de cargo presentadas; en noviembre supo por ella que la Sala de Apelación del Tribunal Penal Especializado había confirmado su condena.

El 29 de mayo, el Tribunal Penal Especializado condenó al profesor Asaad bin Nasser al Ghamdi a 20 años de prisión por publicar en las redes sociales críticas al programa social y económico gubernamental Visión 2030 y por expresar sus condolencias por la muerte en prisión de un destacado defensor de los derechos humanos.¹ Dos meses más tarde, la Sala de Apelación del Tribunal Penal Especializado le redujo la condena a 15 años. Su hermano, el profesor jubilado Mohammad al Ghamdi, fue declarado culpable y condenado a 30 años de prisión por la Sala de Apelación tras la anulación de su condena a muerte en septiembre. También había sido acusado únicamente por sus publicaciones en las redes sociales.²

En septiembre, el Tribunal Penal Especializado redujo a Salma al Shehab la condena de 27 años de prisión que pesaba sobre ella, imponiéndole una de cuatro años de prisión y cuatro de condena condicional. En marzo de 2022, el Tribunal Penal Especializado la había condenado a seis años de prisión en virtud de la ley antiterrorista únicamente por sus escritos y por retuitear comentarios en X en apoyo de los derechos de las mujeres. Después de una serie de apelaciones, la condena había aumentado a 27 años de prisión en 2023.

Las autoridades continuaron manteniendo recluido al ciudadano yemení-neerlandés Fahd Ramadhan sin cargos ni acceso a representación letrada. Tras su detención, el 20 de noviembre de 2023, las autoridades lo habían tenido recluido en régimen de incomunicación desde el 21 de noviembre de 2023 hasta el 1 de enero de 2024. Él explicó a representantes de las autoridades neerlandesas que creía que estaba detenido por haber mostrado su simpatía en Internet hacia una persona crítica con la familia real saudí. En enero, su familia le buscó un abogado, pero las autoridades penitenciarias le impidieron ver a su cliente y le dijeron que no debía inmiscuirse en el caso.³

Prohibiciones de viajar

La destacada defensora de los derechos humanos Loujain al Hathloul, que había sido puesta en libertad en febrero de 2021 tras cumplir dos años y medio de prisión por cargos relacionados con su labor en favor de los derechos humanos, seguía sometida a una prohibición arbitraria de viajar a pesar de haber expirado su pena de prisión y la prohibición de viajar que se le había impuesto judicialmente. En septiembre de 2024, la Junta de Reclamaciones, tribunal administrativo, aceptó tramitar una denuncia judicial presentada por Loujain al Hathloul contra la Presidencia de la Seguridad del Estado por seguir imponiéndole la prohibición de viajar. En diciembre, el juez archivó el caso alegando falta de jurisdicción.

Derechos de las personas migrantes

Las autoridades continuaron aplicando medidas enérgicas —como detención arbitraria y expulsión, con frecuencia sin garantías procesales— contra las personas acusadas de infringir la normativa laboral, de residencia o de fronteras debido únicamente a su situación migratoria irregular. Según el Ministerio del Interior, a lo largo del año fueron devueltas a su país de origen al menos 573.000 personas, de las más de 994.000 detenidas por tales infracciones. Más de 61.037, en su mayoría etíopes y yemeníes, fueron detenidas por entrar a Arabia Saudí de forma irregular desde Yemen.

La población trabajadora migrante de Arabia Saudí seguía sometida al sistema de patrocinio conocido como kafala y sufría abusos generalizados de derechos humanos, algunos de los cuales podían equivaler a trabajo forzoso, en diversos sectores laborales y regiones geográficas. El salario mínimo nacional seguía aplicándose sólo a las personas de nacionalidad saudí.

En junio, la federación sindical de ámbito mundial Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera presentó una queja histórica contra Arabia Saudí ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), acusando al país de violar los convenios de la OIT sobre trabajo forzoso debido a las condiciones de explotación a que se enfrentaba en la vida y en el trabajo su numerosa mano de obra migrante.

Trabajadores migrantes contratados para establecimientos de Arabia Saudí franquiciados por el grupo Carrefour fueron engañados por sus agentes de contratación y sometidos a jornadas laborales excesivas y al robo de sus salarios por una franquicia local y por terceros proveedores de mano de obra. En algunos casos, este trato equivalía probablemente a trabajo forzado y trata de personas. A raíz de una investigación de Amnistía Internacional, el grupo Carrefour encargó a una tercera entidad una auditoría de las operaciones de su franquicia y adoptó algunas medidas para mejorar las condiciones.⁴

En febrero, en respuesta a un informe de Amnistía Internacional de 2023 sobre los abusos sufridos por los trabajadores en sus almacenes, Amazon reembolsó a más de 700 de ellos las comisiones ilegales de contratación que les habían cobrado. También tomó medidas para mejorar el alojamiento del personal, las inspecciones de terceros y los procedimientos de reclamación.⁵

Las personas migrantes empleadas en el sector doméstico continuaron sufriendo abusos y explotación laborales. En lugar de hacer extensiva a ellas la protección prevista en la legislación laboral, el gobierno aprobó una nueva normativa, que entró en vigor en octubre, cuyas disposiciones, si bien estipulaban la prohibición de confiscar el pasaporte, fijaban un número máximo de horas de trabajo y esbozaban normas de seguridad y salud en el trabajo, no cumplían las normas de derechos humanos, pues no obligaban a pagar las horas extraordinarias, permitían a la entidad empleadora negociar con las personas empleadas su día libre semanal, no fijaban un salario mínimo y carecían de mecanismos de aplicación adecuados.

Las autoridades anunciaron nuevas reformas para el personal migrante del sector doméstico. En febrero, el Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo Social puso en marcha un nuevo plan de seguros, supuestamente para proteger los derechos de las personas empleadas en el sector doméstico y de sus entidades empleadoras. Sin embargo, el plan favorecía a las segundas, al concederles indemnizaciones en caso de que el trabajador o trabajadora falleciera o se ausentara o no pudiera trabajar por cualquier otro motivo —además de cubrir los gastos de repatriación en caso de fallecimiento—, mientras que, en relación con los salarios, sólo se garantizaba su pago en caso de fallecimiento o incapacidad permanente del empleador o empleadora, no si se dejaban de pagar por algún otro motivo.

En marzo, el Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo Social introdujo una normativa que permitía a quienes tenían a personas empleadas en el servicio doméstico rescindirles el contrato en determinadas condiciones presentando contra ellas una denuncia por “abandono del trabajo”. Esta nueva disposición, que ya se había introducido en el sector privado, eliminaba aparentemente la posibilidad de que las entidades empleadoras presentaran acusaciones abusivas por “fuga”. Sin embargo, seguía sin ofrecer unas garantías jurídicas de protección que permitieran impugnar tales denuncias, por lo que dejaba a las personas migrantes empleadas expuestas a ser detenidas y deportadas.

En mayo, el Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo Social puso en marcha el Servicio de Protección Salarial, que obligaba a las entidades empleadoras a utilizar métodos de pago digitales para el abono de los salarios en el sector doméstico a fin de dejar constancia documental de él. No explicó claramente a qué sanciones se enfrentaban las entidades empleadoras en caso de incumplimiento.

En julio, el Consejo de Garantía Sanitaria y la Autoridad del Seguro ejecutaron una decisión gubernamental por la que se hacía obligatorio el seguro en el caso de quienes tuvieran a más de cuatro personas empleadas en el servicio doméstico. Sin embargo, esta política generaba desigualdad en materia de protección, ya que, al no aplicarse a los hogares pequeños, dejaba a muchas personas que trabajaban en el servicio doméstico sin seguro médico.

En octubre, el Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo Social anunció un plan de seguros para proteger los salarios de las personas trabajadoras migrantes en caso de impago por parte de las entidades empleadoras. Sin embargo, el modo en que estaba concebido y los restrictivos criterios empleados para determinar el derecho a acogerse a él limitaban la capacidad del plan para proporcionar protección integral a todos los trabajadores y trabajadoras migrantes que la necesitaran.⁶

Pena de muerte

Las autoridades llevaron a cabo un número de ejecuciones sin precedentes por una amplia variedad de delitos y en circunstancias que violaban el derecho y las normas internacionales. Las ejecuciones por delitos relacionados con las drogas se dispararon.

Al menos 50 hombres, en su mayoría egipcios, estaban en espera de ejecución en la prisión de Tabuk tras haber sido declarados culpables de delitos relacionados con drogas.

Siete jóvenes que eran menores de 18 años en el momento de sus presuntos delitos corrían riesgo de ejecución inminente. Seis de ellos habían sido declarados culpables y condenados a muerte por cargos de terrorismo; el séptimo, por robo a mano armada y asesinato. Los siete habían sido sometidos a juicios injustos, que estuvieron marcados por la admisión como prueba de “confesiones” obtenidas mediante tortura.

El 17 de agosto, la agencia oficial de noticias saudí anunció la ejecución de Abdulmajeed al Nimr, agente de policía de tráfico jubilado, por delitos de terrorismo relacionados con su presunta asociación con el grupo armado Al Qaeda. Según los documentos judiciales, el 25 de octubre de 2021 el Tribunal Penal Especializado lo había condenado inicialmente a nueve años de prisión por cargos como “intentar desestabilizar el tejido social y la unidad nacional participando en manifestaciones […] apoyando disturbios, coreando consignas contra el Estado y sus gobernantes” y unirse a un grupo de WhatsApp en el que había personas buscadas por motivos de seguridad. En apelación, su castigo se elevó a la pena de muerte. El Tribunal Penal Especializado no había hecho referencia a la vinculación con Al Qaeda en su sentencia inicial. A Abdulmajeed al Nimr se le negó el acceso a asistencia letrada durante los aproximadamente dos años que duraron sus interrogatorios y su detención previa al juicio, y fue declarado culpable únicamente sobre la base de una “confesión” que, según él, se obtuvo mediante coacción; además, estuvo recluido en régimen de aislamiento durante un mes y medio.

Amnistía Internacional analizó un proyecto, filtrado, de reforma inminente del Código Penal de Arabia Saudí, según el cual, entre las condenas discrecionales, se codificaba la pena de muerte como castigo principal para una serie de delitos, junto con la prisión y las multas, y se seguía dejando a discreción de los jueces imponerla.⁷

Derechos de las mujeres y de las niñas

Las mujeres continuaban siendo objeto de discriminación, en la ley y en la práctica, en cuestiones como el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos e hijas y la herencia.

En octubre, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer examinó el quinto informe periódico de Arabia Saudí e identificó más de 20 motivos principales de preocupación en relación con el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el país en virtud de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que había ratificado en 2000. El Comité formuló recomendaciones sobre la persecución de defensoras de los derechos humanos, el uso de la pena de muerte, la falta de protección de las trabajadoras domésticas migrantes, la persistencia de un sistema de tutela masculina de facto y otras cuestiones relacionadas con la salvaguarda de los derechos de las mujeres en Arabia Saudí.

Vigilancia selectiva ilícita

En octubre, el Tribunal Superior de Reino Unido dictó una orden por la que concedía permiso a Yahya Assiri, defensor saudí de los derechos humanos residente en Reino Unido, para interponer una demanda contra el gobierno de Arabia Saudí por utilizar software espía contra él.⁸ Una investigación de Amnistía Internacional de agosto de 2018 había revelado que se había utilizado el programa espía Pegasus de NSO Group contra Yahya Assiri y contra una integrante del personal de Amnistía Internacional utilizando como señuelo contenido relacionado con Arabia Saudí.

Derecho a un medioambiente saludable

Arabia Saudí, gran productor de combustibles fósiles, continuó entre los 10 mayores emisores de carbono per cápita del mundo. Durante las negociaciones de la COP29, bloqueó toda referencia a la eliminación progresiva de los combustibles fósiles.

En junio, el ministro de Energía anunció que Arabia Saudí tenía previsto aumentar su capacidad de producción de petróleo entre 2025 y 2027, antes de volver en 2028 al nivel de 12,3 millones de barriles diarios de 2024.

En 2021, el gobierno había anunciado un objetivo de cero emisiones netas para 2060, pero en 2024 aún no había publicado más información sobre su consecución ni lo había recogido en la legislación. El objetivo de la contribución determinada a nivel nacional de Arabia Saudí reflejaba una acción mínima o nula y no era coherente con el límite de temperatura de 1,5 °C acordado a nivel mundial.