Resumen

Las autoridades persiguieron a personas por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión o asociación; algunas fueron condenadas a largas penas de prisión o a muerte tras juicios manifiestamente injustos. Se siguió sometiendo a defensores y defensoras de los derechos humanos a reclusión arbitraria o a la prohibición de viajar tras haber quedado en libertad condicional. Los tribunales impusieron condenas a muerte tras juicios manifiestamente injustos, incluso a personas que eran menores de edad en el momento del presunto delito, y se llevaron a cabo ejecuciones por una gran variedad de delitos. Se cometieron graves abusos contra los derechos humanos de personas migrantes, como homicidios en la frontera con Yemen y situaciones que podían equivaler a trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Miles de personas fueron devueltas involuntariamente a su país de origen en el marco de las medidas enérgicas aplicadas contra migrantes sin documentación en todo el país. Las mujeres seguían estando discriminadas en la ley y en la práctica.