Ucrania 2025

Continuaron los ataques indiscriminados de Rusia sobre zonas densamente pobladas, dirigidos contra infraestructuras civiles críticas y con la aparente intención de atacar a población civil. Personas ucranianas, tanto prisioneras de guerra como civiles bajo custodia, sufrieron tortura, desaparición forzada y detención en régimen de incomunicación en los territorios ocupados por Rusia, donde persistía la represión de las identidades no rusas. Periodistas de investigación denunciaron ser objeto de campañas de desprestigio selectivas. Hubo restricciones del derecho a la libertad de religión. Se negó el servicio civil alternativo y se procesó a objetores de conciencia. Suscitaba preocupación la falta de imparcialidad procesal de los enjuiciamientos por colaboración.

Información general

Rusia continuó buscando conquistas territoriales y aumentó la intensidad y magnitud de sus ataques en toda Ucrania. La guerra de desgaste se cobró un número considerable de víctimas en ambos bandos. Ucrania desarrolló, fabricó y utilizó tácticas y armas militares innovadoras, e intentó reducir su enorme dependencia de municiones y sistemas de armamento suministrados desde el extranjero. Sus negociadores no sucumbieron a la presión de Estados Unidos para que Ucrania hiciera concesiones territoriales y de otro tipo como parte de un acuerdo de paz con Rusia.

El número de víctimas civiles siguió siendo elevado, con un total de 14.999 personas muertas y 40.601 heridas entre el 24 de febrero de 2022 y septiembre de 2025. Junio y julio fueron los meses más letales para la población civil de Ucrania desde abril de 2022.

La economía seguía siendo frágil y dependía en gran medida de la financiación extranjera y otra ayuda. Las protestas populares frustraron los intentos de las autoridades de aprobar nueva legislación para debilitar las instituciones contra la corrupción. Mientras iba en aumento la grave escasez de energía, la Oficina Nacional contra la Corrupción de Ucrania y una fiscalía especializada destaparon una presunta trama de comisiones ilegales en el sector energético que dio lugar a detenciones y dimisiones de alto nivel. La incorporación a la UE seguía siendo un objetivo prioritario, mientras la perspectiva de ingresar en la OTAN parecía cada vez más incierta.

Violaciones del derecho internacional humanitario

Ataques ilícitos

Los ataques aéreos de Rusia contra Ucrania, cada vez más intensos, incluyeron ataques indiscriminados en zonas densamente pobladas dirigidos contra infraestructuras civiles críticas y contra la población civil, por lo que constituían crímenes de guerra.¹ La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, establecida por la ONU, concluyó que los ataques rusos con drones dirigidos contra civiles en la región de Jersón constituían crímenes de guerra y el crimen de lesa humanidad de asesinato.

Según informó la Misión de la ONU de Observación de los Derechos Humanos en Ucrania, la mayoría de las víctimas civiles se habían producido cerca del frente; En diciembre eran el 67% del número total y cerca del 30% habían sido atacadas con drones FPV (pilotaje con visión remota). Durante los meses más fríos, Rusia atacó infraestructuras energéticas prácticamente a diario.² En noviembre se publicaron datos oficiales que indicaban que la energía generada era menos de la mitad que antes de febrero de 2022. Millones de personas soportaron escasez de energía y de calefacción, con el suministro eléctrico limitado algunos días a tres horas diarias en pleno descenso de las temperaturas. Ucrania respondió a partir de septiembre lanzando ataques recíprocos a infraestructuras energéticas en el interior de Rusia que causaron apagones locales temporales.

Según la ONU, las minas u otros explosivos causaron la muerte de 472 civiles y heridas a 1.188 entre febrero de 2022 y diciembre de 2025.

Ejecuciones extrajudiciales

De acuerdo con información publicada en medios de comunicación, a fecha de 10 de diciembre, la Fiscalía General de Ucrania había documentado desde el inicio de la guerra en gran escala 322 casos en los que las fuerzas rusas habían ejecutado a prisioneros de guerra ucranianos. Vladyslav Nahornyi fue capturado cerca de la ciudad de Pokrovsk (región de Donetsk) en agosto. Según relató a medios de comunicación ucranianos, él y otros siete prisioneros de guerra ucranianos fueron torturados por las fuerzas rusas, que después mataron a los demás. Aunque a él le cortaron el cuello, sobrevivió y volvió arrastrándose hasta una posición ucraniana.

Tortura y otros malos tratos

Rusia continuó negando a entidades observadoras internacionales el acceso a los prisioneros de guerra en la Ucrania ocupada y otros lugares, y sometió sistemáticamente a éstos a desaparición forzada y reclusión en régimen de incomunicación (véase el apartado sobre Rusia). Los que fueron liberados en canjes denunciaron tortura y otros malos tratos generalizados, como denegación de asistencia médica y desnutrición, así como muertes habituales.³ Uno de ellos, que había permanecido 33 meses en cautiverio ruso, sólo pesaba 40 kilos cuando Amnistía Internacional lo entrevistó semanas después de su liberación en enero. Otro exprisionero, de 46 años, murió en noviembre por complicaciones de salud a los seis meses de su liberación.

Los prisioneros de guerra rusos en poder de Ucrania a los que visitaron delegaciones de Amnistía Internacional en dos campos de prisioneros en abril y septiembre contaron episodios de malos tratos en el momento de su captura y también expresaron quejas menores sobre el trato recibido en los campos donde habían sido recluidos posteriormente, como la limitada variedad de alimentos en la tienda del campo. Cautivos no rusos denunciaron insultos racistas por parte de otros reclusos y de los guardias.

Libertad de expresión

Ucrania mantuvo la excepción al cumplimiento de sus obligaciones en virtud del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos relativo a la libertad de expresión.

Periodistas de investigación denunciaron ser objeto de campañas coordinadas de desprestigio y de demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) por parte de autoridades y entidades empresariales afectadas por sus investigaciones. La periodista medioambiental Olena Mudra fue objeto de una campaña de artículos difamatorios e imágenes falsas en medios digitales tras haber informado sobre un polémico proyecto de parque eólico.

El activista contra la corrupción Vitaliy Shabunin se enfrentó a una investigación penal por presunto fraude que, según la opinión generalizada, era una represalia por su historial de críticas al Ministerio de Defensa y a la Presidencia en relación con la adquisición de armas.

Libertad de reunión pacífica

En julio estallaron en Kiev, la capital, y otros lugares protestas espontáneas contra la legislación que socavaba instituciones clave que combatían la corrupción. A pesar de las restricciones de la ley marcial y de la preocupación por los ataques aéreos rusos contra aglomeraciones al aire libre, cientos de manifestantes permanecieron 10 días en la calle hasta que sus demandas fueron efectivamente satisfechas.

Libertad de religión o de creencias

Se tomaron más medidas para disolver la iglesia ortodoxa ucraniana, a la que la autoridad reguladora del Estado solicitó que “rompiera sus vínculos” con la iglesia ortodoxa rusa. La iglesia ortodoxa ucraniana se negó, aduciendo que ya lo había hecho. En septiembre se inició un litigio relacionado con su diócesis de Kiev que al finalizar el año no se había resuelto. En octubre, mecanismos expertos de la ONU criticaron la legislación en que se basaban estas actuaciones por carecer de seguridad jurídica y “equiparar filiación religiosa con amenazas a la seguridad nacional” falsamente, y asimismo advirtieron de la “persecución” de la iglesia ortodoxa ucraniana; criticaron el enjuiciamiento de varios sacerdotes, un periodista y una abogada defensora como “castigo colectivo”, y pidieron a Ucrania que pusiera fin a tales juicios y reformara la legislación restrictiva.

Derechos de objetores de conciencia

El 1 de mayo, el Tribunal Supremo de Ucrania resolvió que los ciudadanos no podían negarse a cumplir el servicio militar en tiempo de guerra por motivos religiosos y que sólo se podía hacer un servicio civil alternativo en tiempo de paz. No obstante, señaló que las creencias de los objetores de conciencia deberían “tenerse en cuenta” para asignarles tareas que no “implicaran portar o utilizar armas”. La sentencia confirmaba el fallo condenatorio dictado contra el demandante, testigo de Jehová, pero sustituía los tres años de pena privativa de libertad por un año de libertad vigilada.

Derechos de las personas mayores

Las personas mayores seguían sufriendo de manera desproporcionada los daños de la agresión rusa y el número de víctimas de esa franja de edad era especialmente alto en las proximidades del frente, donde muchas habían decidido quedarse por temores relacionados con el alojamiento, el acceso a servicios o el peligro de aislamiento si se desplazaban. El 9 de septiembre, un ataque aéreo ruso en el pueblo de Yarova (región de Donetsk) mató a 25 personas e hirió a 19, en su mayoría pensionistas que hacían cola ante un vehículo de servicios postales.

Más de la mitad de quienes residían en refugios temporales —que albergaban en torno al 2% de la población desplazada— eran mayores de 60 años. Según ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, el 70% de los refugios carecían de instalaciones higiénicas accesibles y el 65% no tenían refugios antiaéreos accesibles a fecha de enero.⁴

Las pensiones universales para las personas en edad de jubilación dejaron a las más mayores por debajo del mínimo real de subsistencia de 7.461 grivnas ucranianas (178 dólares estadounidenses) al mes, y el 62% de los y las pensionistas recibían menos de 5.000 grivnas (119 dólares) al mes.

Derechos de la infancia

La ONU informó de que el número de niños y niñas muertos en ataques rusos había crecido más del 200% entre marzo y mayo respecto al trimestre anterior.

Según informes, se reclutó a menores clandestinamente a través de Internet para cometer ataques contra objetivos militares y sabotajes o recopilar información; al menos dos niños murieron y otro resultó herido durante esas misiones. Además, en mayo había 91 niños y 12 niñas bajo custodia, de acuerdo con la ONU. Un total de 42 menores fueron declarados culpables de terrorismo, espionaje y sabotaje, y al menos siete fueron a prisión.

Tortura y otros malos tratos

Miembros de los centros territoriales de reclutamiento (TRC, por sus siglas en inglés) siguieron deteniendo a hombres en edad militar en espacios públicos para que hicieran el servicio militar obligatorio. Salieron a la luz vídeos que mostraban actos de violencia a manos de personal de los TRC, junto con informes de agresiones y otros abusos, e incluso muertes.

Roman Sopin fue interceptado en Kiev el 18 de octubre y trasladado al TRC local. Al día siguiente fue hospitalizado con un grave traumatismo craneal, y murió el 23 de octubre. El TRC aseguró que se había caído. La policía no abrió una investigación penal hasta seis días después, a raíz de las protestas públicas. Al final del año no se había hecho público ningún resultado.

Juicios injustos

Se impusieron condenas privativas y no privativas de libertad contra cientos de personas declaradas culpables de “actividades de colaboración”. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), decenas de ellas fueron declaradas culpables “por actos que podían ser legalmente impuestos por la potencia ocupante”. Entidades de observación de los derechos humanos subrayaron que la práctica era incoherente y que, en algunos casos, estos cargos de definición imprecisa se habían formulado por error contra personas que prestaban servicios esenciales o aplicaban estrategias de supervivencia bajo la ocupación.

El 8 de octubre, Viktoria Krykunova fue condenada a cinco años de prisión por trabajar brevemente para un fondo de pensiones bajo control ruso en 2022, según ella para financiar la reubicación de su familia en territorio controlado por el gobierno.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales

Como parte de sus planes de adhesión a la UE aprobados en mayo, Ucrania se comprometió a aprobar el proyecto de ley de 2023 sobre uniones civiles (incluso de parejas del mismo sexo), pero al final del año no lo había hecho. En junio, un tribunal de Kiev reconoció por primera vez a una pareja del mismo sexo como “familia de hecho” en aplicación de la legislación ucraniana.

El 14 de junio se celebró en Kiev una marcha del Orgullo que contó con más de 1.500 participantes. La asistencia estaba limitada y era obligatorio inscribirse previamente debido a la Ley Marcial.

Según una encuesta publicada en junio, más del 50% de la población apoyaba las uniones entre personas del mismo sexo y más del 70%, la igualdad de derechos para las personas LGBTI, lo que reflejaba un avance notable en las actitudes.

Derecho a un medioambiente saludable

En febrero, las emisiones relacionadas con el conflicto desde el comienzo de la invasión en gran escala al parecer habían alcanzado el equivalente a 230 toneladas métricas de CO₂. La guerra de agresión de Rusia siguió causando graves daños ecológicos y riesgo de catástrofes medioambientales. El 14 de febrero, las autoridades ucranianas informaron de un ataque ruso nocturno con drones contra el escudo protector del reactor dañado de Chernóbil, lo que aumentó el riesgo de fuga radiactiva.

En septiembre, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) expresó preocupación porque sus siete pilares fundamentales para la seguridad nuclear corrían peligro en la central de Zaporiyia, ocupada por Rusia.

El 8 de noviembre, según información publicada en medios de comunicación, drones rusos destruyeron la primera central eléctrica de biomasa de Ucrania, que simbolizaba la apuesta del país por la energía verde.

Territorios ocupados por Rusia (gobierno de Rusia)

Libertad de expresión

La libertad de expresión seguía sometida a severas restricciones que afectaban al acceso de los medios de comunicación independientes y a la libre circulación de información. Los intentos de ejercer este derecho eran punibles con prisión y otras sanciones graves según las leyes y prácticas nacionales rusas (véase el apartado sobre Rusia).

Privación arbitraria de la nacionalidad

En marzo, Rusia promulgó legislación que obligaba a la población de nacionalidad ucraniana sin derecho formal a residir en la Federación Rusa a marcharse o “regularizar su condición jurídica” antes del 10 de septiembre, so pena de “ser sometido al régimen de expulsión”. El cumplimiento de esta legislación implicaba, sobre todo para quienes vivían en los territorios ocupados, obtener el pasaporte ruso o un permiso de residencia para “personas extranjeras” si querían evitar la deportación.

Derechos de las personas internamente desplazadas

Rusia siguió impulsando legislación para privar de sus propiedades y de otros derechos a quienes residían en los territorios que se había anexionado ilegalmente en 2022 si se negaban a adquirir la ciudadanía rusa, lo que era una violación flagrante de las leyes de la guerra. En marzo, actualizó la legislación que prohibía a las personas ciudadanas de Ucrania y de otros “Estados hostiles” “registrar derechos de propiedad sobre bienes inmuebles” en estos territorios hasta 2028. En julio, una nueva ley invalidaba los documentos ucranianos que confirmaban derechos de propiedad en estos territorios, salvo que fueran validados oficialmente o (para documentos posteriores a septiembre de 2022) estuvieran sujetos a una exención estricta. Una ley adoptada en diciembre permitió la confiscación y reasignación de las llamadas propiedades “sin dueño”, medida dirigida expresamente contra las personas desplazadas de los territorios ucranianos ocupados.

Detención arbitraria y desaparición forzada

Se sometía regularmente a personas civiles ucranianas a tortura y otros malos tratos, detención prolongada en régimen de incomunicación, desaparición forzada y otros tratos inhumanos. Estos abusos seguían siendo habituales tanto en los territorios ocupados como en Rusia, contra quienes eran trasladadas allí.

En marzo, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania describió la desaparición forzada y la tortura como crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades rusas “como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil y en aplicación de una política de Estado coordinada”.

En mayo, el defensor del Pueblo ucraniano informó de que había documentado cerca de 16.000 casos de detención arbitraria a manos de las autoridades rusas ocupantes desde 2014, con más de 1.800 personas bajo custodia en Rusia en ese momento.

Tortura y otros malos tratos

Según un informe publicado en septiembre por la ACNUDH, más del 92% de las 216 personas civiles liberadas que fueron entrevistadas entre junio de 2023 y septiembre de 2025 ofrecieron relatos coherentes y pormenorizados de la tortura y otros malos tratos sufridos en cautividad. El informe señalaba que 38 civiles habían muerto bajo custodia como resultado de tortura y otros malos tratos, condiciones precarias de reclusión o denegación de la asistencia médica necesaria.

Derecho a la educación

Las autoridades ocupantes continuaron restringiendo o eliminando la educación en un idioma que no fuera el ruso en virtud del plan de estudios impuesto uniformemente por Rusia en todos los territorios ocupados, lo que sometía al alumnado a adoctrinamiento y lo privaba de una educación de calidad. La enseñanza en ucraniano y tártaro crimeo disminuyó aún más debido a obstáculos sistémicos y a que se disuadía a las familias de solicitarla. Al comienzo del nuevo curso escolar en septiembre, todas las disciplinas académicas que implicaban el estudio de “la lengua autóctona (ucraniana)” o en esa lengua fueron eliminadas de los programas escolares federales rusos. La única opción que quedaba era estudiar ucraniano como asignatura extracurricular.

Derecho al agua

Donetsk, Mariúpol, Makiivka y otras localidades ocupadas sufrían una crisis hídrica cada vez más grave. La infraestructura hídrica anterior a la guerra que atravesaba el frente, como el canal de Siverskyi Donets-Donbas, continuaba en ruinas; los embalses se secaron y las autoridades ocupantes no proporcionaron fuentes de suministro alternativas fiables. Al final del año, según informes, el agua llegaba por tuberías a algunos lugares sólo durante tres o cuatro horas cada tres días y, debido a su mala calidad, no era apta para el consumo. Los métodos improvisados, como el suministro de agua en camiones, eran escasos y poco fiables, por lo que se formaban largas colas y surgían episodios de violencia. Entidades observadoras calificaron la situación de emergencia humanitaria.