Uganda 2025
Las autoridades emplearon la tortura y otros malos tratos, las desapariciones forzadas y la detención y reclusión arbitrarias contra personas detractoras —o consideradas detractoras— del gobierno. La Comisión de Derechos Humanos de Uganda estableció tribunales que abordaron el uso de la tortura y la detención ilícita y concedieron indemnizaciones a sobrevivientes de violaciones de derechos humanos. Las autoridades insistieron en juzgar a civiles en tribunales militares, lo cual incumplía una sentencia del Tribunal Supremo que había resuelto que esa práctica era inconstitucional. Las fuerzas de seguridad agredieron a periodistas y reprimieron manifestaciones pacíficas; además, se efectuaron registros en oficinas de partidos de la oposición. Las personas LGBTI sufrían numerosas violaciones de derechos humanos y seguían siendo objeto de discriminación en aplicación de la Ley contra la Homosexualidad. La financiación para el apoyo de Uganda a casi dos millones de personas refugiadas y solicitantes de asilo seguía siendo sumamente insuficiente. La construcción del Oleoducto de Crudo de África Oriental continuaba suscitando preocupación en materia medioambiental y de derechos humanos, con cuestiones como amenazas a las comunidades y a hábitats de la vida silvestre.
Información general
En junio, el partido gobernante, Movimiento de Resistencia Nacional, anunció que Yoweri Museveni, presidente de Uganda desde 1986, se presentaría a la reelección en 2026. En septiembre, la Comisión Electoral aprobó su candidatura. Al mismo tiempo, Muhoozi Kainerugaba, hijo del presidente Museveni y jefe de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (UPDF, por sus siglas en inglés), usó su cuenta de X para dirigir amenazas de muerte e incitar a la violencia contra dirigentes, miembros y simpatizantes de la oposición, y contra otras voces críticas con el gobierno. Entre las personas amenazadas figuraban el líder del partido Plataforma de Unidad Nacional y candidato presidencial Robert Kyagulanyi (también conocido como Bobi Wine), y el líder del partido Frente Popular por la Libertad, Kizza Besigye. Las publicaciones en X fueron borradas posteriormente.
Tortura y otros malos tratos
El 11 de febrero, la Comisión de Derechos Humanos de Uganda, organismo oficial establecido para investigar las violaciones de derechos humanos y realizar su seguimiento, inició en todo el país una serie de audiencias judiciales. Los tribunales vieron casos de presunta tortura y detención ilícita, entre otras violaciones de derechos humanos cometidas por organismos de seguridad. Dictaron cinco sentencias, que concedieron indemnizaciones por valor de más de 300 millones de chelines ugandeses (unos 87.000 dólares estadounidenses) a víctimas de violaciones de derechos humanos perpetradas en varios distritos. La Comisión advirtió a las UPDF y a la policía de que no podían cometer actos de tortura ni ejecuciones extrajudiciales, e hizo hincapié en que el artículo 221 de la Constitución los prohibía explícitamente.
El 27 de abril, Eddie Mutwe, guardaespaldas de Robert Kyagulanyi, fue sometido a desaparición forzada tras ser secuestrado cerca de la capital, Kampala, por unos hombres armados no identificados. El 1 de mayo, en una publicación en X que posteriormente se borró, Muhoozi Kainerugaba reivindicó la desaparición de Eddie Mutwe y su tortura bajo custodia. Afirmó que le había propinado golpes y afeitado la cabeza, y amenazó con seguir torturándolo. Eddie Mutwe estuvo recluido en régimen de incomunicación hasta el 5 de mayo, cuando unos miembros de las UPDF lo llevaron ante el tribunal de Masaka, donde, según el ministro de Justicia, estaba “visiblemente debilitado” y mostraba “señales de tortura”. El abogado de Eddie Mutwe contó a los medios de comunicación que a su cliente lo habían sometido a descargas eléctricas bajo custodia. El tribunal lo acusó de robo con agravantes y agresión en relación con un presunto incidente ocurrido en 2024. Al terminal el año continuaba recluido.
Juicios injustos
En enero, el Tribunal Supremo de Uganda resolvió que los juicios a civiles ante tribunales militares eran inconstitucionales y ordenó transferir tales casos a tribunales civiles. El fallo había venido precedido por el enjuiciamiento militar de los ciudadanos ugandeses Kizza Besigye (véase supra) y Obeid Lutale, secuestrados en Nairobi (Kenia) en noviembre de 2024 y transferidos ilícitamente a Uganda para hacer frente a cargos relacionados con la seguridad y con la posesión de armas de fuego. Aunque su causa se trasladó posteriormente a un tribunal civil, ambos permanecieron recluidos en la prisión de Luzira.
En junio, el presidente Museveni firmó la entrada en vigor de la Ley (de Reforma) sobre las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda, de 2025, que permitía juzgar a civiles en tribunales militares. La Ley empleaba disposiciones imprecisas que ponían en el punto de mira a civiles acusados de delitos relacionados con las fuerzas armadas, como adquirir armas o materiales para cometer actos violentos, suplantar a miembros de las fuerzas armadas, o colaborar con personal militar para cometer delitos.
Detención y reclusión arbitrarias
El 7 de enero, un tribunal militar de Kampala condenó al abogado de derechos humanos Eron Kiiza a nueve meses de prisión por “desacato al tribunal”. Esto se produjo después de que Kiiza fuera detenido por protestar cuando unos soldados le bloquearon el acceso a la zona de la sala del tribunal designada para los abogados defensores. Eron Kiiza estaba allí para la vista incoatoria de sus clientes Kizza Besigye y Obeid Lutale. Durante su arresto fue golpeado. Según su relato, también fue torturado bajo custodia por personal militar. El 4 de abril, el Tribunal Superior le concedió la libertad bajo fianza.
El 17 de julio, unos agentes de seguridad detuvieron arbitrariamente a Robert Kayingo, abogado sudafricano-ugandés y líder del partido de oposición Alianza Federal Ugandesa, a su llegada al aeropuerto internacional de Entebbe desde Sudáfrica. Pese a que una orden judicial había requerido su comparecencia, estuvo recluido en régimen de incomunicación hasta que fue deportado a Sudáfrica el 13 de agosto. Robert Kayingo contó que durante su reclusión lo habían mantenido aislado y lo habían sometido a amenazas y otros métodos de intimidación psicológica.
En noviembre y diciembre, al menos 400 miembros de la Plataforma de Unidad Nacional fueron arrestados y recluidos de manera arbitraria durante diversos actos de la campaña presidencial de Robert Kyagulanyi. Algunos quedaron en libertad bajo fianza, pero la mayoría siguieron detenidos.
Desapariciones forzadas
El 26 de agosto, unos agentes de las UPDF secuestraron en la ciudad de Mbarara a Sam Mugumya, secretario general de la Liga Juvenil del Foro por el Cambio Democrático y excolaborador de Kizza Besigye. Su suerte y paradero seguían sin revelarse a pesar de que una sentencia del 5 de septiembre del Tribunal Superior de Kampala había ordenado al gobierno y a las UPDF que lo entregaran. Las UPDF negaron públicamente tenerlo recluido.
El 1 de octubre, unos hombres armados, enmascarados y vestidos con uniforme militar secuestraron a los activistas de derechos humanos kenianos Bob Njagi y Nicholas Oyoo en Kampala tras asistir éstos a un acto de la campaña electoral de Robert Kyagulanyi. Su suerte y paradero no se revelaron hasta el 8 de noviembre, cuando el presidente Museveni confirmó que las fuerzas de seguridad los habían arrestado por ser “expertos en disturbios”. Ambos quedaron en libertad ese mismo día y fueron entregados a las autoridades kenianas. Los dos afirmaron haber sido torturados bajo custodia.
Libertad de expresión
El 13 de marzo, las fuerzas de seguridad atacaron a decenas de periodistas que estaban cubriendo las elecciones parlamentarias parciales en varios colegios electorales de Kawempe, en Kampala. Los agentes también dañaron y confiscaron sus equipos. Los periodistas habían estado documentando las detenciones de personas acusadas de perturbar el proceso de votación. Las autoridades policiales dijeron que iban a investigar las denuncias formales presentadas por las víctimas en la comisaría de policía de Kawempe.
En marzo se prohibió a periodistas de NTV Uganda y del periódico Daily Monitor publicar artículos sobre la presidencia. En octubre, a estos medios de comunicación también se les prohibió informar sobre los procedimientos parlamentarios.
Libertad de reunión pacífica
El 17 de febrero, la policía arrestó a la vicealcaldesa de Kampala Doreen Nyanjura y a las activistas Ingrid Turinawe, Faridah Nangonzi, Shadiya Namubiru y Phionah Kabayinza cerca de Arua Park, en Kampala. Estas mujeres estaban protestando contra la detención de Kizza Besigye y Obeid Lutale, que vulneraba una sentencia del Tribunal Supremo (véase “Juicios injustos” supra). Al día siguiente, el tribunal principal de primera instancia de Buganda Road las acusó de escándalo en la vía pública y ordenó su ingreso en la prisión de Luzira. Las cinco quedaron en libertad bajo fianza tres semanas después.
Libertad de asociación
Entre febrero y junio, en cuatro ocasiones, agentes de policía y miembros de las UPDF acordonaron y registraron oficinas de la Plataforma de Unidad Nacional en Kampala, incluida su sede central. Durante las redadas, las fuerzas de seguridad dispararon al aire con munición real, y en algunos casos entraron por la fuerza para efectuar registros. Un portavoz de la policía declaró que el registro formaba parte de una investigación sobre “adiestramiento militar ilegal en las oficinas del partido”. En febrero, Muhoozi Kainerugaba publicó en X que él mismo había ordenado las redadas.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
El Tribunal Supremo no se pronunció sobre un recurso de apelación contra la sentencia de 2024 del Tribunal Constitucional que mantenía las disposiciones de la Ley contra la Homosexualidad, de 2023. Dichas disposiciones discriminaban a las personas LGBTI y establecían penas severas, incluida la pena de muerte, por “homosexualidad agravada” y hasta 20 años de prisión por “promoción de la homosexualidad”.
La ONG local Foro de Sensibilización y Promoción sobre Derechos Humanos documentó 194 casos de violaciones de derechos humanos contra personas LGBTI. Dichas violaciones a menudo implicaban ataques contra personas por su orientación sexual o presunta orientación sexual, su identidad de género o la expresión de su sexualidad. Incluían 71 casos de violencia o amenazas, 48 detenciones por cargos relacionados con la sexualidad, 60 desalojos y 15 casos de discriminación laboral.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
En julio, los gobiernos de Estados Unidos y Uganda firmaron un acuerdo bilateral que permitía a Estados Unidos deportar a Uganda a nacionales de terceros países a quienes se hubiera denegado el asilo en Estados Unidos pero que no pudieran regresar de forma segura a su país de origen.
Según el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, Uganda albergaba a 1.971.983 personas refugiadas y solicitantes de asilo, lo que suponía un incremento de casi 154.000 personas respecto a 2024. La mayoría de las personas recién llegadas entraban al país desde República Democrática del Congo, Sudán del Sur o Sudán. Hasta el 31 de agosto, el ACNUR sólo había recibido aproximadamente el 32% de los 361 millones de dólares estadounidenses que necesitaba para Uganda, mientras que para el mismo periodo de 2024 había recibido el 42%. La agencia declaró que las consecuencias de ese déficit incluían altos índices de abandono escolar y escasez de alimentos, agua y medicamentos, lo que provocaba un aumento de la desnutrición infantil.
Derecho a la alimentación
Según el Índice Global del Hambre de 2025, Uganda ocupaba el puesto 87 de 123 países. El Índice clasificaba como “grave” el nivel de hambre en el país, con una desnutrición del 22% de la población y una tasa de mortalidad infantil antes de cumplir los cinco años del 3,9%.
Derecho a un medioambiente saludable
En marzo, responsables del Proyecto del Oleoducto de Crudo de África Oriental (EACOP, por sus siglas en inglés) anunciaron el “cierre de la primera tanda de financiación externa” para la construcción del oleoducto subterráneo de 1.443 km de longitud, destinado a transportar petróleo crudo desde la localidad de Kabale, en el distrito de Hoima, oeste de Uganda, hasta el puerto de Tanga, en Tanzania (véase el apartado sobre Tanzania). El proyecto suscitaba preocupación en materia medioambiental y de derechos humanos, pues amenazaba los esfuerzos globales por reducir las emisiones de carbono y atravesaba asentamientos humanos y zonas de flora y fauna, tierras agrícolas y recursos hídricos. Además, socavaba el compromiso de contribución determinada a nivel nacional de Uganda de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 22% para 2030.