Uganda 2024
Los agentes de la Autoridad para la Naturaleza de Uganda hicieron un uso excesivo e innecesario de la fuerza contra el pueblo indígena benet y mataron a dos menores. Las autoridades sometieron a detención y reclusión arbitrarias a personas críticas con el gobierno. Las enmiendas a la ley de ONG amenazaban con imponer un control gubernamental excesivo sobre el trabajo de estas organizaciones. Un tribunal confirmó disposiciones que discriminaban a las personas LGBTI y que preveían la pena de muerte y otras penas excesivas para determinados actos. Las autoridades no rindieron cuentas por los al menos 500 niños y niñas que agentes de la Autoridad de Kampala Capital se llevaron de los barrios marginales de Katwe. La financiación para el apoyo de Uganda a casi 1,8 millones de personas refugiadas y solicitantes de asilo seguía siendo sumamente insuficiente. La construcción del Oleoducto de Crudo de África Oriental era contraria a los intentos globales de reducir las emisiones de carbono.
Información general
Estados Unidos retiró a Uganda de su Ley de Crecimiento y Oportunidades para África debido a “violaciones graves de los derechos humanos reconocidos internacionalmente”. En abril y junio, respectivamente, los gobiernos de Reino Unido y Estados Unidos sancionaron a la portavoz parlamentaria de Uganda, a su esposo y a varias autoridades por acusaciones de corrupción y abusos graves contra los derechos humanos. El 21 de septiembre, Muhoozi Kainerugaba, hijo del presidente Yoweri Museveni y jefe de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (UPDF, por sus siglas en inglés), anunció que no se presentaría a las elecciones presidenciales de 2026.
Uso excesivo e innecesario de la fuerza
La Autoridad para la Naturaleza de Uganda (UWA, por sus siglas en inglés) seguía haciendo un uso excesivo e innecesario de la fuerza para impedir que el pueblo indígena benet accediera a sus tierras ancestrales en los bosques del monte Elgon.
Unos agentes de la UWA dispararon contra al menos tres personas de etnia benet en el distrito de Bukwo y mataron a dos menores. El 28 de mayo, Kibet Silas Rukut recibió un disparo en la pierna estando en su casa porque, según él, se había negado a retirar sus vacas de su recinto cuando un agente de la UWA le indicó que el ganado se hallaba en el Parque Nacional del Monte Elgon (zona en disputa). Kibet Silas Rukut denunció el incidente en la comisaría de Bukwo.
Según los líderes comunitarios, Marko Kipsang, de 16 años, murió por disparos el 4 de junio mientras recogía hierba en el bosque. La comunidad realizó una marcha hasta la oficina del comisario residente del distrito en señal de protesta, pero recibió la orden de esperar a que se investigara el incidente.
El 6 de septiembre, un agente mató de un disparo a Sukuku Emmanuel Joshua, de 13 años. Los líderes de la comunidad informaron de que al niño lo habían matado en el pueblo y no en el bosque, como afirmaban los agentes de la UWA. Durante la autopsia llevada a cabo en el Hospital General de Bukwo se extrajo la bala del cadáver y la UWA abonó a la familia cinco millones de chelines ugandeses (unos 1.350 dólares) por los gastos del entierro.
Las autoridades no revelaron información sobre las investigaciones de estos incidentes.
Detención y reclusión arbitrarias
El 16 de noviembre, unos agentes del Estado de Uganda secuestraron en Nairobi (Kenia) a Kizza Besigye, político de la oposición y excandidato presidencial ugandés por el partido Foro por el Cambio Democrático (FDC, por sus siglas en inglés). El 20 de noviembre, el político fue procesado ante un tribunal militar de Kampala, capital ugandesa, y acusado de delitos relacionados con la seguridad y de tenencia ilícita de armas de fuego y munición, pese a que una decisión adoptada en 2022 por el Tribunal Constitucional establecía que los tribunales militares carecían de jurisdicción para juzgar a civiles. Anteriormente, el 23 de julio, 36 miembros del FDC habían sido detenidos en Kisumu (Kenia) y deportados a Uganda, donde los acusaron de delitos de terrorismo a pesar de que habían entrado en Kenia legalmente y con los permisos de inmigración necesarios.
Libertad de expresión
El 19 de febrero, la policía detuvo y acusó a Ibrahim Musana, activista en redes sociales también conocido como “Pressure Pressure”, de difamación, promoción del discurso de odio e incitación a la violencia. Lo acusaron de difundir información maliciosa y de utilizar sus cuentas en las redes sociales para atacar al kabaka (rey) y a otras autoridades, incluido el primer ministro, de Buganda (reino constitucional ubicado en Uganda). El 29 de abril, un tribunal lo puso en libertad bajo fianza de dos millones de chelines ugandeses (unos 542 dólares estadounidenses) y con la prohibición de mencionar en las redes sociales al kabaka, al presidente Museveni y a la portavoz parlamentaria y ministra del gobierno Joyce Sebugwawo mientras el caso siguiera abierto.
El 6 de abril, el Comando de Fuerzas Especiales, componente de las UPDF encargado de llevar a cabo respuestas militares de emergencia, detuvo a ocho músicos a quienes se había oído quejarse de la duración excesiva del discurso del presidente en un acto público. Los músicos fueron conducidos a la comisaría central de Kampala y acusados de “insultar” al presidente; quedaron en libertad bajo fianza dos días después.
El 10 de julio, un tribunal de Mukono, en el centro del país, condenó a Edward Awebwa a seis años de prisión en virtud de la Ley sobre Uso Indebido de la Informática, de 2011, por difundir “información maliciosa” y “discurso de odio” contra el presidente Museveni, la primera dama y Muhoozi Kainerugaba. El portavoz adjunto de la policía metropolitana de Kampala declaró que, entre febrero y marzo, Edward Awebwa había compartido vídeos en los que se burlaba del presidente. El lenguaje utilizado en sus publicaciones no parecía constituir incitación al odio.
Libertad de reunión pacífica
El 20 de febrero, los activistas ambientales Bintomkwanga Raymond, Kibuuka Azilu, Katiti Noah, Namara Hosea y Ndyamwesiga Desire protestaron junto al Parlamento contra el proyecto de construcción del Oleoducto de Crudo de África Oriental (EACOP, por sus siglas en inglés) que debía atravesar Bugoma, zona forestal protegida (véase, infra, “Derecho a un medioambiente saludable”). En la pancarta que llevaban se podía leer: “Salvemos el bosque de Bugoma. El Parlamento debe pedir al gabinete que publique el informe de demarcación de Bugoma, los bosques son los pulmones del mundo”. La policía los detuvo acusándolos de “alteración del orden público” y de causar “caos innecesario y [una] disrupción de [la] paz mediante la provocación de molestias” a diputados, diputadas y demás personal parlamentario.
El 23 de julio, el presidente Museveni advirtió de que no se tolerarían las protestas antigubernamentales. Al día siguiente, la policía, en lo que calificó de “medida de precaución”, registró la sede de la Plataforma de Unidad Nacional antes de las protestas que este partido de oposición tenía previsto llevar a cabo.
Entre el 22 y el 25 de julio, la policía detuvo y recluyó a 104 jóvenes manifestantes durante unas protestas contra la corrupción celebradas en Kampala y otras localidades, celebradas a raíz de las acusaciones crecientes de corrupción generalizada en el gobierno, especialmente contra diputados y diputadas, entre ellos la portavoz parlamentaria; los jóvenes quedaron en libertad en diferentes fechas, con la obligación de estar a disposición de la policía.
El 2 de septiembre, la policía detuvo a Norah Kobusingye, Praise Aloikin Opoloje y Kemitoma Kyenzibo cuando se dirigían desnudas al Parlamento para protestar contra la corrupción. El Tribunal de Buganda Road las acusó de “alteración del orden público contraria al artículo 148.1 del Código Penal” y las mantuvo en reclusión hasta el 12 de septiembre, cuando las dejó en libertad bajo fianza no pecuniaria.
Libertad de asociación
El 15 de julio, el presidente Museveni promulgó la Ley de ONG (Enmienda), de 2024, que sentaba las bases para la disolución de la Oficina de ONG, organismo semiautónomo dependiente del Ministerio del Interior que regulaba y supervisaba las operaciones de esas entidades. La Oficina se reconvirtió en un departamento del mismo ministerio, lo que supuso un paso hacia la centralización de la toma de decisiones, el control y una mayor supervisión gubernamental de los asuntos de las ONG.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
El 3 de abril, el Tribunal Constitucional decidió no derogar la Ley contra la Homosexualidad, de 2023, sino que optó únicamente por revocar aquellas partes de la ley que contravenían la Constitución de Uganda de 1995. Anuló el artículo 3.2.c, que imponía la pena de muerte a la persona declarada culpable cuando la persona contra quien se hubiera cometido el delito contrajera una enfermedad terminal como consecuencia del acto sexual; el artículo 9, por el que la persona que, a sabiendas, hubiera permitido la utilización de cualquier local para llevar a cabo actividades homosexuales o para cometer un delito contemplado en esa ley podía ser condenada a una pena de prisión de hasta siete años; el artículo 11.2.d, que conllevaba una pena de hasta 20 años de prisión contra quien, a sabiendas, hubiera arrendado o subarrendado, utilizado o permitido que otra persona utilizase cualquier casa, edificio o establecimiento con el fin de llevar a cabo actividades que fomentasen la homosexualidad, y el artículo 14, que obligaba a las personas a “denunciar actos de homosexualidad”. El Tribunal mantuvo disposiciones de la ley que discriminaban a las personas LGBTI y conllevaban penas severas, incluida la pena de muerte, por “homosexualidad agravada” y hasta 20 años de prisión por “promoción de la homosexualidad”. Al terminar el año, 22 demandantes habían recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo.
Derecho a la vivienda
El 12 de enero, unos agentes de la Autoridad de Kampala Capital (KCCA), con la aprobación del Ministerio de Género, Trabajo y Desarrollo Social y el respaldo de la policía, llevaron a cabo una redada armada nocturna en los barrios marginales de Katwe, en Kampala, donde detuvieron a 773 menores y 142 mujeres de la comunidad indígena karamojong. Los menores fueron trasladados a la Aldea Infantil de Masulita, hogar infantil dirigido por la Iniciativa de Mujeres de Uganda para Salvar a los Huérfanos (UWESO), en el distrito de Wakiso. Según la KCCA, la redada tuvo lugar para retirar a las personas sin hogar de las calles de Kampala en la antesala de la cumbre del Grupo de los 77 (G77) y de otra conferencia internacional, la cumbre del Movimiento de Países No Alineados. No se proporcionó alojamiento alternativo a las familias.
Derechos de la infancia
Algunos progenitores karamojong informaron a una organización local de defensa de los derechos de la infancia de que sus hijos e hijas habían sufrido daños físicos o mentales a causa de las redadas y detenciones llevadas a cabo en los barrios marginales de Katwe en enero (véase supra). La organización registró los nombres de al menos 500 niños y niñas a los que no se había podido localizar entre los cientos trasladados a la Aldea Infantil de Masulita, y que seguían en paradero desconocido al finalizar el año; además, relacionó esas detenciones con el tráfico de menores que, según afirmaba, contaba con el apoyo del Estado.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
El ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, comunicó que, al terminar 2024, Uganda acogía a 1.796.609 personas refugiadas y solicitantes de asilo. Durante el año habían seguido entrando en el país personas refugiadas, procedentes principalmente de República Democrática del Congo, Sudán y Sudán del Sur. A 30 de septiembre, el ACNUR sólo había recibido cerca del 42% de los 363,4 millones de dólares estadounidenses de financiación que necesitaba para Uganda, lo que suponía un déficit de más de 212 millones.
Derecho a un medioambiente saludable
EACOP Ltd. prosiguió la construcción de un oleoducto subterráneo de 1.443 km de longitud para transportar petróleo crudo desde la localidad de Kabale, en el distrito de Hoima, en el oeste de Uganda, hasta el puerto de Tanga (Tanzania). La construcción había provocado desplazamientos y amenazaba con causar una grave degradación ambiental. El proyecto del oleoducto chocaba con los intentos globales de reducir las emisiones de carbono (véase el apartado sobre Tanzania). El oleoducto debía atravesar asentamientos humanos y zonas de flora y fauna, tierras agrícolas y recursos hídricos.