UGANDA 2020
Las autoridades continuaron limitando el derecho a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación. Las fuerzas de seguridad usaron medios letales e innecesarios y mataron a un mínimo de 66 personas. Los tribunales dictaron varias sentencias que prometían proteger los derechos humanos. Las autoridades siguieron llevando a cabo desalojos forzosos, también contra pueblos indígenas. Personas refugiadas y solicitantes de asilo quedaron atrapadas y con necesidad de ayuda humanitaria al cerrarse las fronteras en marzo para contener la propagación de la COVID-19.
Información general
El 22 de marzo, el presidente Yoweri Museveni hizo públicas unas directrices que incluían medidas de confinamiento para detener la propagación de la COVID-19. En julio, después de 34 años como presidente, Museveni confirmó que se presentaría a la reelección en las elecciones generales de enero de 2021.
Uso excesivo de la fuerza
Las fuerzas de seguridad, incluidas la policía, las fuerzas armadas y miembros de la fuerza de defensa civil armada denominada Unidad de Defensa Local, usaron fuerza excesiva, innecesaria y en algunos casos letal para hacer cumplir el distanciamiento físico y otras medidas destinadas a contener la propagación de la COVID-19.
El 30 de marzo, el jefe de las Fuerzas de Defensa pidió disculpas públicamente a un grupo de mujeres que habían sufrido fuerza excesiva a manos de agentes de seguridad —en su mayoría miembros de la Unidad de Defensa Local— y afirmó que las fuerzas armadas harían rendir cuentas a los responsables, pero no especificó cómo. Se habían difundido varios vídeos en los que se veía a agentes de seguridad golpeando a las mujeres, que vendían fruta en Kampala, por incumplir presuntamente las medidas contra la COVID-19.
Homicidios ilegítimos
Al menos 66 personas fueron víctimas de homicidio ilegítimo a manos de las fuerzas de seguridad a partir de marzo; de ellas por lo menos 12 lo fueron por violar medidas de confinamiento.
Desde el inicio de las campañas electorales el 9 de noviembre, decenas de personas perdieron la vida en el contexto de disturbios o protestas, la mayoría por disparos de la policía y otras fuerzas de seguridad, incluidos individuos armados vestidos de civil. El 18 y el 19 de noviembre, 54 personas murieron en las protestas que siguieron a la detención del candidato presidencial y músico popular Robert Kyagulanyi (alias Bobi Wine) cuando hacía campaña en el este de Uganda.
Tortura y otros malos tratos
Kakwenza Rukirabashaija, activista de la ciudad de Iganga, en el este del país, afirmó que lo habían torturado en el cuartel militar de Mbuya (Kampala) en abril. La policía militar lo detuvo en abril y de nuevo en septiembre. En la primera ocasión, estuvo recluido durante 23 días por cargos falsos de difamación y delitos relacionados con ciberataques, antes de ser acusado de “cometer actos negligentes susceptibles de propagar enfermedades infecciosas”, y quedó en libertad con la obligación de estar a disposición de la policía. En septiembre, quedó en libertad bajo fianza al cabo de tres días, tras ser acusado formalmente de incitar a la violencia y promover el sectarismo. Las dos detenciones estaban relacionadas con libros de los que era autor y en los que criticaba al presidente y su familia y a las autoridades.
El 19 de abril, las autoridades detuvieron a Francis Zaake, parlamentario de la oposición, que el 29 de ese mismo mes fue puesto en libertad con la obligación de estar a disposición de la policía tras ser acusado formalmente de incumplir las directrices presidenciales sobre la COVID-19, por distribuir alimentos entre familias necesitadas durante el confinamiento. El 4 de mayo apareció con la cara hinchada en un vídeo grabado en el hospital de Lubaga, en Kampala. Afirmó que lo habían torturado durante varios días en distintos centros de detención.
Libertad de expresión, de reunión y de asociación
Se detuvo, recluyó y enjuició a miembros de la oposición política y a activistas, periodistas y otras personas por ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica, expresión y asociación.
En enero, la policía detuvo y acusó a cinco manifestantes, entre ellos Robert Kyagulanyi, por infringir la Ley de Gestión del Orden Público durante una concentración política para protestar por la introducción, en 2018, de un impuesto a las redes sociales. Todos quedaron en libertad el mismo día con la obligación de estar a disposición de la policía. Al practicar las detenciones, la policía disparó gas lacrimógeno para dispersar a quienes se manifestaban. El 10 de septiembre, el tribunal principal de primera instancia de Buganda Road (Kampala) suspendió los procedimientos incoados contra los cinco manifestantes, aduciendo que el tribunal carecía de competencias para interpretar ese tipo de caso, y lo remitió al Tribunal Constitucional. En marzo, el Tribunal Constitucional canceló las disposiciones de la Ley de Gestión del Orden Público que concedían a la policía poderes excesivos para prohibir las reuniones públicas y las protestas.
En febrero, el Tribunal Superior de Kampala ordenó que se pusiera en libertad a Stella Nyanzi, activista e intelectual, argumentando que la habían declarado culpable injustamente de hostigar al presidente a través de Internet, y que se habían violado sus derechos humanos. Stella Nyanzi quedó en libertad el 20 de febrero, tan sólo unos días antes de que terminase de cumplir los 18 meses de prisión que se le habían impuesto tras su sentencia condenatoria. Al terminar el año había sido detenida y puesta en libertad al menos tres veces más por organizar reuniones pacíficas para protestar contra las restricciones impuestas por el gobierno en relación con la COVID-19.
En junio, la Comisión Electoral de Uganda presentó una hoja de ruta electoral revisada sobre la COVID-19 para las elecciones generales de 2021 que exigía que toda campaña política se realizase exclusivamente en Internet, y prohibía por tanto los actos políticos públicos. Esta normativa se aplicó de modo más riguroso contra las candidaturas de la oposición. En septiembre, la Comisión de Comunicaciones de Uganda ordenó que todos los proveedores de comunicación de datos online y de servicios de radiodifusión obtuvieran una licencia antes de publicar información en Internet.
El 27 de julio, la policía detuvo al periodista audiovisual Bwaddene Basajjamivule y lo acusó de promover la violencia y el sectarismo. Los cargos guardaban relación con los comentarios efectuados en un vídeo publicado en Facebook en el que Bwaddene Basajjamivule afirmaba que en los nombramientos para las fuerzas armadas y el gobierno se favorecía a personas de grupos étnicos del oeste de Uganda. El periodista quedó en libertad el 29 de julio con la obligación de estar a disposición de la policía.
El 10 de diciembre, el Consejo de Medios de Comunicación de Uganda canceló la acreditación de todos los periodistas extranjeros. Todos los medios y las personas que trabajaban en ellos en Uganda se vieron obligados a solicitar de nuevo la acreditación antes del 31 de diciembre.
El 26 de diciembre, la Comisión Electoral de Uganda suspendió las concentraciones políticas en más de 10 distritos, aduciendo la prevención de la COVID-19 pero sin ofrecer datos suficientes para justificar por qué esas localidades debían ser objeto de restricciones.
Desalojos forzosos
Entre febrero y agosto, las autoridades desalojaron por la fuerza a más de 35.000 indígenas maragoli de sus hogares en el distrito de Kiryandongo, en el oeste del país, para dar paso a la agricultura industrial.
Las autoridades no establecieron procedimientos adecuados para proteger los derechos de las personas desalojadas, a pesar de una orden del Tribunal Superior de 2019 en virtud de la cual el Estado debía elaborar y aplicar con urgencia unas directrices de protección. El tribunal señaló que, incluso cuando los desalojos eran inevitables, debían cumplir con las normas de derechos humanos. Al menos en dos casos, las autoridades no cumplieron el requisito de tratar de obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas en relación con proyectos que dieron lugar a desalojos de sus tierras ancestrales.
En agosto, la secretaria permanente del Ministerio de Tierras, Vivienda y Desarrollo Urbano anunció que el gabinete había dado instrucciones al Ministerio de asignar 82,5 km2 de tierras en el Parque Nacional de Monte Elgon, en el este del país, para el pueblo indígena benet. Desde 1983, los benet habían sufrido múltiples desalojos forzosos a manos de diversas autoridades, incluidas la Autoridad Forestal Nacional y la Autoridad para la Naturaleza de Uganda. A consecuencia de estos desalojos, junto a otras violaciones del derecho a la vivienda durante un periodo de 12 años, un mínimo de 178 familias vivían en campos para personas internamente desplazadas.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
El 11 de junio, el Tribunal Superior de Kampala ordenó a la Universidad de Makerere el pago de 120 millones de chelines ugandeses (32.600 dólares estadounidenses) en concepto de daños y perjuicios a Stella Nyanzi por haberla despedido injustamente de su puesto de investigadora en 2018, y ordenó su readmisión.
El 30 de junio, la policía antidisturbios detuvo a los profesionales de la abogacía Kaijuka Aaron, Marunga Christine, Balyerali Joan, Tuwayenga Brian, Bajole Eric, Muhindo Morgan y Nafula Elizabeth en el distrito de Kiryandongo cuando preparaban documentación que habían de presentar en una vista sobre el desalojo forzoso del pueblo indígena maragoli (véase supra, “Desalojos forzosos”). Los detenidos fueron acusados de “actos negligentes susceptibles de propagar enfermedades infecciosas” y quedaron en libertad el 1 de julio con la obligación de estar a disposición de la policía.
El 4 de septiembre, la policía detuvo a ocho defensores y defensoras de los derechos humanos en el distrito de Kiryandongo, los tuvo recluidos durante tres días y los acusó de amenazas de violencia y de causar daños intencionados a bienes, antes de dejarlos en libertad el 8 de septiembre con la obligación de estar a disposición de la policía. Una defensora, Pamela Mulongo, fue golpeada brutalmente durante su detención y reclusión. La detención de estas ocho personas tuvo lugar tras su petición a una empresa —acusada de apropiarse de tierras comunitarias en la zona— de que devolviera el ganado confiscado por presunta entrada ilegal en propiedades de la compañía.
El 22 de diciembre, las autoridades detuvieron a Nicholas Opiyo, director ejecutivo de la organización de derechos humanos Chapter Four Uganda, junto a cuatro hombres con los que estaba reunido, y los mantuvo recluidos en régimen de incomunicación durante toda la noche en la Unidad de Investigaciones Especiales, en Kireka (Kampala). El 23 de diciembre, las autoridades pusieron en libertad a todos los detenidos, excepto Nicholas Opiyo, con la obligación de estar a disposición de la policía. Nicholas Opiyo permaneció privado de libertad por cargos falsos de blanqueo de dinero hasta que el Tribunal Superior ordenó su puesta en libertad bajo fianza de 15 millones de chelines ugandeses (unos 4.050 dólares estadounidenses) el 30 de diciembre.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)
Las fuerzas de seguridad emplearon las directrices para el control de la infección de COVID-19 como pretexto para detener y recluir arbitrariamente a decenas de personas LGBTI. El 23 de marzo detuvieron a 23 jóvenes LGBTI que vivían en un albergue. En los tres días que siguieron a la detención quedaron en libertad cuatro de ellos por motivos médicos, mientras que los 19 restantes fueron acusados de “actos negligentes susceptibles de propagar enfermedades infecciosas” y de “desobedecer órdenes legales”, y continuaron detenidos sin acceso a sus abogados ni a tratamiento médico. A algunos se les negó el acceso a medicamentos antirretrovirales. Quedaron en libertad el 18 de mayo y, en junio, el Tribunal Superior les concedió sendas indemnizaciones de cinco millones de chelines ugandeses (1.360 dólares estadounidenses) por haber estado recluidos arbitrariamente bajo custodia policial durante 50 días.
Personas refugiadas y solicitantes de asilo
Al terminar el año, Uganda albergaba a 1.430.000 personas refugiadas y solicitantes de asilo, aproximadamente.
El 20 de marzo, el gobierno cerró las fronteras del país en respuesta a la pandemia de COVID-19, cuando el conflicto en el este de la República Democrática del Congo llevó a más de 10.000 personas refugiadas a tratar de entrar en Uganda para acampar cerca de la frontera. El 1 de julio, Uganda abrió temporalmente la frontera en el distrito de Zombo, en el norte del país, para permitir la entrada de personas refugiadas de la República Democrática del Congo.
La frontera con Sudán del Sur continuó cerrada, y cientos de personas desplazadas por el conflicto entre las fuerzas gubernamentales y grupos armados en el estado sursudanés de Ecuatoria Central se quedaron sin acceso a ayuda humanitaria o protección. Vivían en campos improvisados y necesitaban con urgencia una provisión adecuada de alojamiento, alimentos, atención médica y agua potable.