Uganda 2022

Las autoridades ugandesas siguieron criminalizando las protestas sin base legal para ello. El Estado empleó la detención preventiva y cargos penales para impedir las críticas, y las autoridades ordenaron el cierre de una agrupación en favor de los derechos LGBTI. El presidente otorgó a los comités de seguridad de distrito mayores facultades para autorizar desalojos, lo que aumentó el riesgo de que se produjeran desalojos forzosos. Los planes de construir el oleoducto de crudo de África Oriental amenazaban con dañar el medioambiente y afectar negativamente a los medios de vida y la salud de comunidades. El país albergaba a casi 1,5 millones de personas refugiadas, de las que más de 100.000 habían llegado en 2022.

Información general

El 1 de julio, Uganda colaboró con el Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU y aceptó 139 de sus 273 recomendaciones, incluidas la de implementar un plan de acción nacional de derechos humanos y la de promover los derechos a la salud y a la educación de las niñas. El país no apoyó recomendaciones clave dirigidas a proteger los derechos humanos.¹

El 20 de septiembre, el Ministerio de Salud declaró un brote de la enfermedad del virus del ébola tras confirmarse un caso de infección por la cepa sudanesa en el distrito de Mubende, en el centro de Uganda. Al finalizar el año se habían confirmado 142 contagios y 56 muertes, mientras que 96 personas se habían recuperado de la enfermedad.

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

El gobierno no aceptó las recomendaciones del EPU sobre poner fin a la intimidación y el hostigamiento que sufrían defensores y defensoras de los derechos humanos, actores de la sociedad civil, personas que publicaban blogs y periodistas.

Entre el 12 y el 23 de mayo, la policía mantuvo bajo arresto domiciliario al líder de la oposición Kizza Besigye después de que éste tratara de organizar una marcha de protesta en la capital, Kampala, contra el elevado coste de la vida. El 23 de mayo, la policía lo arrestó y recluyó durante varias horas después de que saliera de su casa para reanudar sus protestas en Kampala. La policía dijo que estaba evitando que Kizza Besigye cometiera un delito. Como líder del Foro por el Cambio Democrático y del Frente Popular para la Transición (grupo de presión política), Kizza Besigye había estado hablando en una de las diversas protestas contra la inflación y el coste de la vida cuando lo arrestaron. Quedó en libertad bajo fianza el 6 de junio. El 14 de junio, la policía volvió a arrestarlo por protestar en el centro de Kampala contra la situación económica. Fue puesto en libertad el 1 de julio tras pagar una fianza de 2,5 millones de chelines ugandeses (aproximadamente 650 dólares estadounidenses) tras pasar 2 semanas en prisión preventiva acusado de incitar a la violencia.

El 30 de mayo, la policía arrestó en Kampala a la diputada Anna Adeke y a la vicealcaldesa de Kampala Doreen Nyanjura, junto con cuatro mujeres activistas —Wokuri Mudanda, Susan Nanyojo, Mariam Kizito y Alice Amony— por protestar contra la detención de Kizza Besigye y el elevado coste de la vida. Las seis fueron acusadas de incitación a la violencia y de celebrar una protesta ilegal, y fueron puestas en prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad de Luzira, en Kampala, antes de quedar en libertad bajo fianza el 7 de junio.² El tribunal del Centro de Desarrollo Legal, en Kampala, aplazó sus casos al menos cuatro veces antes de retirar todos los cargos contra ellas el 5 de diciembre.

El 13 de octubre, el presidente Museveni firmó la entrada en vigor del Proyecto de Ley de Enmienda de la Ley sobre Uso Indebido de la Informática, de 2022. La norma contenía disposiciones restrictivas relativas al acceso, la interceptación, la grabación y la difusión sin autorización de información o datos; e imponía sanciones severas, como multas de 15 millones de chelines ugandeses (unos 3.900 dólares estadounidenses) y/o penas de prisión de hasta 10 años. Asimismo, podía destituirse u obligar a dimitir a dirigentes o titulares de cargos públicos que hubieran recibido una sentencia condenatoria.³

Derecho a un juicio justo

El 6 de junio, el Tribunal Superior de Uganda, en Kampala, resolvió que las condiciones de la libertad bajo fianza de Kizza Besigye, establecidas por el tribunal principal de primera instancia de Buganda Road, eran duras y excesivas, y redujo la fianza de casi 30 millones de chelines ugandeses (aproximadamente 7.820 dólares estadounidenses) a 3 millones de chelines ugandeses (unos 782 dólares) (véase supra, “Libertad de expresión, de asociación y de reunión”).

Detención y reclusión arbitrarias

La policía hizo caso omiso de la orden judicial dictada el 4 de enero de liberar al activista y escritor Kakwenza Rukirabashaija. La semana anterior, unos agentes del Comando de Fuerzas Especiales lo habían arrestado en su casa, en Kampala, sin orden judicial y lo habían amenazado con violencia. El activista fue recluido en la prisión de Kitalya, también en Kampala, en relación con unos mensajes publicados en Twitter que, según la policía, pretendían perturbar la paz del teniente general Muhoozi Kainerugaba, hijo del presidente.⁴

El 11 de enero, 13 días después de su arresto, Kakwenza Rukirabashaija fue procesado en una vista a puerta cerrada ante el tribunal principal de primera instancia de Buganda Road, donde afirmó que había sido torturado mientras estaba detenido en régimen de incomunicación. La policía lo dejó en libertad el 26 de enero después de que el tribunal le concediera la libertad con fianza por motivos médicos. Kakwenza Rukirabashaija huyó de Uganda en febrero.

El 10 de marzo, las fuerzas de seguridad irrumpieron en las oficinas de Digitalk TV en Kampala y arrestaron al novelista Norman Tumuhimbise, a la periodista Farida Bikobere y a otras siete personas que formaban parte de la plantilla de la emisora, en relación con un comentario que el novelista había publicado en las redes sociales sobre el lanzamiento de sus dos obras. Todas estas personas fueron recluidas en régimen de incomunicación y siete de ellas quedaron en libertad bajo fianza el 16 de marzo. Ese mismo día, Norman Tumuhimbise y Farida Bikobere fueron acusados ante los tribunales de comunicación ofensiva y de acosar en Internet al presidente Museveni, violando, respectivamente, los artículos 25 y 26 de la Ley sobre Uso Indebido de la Informática, de 2011. También se los acusó de utilizar su plataforma online “para perturbar la paz y la tranquilidad del presidente”. Se ordenó su ingreso en la prisión de máxima seguridad de Luzira, y el 21 de marzo quedaron en libertad tras pagar cada uno una fianza de 500.000 chelines ugandeses (unos 130 dólares estadounidenses) en metálico. Los dos afirmaron que tanto ellos como sus siete colegas habían sido objeto de tortura bajo custodia. La causa seguía abierta al terminar el año.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

En julio, durante la aprobación de los resultados finales del EPU de Uganda, el gobierno no aceptó las recomendaciones de proteger los derechos de las personas LGBTI.

El 3 de agosto, la Oficina Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (Oficina de ONG), organismo de carácter oficial, ordenó el cierre de la agrupación de organizaciones Minorías Sexuales Uganda (SMUG, por sus siglas en inglés), dedicada a proteger los derechos de las personas LGBTI. Las autoridades sostenían que SMUG no se había inscrito en la Oficina de ONG con arreglo a la Ley sobre ONG de 2016. En 2018, SMUG había impugnado la decisión de la Oficina de Servicios de Registro de Uganda de negarse a inscribir en registro a la organización en virtud del artículo 18 de la Ley de Sociedades de 2012, alegando que su nombre era “indeseable e irregistrable”. El 27 de junio de 2018, el Tribunal Superior confirmó la decisión de la Oficina.⁵

La iniciativa contra SMUG tuvo lugar en el contexto de reducción del espacio cívico y de aumento de los ataques contra la población LGBTI. El 19 de mayo, la policía arrestó y recluyó a dos miembros del personal de SMUG por “promover la homosexualidad”, cuando acudieron a la comisaría de Ntinda, en Kampala, para denunciar daños intencionados a bienes en la oficina de SMUG. Los dos fueron acusados de agredir a la persona que estaban denunciando y fueron trasladados a la comisaría de Kira Road. Quedaron en libertad el 23 de mayo con la obligación de estar a disposición de la policía, pero el 7 de junio volvieron a ser arrestados y el 8 de junio fueron llevados ante un tribunal que les concedió la libertad bajo fianza. Fueron citados en reiteradas ocasiones ante el tribunal antes de que la fecha de su vista judicial se fijara para enero de 2023.

El 8 de octubre, el presidente Museveni afirmó que la sociedad ugandesa seguía considerando desviadas sociales a las personas homosexuales.

Desalojos forzosos

El 28 de febrero, el presidente Museveni prohibió cualquier desalojo de tierras realizado sin el consentimiento de los comités de seguridad de distrito, y confirió a estos comités mayores facultades para autorizar desalojos, con lo que aumentaba el riesgo de que se produjeran desalojos forzosos. Los pueblos indígenas se hallaban entre los grupos más afectados por la directiva, ya que ésta otorgaba a órganos de seguridad más poderes para tomar decisiones en materia de conflictos sobre tierras, lo que podía socavar la independencia del poder judicial.

Degradación ambiental

Uganda continuó participando en los planes de construcción del oleoducto de crudo de África Oriental, de 1.443 kilómetros de longitud, que atravesaría asentamientos humanos, zonas de vida silvestre, tierras agrícolas y fuentes de agua (véase el apartado sobre Tanzania).

El 1 de febrero, los accionistas del oleoducto —entre los que figuraban TotalEnergies, Uganda National Oil Company, Tanzania Petroleum Development Corporation y China National Offshore Oil Corporation— anunciaron su decisión sobre la inversión final y el lanzamiento de ese gran proyecto. La iniciativa representaba una inversión total de aproximadamente 10.000 millones de dólares estadounidenses (más de 38 billones de chelines ugandeses).

Los gobiernos de Uganda y de Tanzania defendían que el proyecto era necesario para el desarrollo de ambos países, pese a los diversos recursos judiciales presentados por activistas nacionales e internacionales en favor de la justicia climática y grupos de la sociedad civil que sostenían que el oleoducto dañaría el medioambiente, desplazaría a la población local y afectaría negativamente a los medios de vida, la seguridad alimentaria y la salud pública de comunidades, incluidos pueblos indígenas. Las conclusiones de una evaluación del impacto ambiental y social realizada entre 2010 y 2013 por la Comisión Neerlandesa para la Evaluación Ambiental y el programa noruego Petróleo para el Desarrollo, en asociación con la Autoridad Nacional de Gestión Medioambiental de Uganda, coincidían con las aseveraciones de los activistas en favor de la justicia climática. Tras dos años, seguía pendiente ante el Tribunal de Justicia de África Oriental una demanda interpuesta por grupos kenianos, ugandeses y tanzanos de la sociedad civil, que trataba de lograr una orden temporal que impidiera la construcción del oleoducto.

En caso de construirse, este sería el oleoducto calentado más grande del mundo y transportaría, en promedio, 10,9 millones de toneladas de crudo anuales desde los yacimientos petrolíferos del lago Alberto, en Uganda occidental, hasta el puerto de Tanga, en la costa septentrional de Tanzania, para su exportación.

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

El ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, señaló que Uganda albergaba a 1.495.688 personas refugiadas y que sólo en 2022 habían llegado al país casi 100.000. Según este organismo, hasta noviembre las autoridades sólo habían cubierto el 45% de sus necesidades de financiación, por lo que no estaban preparadas para responder adecuadamente a la situación, por ejemplo promoviendo la integración socioeconómica de las personas refugiadas o abordando la necesidad urgente de atención de la salud, medicamentos, agua, saneamiento, servicios de higiene y educación. En septiembre, el ACNUR advirtió de que era posible que no pudiera seguir pagando al profesorado que trabajaba con niños y niñas refugiados. Las deficientes condiciones de vida, la insalubridad y el hacinamiento ponían a las personas refugiadas en riesgo, por ejemplo, de contraer enfermedades y sufrir violencia de género.