Las autoridades continuaron limitando el derecho a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación. Las fuerzas de seguridad usaron medios letales e innecesarios y mataron a un mínimo de 66 personas. Los tribunales dictaron varias sentencias que prometían proteger los derechos humanos. Las autoridades siguieron llevando a cabo desalojos forzosos, también contra pueblos indígenas. Personas refugiadas y solicitantes de asilo quedaron atrapadas y con necesidad de ayuda humanitaria al cerrarse las fronteras en marzo para contener la propagación de la COVID-19.
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