Resumen

En el contexto de las elecciones de enero, con el fin de reprimir a miembros y simpatizantes de la oposición política, las fuerzas de seguridad usaron tácticas intimidatorias tales como detenciones arbitrarias, secuestros, detención prolongada en régimen de incomunicación, desapariciones forzadas y enjuiciamientos. El derecho a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación fue objeto de graves restricciones, y las autoridades actuaron contra organizaciones que trabajaban en defensa de los derechos humanos y cerraron Internet durante cinco días. El Tribunal Superior levantó el arresto domiciliario del principal líder opositor. La campaña de vacunación se desarrolló con lentitud. El gobierno ordenó a empresas del sector agroindustrial que pusieran fin al desalojo de miles de personas, y el Tribunal Constitucional falló que se había desalojado ilegalmente a personas indígenas de sus tierras ancestrales. El presidente se negó a refrendar unas disposiciones legales que, en caso de ser promulgadas, podrían brindar mayor protección a las personas sobrevivientes de violencia sexual pero criminalizaban las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. Uganda seguía albergando a la población refugiada más numerosa de África.