- La presencia militar ugandesa incumple claramente las condiciones del embargo
- Las imágenes de satélite de helicópteros militares sursudaneses sugieren continuos incumplimientos del embargo
- El embargo de armas, en vigor desde 2018, expira el 31 de mayo
El despliegue de soldados ugandeses armados y de equipo militar a Sudán del Sur desde el 11 de marzo de 2025 es un incumplimiento flagrante del embargo de armas, ha manifestado hoy Amnistía Internacional, antes de la votación del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la renovación del embargo que tendrá lugar este mismo mes.
Las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (UPDF), desplegadas en Sudán del Sur en un contexto de intensificación de la violencia en el estado de Alto Nilo, han dado versiones contradictorias sobre la finalidad de su misión. En informes de medios de comunicación se citan declaraciones de altos mandos de las UPDF que afirman que el despliegue se realizó a petición de Sudán del Sur para asegurar la capital, Yuba, y que “no están allí en una misión de mantenimiento de la paz”. No obstante, las UPDF declaran en su sitio web que el objetivo del despliegue es “mantener la paz y la seguridad en el país”.
Amnistía Internacional también ha documentado indicios del uso continuado de helicópteros de ataque por parte de las Fuerzas Populares de Defensa de Sudán del Sur (SSPDF), lo que apunta claramente a que el suministro de piezas de repuesto continúa, una infracción del embargo de armas que Amnistía Internacional ya había documentado anteriormente. El 4 de mayo, Médicos Sin Fronteras (MSF) denunció que el día anterior dos helicópteros artillados habían bombardeado su farmacia en Old Fangak y disparado contra la ciudad, matando a siete personas e hiriendo a otras 20. Un ataque deliberado contra un hospital que cumple su función humanitaria violaría el derecho internacional humanitario y constituiría un crimen de guerra. Apenas unos días después, los medios de comunicación citan a testigos presenciales que denuncian que los helicópteros artillados de las SSPDF han matado a seis civiles en el condado de Mayom, estado de Unity.
Instamos al Consejo de Seguridad a que renueve el embargo, lo haga cumplir y proteja la vida de los civiles.
Tigere Chagutah, director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral
“Aunque el embargo de armas de la ONU no haya sido la panacea, sin él es prácticamente seguro que la situación de los derechos humanos habría sido peor. Ahora no es momento de levantarlo y añadir más armas a los combates. Instamos al Consejo de Seguridad a que renueve el embargo, lo haga cumplir y proteja la vida de los civiles”, manifestó Tigere Chagutah, director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral.
Las UPDF incumplen el embargo de armas de manera flagrante
El Laboratorio de Pruebas de Amnistía Internacional verificó dos vídeos en los que aparece personal y equipos de las UPDF. En el primero se ve a decenas de soldados de las UPDF llegando al aeropuerto internacional de Yuba el 11 de marzo. En el segundo se ven vehículos blindados para transporte de personal y camiones militares con matrícula de las fuerzas armadas ugandesas que transportan tanques en Nimule, en el lado sursudanés de la frontera entre Sudán del Sur y Uganda, el 17 de marzo.
Las condiciones del embargo permiten excepciones a la prohibición de suministro, venta o transferencia de armas y la asistencia técnica conexa, pero sólo en determinadas circunstancias estrictamente definidas y previa notificación al Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
Según la información a la que ha tenido acceso Amnistía Internacional, ni las autoridades de Uganda ni las de Sudán del Sur notificaron el despliegue de soldados de las UPDF al Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU ni solicitaron una exención del embargo de armas a este respecto. Esto viola las condiciones de la Resolución 2428 de 2018 del Consejo de Seguridad de la ONU y las resoluciones posteriores que la renuevan, que imponen un embargo de armas “[a]l suministro, la venta o la transferencia, de forma directa o indirecta, al territorio de Sudán del Sur […] de armamentos y materiales conexos de cualquier tipo, incluidas armas y municiones, vehículos y pertrechos militares, pertrechos paramilitares y las piezas de repuesto correspondientes”.
Amnistía Internacional escribió al Ministerio de Defensa y Asuntos de Veteranos ugandés, al Jefe de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda y a la Misión Permanente de Uganda ante la ONU en Nueva York el 11 de abril, sin recibir respuesta.
Las empresas deben dejar de suministrar armas y municiones a Sudán del Sur
Amnistía Internacional también verificó vídeos que muestran que se utilizó un vuelo de Freedom Airlines Express para transportar tropas y material de las UPDF a Yuba el 11 de marzo.
El 16 de abril, Amnistía Internacional escribió a Freedom Airlines para comunicarle sus averiguaciones. Freedom Airlines Express respondió el 24 de abril confirmando que había transportado tropas de las UPDF desde Uganda al aeropuerto internacional de Yuba pero negando que dicho transporte infringiera el embargo de armas. La empresa afirmó que “no [había transferido] ningún armamento más allá de las armas de fuego estándar que transportaban las tropas” y que “la razón de la presencia de las UPDF en la República de Sudán del Sur [era] asunto de los gobiernos de Sudán del Sur y Uganda”.
No obstante, Amnistía Internacional considera que el transporte de soldados y armas de fuego a Sudán del Sur por Freedom Airlines Express infringe el embargo.
En las imágenes verificadas también se veía a soldados de las UPDF conduciendo vehículos blindados para el transporte de personal del modelo Hizir, fabricado en Turquía por la empresa Katmerciler, que habían sido transportados a Sudán del Sur por un tercero incumpliendo el embargo. Amnistía Internacional escribió a Katmerciler el 16 de abril con estas conclusiones, pero aún no ha recibido respuesta.
En un contexto de creciente tensión en el país, Sudán del Sur y sus socios regionales e internacionales tienen el deber de proteger a la población civil garantizando que no se incumpla el embargo de armas vigente, con acciones como la introducción en el país de nuevas armas, pertrechos militares o piezas de repuesto.
Tigere Chagutah
Las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos, lo que exige que ejerzan la diligencia debida en materia de derechos humanos a lo largo de toda su cadena de valor para identificar, prevenir y mitigar cualquier implicación real o potencial en abusos contra los derechos humanos. El estándar de diligencia debida exigido en materia de derechos humanos es mayor en lo que respecta a las actividades empresariales que repercuten en zonas afectadas por conflictos. Habida cuenta del riesgo sustancial de que las partes en conflicto utilicen las armas y municiones que se están transfiriendo a Sudán del Sur para cometer graves abusos contra los derechos humanos, las empresas —incluida Freedom Airlines Express— deben abstenerse de inmediato de participar en el suministro de armas a fin de evitar causar estos abusos o contribuir a ellos.
Despegue de helicópteros militares desde el aeropuerto de Yuba
Las imágenes de satélite analizadas por Amnistía Internacional muestran un aumento del movimiento de helicópteros de combate Mi-24 en la zona militar del aeropuerto internacional de Yuba entre enero y marzo. Las imágenes de alta resolución muestran la ausencia, en varias fechas de febrero, de alguno de los tres helicópteros Mi-24 que habitualmente están estacionados en el aeropuerto, lo que sugiere que están operativos.
Arriba: Las imágenes de satélite capturadas entre el 30 de enero de 2025 y el 23 de febrero de 2025 muestran las posiciones de los helicópteros Mi-24, resaltadas con flechas amarillas, en cuatro fechas distintas. En las imágenes de febrero se ve que cada día faltan uno o dos helicópteros Mi-24, lo que sugiere que están operativos.
Según información recibida por Amnistía Internacional en 2020, cuando el Consejo de Seguridad de la ONU estableció el embargo de armas en julio de 2018 la flota de helicópteros de combate Mi-24 del gobierno estaba inoperativa y en tierra. Posteriormente Amnistía Internacional estableció que el gobierno había adquirido piezas de repuesto para reparar los helicópteros, lo que supone una violación del embargo de armas. El hecho de que estos helicópteros continúen estando operativos es un indicio sólido de que se sigue infringiendo el embargo de armas mediante el suministro continuo de piezas de repuesto.
“En un contexto de creciente tensión en el país, Sudán del Sur y sus socios regionales e internacionales tienen el deber de proteger a la población civil garantizando que no se incumpla el embargo de armas vigente, con acciones como la introducción en el país de nuevas armas, pertrechos militares o piezas de repuesto”, afirmó Tigere Chagutah.
Información complementaria
El despliegue de las UPDF se produjo tras enfrentamientos armados en el estado de Alto Nilo, incluidos ataques con bombas de barril perpetrados por el gobierno de Sudán del Sur que, según informes, usó armas incendiarias que causaron la muerte a al menos 58 personas y lesiones a más, y en un contexto de aumento de la tensión política, con la detención arbitraria, a veces en régimen de incomunicación, de altos cargos de la oposición.
En los últimos años, las UPDF han sido acusadas habitualmente, también por órganos de la ONU, de violar el embargo de armas a Sudán del Sur.