Las fuerzas de seguridad gubernamentales y los grupos armados perpetraron abusos graves contra los derechos humanos, como homicidios, actos de violencia sexual, secuestros, detenciones, tortura y otros malos tratos, reclutamiento y uso de niños y niñas y destrucción de bienes civiles. Al menos 24 personas, entre ellas un menor de edad, fueron ejecutadas extrajudicialmente por fuerzas gubernamentales. El uso de la violencia sexual relacionada con los conflictos fue generalizado y sistemático, y apenas hubo enjuiciamientos de presuntos autores de este delito y otros crímenes de derecho internacional. El acceso humanitario fue objeto de restricciones, y millones de personas padecían inseguridad alimentaria aguda. El gobierno no respetó, ni protegió, ni promovió, ni hizo efectivo el derecho a la salud. Se violó el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Se impusieron condenas a muerte y se llevaron a cabo ejecuciones. Preocupaba que un proyecto para desviar agua pudiera afectar negativamente a las comunidades y la fauna y flora locales.
Leer másConserva la pena de muerte en la ley