Resumen

Se restringían los derechos a la libertad de expresión, de asociación, de reunión pacífica y de circulación. Quienes criticaban al gobierno o ejercían el activismo se exponían a sufrir desaparición forzada, detención y reclusión arbitrarias, y tortura y otros malos tratos. El Servicio de Seguridad Nacional (NSS, por sus siglas en inglés) actuaba con impunidad, e incumplió una orden judicial de poner en libertad a un crítico del gobierno que estaba detenido. La ONU informó de numerosas violaciones de derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y violencia de género relacionadas con los conflictos, y reclutamiento y uso de niñas y niños por grupos armados. El Parlamento aprobó dos proyectos de ley de justicia transicional con el fin de promover la reconciliación y proporcionar reparación a las víctimas del conflicto que había comenzado en 2013. La inseguridad alimentaria aumentó a causa del conflicto en curso, las inundaciones, el desplazamiento y el aumento del costo de la vida. Tres cuartas partes de la población necesitaba asistencia humanitaria y protección. El gobierno no introdujo políticas adecuadas de preparación y mitigación para abordar los riesgos graves derivados del cambio climático.