Sudán del Sur 2025

El país sufría una corrupción sistémica que provocaba la infrafinanciación de los servicios públicos. Los recortes de fondos por parte del gobierno de Estados Unidos afectaron negativamente al derecho a la salud, en un contexto en el que en torno a seis millones de personas sufrían inseguridad alimentaria aguda y más del 70% de la población infantil no estaba escolarizada. Las autoridades continuaron recurriendo a prácticas autoritarias, incluida la detención arbitraria, para reprimir y acallar la disidencia y la oposición política. El conflicto armado que había estallado en 2013 se intensificó, provocando desplazamientos masivos y decenas de homicidios. La presencia en el país de fuerzas armadas ugandesas constituía una violación del embargo de armas dictado por el Consejo de Seguridad de la ONU y renovado en mayo. Aunque las autoridades dieron un pequeño paso para establecer una Comisión de la Verdad, la Reconciliación y la Recuperación, no hubo ningún avance relativo a la creación de un organismo para indemnizar y reparar a las víctimas del conflicto, ni a la creación del Tribunal Híbrido para Sudán del Sur. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovó el mandato de la Comisión de Derechos Humanos de Sudán del Sur.

Información general

En julio se rompieron las negociaciones de paz de la Iniciativa Tumaini entre el gobierno y grupos armados que no habían firmado el acuerdo de paz de 2018.

Hubo frecuentes reestructuraciones políticas y especulaciones sobre la sucesión presidencial. En febrero, el presidente Salva Kiir Mayardit designó a Benjamin Bol Mel vicepresidente del Grupo Económico de su gabinete y, en mayo, lo nombró vicepresidente del partido gobernante. El gobierno de Estados Unidos había sancionado a Benjamin Bol Mel en 2017 por acusaciones de corrupción. En noviembre, el presidente nombró a un exvicepresidente, James Wani Igga, para que sustituyera a Benjamin Bol Mel en ambos cargos, y puso a este último bajo arresto domiciliario.

En septiembre se suspendió del cargo de vicepresidente primero al líder de la oposición Riek Machar Teny, que llevaba bajo arresto domiciliario desde marzo. Riek Machar Teny fue juzgado junto a otras siete personas por cargos entre los que figuraban asesinato y traición, que conllevaban la pena de muerte, en relación con un ataque contra las fuerzas armadas lanzado en el estado de Alto Nilo por el “Ejército Blanco” (un grupo armado “de autodefensa” ). Según especialistas, la acusación de la Fiscalía, que sostenía que Riek Machar Teny dirigía y controlaba ese grupo, era cuestionable. Se negó de manera intermitente a periodistas y a personas extranjeras el acceso al juicio.

El gobierno comenzó a publicar internacionalmente datos meteorológicos para mejorar los sistemas de alerta temprana. Se produjeron fenómenos meteorológicos extremos, incluida una mortífera ola de calor. Hubo extensas inundaciones que afectaron especialmente a los estados de Jonglei y Unity y que, según el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, provocaron el desplazamiento interno de casi 375.600 personas y afectaron a más de 1,35 millones. Las inundaciones dañaron tierras de cultivo e infraestructuras vitales, lo que restringió aún más el acceso a asistencia humanitaria y a servicios básicos.

Derechos económicos, sociales y culturales

Un informe de la Comisión de la ONU sobre los Derechos Humanos en Sudán del Sur concluyó que la corrupción sistémica y el desvío de ingresos del Estado eran causantes de la grave infrafinanciación de servicios esenciales, como la atención sanitaria y la educación, lo que alimentaba la situación de crisis de los derechos humanos.

Derecho a la alimentación

Hasta noviembre, aproximadamente seis millones de personas (más de la mitad de la población) sufrían inseguridad alimentaria aguda, y se estimaba que, de ellas, 28.000 sufrían hambre extrema. Más de 2,1 millones de niños y niñas estaban en riesgo de desnutrición.

Un informe de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases publicado en noviembre alertaba del peligro de hambruna para la población en partes de la región del Gran Alto Nilo, como el condado de Fangak y el sur de la localidad de Nasir. El informe preveía que más de 2,1 millones de niños y niñas menores de cinco años sufrirían desnutrición aguda entre julio de 2025 y junio de 2026. Según el informe, los elevados índices de inseguridad alimentaria se debían principalmente al conflicto armado, al alto nivel de inseguridad y a las extensas inundaciones, que causaban desplazamientos y alteraban la agricultura.

Derecho a la salud

Sudán del Sur sufrió el brote de cólera más grave del que se tenía registro en el país. Además, al ser uno de los países africanos más dependientes de la ayuda humanitaria, fue uno de los más afectados por los recortes de la ayuda exterior estadounidense.¹ En abril, el periódico Al Yazira informó de que ocho personas, entre ellas cinco menores de edad, habían muerto en el estado de Jonglei tras caminar durante horas para recibir tratamiento médico para el cólera, a raíz del cierre de clínicas y de un servicio de transporte de pacientes financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Derecho a la educación

Según UNICEF, 2,8 millones de niños y niñas (más del 70% de la población infantil), en su mayoría niñas, estaban sin escolarizar. Entre los obstáculos para la educación de las niñas figuraban la pobreza y el matrimonio precoz. Los niños y niñas de las comunidades dedicadas al pastoreo no asistían a la escuela cuando se les necesitaba para trasladar ganado.

Libertad de expresión

Las autoridades continuaron recurriendo a prácticas autoritarias para reprimir o acallar la disidencia. Las personas que expresaban opiniones críticas sufrían hostigamiento, intimidación, amenazas, detención arbitraria y, en algunos casos, desaparición forzada. El Servicio de Seguridad Nacional siguió requiriendo a las organizaciones de la sociedad civil que solicitaran su aprobación para celebrar reuniones, lo que amenazaba con impedir un diálogo auténtico.

El 22 de enero, la Autoridad Nacional de Comunicaciones emitió una orden arbitraria y desproporcionada dirigida a los proveedores de servicios de Internet para que bloquearan las plataformas de redes sociales durante un mínimo de 30 días, prorrogables a un máximo de 90.² Ante la indignación pública desatada, incluida la de los actores de derechos humanos, la Autoridad Nacional de Comunicaciones levantó la prohibición. En la orden se afirmaba que ésta se había emitido para responder a ataques violentos contra personas de Sudán y sus negocios en Sudán del Sur.

Detención y reclusión arbitrarias

En marzo, las autoridades arrestaron al menos a 22 personas vinculadas al Movimiento/Ejército de Liberación Popular de Sudán en la Oposición. De ellas, seis fueron objeto de desaparición forzada y otras fueron recluidas en régimen de incomunicación. Existía preocupación respecto a la legalidad y la falta de transparencia en torno a los arrestos que siguieron a unos enfrentamientos violentos acaecidos a mediados de febrero entre fuerzas gubernamentales y grupos armados en el estado de Alto Nilo.

El 4 de julio llegaron a la capital, Yuba, ocho hombres que habían sido deportados desde Estados Unidos y que habían permanecido recluidos en una base militar estadounidense en Yibuti desde mayo. Su deportación formaba parte de la campaña de deportación masiva emprendida por el gobierno estadounidense. Posteriormente, los ocho hombres fueron recluidos arbitrariamente en un lugar no revelado. A principios de septiembre, dos de ellos³ habían sido liberados y seis permanecían detenidos.⁴

El Servicio de Seguridad Nacional continuó sometiendo a vigilancia a los medios de comunicación, incluidas las redes sociales, y usando la información extraída de allí para arrestar arbitrariamente y recluir de manera ilícita a personas críticas con el gobierno. En noviembre, los medios de comunicación informaron de que el Servicio de Seguridad Nacional había detenido y recluido durante cuatro días a la cómica Amath Jok después de que, en una emisión en directo en TikTok, ésta se refiriera al presidente Kiir como un “gran ladrón con sombrero”. A Amath Jok se le prohibió utilizar las redes sociales indefinidamente. Los medios de comunicación informaron de que había sido detenida de nuevo ese mismo mes, junto con un cantante y una figura destacada de TikTok. Fue puesta en libertad antes de concluir el año.

Violaciones del derecho internacional humanitario

Se intensificó el conflicto armado no internacional que había estallado en diciembre de 2013 en el país. Según la Comisión de Derechos Humanos de Sudán del Sur, se produjeron enfrentamientos armados en una escala que no se había visto desde 2017, y en los que la población civil se llevó la peor parte de la violencia. Esto provocó el desplazamiento de un gran número de civiles. Aunque hubo enfrentamientos en todo el país, las regiones más afectadas fueron Gran Ecuatoria y el Gran Alto Nilo. En febrero, por ejemplo, se registró un aumento de los combates entre el “Ejército Blanco” y las Fuerzas Populares de Defensa de Sudán del Sur (fuerzas gubernamentales) en el estado de Alto Nilo. Esos enfrentamientos estuvieron acompañados de denuncias de abusos y violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, incluidos crímenes de derecho internacional.⁵

Se documentaron pruebas del uso de helicópteros de ataque por parte de las Fuerzas Populares de Defensa de Sudán del Sur, lo que constituía un sólido indicio de que seguía en marcha el suministro de piezas de repuesto para esas aeronaves, en contravención del embargo de armas impuesto por el Consejo de Seguridad de la ONU (véase infra, “Transferencias irresponsables de armas”).⁶ También hubo un marcado aumento de las denuncias del uso de helicópteros de ataque en comparación con los años anteriores, así como un incremento significativo de los ataques aéreos en todo el país. Según Human Rights Watch, el gobierno empleó presuntamente armas incendiarias improvisadas lanzadas desde el aire en al menos cuatro ataques en el estado de Alto Nilo que se saldaron con decenas de muertes, personas quemadas y destrucción de infraestructuras civiles. Dichos ataques podían constituir crímenes de guerra.

Transferencias irresponsables de armas

En mayo, el Consejo de Seguridad de la ONU renovó por otro año el embargo de armas que había impuesto a Sudán del Sur y que estaba en vigor desde 2018.⁷ No obstante, desde el 11 de marzo o antes se habían desplegado en el país desde Uganda soldados de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda y material militar, sin notificarlo previamente al Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU para obtener una excepción en virtud de los términos establecidos en la resolución pertinente. Esto suponía una violación flagrante del embargo de armas.

Aunque su aplicación había sido desigual, el embargo de armas era una medida crucial para restringir el flujo de armas usadas para violar el derecho internacional humanitario. A pesar de ello y del rápido deterioro de la situación de los derechos humanos, varios Estados miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y el Consejo de Paz y Seguridad de la UA pidieron levantar el embargo de armas durante las semanas previas a su renovación en mayo.

Derecho a verdad, justicia y reparación

El gobierno no adoptó ninguna medida significativa encaminada a establecer la Autoridad de Indemnización y Reparación, un mecanismo previsto en la legislación aprobada en noviembre de 2024 por la Asamblea Legislativa Nacional que, de instaurarse, proporcionaría apoyo material y económico a la ciudadanía cuya propiedad hubiera sido destruida por el conflicto y la ayudaría a recuperar sus medios de vida. Las autoridades designaron un comité de selección, integrado por nueve personas, para la Comisión de la Verdad, la Reconciliación y la Recuperación. El comité inició el proceso de selección de los comisarios sursudaneses. La sociedad civil expresó preocupación por la falta de transparencia y participación pública en el proceso de selección, en contravención de lo dispuesto en la ley que regía la Comisión. Seguía estancado el proceso para establecer un Tribunal Híbrido para Sudán del Sur, respaldado por la Unión Africana, que investigara y enjuiciara los crímenes de derecho internacional y otras violaciones de derechos humanos cometidos en el contexto del conflicto desde 2013. En febrero, los medios de comunicación informaron de que el ministro de Información y Turismo, Comunicación, Tecnología y Servicios Postales culpaba a la Unión Africana del retraso en el establecimiento del Tribunal Híbrido, que las autoridades nacionales llevaban años tratando activamente de bloquear.

En abril, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU prorrogó el mandato de la Comisión de Derechos Humanos de Sudán del Sur, el único mecanismo viable equipado para recopilar y preservar de manera independiente pruebas de crímenes de derecho internacional cometidos durante el conflicto armado en curso.⁸