Ante la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de renovar un año más el embargo de armas impuesto a Sudán del Sur, Tigere Chagutah, director de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral, ha manifestado:
“La renovación del embargo de armas, si se aplica con diligencia, es una medida importante para proteger a la población civil al frenar la entrada de armas que se vienen utilizando para cometer violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional”.
“Sin embargo, nos consterna que varios miembros del Consejo de Seguridad sigan pidiendo el levantamiento del embargo y que algunos se hayan abstenido de votar, especialmente ante la escalada de la intensidad del conflicto armado desde principios de 2025”.
La renovación del embargo de armas, si se aplica con diligencia, es una medida importante para proteger a la población civil al frenar la entrada de armas que se vienen utilizando para cometer violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional.
Tigere Chagutah, director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral
“Las armas se siguen utilizando para arrebatar vidas. Por ejemplo, el 1 de marzo de 2026, un grupo de hombres armados del condado de Mayom (estado de Unity) tomó por asalto la población de Abiemnom y, en apenas unas horas, causó la muerte y heridas a centenares de personas. Poner más armas en manos de partes beligerantes y otros actores implicados en violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional sería irresponsable y peligroso para la población civil”.
“También se vienen usando las armas para cometer la violencia sexual que sigue caracterizando el conflicto armado de Sudán del Sur pese a la existencia de acuerdos y de un plan de acción para combatirla y hacer frente a su prevalencia. Los crímenes previstos en el derecho internacional y en la legislación nacional, incluida la violencia sexual relacionada con los conflictos, siguen gozando de impunidad”.
Información complementaria
En 2025, Amnistía Internacional concluyó que el despliegue de soldados ugandeses armados y equipo militar en Sudán del Sur desde el 11 de marzo de 2025, sin que hubiera una notificación o solicitud de exención al Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU, viola de forma flagrante el embargo de armas. Amnistía Internacional también ha documentado indicios del uso continuado de helicópteros de ataque por parte de las Fuerzas Populares de Defensa de Sudán del Sur (SSPDF), lo que apunta claramente a que continúa el suministro de piezas de repuesto, violación del embargo de armas que Amnistía Internacional ya había documentado con anterioridad.
En 2020, Amnistía Internacional había documentado la importación reciente de armas pequeñas y munición, la ocultación ilícita de armas y el desvío de vehículos blindados para fines militares no autorizados, todo lo cual indicaba que las partes del acuerdo de paz de 2018, incluido el gobierno de Sudán del Sur, estaban violando el embargo de la ONU y no aplicaban las disposiciones pertinentes del acuerdo por las que también se comprometían a proteger los derechos humanos.