El libre acceso a las armas no haría más que aumentar la violencia existente en el país.
Por Tigere Chagutah
En 2015, mientras se libraba una guerra civil en Sudán del Sur, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas impuso una primera ronda de sanciones al país, que incluían la congelación de activos y la prohibición de viajar a varias autoridades. Tres años más tarde, tras repetidas violaciones del acuerdo de alto el fuego, el Consejo de Seguridad reunió los votos necesarios para imponer un embargo total de armas. Se logró establecer una paz frágil, pero el embargo se mantuvo y se ha ido prorrogando anualmente.
La revisión del embargo está prevista para el 29 de mayo y los países africanos miembros del Consejo de Seguridad —Sierra Leona, Somalia y Argelia— están presionando para que se levante. El 18 de marzo, el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana (CPSUA) pidió públicamente que se pusiera fin a esta medida.
Sin embargo, levantar en este momento el embargo a Sudán del Sur sería un error. La violencia ha vuelto a azotar el país y se han producido al menos 180 asesinatos entre marzo y mediados de abril, en medio de una profunda división entre el presidente Salva Kiir y el vicepresidente primero Riek Machar, sometido a arresto domiciliario.
Permitir la entrada de más armas al país no haría sino empeorar esta grave situación y no redundaría en beneficio de los países vecinos ni de la Unión Africana en su conjunto.
Tigere Chagutah, director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral
En el marco del plan de desarrollo de la Unión Africana (UA), la Agenda 2063, el continente se marcó el ambicioso objetivo de “silenciar las armas” para 2020, objetivo que posteriormente se amplió hasta 2030. Con ello, la UA aspira a poner fin a todas las guerras y conflictos violentos y promover mecanismos basados en el diálogo para la prevención y resolución de conflictos.
Sin embargo, el llamamiento del CPSUA para que se levante el embargo a Sudán del Sur no se ajusta a estos objetivos. La justificación de esta postura es que el libre acceso a más armas permitiría unificar las fuerzas gubernamentales y opositoras y reformar el sector de la seguridad.
No obstante, esta lógica ignora las crecientes fracturas en Sudán del Sur, dadas las tensiones reavivadas entre Kiir y Machar. Poner más armas en manos de partes beligerantes implicadas en graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional no haría más que empeorar la situación.
Las fuerzas de seguridad y defensa de Sudán del Sur han atacado precisamente a quienes deben proteger: la población civil. El ejército sursudanés, el Servicio de Seguridad Nacional y las fuerzas armadas de la oposición están implicados en crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos desde hace más de un decenio, según han denunciado, entre otros, la Comisión de Investigación de la UA sobre Sudán del Sur y la Comisión de la ONU sobre los Derechos Humanos en Sudán del Sur.
De hecho, en torno a la fecha en que el CPSUA pidió que se levantara el embargo de armas, el gobierno de Sudán del Sur utilizó, según informes, armas incendiarias improvisadas en ataques aéreos, que causaron la muerte de al menos 58 personas y heridas a otras muchas, entre ellas menores de edad.
Para garantizar la seguridad, no es suficiente la existencia del embargo de armas; aplicarlo es fundamental. Sin embargo, la aplicación presenta ya puntos débiles: a principios de marzo, Uganda envió tropas y equipo militar a Sudán del Sur sin notificarlo ni recibir una exención especial del Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU, en lo que constituyó una clara violación del embargo.
Los helicópteros Mi-24 de Sudán del Sur también parecen estar activos, pese a que, según informes, la flota del gobierno no funciona y está inmovilizada desde que se impuso el embargo de armas en 2018. Estos hechos sugieren que se han obtenido piezas de repuesto en violación del embargo.
Si la Unión Africana se plantea seriamente silenciar las armas, debe respaldar los estrictos controles que prohíben las transferencias de armas a Sudán del Sur; los Estados africanos presentes en el Consejo de Seguridad de las ONU deben votar a favor de renovar el embargo de armas.
Tigere Chagutah
El 4 de mayo, Médicos Sin Fronteras denunció que el día anterior dos helicópteros artillados habían bombardeado su centro médico en Old Fangak y disparado contra la población, lo que había provocado la muerte de siete personas y herido a otras 20. Los ataques deliberados contra un centro médico que desempeña su función humanitaria viola el derecho internacional humanitario y constituiría un crimen de guerra. Estos hechos son una indicación más del motivo por el cual el Consejo de Seguridad de la ONU debe renovar el embargo de armas y reforzar su cumplimiento.
Si se aplica y cumple adecuadamente el embargo de armas, su renovación por parte del Consejo de Seguridad de la ONU no obstaculizará la reforma del sector de la seguridad. Al contrario, impedirá la acumulación desordenada y desestabilizadora de armas en Sudán del Sur, acumulación que aviva el conflicto actual y contribuye a violaciones de los derechos de la población civil.
Si la UA se plantea seriamente silenciar las armas, debe respaldar los estrictos controles que prohíben las transferencias de armas a Sudán del Sur; los Estados africanos presentes en el Consejo de Seguridad de las ONU deben votar a favor de renovar el embargo de armas.
Las opiniones expresadas en este artículo son del autor y no reflejan necesariamente la política editorial de Al Yazira.
Este artículo de opinión se publicó originalmente en el sitio web de Al Yazira en inglés.