Los conflictos seguían siendo una lacra enquistada que tenía pocas perspectivas de remitir. Sin embargo, en toda la región se observaron avances limitados en lo relativo a garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la rendición de cuentas por abusos y violaciones graves de derechos humanos que podrían ser constitutivos de crímenes de derecho internacional.
Casi todos los países de la región hubieron de enfrentarse a los devastadores efectos económicos de la pandemia de COVID-19. Los intentos de recuperación se vieron obstaculizados por conflictos, perturbaciones económicas derivadas de la invasión rusa de Ucrania y condiciones meteorológicas extremas y agravadas por el cambio climático. En consecuencia, seguía menoscabándose gravemente el derecho de millones de personas a la alimentación, a la salud y a un nivel de vida adecuado.
En toda la región, las autoridades hicieron uso de diversas tácticas para silenciar la disidencia pacífica. La represión del derecho a la libertad de reunión pacífica se intensificó al utilizar las autoridades la seguridad nacional o la COVID-19 como pretexto para prohibir, reprimir o dispersar de forma violenta las protestas. Al reforzar las autoridades su control del derecho a la libertad de expresión y de asociación, se sometió a defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas, periodistas y miembros de grupos o partidos de oposición a prácticas de intimidación y hostigamiento, incluidas detenciones, reclusiones y enjuiciamientos.
El número de personas que huían de conflictos o de crisis climáticas siguió en aumento. Sin embargo, debido a la falta de financiación internacional, las autoridades apenas disponían de medios para abordar de forma adecuada las necesidades básicas urgentes de las personas refugiadas.
La prevalencia de la violencia contra las mujeres en toda la región reflejó los arraigados patrones de discriminación por motivos de género y otras formas de desigualdad. En algunos países no se protegió a las personas LGBTI ni a las personas con albinismo de la discriminación y la violencia.
Persistió el alto riesgo de degradación ambiental o de desplazamiento de comunidades derivado de proyectos mineros o de infraestructuras existentes o previstos.
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