Los principales conflictos armados en la región continuaron prácticamente sin cambios, mientras que los esfuerzos diplomáticos para ponerles fin no lograron detener las violaciones de derechos asociadas, proteger a la población civil ni hacer rendir cuentas a los responsables. Los actores externos siguieron alimentando los conflictos, entre otras cosas suministrando munición y armas a las partes implicadas.
El objetivo expresado por la Unión Africana en 2014 de eliminar el hambre y la inseguridad alimentaria para 2025 no se cumplió. Los frágiles sistemas de salud de la región se vieron sometidos a una mayor presión debido a los recortes de la ayuda del gobierno estadounidense, lo que provocó que se redujeran, suspendieran o cancelaran servicios de salud esenciales.
Los gobiernos trataron las protestas como una amenaza y las dispersaron con violencia, las restringieron de forma indebida o las prohibieron. La represión se intensificó en el contexto de las elecciones, y los regímenes dirigidos por militares, esgrimiendo como justificación la seguridad nacional, tomaron medidas drásticas contra las voces críticas.
Millones de personas siguieron desplazadas por los conflictos y los desastres provocados por el cambio climático, y Sudán siguió siendo el escenario de la mayor crisis de desplazamiento del mundo y la de más rápido crecimiento.
Los gobiernos y la comunidad internacional no protegieron a la población de la región de las sequías y las inundaciones agravadas por el cambio climático.
Las normas sociales y los actores contrarios a los derechos siguieron alimentando la discriminación y la violencia de género contra las mujeres y las niñas. Mientras tanto, los gobiernos utilizaron los sistemas jurídicos como arma para atacar y discriminar a las personas LGBTI.
Las autoridades socavaron los esfuerzos para combatir la impunidad y garantizar la rendición de cuentas, lo que puso en peligro el acceso a la justicia y a recursos efectivos para las víctimas y sobrevivientes de los delitos más graves.
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