Perspectiva regional: África

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ÁFRICA 2021

La población civil siguió pagando un alto precio por los prolongados conflictos armados en África. Las partes en los conflictos de Burkina Faso, Camerún, Etiopía, Malí, Mozambique, Níger, Nigeria, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Somalia y Sudán del Sur cometieron crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. En algunos casos, estas violaciones constituían crímenes de lesa humanidad. La búsqueda de justicia para las víctimas resultó difícil de materializar en términos generales. Los conflictos desplazaron a millones de personas, pero la situación humanitaria y de seguridad en los campos de personas refugiadas y desplazadas internamente siguió siendo precaria.

Mientras los conflictos continuaban, la pandemia de COVID-19 asoló África y tuvo efectos devastadores para los derechos humanos. Los esfuerzos de los gobiernos para contener su avance se vieron obstaculizados por la desigualdad vacunal global generada por las empresas farmacéuticas y los países ricos. Al terminar el año, menos del 8% de los 1.200 millones de habitantes del continente tenían la pauta completa de vacunación. La pandemia dio lugar a cierres de escuelas y alteración de la enseñanza, y los niños y niñas de países afectados por conflictos tuvieron dificultades adicionales para acceder a la educación. En varios países se llevaron a cabo desalojos forzosos, sin tener en cuenta la pandemia, que dejaron a decenas de miles de personas sin hogar.

Las medidas para contener la propagación de la COVID-19 sirvieron de justificación a los gobiernos para reprimir el derecho a disentir y otras libertades. Muchos gobiernos prohibieron protestas pacíficas aduciendo consideraciones de salud y seguridad. Cuando la gente desafió las prohibiciones y salió a las calles, las fuerzas de seguridad usaron fuerza excesiva para disolver las protestas. Las autoridades también siguieron silenciando a defensores y defensoras de los derechos humanos o criminalizándolos. Los gobiernos tomaron medidas para cerrar el espacio de la sociedad civil y restringir la libertad de los medios de comunicación, y utilizaron como instrumento leyes sobre sedición, terrorismo y difamación criminal.

La discriminación por motivos de género y otras formas de desigualdad continuaron arraigadas en los países africanos. Entre los principales motivos de preocupación se contaron el aumento de la violencia por motivos de género, el acceso limitado a información y servicios de salud sexual y reproductiva, los matrimonios precoces y forzados y la exclusión de las niñas embarazadas de las escuelas. Mientras tanto, las personas LGBTI sufrían acoso, detención y enjuiciamiento por su orientación sexual o identidad de género reales o supuestas.

Varios países se vieron especialmente afectados por sequías agravadas por el cambio climático, y en otros se plantearon preocupaciones relacionadas con la degradación ambiental.

Ataques y homicidios ilegítimos

Los ataques selectivos contra población e infraestructuras civiles fueron generalizados en todos los conflictos de la región. En Camerún, en la región de Extremo Norte, Boko Haram y el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental habían matado al menos a 70 civiles en unos 51 ataques hasta el 24 de octubre. En República Centroafricana, las fuerzas nacionales y sus aliados atacaron una mezquita en febrero y mataron a 14 personas. Además, la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en República Centroafricana (MINUSCA) afirmó que 228 civiles habían muerto entre junio y octubre como consecuencia del conflicto. En Etiopía, el Frente Popular de Liberación de Tigré, las fuerzas de seguridad nacionales y los grupos de milicias fueron responsables de matanzas de cientos de civiles, en muchos casos por motivos de identidad étnica, en localidades como Bora, Edaga Berhe y Adi-Goshu. En Níger, el Estado Islámico en el Gran Sáhara atacó a residentes y comerciantes en las regiones de Tillabéri y Tahoua. Tres de estos ataques, lanzados entre enero y marzo, causaron la muerte de al menos 298 civiles. En el noreste de Nigeria, Boko Haram y el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental llevaron a cabo al menos 30 ataques que causaron la muerte de más de 123 civiles.

Los ataques indiscriminados que causaron muertos y heridos entre la población civil también fueron habituales en todos los conflictos de la región. En República Centroafricana, los artefactos explosivos improvisados mataron al menos a 15 personas en el primer semestre del año. En Etiopía, un ataque aéreo de las fuerzas armadas etíopes contra un mercado de la localidad de Edaga Selus (Tigré) mató a más de 50 civiles y causó heridas a muchos más. De igual modo, un ataque de artillería, presuntamente efectuado por el Frente Popular de Liberación de Tigré, mató a seis personas en una zona de viviendas de la localidad de Debre Tabor (región de Amhara). En el conflicto de Cabo Delgado (Mozambique), la empresa militar privada Dyck Advisory Group, contratada por el gobierno como fuerza de reacción rápida, disparó con ametralladoras y lanzó explosivos de forma indiscriminada desde sus helicópteros, en muchos casos sin distinguir entre objetivos civiles y militares.

En el noreste de Nigeria, al menos 16 personas murieron y 47 resultaron heridas en febrero cuando Boko Haram disparó granadas propulsadas por cohetes sobre zonas de la ciudad de Maiduguri (estado de Borno). Además, en septiembre, 9 personas murieron y varias resultaron heridas en un ataque aéreo militar que tuvo lugar en la localidad de Buwari (estado de Yobe). En Somalia, la ONU documentó la muerte de 241 civiles y las heridas sufridas por otros 295 entre febrero y julio. El grupo armado Al Shabaab causó el 68% de las víctimas de ataques indiscriminados, y el resto se atribuyeron a fuerzas de seguridad del Estado, milicias de clanes, y fuerzas internacionales y regionales como la Misión de la Unión Africana en Somalia.

Casi todos los actores implicados en los conflictos armados de África hicieron uso de la violencia sexual como táctica de guerra. En República Centroafricana, la MINUSCA documentó 131 casos de ese tipo, incluidas 115 violaciones, entre enero y junio. La violencia sexual relacionada con los conflictos seguía siendo generalizada en República Democrática del Congo, y al menos 1.100 mujeres fueron violadas sólo en Kivu Septentrional e Ituri entre enero y septiembre, según la ONU. En Etiopía, las partes en el conflicto cometieron violaciones generalizadas de mujeres y niñas en Tigré y Amhara. En Sudán del Sur, la ONU calculó que las fuerzas de seguridad del Estado y actores armados no estatales habían sido responsables de al menos 63 incidentes de violencia sexual relacionada con el conflicto, que incluyeron actos de violación, violación en grupo y desnudez forzada. En Níger, unos miembros del contingente chadiano del grupo de países G5 Sahel violaron a dos mujeres y a una niña de 11 años en Tera (región de Tillabéri) en abril.

En algunos conflictos también se usaron bloqueos y restricciones del acceso humanitario como táctica de guerra. En Burkina Faso, el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes bloqueó la ciudad de Mansila (provincia de Yagha) y causó inseguridad alimentaria entre la población. En Malí, el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes bloqueó muchas localidades y comunidades, y restringió la libertad de circulación de sus habitantes y su acceso a tierras de cultivo y agua, para obligar a la población a poner fin a su colaboración con el ejército. La negación y las restricciones del acceso humanitario impuestas por los grupos armados y parapoliciales o los gobiernos continuaron en Camerún, Etiopía, República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Esto contribuyó a dejar en situación de necesidad urgente de asistencia humanitaria sobre todo en lo relativo a alimentos y medicinas a más de 5 millones de personas en Etiopía, 19,6 millones en República Democrática del Congo y 8,3 millones en Sudán del Sur, según estimaciones de la ONU.

En varios países, muchas personas murieron en episodios de violencia entre comunidades y agitación política. En Camerún, presuntos separatistas armados lanzaron ataques contra personas, instalaciones médicas y escuelas de las regiones anglófonas del Noroeste y el Suroeste. Estos abusos ocurrieron en el contexto de un aumento de las tensiones entre comunidades. En Etiopía, la violencia étnica se cobró al menos 1.500 vidas en las regiones de Afar, Amhara, Benishangul-Gumuz, Oromia y Somalí. En Nigeria, la violencia entre comunidades campesinas y de pastores y los ataques de bandidos se cobraron la vida de más de 3.494 personas. En Sudáfrica, la violencia desencadenada por la detención del expresidente Jacob Zuma causó la muerte de al menos 360 personas.

Impunidad

En casi todos los países, las personas responsables de crímenes de derecho internacional y otros abusos y violaciones graves de derechos humanos gozaban de impunidad. En Burkina Faso, dos miembros del grupo armado Ansaroul Islam fueron declarados culpables de cargos relacionados con el terrorismo, pero no se observaron avances dignos de mención en la investigación sobre el homicidio ilegítimo de 50 personas y la desaparición forzada de otras 66, presuntamente a manos del grupo armado Koglweogo, que habían tenido lugar en la localidad de Yirgou (provincia de Sanmatenga) en 2019. En República Centroafricana, el Tribunal Penal Especial anunció que había dictado 25 órdenes de arresto, pero aún no se había ejecutado satisfactoriamente ninguna de ellas. El gobierno centroafricano estableció una Comisión de Investigación para indagar sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por todas las partes desde el comienzo de la ofensiva del grupo armado Coalición de Patriotas por el Cambio, pero no hizo público su informe ni las medidas que habían de adoptarse a continuación.

En República Democrática del Congo, al menos 80 miembros del ejército y de la policía fueron enjuiciados en las provincias de Kivu Septentrional, Kivu Meridional, Ituri, Tanganika y Kasaï por delitos graves, entre ellos violencia sexual. Roger Lumbala, ex señor de la guerra congoleño, fue detenido por las autoridades francesas por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, muchos otros autores de crímenes de derecho internacional en República Democrática del Congo seguían gozando de impunidad. En Malí se celebraron juicios por cargos de terrorismo pero existían dudas respecto a si cumplían las normas internacionales sobre juicios justos. Por otra parte, apenas se avanzó en la investigación de crímenes de derecho internacional cometidos por los grupos armados y el ejército.

En Ruanda, Jean-Claude Iyamuremye, acusado ser un líder de la milicia Interahamwe en la comuna de Kicukiro durante el genocidio de 1994, fue declarado culpable de genocidio y condenado a 25 años de prisión. Dos presuntos genocidas fueron extraditados desde Estados Unidos a Ruanda para ser juzgados, y otro sospechoso de genocidio también fue extraditado desde Países Bajos. En Sudán del Sur, el gobierno pareció anteponer la verdad a los juicios, y siguió demorando y bloqueando la constitución del Tribunal Híbrido para Sudán del Sur. En Sudán, el año terminó sin que nadie rindiera cuentas por el homicidio de al menos 100 manifestantes el 3 de junio de 2019. Las autoridades sudanesas también siguieron incumpliendo su obligación de trasladar a Omar al Bashir y a otros dos presuntos responsables a la Corte Penal Internacional para responder de cargos de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra en Darfur.

Derechos económicos, sociales y culturales

Derecho a la salud

La pandemia de COVID-19 que siguió asolando África tuvo efectos devastadores para los derechos humanos. Durante el año se registraron casi 9 millones de casos y más de 220.000 muertes. Sudáfrica continuó siendo el epicentro de la pandemia en cuanto a casos y muertes comunicados. Los esfuerzos de los gobiernos para contener la COVID-19 se vieron obstaculizados por la desigualdad en la distribución global de vacunas, generada por las empresas farmacéuticas y los países ricos. Las empresas farmacéuticas dieron prioridad a la entrega de vacunas a los países de ingreso alto, que a su vez acumularon más dosis de las que podían usar. Los países ricos también bloquearon los intentos de aumentar los suministros a los países de ingreso mediano y bajo mediante la aplicación de una exención temporal de los derechos de propiedad intelectual y el aumento del intercambio de tecnología y conocimientos.

Las vacunas contra la COVID-19 se suministraron a los países africanos principalmente a través del mecanismo COVAX, el Fondo Africano para la Adquisición de Vacunas y donaciones bilaterales. Con demasiada frecuencia, los suministros fueron insuficientes o sus tiempos de llegada eran imprevisibles, por lo que los gobiernos encontraron dificultades para generar confianza entre sus respectivas poblaciones y estructurar campañas de vacunación eficaces. En países como Malawi, República Democrática del Congo y Sudán del Sur, los envíos de vacunas llegaron con fechas de caducidad muy cortas, lo que obligó a las autoridades a destruir suministros o devolver la mayor parte para su reasignación a otros países. Los problemas de suministro implicaron una dificultad mayor para garantizar la llegada de vacunas a los grupos vulnerables, como las personas de edad avanzada y las aquejadas de dolencias crónicas. Algunos de los factores internos que obstaculizaron la implementación de programas de vacunación efectivos en África fueron la desigualdad, la reticencia a la vacunación y la situación de inseguridad nacional Menos del 8% de los 1.200 millones de habitantes de África estaban totalmente vacunados al terminar el año, la tasa más baja del mundo y muy lejos del objetivo de vacunación del 40% fijado por la Organización Mundial de la Salud.

La pandemia de COVID-19 siguió poniendo de relieve la falta crónica de inversión en el sector de la salud que la región padecía desde hacía muchos decenios. Los sistemas de atención de la salud, ya de por sí inadecuados, de la mayoría de los países se vieron sometidos a fuertes presiones, sobre todo durante la tercera ola de la pandemia. En Somalia, un único hospital de la capital, Mogadiscio, se ocupó de todos los casos relacionados con la COVID-19 en las regiones del centro y el sur del país durante gran parte del año. Con el 91% de sus camas ocupadas en el mes de julio, los hospitales públicos y privados de la provincia de Gauteng, en Sudáfrica, tenían dificultades para afrontar la situación. En Congo, Nigeria, República Democrática del Congo y Togo, el personal sanitario llevó a cabo huelgas y organizó sentadas para denunciar el mal funcionamiento de los sistemas de salud o para reclamar meses de salarios impagados. Las denuncias de corrupción, también en relación con los fondos para la COVID-19, menoscabaron aún más el sector de la salud en muchos países, como Camerún y Sudáfrica.

Derecho a la educación

El cierre de centros escolares y otras alteraciones de la enseñanza a causa de la pandemia seguían siendo un importante motivo de preocupación. En Chad, la matriculación de niñas en escuelas de enseñanza secundaria cayó del 31% en 2017 al 12% en 2021 debido a los cierres de escuelas y a las elevadas tasas de matrimonio precoz y forzado. En Sudáfrica, aproximadamente 750.000 niños y niñas habían abandonado la escuela en mayo, una cifra que triplicaba la anterior a la pandemia (230.000). En Uganda, donde las escuelas iniciaron una reapertura gradual en febrero pero cerraron de nuevo en junio, la Autoridad Nacional de Planificación pronosticó que más del 30% del alumnado no regresaría a la escuela.

Los niños y niñas de países afectados por conflictos tenían dificultades específicas y profundas para acceder a la educación. En Burkina Faso, Camerún y Níger, Boko Haram, el Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes, el Estado Islámico en el Gran Sáhara y otros grupos armados siguieron prohibiendo la “educación occidental” y cometieron crímenes de guerra en forma de ataques contra escuelas. Por otro lado, las amenazas y la violencia continuaron disuadiendo al personal docente de acudir a su trabajo. En Burkina Faso, UNICEF informó de que 2.682 escuelas permanecían cerradas, lo que afectaba a 304.564 estudiantes y 12.480 docentes. En República Centroafricana, la Coalición de Patriotas por el Cambio atacó u ocupó al menos 37 escuelas entre enero y junio. En Níger, 377 escuelas de la región de Tillabéri habían cerrado en junio, fecha en la que más del 50% de la población de entre 7 y 16 años del país no estaba matriculada en centros escolares, según UNICEF.

Derecho a la vivienda

A pesar de la pandemia de COVID-19, en varios países se registraron desalojos forzosos que dejaron sin hogar a decenas de miles de personas. En Ghana, Kenia y Nigeria, los desalojos forzosos se llevaron a cabo principalmente en centros urbanos y comportaron la demolición de cientos de viviendas construidas en asentamientos que los respectivos gobiernos calificaron de ilegales. Otros desalojos forzosos en la región fueron impulsados por intereses económicos. En Uganda, en el distrito de Kiryandongo, más de 35.000 personas fueron desalojadas forzosamente de sus viviendas con el fin de utilizar el terreno en el que se alzaban para llevar a cabo proyectos de agricultura industrial. En Zimbabue, miles de residentes de Chisumbanje fueron expulsados de sus tierras para que una empresa del sector de los combustibles ampliara sus campos de caña de azúcar.

En el lado positivo, los tribunales de Kenia y Uganda afirmaron el derecho a la vivienda y condenaron los desalojos forzosos. El Tribunal Supremo de Kenia falló que el desalojo en 2013 de residentes del asentamiento informal de City Carton, en la capital, Nairobi, había violado su derecho a la vivienda. El Tribunal Constitucional de Uganda resolvió que la Autoridad para la Naturaleza había desalojado ilegalmente al pueblo indígena batwa de sus tierras ancestrales en el bosque de Mgahinga, en el suroeste del país.

Represión de la disidencia

Protestas y uso de fuerza excesiva

Las medidas para contener la propagación de la COVID-19 sirvieron de pretexto para la represión de la disidencia pacífica y otros derechos, que continuó imparable en toda la región. La primera reacción de muchos gobiernos fue prohibir las protestas pacíficas, aduciendo consideraciones relacionadas con la salud y la seguridad, por ejemplo en Camerún, Chad y Costa de Marfil. Por otro lado, en países como Esuatini y Sudán del Sur se detuvo de antemano a quienes las organizaban y se interrumpió el funcionamiento de Internet en lo que podrían haber constituido intentos de frustrar protestas previstas. Las fuerzas de seguridad usaron fuerza excesiva para disolver las protestas pacíficas de cientos o miles de personas que desafiaron las prohibiciones. En más de 12 países, entre ellos Angola, Benín, Chad, Esuatini, Guinea, Nigeria, Sierra Leona y Sudán, muchas personas murieron cuando las fuerzas de seguridad usaron munición real. En Esuatini, la dispersión violenta de las protestas en favor de la democracia que comenzaron en mayo había causado hasta octubre la muerte de 80 personas y heridas a más de 200. En Sudán, al menos 53 personas murieron cuando las fuerzas de seguridad usaron munición real para dispersar protestas contra el golpe de Estado militar de octubre.

También hubo detenciones arbitrarias y enjuiciamientos de personas que se manifestaban pacíficamente. En Chad se detuvo a un mínimo de 700 personas que protestaban contra el proceso electoral y después contra la constitución del gobierno de transición. En República Democrática del Congo continuaron detenidos tres activistas arrestados en Kivu Septentrional por organizar una sentada pacífica para protestar por la mala gestión en una administración local de atención de la salud. En Esuatini, al menos 1.000 manifestantes en favor de la democracia, entre los que había 38 niños y niñas, fueron detenidos arbitrariamente.

Defensores y defensoras de los derechos humanos y libertad de asociación

La defensa de los derechos humanos seguía siendo un acto de valentía. Las autoridades trataron de silenciar o criminalizar a quienes defendían los derechos humanos. Junto con activistas de la oposición, esas personas fueron detenidas y acosadas judicialmente en muchos países como Benín, Congo, Esuatini, Kenia, Níger, República Democrática del Congo, Ruanda, Senegal, Tanzania, Zambia y Zimbabue.

En República Democrática del Congo, dos denunciantes de irregularidades fueron condenados a muerte in absentia tras revelar transacciones financieras efectuadas en beneficio de personas y entidades sujetas a sanciones internacionales. En Ruanda, la youtuber Yvonne Idamange fue condenada a 15 años de prisión por criticar la política del gobierno. Las autoridades de Congo, Níger, Zambia y otros países usaron leyes sobre difamación criminal para intimidar y silenciar a personas que las criticaban. En Esuatini se presentaron cargos falsos contra detractores del gobierno en virtud de leyes sobre terrorismo y sedición.

Algunos defensores y defensoras de los derechos humanos pagaron con su vida. Joannah Stutchbury, ambientalista de Kenia, murió por disparos en su domicilio en julio después de haber recibido amenazas de muerte. También hubo dos periodistas asesinados en Somalia.

En varios países se introdujeron o implementaron leyes y políticas con el fin de restringir el espacio de las ONG. En Togo, el gobierno suspendió la concesión y renovación de licencias de este tipo de entidades. El gobierno de Uganda ordenó la suspensión inmediata de 54 organizaciones por incumplir presuntamente la legislación que las afectaba. En Zimbabue, se ordenó a las ONG que presentaran sus planes de trabajo a las autoridades antes de llevar a cabo actividades en la capital, Harare. El Tribunal Superior declaró inconstitucional esta disposición. Más tarde se publicó en el boletín oficial una enmienda de la normativa de la Ley de Organizaciones Voluntarias Privadas que permitía el cierre de las organizaciones sospechosas de financiar a políticos durante las elecciones o de hacer campaña en su favor.

Libertad de los medios de comunicación

Los gobiernos siguieron restringiendo la libertad de los medios de comunicación. En Angola, Burkina Faso, Madagascar, República Democrática del Congo, Senegal, Tanzania, Togo y otros países se suspendieron periódicos y emisoras de radio y televisión. En algunos países, como Ghana y Zambia, las autoridades irrumpieron en sedes de medios de comunicación, cortaron programas en directo y destruyeron propiedades. En Zambia, por ejemplo, unas personas no identificadas prendieron fuego en junio a la emisora de radio Kalungwishi, en el distrito de Chiengi. En Nigeria, varios medios de comunicación llevaron a cabo una campaña, bajo el lema “Apagón informativo”, para protestar contra dos proyectos de ley que amenazaban con endurecer la normativa sobre los medios y menoscabar el acceso a la información.

Se registraron interrupciones y cierres de Internet y suspensión de redes sociales en países como Esuatini, Níger, Nigeria, Senegal, Sudán, Sudán del Sur, Uganda y Zambia. En junio, las autoridades nigerianas suspendieron Twitter tras borrar la red social un controvertido tuit del presidente Buhari por infringir sus normas.

Derechos de las personas refugiadas, migrantes e internamente desplazadas

Los conflictos que devastaban la región siguieron desplazando a millones de personas de sus lugares de origen, entre ellas 1,5 millones en República Democrática del Congo durante 2021, lo que elevó a 5 millones el número total de personas internamente desplazadas en ese país. En Somalia, donde en años anteriores había más de 2,6 millones de personas en situación de desplazamiento interno, 573.000 personas huyeron de sus lugares de origen entre enero y agosto. La mayoría de las personas refugiadas de la región fueron acogidas por un reducido número de países como Camerún, Chad, Etiopía, Kenia, Níger, República Democrática del Congo, Ruanda y Sudán, mientras que Uganda tenía la mayor población refugiada de África, conformada por más de 1,5 millones de personas. Paradójicamente, algunos países receptores como Etiopía y República Democrática del Congo también eran emisores de un gran número de personas refugiadas.

La situación humanitaria y de seguridad en casi todos los campos de personas refugiadas e internamente desplazadas de la región seguía siendo precaria. Era habitual la falta de acceso adecuado a alimentos, agua, educación, salud y vivienda, en ocasiones debido a bloqueos y restricciones del acceso humanitario. En marzo, el gobierno de Kenia dio al ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, un ultimátum de 14 días para cerrar los campos de refugiados de Kakuma y Dadaab. Más tarde se retiró la amenaza, y el cierre de los campos se aplazó hasta junio de 2022. En Níger, el Estado Islámico en el Gran Sáhara atacó asentamientos en Intikane (región de Tahoua) en los que vivían personas refugiadas malienses, y mató a decenas de ellas. En Tanzania, la policía y los servicios de inteligencia, en cooperación con los servicios de inteligencia de Burundi, siguieron usando violencia, detenciones arbitrarias, políticas estrictas de retención en campamentos y amenazas de deportación para presionar a personas refugiadas burundesas con el fin de que salieran del país.

Discriminación y marginación

Derechos de las mujeres y de las niñas

La discriminación por motivos de género y la desigualdad continuaron arraigadas en los países africanos. Entre los principales motivos de preocupación documentados en la región figuraban el aumento de la violencia por motivos de género, el reducido acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva, la persistencia del matrimonio precoz y forzado y la exclusión de las niñas embarazadas de las escuelas.

Las medidas restrictivas de confinamiento aplicadas por los gobiernos para contener la propagación de la COVID-19 contribuyeron a elevar las tasas de violencia sexual y de género en toda la región. La violencia por motivos de género alcanzó niveles de crisis en Sudáfrica, donde las estadísticas oficiales sobre delincuencia indicaron un incremento del 74,1% en todos los delitos sexuales y hubo al menos 117 casos de feminicidio en el primer semestre del año.

Algunos casos concretos de violencia de género en la región conmocionaron a la opinión pública y provocaron llamamientos a la acción. En Chad, las mujeres protestaron en las calles contra la violencia sexual y la cultura de impunidad para los perpetradores después de que la violación en grupo de una niña de 15 años fuera filmada y compartida en las redes sociales. En Sudáfrica, la muerte de Nosicelo Mtebeni, estudiante de 23 años, a manos de su novio desató la indignación pública. Su cuerpo había sido desmembrado y metido en una maleta y en bolsas de plástico.

Aunque la violencia por motivos de género aumentó, el acceso a servicios de protección y apoyo para las sobrevivientes, así como a información y servicios de salud sexual y reproductiva, siguió estando limitado en toda la región. El matrimonio precoz y forzado persistió en muchos países. En Namibia se descubrió que los progenitores de una niña de 4 años la habían casado con un hombre de 25 cuando ella tenía 2. En Guinea Ecuatorial continuó la prohibición de que las niñas embarazadas asistieran a la escuela. En Tanzania, el Ministerio de Educación anunció en noviembre que eliminaría una prohibición similar.

En Costa de Marfil y Madagascar se presentaron propuestas legislativas para abordar formas concretas de discriminación por motivos de género. En Sudán, el gabinete aprobó que el país ratificara el Protocolo de Maputo y de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Otras noticias positivas fueron una sentencia favorable a sobrevivientes de violencia sexual y de género dictada en Nigeria, y el indulto presidencial que permitió la liberación de 10 niñas y mujeres encarceladas por delitos relacionados con el aborto en Ruanda.

Personas con albinismo

En África oriental y austral, las personas con albinismo y sus familias seguían temiendo por su vida. Se registraron ataques violentos contra personas con albinismo en Malawi, donde en febrero murió un hombre y en agosto se encontró el cuerpo sin vida de otro. En Zambia, una niña de 2 años y un niño de 9 fueron mutilados en sendos ataques en junio y julio.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Las personas LGBTI seguían sufriendo acoso, detención y enjuiciamiento por su orientación sexual o identidad de género reales o supuestas. En Cotonú (Benín), un grupo de hombres obligó a tres mujeres transgénero a desvestirse y después las golpearon y robaron. La agresión fue filmada y compartida en las redes sociales. La filmación de ataques a personas LGBTI también era habitual en Senegal, donde grupos conservadores organizaron una manifestación para pedir la tipificación como delito de las relaciones homosexuales consentidas. En Camerún, dos mujeres transgénero acusadas de este tipo de actos fueron condenadas a cinco años de prisión pero quedaron en libertad en espera del resultado de la apelación. En Namibia, la policía acusó a una mujer transgénero de falsear su identidad para evitar ser procesada y la sometió a acoso transfóbico mientras estaba bajo custodia. En Nigeria, una nueva ley en el estado de Taraba incluía una disposición que prescribía la cadena perpetua para las personas transgénero.

En los campos de refugiados de Kakuma y Dadaab (Kenia), las personas LGBTI refugiadas sufrían de forma habitual acoso y ataques. La muerte de Chriton Atuherwa tras sufrir graves quemaduras en un incendio provocado en el campo de Kakuma ilustró lo inadecuado de la protección que brindaba el gobierno a las personas refugiadas LGBTI frente a ataques homófobos.

En Camerún, unos agentes de policía hicieron una redada en las oficinas de Colibrí, un grupo para la prevención y el tratamiento del VIH/sida, en Bafoussam (región del Oeste) y detuvieron a 13 personas por cargos relacionados con conducta homosexual consentida. Éstas quedaron en libertad días más tarde, tras haber sido obligadas a someterse a pruebas para detectar el VIH y a exámenes anales. En Ghana, donde se presentó en el Parlamento un proyecto de ley que criminalizaba aún más a las personas LGBTI, unos agentes de policía registraron y cerraron las oficinas de Derechos LGBTI+ Ghana. La policía también detuvo a 21 activistas LGBTI durante una sesión de formación por participar en una reunión ilegal. Los cargos presentados contra estas personas se desestimaron más tarde. El Ministerio del Interior de Madagascar suspendió un acto LGBT anual.

En el lado positivo, el Tribunal de Apelación de Botsuana confirmó una sentencia de un tribunal superior que declaraba inconstitucional una ley que criminalizaba las relaciones homosexuales consentidas. Por otra parte, en Uganda, Cleopatra Kambugu anunció que era la primera mujer trans que obtenía un documento de identidad y un pasaporte ugandeses en los que se reconocía su género femenino.

Cambio climático y degradación ambiental

Varios países de la región se vieron especialmente afectados por sequías agravadas por el cambio climático. En Angola, la escasez de lluvias causó la peor sequía en 40 años. La malnutrición aumentó debido a la falta de alimentos, agua apta para el consumo y saneamiento adecuado, y las mujeres, los niños y niñas y las personas de edad avanzada sufrieron las consecuencias de manera desproporcionada. El sur de Madagascar sufrió los efectos de una grave sequía que incidió en quienes dependían de la agricultura, la ganadería y la pesca de subsistencia como principales fuentes de sustento. En Sudáfrica, en julio se declaró la situación de desastre por sequía en las provincias de Cabo Oriental, Cabo del Norte y Cabo Occidental.

En varios países, como Botsuana, Congo, Ghana, Namibia, República Democrática del Congo y Sudáfrica, surgieron motivos de preocupación relacionados con la degradación ambiental. En Botsuana y Namibia siguieron concediéndose licencias de prospección petrolífera en zonas sensibles desde el punto de vista ambiental de la cuenca del río Okavango a la empresa minera ReconAfrica, con sede en Canadá, a pesar de su impacto negativo en el cambio climático y en los derechos de quienes residían en la zona, incluidos los pueblos indígenas. Esta cuestión también fue planteada por el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Se provocó una extensa contaminación en los ríos Tshikapa y Kasaï y sus afluentes en el sur de República Democrática del Congo. El gobierno dijo que la causa de la contaminación era un vertido realizado aguas arriba por una empresa de extracción y tratamiento de diamantes radicada en el norte de Angola. El desastre causó al menos 40 muertes y cientos de casos de diarrea severa, y destruyó la vida acuática.

Recomendaciones

A pesar de algunos aspectos positivos, el año 2021 fue difícil para los derechos humanos en África. Los gobiernos africanos y los actores no estatales pertinentes deben tomar medidas audaces para abordar los numerosos motivos de preocupación que se plantearon durante el año, que son:

Todas las partes en los conflictos armados deben proteger a la población civil, en particular poniendo fin a los ataques selectivos e indiscriminados contra poblaciones e infraestructuras civiles. Esto incluye adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de las personas refugiadas e internamente desplazadas y su acceso pleno a ayuda humanitaria, incluidos alimentos, agua y alojamiento.

Los gobiernos deben intensificar los esfuerzos para luchar contra la impunidad emprendiendo investigaciones exhaustivas, independientes, imparciales, efectivas y transparentes sobre los crímenes de derecho internacional, y poniendo a los presuntos autores a disposición de la justicia.

Mientras no haya suministros adecuados de vacunas contra la COVID-19, los gobiernos deben seguir dando prioridad a la vacunación de los grupos con mayor riesgo, así como de las personas que viven en zonas de difícil acceso. Además, deben cooperar en los ámbitos regional e internacional para reforzar sus sistemas nacionales de atención de la salud y proporcionar información transparente sobre los presupuestos dedicados a este sector.

Los gobiernos deben actuar de inmediato para proteger el derecho de las mujeres y las niñas a la igualdad, salud, información y educación, y para que éstas puedan vivir sin violencia de género y sin discriminación. Esto incluye garantizar que, durante las restricciones asociadas a la COVID-19, las sobrevivientes de ese tipo de violencia siguen teniendo acceso a protección policial y justicia, así como a alojamiento, líneas de ayuda telefónica y servicios de apoyo comunitario.

Los gobiernos deben poner fin al acoso y la intimidación de las personas activistas y defensoras de los derechos humanos, retirar todos los cargos contra las que se enfrentan a procesamiento, y poner en libertad inmediata y sin condiciones a todas las que se encuentran detenidas o encarceladas arbitrariamente. Asimismo, deben respetar la libertad de los medios de comunicación, lo que incluye garantizar que éstos pueden llevar a cabo su actividad con independencia.