PARAGUAY

Volver a Paraguay

PARAGUAY 2021

La policía respondió con un uso excesivo e innecesario de la fuerza a las protestas contra la gestión gubernamental de la pandemia de COVID-19 y la presunta corrupción. Varias personas que participaban en manifestaciones fueron detenidas y acusadas de delitos. El sistema de salud colapsó ante la intensificación de la pandemia. No hubo avances significativos en relación con varios casos de violaciones de derechos humanos cometidas en años anteriores, incluidos casos de tortura y violaciones de derechos de los pueblos indígenas y las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI). Hubo un elevado número de casos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes y de violencia contra las mujeres. El país vio aumentado su número de desalojos forzosos, sobre todo de comunidades indígenas y rurales.

Información general

El Examen Periódico Universal del historial de derechos humanos de Paraguay dio lugar a más de 200 recomendaciones, de las cuales 7 se rechazaron y 2 se aceptaron parcialmente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que Paraguay era responsable de violar la independencia judicial y la protección jurídica en la causa relativa a la destitución en 2003 de dos exjueces de la Corte Suprema de Justicia, y el Comité de Derechos Humanos de la ONU determinó asimismo que Paraguay era responsable de violar los derechos de una comunidad indígena.

Libertad de reunión

En marzo, miles de personas de todo el país salieron a la calle para protestar contra una presunta corrupción en la respuesta a la pandemia y el colapso del sistema de salud. Hubo numerosas denuncias de uso excesivo de la fuerza por la policía. Vivian Genes y otras personas estudiantes que se manifestaban fueron detenidos y acusados de participar en un incendio que había afectado a la sede de la Asociación Nacional Republicana, el partido gobernante.

Las autoridades anunciaron que aceptarían los hechos presentados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con el asesinato del periodista Santiago Leguizamón, cometido en 1991, asumiendo así su responsabilidad. Continuaban las deliberaciones con respecto a una reparación.

Derecho a la salud

El sistema de salud colapsó al intensificarse la pandemia de COVID-19, y miles de personas no pudieron acceder a las unidades de cuidados intensivos ni recibir una atención médica adecuada.

La aplicación del plan de vacunación contra la COVID-19 comenzó de forma intermitente y lenta. Hubo denuncias de corrupción y duras críticas en relación con una mala gestión en la compra de vacunas. El número de muertes y contagios disminuyó conforme avanzaba la campaña de vacunación.

En 2021, la COVID-19 se cobró la vida de 14.367 personas, una cifra más de seis veces superior a la de 2020. La pandemia siguió poniendo de manifiesto una histórica falta de financiación del sistema de salud y, en consecuencia, el insuficiente acceso a la atención médica pública, especialmente para las personas con recursos limitados.

Tortura y otros malos tratos

No se registraron avances en las investigaciones sobre la presunta tortura de 35 personas en la base naval de Ciudad del Este en 2020; al concluir el año, más de 18 meses después de los hechos, no se habían presentado cargos contra nadie.

Derechos económicos, sociales y culturales

Al concluir el año, Paraguay seguía sin ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) ni el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).

Aumentó el número de desalojos forzosos, varios de los cuales afectaron a comunidades indígenas. Muchos grupos desalojados carecían de garantías de recursos judiciales efectivos y, entre otras irregularidades, los desalojos se llevaron a cabo sin garantizar alternativas de reasentamiento.

Derechos de los pueblos indígenas

El Estado no devolvió las tierras ancestrales a la comunidad Tekoha Sauce del pueblo Avá Guaraní, que había sido desalojada en dos ocasiones en años anteriores, una de ellas para permitir la construcción de una central hidroeléctrica en Itaipú.1

En octubre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió una resolución en la que responsabilizaba a Paraguay de violar los derechos humanos de la comunidad indígena Campo Agua’ẽ mediante la contaminación de sus tierras con agroquímicos tóxicos.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

No se tuvo constancia de avance alguno en las causas penales abiertas en relación con las agresiones cometidas contra personas LGBTI durante la Marcha del Orgullo celebrada en 2019 en la ciudad de Hernandarias, y que había sido prohibida —en parte— por ser contraria a la “moral pública”. También continuaba paralizada una demanda presentada por Amnistía Internacional en octubre de 2019 contra la decisión de la municipalidad.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Pese al compromiso formulado durante un Examen Periódico Universal anterior, las autoridades no definieron un mecanismo de protección para quienes defendían los derechos humanos ni difundieron la Declaración de la ONU sobre los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos.

Derechos de la infancia

Las autoridades no adoptaron medidas suficientes y eficaces para prevenir, identificar y abordar los casos de explotación y abuso sexual de niños, niñas y adolescentes.

El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia documentó 3.850 casos de malos tratos y abuso sexual infantil entre enero y octubre. De ellos, 1.345 tenían relación con situaciones de explotación y abuso sexual. El Ministerio Público recibió 2.284 denuncias de abuso sexual infantil en los 10 primeros meses del año.

Las autoridades no garantizaron los derechos sexuales y reproductivos de las niñas. Hasta septiembre, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social había registrado 357 alumbramientos de niñas de entre 10 y 14 años.2 En diciembre se constituyó una mesa de trabajo técnica para abordar la problemática, y finalmente fue aprobada una ruta única de atención integral.

Las autoridades no aclararon las circunstancias que habían rodeado la muerte de dos niñas argentinas de 11 años durante un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) desplegado en el departamento de Concepción en septiembre de 2020. Tampoco hubo respuesta alguna en relación con la deficiente investigación llevada a cabo por el Ministerio Público, y no se creó una comisión especial para investigar los hechos o solicitar ayuda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según pedían las organizaciones de la sociedad civil.

Derechos de las mujeres

En noviembre, un tribunal de sentencia declaró a un sacerdote responsable de los cargos de acoso sexual presentados por Alexa Torres; éste se enfrentaba a una condena condicional de un año de prisión.

Se aprobó un proyecto de ley en el que se declaraba una emergencia nacional por feminicidios en el marco de un número creciente de homicidios de mujeres.

El Congreso también debatió otro proyecto de ley que definiría como violencia familiar incluso los casos en que el perpetrador y la víctima no vivieran juntos. La Corte Suprema de Justicia aprobó el protocolo de atención a casos de violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico e intrafamiliar, y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social publicó un manual de atención a víctimas de violencia intrafamiliar.

El Ministerio de la Defensa Pública notificó a mediados de noviembre que, en el marco de la Ley 5777, en el primer semestre del año se había atendido a 2.312 mujeres, una cifra sin precedentes. La línea de asistencia telefónica de la Policía Nacional y el Ministerio de la Mujer “SOS Mujer” registró 4.469 casos de violencia de género intrafamiliar en ese mismo periodo.

A finales de año se debatía en el Congreso un proyecto de ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política de género contra las mujeres.


  1. Paraguay: Comunidad indígena en peligro de desalojo (Índice: AMR 45/0614/2019), 2 de julio de 2019
  2. Paraguay: Son #NiñasNoMadres: Medidas para poner fin a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes y a la maternidad forzada de niñas en Paraguay (Índice: AMR 45/5031/2021), 1 de diciembre