Paraguay 2025
La independencia judicial se vio amenazada por los vínculos existentes entre el crimen organizado e integrantes del Parlamento y la magistratura. El sistema de salud enfrentaba una crisis permanente por la falta de inversión pública suficiente y la corrupción. Se registraron amenazas contra periodistas, actos de represión de la protesta social y retrocesos en materia de derechos de los pueblos indígenas. Los niveles de violencia basada en el género seguían siendo alarmantes. Persistían la criminalización de personas defensoras y la discriminación estructural.
Información general
El 15,67% de la población sufría pobreza multidimensional, lo que repercutía en su derecho al trabajo, a la seguridad social, a una vivienda adecuada, a la salud y a la educación. Además, el 20,1% de las personas vivían por debajo del umbral de la pobreza monetaria y el 4,1% se situaban por debajo del umbral de la pobreza extrema.
El salario mínimo aumentó en julio un 3,6%, lejos del 24% reclamado por las centrales sindicales. Se presentó un proyecto de ley que pretendía fijar el salario mínimo legal en base a la variación del índice de precios al consumo de los alimentos. La tasa de informalidad laboral se situó en el 62,5%.
Derecho a un juicio justo
Una investigación periodística reveló la existencia de un sistema de tráfico de influencia entre presuntos miembros del crimen organizado e integrantes del Parlamento y la magistratura, lo que afectaba la independencia judicial.
Derecho a la vida
El Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, declaró que Paraguay no había cumplido con sus obligaciones de respetar y proteger la vida de dos niñas durante un operativo de fuerzas militares llevado a cabo el 2 de septiembre de 2020 y que no había investigado debidamente sus muertes.
Derechos económicos y sociales
Paraguay ratificó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, las personas mayores representaban el 13% de la población del país, un 63,9% de ellas carecía de cobertura de seguridad social y un 14,4% se encontraba en situación de pobreza monetaria.
Derecho a la salud
Continuaba la crisis del sistema de salud debido a la falta de inversión pública, que no alcanzaba el 6% mínimo del producto interno bruto recomendado por la OMS.
Causaban indignación las muertes evitables ocurridas en centros de salud públicos, como el caso de un recién nacido fallecido en marzo en una unidad de terapia intensiva neonatal del Hospital Regional de Villarrica todavía no operativa, aun cuando había sido inaugurada oficialmente por el gobierno nacional unos días antes.
En marzo, el poder ejecutivo conformó un equipo para mejorar el sistema de salud, focalizado sólo en infraestructura y sin abordar problemas de financiamiento ni otras dimensiones relacionadas con el acceso equitativo y sin discriminación.
En julio, una auditoría oficial encontró indicios de corrupción en la gestión de medicamentos oncológicos, lo que causó la interrupción de muchos tratamientos. Al concluir el año, los hechos no se habían investigado y las personas implicadas no habían rendido cuentas de sus actos.
Libertad de asociación
La Ley 7363, de 2024, que establecía restricciones desproporcionadas sobre el derecho de asociación, entró en vigor en octubre tras aprobarse su reglamentación administrativa.
Una comisión parlamentaria investigó a organizaciones de la sociedad civil y medios de prensa críticos con el gobierno y presentó un informe que, sin pruebas, los vinculaba con un supuesto lavado de activos ligado al financiamiento político; posteriormente demandó judicialmente a cinco de esas organizaciones con el propósito de acceder a información sensible sobre sus actividades y uso de fondos.
Libertad de reunión pacífica
La policía restringía arbitrariamente el derecho de reunión de las personas críticas con el gobierno, basándose para ello en un marco jurídico (la Ley 1066, de 1997) que limitaba desproporcionadamente el derecho de reunión pacífica.
Se utilizaba el sistema penal para desalentar la protesta. La justicia anuló la absolución de tres activistas acusados de incendio provocado en relación con una protesta social ocurrida durante la pandemia de COVID-19; los tres debían enfrentar un nuevo juicio.
Libertad de expresión
Continuaban las amenazas de muerte y los actos de hostigamiento contra periodistas. La Mesa de Seguridad de Periodistas del Paraguay registró 20 casos de agresiones y actos de hostigamiento.
El periodista Aníbal Gómez recibió amenazas de muerte tras denunciar corrupción en la ciudad de Pedro Juan Caballero. La Federación Internacional de Periodistas y el Sindicato de Periodistas del Paraguay exigieron medidas urgentes que incluían la aprobación de una ley de protección de periodistas en situación de riesgo.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
El defensor de los derechos ambientales Vidal Brítez fue detenido en marzo como represalia por su activismo contra la contaminación provocada por la minería aurífera, tras ser imputado por unos actos de coacción grave presuntamente ocurridos en un incidente en el que no había participado.1
Derecho a un medioambiente saludable
En abril, una investigación impulsada por la Pastoral Social Nacional y varias universidades detectó contaminación por cianuro y mercurio en el distrito de Paso Yobái, en el centro de la Región Oriental , como consecuencia de la minería aurífera. A pesar de esas evidencias, el órgano legislativo rechazó un proyecto de ley que pretendía prohibir el uso del cianuro en la actividad minera.
Según el Banco Mundial, Paraguay enfrentaba riesgos crecientes relacionados con el cambio climático, como sequías, inundaciones y aumento de temperaturas que afectaban a la educación, el trabajo y la salud, entre otros derechos.
Derechos de los pueblos indígenas
El pueblo indígena Ava Guaraní Paranaense seguía aguardando la restitución de su territorio ancestral, del que había sido desplazado por la construcción de la hidroeléctrica Itaipú Binacional. Aunque Brasil había avanzado hacia un acuerdo judicial para comprar y restituir parte de las tierras, las comunidades ubicadas en Paraguay seguían esperando la respuesta de la empresa y de las autoridades.2
El cierre de las oficinas centrales del Instituto Paraguayo del Indígena fue calificado de regresión que revelaba patrones de discriminación histórica y estructural.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
Las personas trans seguían enfrentando obstáculos para obtener el reconocimiento jurídico de su identidad de género. A dos personas trans migrantes se les negó la expedición de documentos acordes con su identidad de género.
El ayuntamiento de la capital censuró un acto de homenaje a una defensora de derechos humanos trans fallecida en marzo de 2025.
Derechos de la infancia
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en favor de un niño víctima de violencia vicaria.
Derechos de las mujeres
El Ministerio de la Mujer registró 37 feminicidios y 55 intentos de feminicidio en 2025.
En abril se presentó un proyecto de ley para eliminar el Ministerio de la Mujer e integrarlo en el de la Familia, creado poco antes.