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PARAGUAY 2020

Se registraron denuncias de tortura y otros malos tratos en el contexto de las políticas aplicadas en respuesta a la pandemia de COVID-19. Los pueblos indígenas seguían siendo ignorados en las políticas públicas, al igual que su derecho al territorio. Los niños, niñas y adolescentes continuaban encontrando obstáculos para acceder a sus derechos, como el derecho a recibir del Estado protección frente a los abusos sexuales y acceso a una educación sexual integral. Ni la legislación contra la discriminación ni las denuncias penales por el trato dispensado a personas LGBTI presentaron avances durante el año. Los defensores y defensoras de los derechos humanos seguían careciendo de mecanismos oficiales de protección.

Derecho a la salud

En abril, las autoridades ubicaron a miles de personas —en su mayoría de nacionalidad paraguaya y que regresaban tras haber perdido el empleo informal que tenían en Brasil— en centros de cuarentena obligatoria gestionados por el gobierno. Desde un principio, preocuparon especialmente las denuncias de condiciones inadecuadas, como la falta de información fiable sobre los procedimientos, la deficiente dotación de personal, la escasez de suministros médicos y la insuficiente alimentación. Algunas de estas condiciones preocupantes en relación con la salud y la alimentación mejoraron con el tiempo.1

El sistema de salud era precario y estaba mal preparado para abordar la COVID-19 y otras enfermedades. Al concluir el año se estaban investigando varias denuncias de corrupción relacionadas con la compra pública de suministros médicos.

Personal sanitario

El personal sanitario denunció la carencia de suficientes equipos de protección individual y condiciones laborales adecuadas que les permitieran trabajar en un entorno seguro durante la pandemia de COVID-19.2

Tortura y otros malos tratos

Entre marzo y junio, las autoridades desplegaron a 24.000 agentes de policía y al menos a 3.000 efectivos militares para, entre otras cosas, hacer cumplir el confinamiento asociado a la COVID-19 y patrullar las fronteras. Hubo varias denuncias de malos tratos y castigos humillantes o degradantes infligidos por miembros de las fuerzas de seguridad en la aplicación de las medidas de confinamiento.3

Los días 15 y 16 de julio, una operación militar en Ciudad del Este concebida para hacer cumplir las medidas de confinamiento provocó un tiroteo en el que murió un miembro de la Armada. Una operación posterior, al parecer como represalia por la muerte del marino, dio lugar a la detención de 35 personas y denuncias de tortura y otros malos tratos en una base naval. Las autoridades abrieron una investigación sobre el incidente, pero ningún funcionario había sido acusado al concluir el año.

Homicidios ilegítimos

El 2 de septiembre, dos niñas argentinas de 11 años murieron durante un operativo de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) que tuvo lugar en el departamento de Concepción. La FTC afirmó al principio que habían “abatido” a combatientes del grupo armado de oposición Ejército del Pueblo Paraguayo. Sin embargo, se evidenció que las personas fallecidas eran niñas; la investigación de la fiscalía presentó varias fallas en su manejo forense de los cadáveres e incumplió el Protocolo Modelo para la Investigación Legal de Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias (Protocolo de Minnesota).

Derechos de los pueblos indígenas

En cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2019 se había aprobado una ley de expropiación con el fin de permitir la construcción de una carretera para que la comunidad Yakye Axa pudiera acceder a sus tierras. Sin embargo, la ley tenía defectos técnicos y fue modificada y promulgada por el gobierno el 9 de septiembre. La construcción de la carretera se reanudó ese mismo mes.

No se devolvieron las tierras a la comunidad Tekoha Sauce del pueblo Avá Guaraní, que había sido desalojada en dos ocasiones en años anteriores, una de ellas para permitir la construcción de una central hidroeléctrica en la reserva biológica de Itaipú. La acción judicial de desalojo presentada por la empresa binacional (brasileño-paraguaya) Itaipú en 2019 siguió activa a lo largo de 2020, lo que representaba una amenaza para los derechos humanos del pueblo Avá Guaraní.

Durante la pandemia de COVID-19, las autoridades no aplicaron medidas suficientes y culturalmente pertinentes en favor de los pueblos indígenas. Tampoco mitigaron de manera integral la falta de acceso de estos pueblos a alimentos, agua y medicinas.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Las acciones penales relativas a las agresiones cometidas contra personas LGBTI durante una marcha del Orgullo de 2019 en la ciudad de Hernandarias no avanzaron durante el año. La municipalidad de Hernandarias había prohibido la marcha por ser contraria a la “moral pública”. Tampoco se observaron avances en la acción de inconstitucionalidad contra esta decisión ni contra la que declaraba a la ciudad como “pro vida y pro familia”, ambas de la municipalidad de Hernandarias, que Amnistía Internacional había presentado en octubre de 2019.

Durante el año no hubo progresos en un proyecto de ley contra todas las formas de discriminación que se había presentado en 2015.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Paraguay seguía sin ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), que incluía fuertes medidas de protección para los pueblos indígenas y para los defensores y defensoras de los derechos ambientales. Las autoridades tampoco establecieron un mecanismo de protección para quienes defendían los derechos humanos, ni difundieron la Declaración de la ONU sobre los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos.

En diciembre, el Senado aprobó una declaración que reconocía como “de interés nacional” la labor de los defensores y defensoras de los derechos humanos.

Derechos de niños, niñas y adolescentes

Las autoridades no aplicaron medidas suficientes y eficaces para prevenir, identificar y abordar los casos de explotación y abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. El Ministerio Público recibió 1.877 denuncias de abuso sexual infantil en los primeros nueve meses del año.

Las autoridades no garantizaban los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes. En agosto, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social había registrado 339 alumbramientos de madres de entre 10 y 14 años, y 9.382 alumbramientos de madres de entre 15 y 19.

Los grupos antiderechos cuestionaron con dureza el Plan Nacional de la Niñez y Adolescencia 2020-2024, que contenía objetivos sobre el abuso sexual, la prevención de la violencia y la educación sexual integral. En diciembre, a raíz de las críticas vertidas por esos grupos, la Cámara de Diputados pidió la comparecencia de la ministra de la Niñez y la Adolescencia para interpelarla en el Congreso.

Derechos de las mujeres

El poder judicial no garantizaba el derecho al debido proceso, ni tampoco la aplicación de una perspectiva de género en los casos de acoso sexual contra mujeres. En 2020 llegó a juicio el caso de Alexa Torres, una joven acosada por un sacerdote. Aunque el tribunal reconoció que la versión de los hechos presentada por la joven era verdadera, los jueces resolvieron que los hechos no constituían acoso y absolvieron de reproche y pena al sacerdote. En diciembre, un tribunal superior anuló la sentencia absolutoria y ordenó un nuevo juicio.


  1. Cuando la protección se vuelve represión: Cuarentenas obligatorias durante COVID-19 en las Américas (AMR 01/2991/2020)
  2. Américas: El costo de curar. Los derechos de las personas trabajadoras de la salud en las Américas durante el COVID-19 y más allá (AMR 01/2311/2020)
  3. Américas: Las autoridades deben proteger a la población del COVID-19 en lugar de recurrir a medidas represivas (noticia, 16 de mayo)