Resumen

Las autoridades seguían criminalizando la protesta social. Las investigaciones sobre casos de tortura y otros malos tratos no avanzaron. Los desalojos forzosos seguían constituyendo un problema grave y afectaban a los derechos de miles de campesinos y campesinas de pequeña escala y familias indígenas. Las autoridades no adoptaron medidas para proteger a las personas LGBTI ni a los defensores y defensoras de los derechos humanos. Los abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes y los embarazos forzados de niñas seguían siendo motivo de gran preocupación.