Las autoridades seguían criminalizando la protesta social. Las investigaciones sobre casos de tortura y otros malos tratos no avanzaron. Los desalojos forzosos seguían constituyendo un problema grave y afectaban a los derechos de miles de campesinos y campesinas de pequeña escala y familias indígenas. Las autoridades no adoptaron medidas para proteger a las personas LGBTI ni a los defensores y defensoras de los derechos humanos. Los abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes y los embarazos forzados de niñas seguían siendo motivo de gran preocupación.
Leer másNo utiliza la pena de muerte
Herramientas de campaña que se pueden emplear para intervenir con carácter de urgencia y defender los derechos humanos de alguien.
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