La policía respondió con un uso excesivo e innecesario de la fuerza a las protestas contra la gestión gubernamental de la pandemia de COVID-19 y la presunta corrupción. Varias personas que participaban en manifestaciones fueron detenidas y acusadas de delitos. El sistema de salud colapsó ante la intensificación de la pandemia. No hubo avances significativos en relación con varios casos de violaciones de derechos humanos cometidas en años anteriores, incluidos casos de tortura y violaciones de derechos de los pueblos indígenas y las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI). Hubo un elevado número de casos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes y de violencia contra las mujeres. El país vio aumentado su número de desalojos forzosos, sobre todo de comunidades indígenas y rurales.
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