Se registraron denuncias de tortura y otros malos tratos en el contexto de las políticas aplicadas en respuesta a la pandemia de COVID-19. Los pueblos indígenas seguían siendo ignorados en las políticas públicas, al igual que su derecho al territorio. Los niños, niñas y adolescentes continuaban encontrando obstáculos para acceder a sus derechos, como el derecho a recibir del Estado protección frente a los abusos sexuales y acceso a una educación sexual integral. Ni la legislación contra la discriminación ni las denuncias penales por el trato dispensado a personas LGBTI presentaron avances durante el año. Los defensores y defensoras de los derechos humanos seguían careciendo de mecanismos oficiales de protección.
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