Uzbekistán 2022
Las fuerzas de seguridad emplearon fuerza ilegítima para reprimir manifestaciones mayoritariamente pacíficas en la República de Karakalpakistán, y 22 personas acusadas de organizarlas fueron sometidas a un juicio injusto por cargos de motivación política. Las reformas legislativas alentaron una mayor participación de la sociedad civil en los debates políticos públicos, aunque los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica continuaron sometidos a un estricto control. Los estereotipos de género discriminatorios impedían el acceso de las mujeres, las niñas y las personas LGBTI a la justicia y a protección frente a la violencia. Las relaciones sexuales consentidas entre varones seguían estando penalizadas.
Información general
En junio se propusieron reformas constitucionales, una de las cuales eliminaba la autonomía de Karakalpakistán dentro de Uzbekistán, lo que provocó manifestaciones multitudinarias en toda Karakalpakistán, que culminaron el 1 de julio con una concentración pacífica de decenas de miles de personas en el centro de Nukus, la capital de la región. Al menos 21 personas murieron, incluidos 4 agentes encargados de hacer cumplir la ley, y centenares resultaron heridas cuando las fuerzas de seguridad dispersaron a quienes se manifestaban. La propuesta se retiró posteriormente. El juicio de motivación política contra 22 personas acusadas de organizar las protestas comenzó el 28 de noviembre en la ciudad de Bujará, fuera de Karakalpakistán.
Uso excesivo de la fuerza
Una investigación publicada por Human Rights Watch en noviembre respaldó las denuncias de activistas y personas defensoras de los derechos humanos de que las fuerzas de seguridad habían empleado fuerza excesiva y “fuerza letal injustificable” para dispersar a manifestantes, en su inmensa mayoría pacíficos, en Nukus y otras localidades de Karakalpakistán. Las pruebas de las que disponía la organización señalaban el “uso de armas pequeñas y de varios tipos de granadas, armas susceptibles de causar heridas graves y la muerte en caso de emplearse de manera imprudente”. Material videográfico verificado por especialistas independientes mostraba a manifestantes con lesiones graves, como laceraciones en la piel y heridas abiertas, compatibles con traumatismos causados por explosivos, tales como granadas. Cientos de manifestantes fueron asimismo objeto de detención arbitraria y decenas, de reclusión en régimen de incomunicación y de tortura y otros malos tratos.
A raíz de una petición de información realizada por un comité de investigación parlamentario establecido en julio, el fiscal general confirmó en diciembre que se había abierto una investigación aparte sobre las denuncias de uso excesivo de la fuerza.
Libertad de expresión
Las reformas legislativas preveían la realización de consultas públicas mejoradas sobre modificaciones legislativas, políticas y sociales, así como una relación más fluida entre el gobierno y las organizaciones de la sociedad civil. No obstante, seguía restringiéndose el derecho a la libertad de expresión, con un proyecto de Código de Información que proponía regular la información “insultante” o que “falte el respeto a la sociedad y al Estado”. Las voces críticas, normalmente de personas que publicaban blogs, continuaban siendo objeto de acciones judiciales, multas y encarcelamiento. Los medios de comunicación seguían autocensurándose.
Tras las protestas multitudinarias celebradas en Karakalpakistán, las autoridades controlaron de hecho el acceso a la información y situaron en su punto de mira a titulares de blogs y periodistas de esta región que habían criticado las reformas constitucionales en sus plataformas o participado en las protestas.
La periodista independiente karakalpaka Lolagul Kallykhanova fue detenida en la capital, Tashkent, en julio y recluida en régimen de incomunicación hasta que comenzó en noviembre, en Bujará, el juicio colectivo contra las personas acusadas de organizar la protesta. Quienes la apoyaban afirmaban que había sido sometida a tortura para que se confesara culpable del cargo de planear el derrocamiento violento del orden constitucional.
Las autoridades acusaron a Dauletmurat Tazhimuratov, abogado y exdirector de un periódico, de ser el líder de un “grupo separatista” karakalpako y de haber organizado las protestas para tomar el poder en connivencia con “agentes” radicados en el extranjero. En unas imágenes de vídeo grabadas en Nukus el 1 de julio se lo veía instando a la multitud a no recurrir a la violencia. Tazhimuratov fue arrestado el 2 de julio y recluido en prisión preventiva en régimen de incomunicación en la región noroccidental de Khorezm. Dijo al tribunal que había sido torturado bajo custodia.
Libertad de asociación
En noviembre, una coalición de varias ONG y activistas de la sociedad civil pidió al gobierno que derogara un decreto que obligaba a las ONG a tener “socios nacionales” designados por el gobierno para coordinar los proyectos y utilizar las donaciones extranjeras. Las ONG expresaron preocupación por que dicho decreto, aprobado en junio sin una consulta pública previa, imponía requisitos burocráticos adicionales y excesivos al ya farragoso proceso de aprobación de donaciones extranjeras.
Discriminación
Los estereotipos de género y el énfasis en valores familiares tradicionales y normas culturales discriminatorios continuaron obstaculizando significativamente los avances para hacer efectivos los derechos de las mujeres, las niñas y las personas LGBTI.
En agosto, el Ministerio del Interior propuso una nueva ley que otorgaba a la policía la autoridad de hacer exámenes obligatorios de infecciones de transmisión sexual a quienes se dedicaran al trabajo sexual o consumieran drogas, y a los hombres que tuvieran relaciones sexuales con otros hombres, y que consideraba a todas estas personas como “grupos de gente peligrosa”.
El 11 de noviembre, un tribunal de Tashkent impuso cinco días de detención administrativa a la bloguera Sevinch Sadullayeva por haber publicado vídeos y fotos en los que presuntamente incumplía normas sociales y culturales de comportamiento y vestimenta para las mujeres. Salió en libertad un día antes tras prometer que iba a borrar todo ese material.
Violencia por motivos de género
Las autoridades admitieron que la violencia contra las mujeres, incluida la violencia de género en el ámbito familiar, seguía siendo generalizada, pero insistieron en que mejorar el acceso de las mujeres a la justicia y a servicios de protección eran prioridades políticas.
Un decreto presidencial sobre la aceleración del “apoyo sistémico a la familia y a las mujeres”, cuya finalidad teórica era “proteger los derechos y los intereses legítimos de las mujeres”, daba prioridad a la mediación familiar y la reconciliación por encima del enjuiciamiento de casos de violencia de género, pese a la recomendación en sentido contrario formulada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en marzo.1
También en marzo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CESCR, por sus siglas en inglés) recomendó a las autoridades acelerar la adopción del anteproyecto de ley sobre violencia de género intrafamiliar, pero al terminar el año no se había producido ningún avance.
El Ministerio del Interior informó de que, hasta octubre, había emitido órdenes de protección para 32.783 mujeres y niñas objeto de violencia. Activistas de los derechos de las mujeres señalaron que dicha cifra sólo era una fracción del número real de incidentes, ya que la vergüenza y el miedo a las represalias impedían a muchas mujeres denunciar los abusos.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)
Unos 30 hombres permanecían encarcelados por haber mantenido relaciones homosexuales consentidas. El CESCR instó a las autoridades a despenalizar dichas relaciones y continuó expresando gran preocupación por “la prevalencia de la intimidación, el hostigamiento, la violencia y la estigmatización contra las personas LGBTI”. En diciembre, las autoridades propusieron prohibir la promoción de las “relaciones homosexuales contra natura”.
Actuación deficiente contra la crisis climática
La dramática reducción del mar de Aral continuó acarreando graves consecuencias ambientales, sociales, económicas y sanitarias para millones de personas. Las autoridades trataron de mitigar los efectos del cambio climático mediante proyectos ambientales de gran magnitud, pero condicionaban la acción por el clima al crecimiento económico. En marzo, el CESCR señaló su preocupación por “las medidas insuficientes de adaptación adoptadas [por Uzbekistán] para hacer frente a los efectos del cambio climático en la población”. Las personas dedicadas al activismo seguían preocupadas por la falta de consultas significativas a las partes interesadas más afectadas por el cambio climático.