UZBEKISTÁN 2021
Los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica continuaron severamente restringidos. Se tuvo noticia de importantes avances en la erradicación del trabajo forzoso en el sector del algodón. Se introdujeron algunas salvaguardias contra la tortura y otros malos tratos, aunque se siguieron recibiendo informes de este tipo de abusos. Más de 2.000 personas continuaron encarceladas por sus creencias religiosas pacíficas. La violencia contra las mujeres siguió siendo generalizada. Las relaciones sexuales consentidas entre varones seguían siendo delito.
Información general
Se ralentizaron o se revirtieron reformas en curso. Activistas políticos y civiles denunciaron hostigamiento, vigilancia y amenazas antes de las elecciones presidenciales, en las que se prohibieron efectivamente las candidaturas independientes. En febrero se publicó un nuevo proyecto de Código Penal que no se había adoptado al terminar el año.
La falta de transparencia en cuanto al desembolso por parte del gobierno de un fondo de 1.000 millones de dólares estadounidenses para responder a la pandemia de COVID-19 —presupuesto que se multiplicó en pocos meses— suscitó preocupación por la corrupción. La vacunación se declaró obligatoria para varias categorías de trabajadores, personal militar y funcionarios del gobierno, y se amenazó con la suspensión a las personas empleadas que se negaran a recibirla.
Otros factores —incluida una sequía— también causaron más estragos en la economía.
La toma del poder por los talibanes en el vecino Afganistán reavivó la preocupación por el islam radical.
Libertad de expresión
Continuó restringiéndose el derecho a la libertad de expresión. El proyecto de Código Penal mantenía como delitos la difamación y los insultos, así como los delitos vagamente definidos de producción o difusión de “materiales con ideas de extremismo religioso, separatismo y fundamentalismo”. En marzo, insultar al presidente pasó a ser un delito punible con cinco años de cárcel.
Los medios de comunicación se autocensuraban y afrontaron nuevas restricciones legislativas y otras limitaciones y, según informes, se esperaba que obtuvieran la aprobación previa oficial antes de publicar información delicada. Los procesamientos, las multas y el encarcelamiento de voces críticas, normalmente de personas que publicaban blogs, servían para intimidar a otras personas.
En mayo, el bloguero anticorrupción Otabek Sattoriy fue condenado a seis años y medio de cárcel por los cargos cuestionables de calumnia y extorsión. Tras una discusión con una jueza sobre la cobertura mediática, tres periodistas y una empresaria que publicaron un vídeo de la disputa fueron condenados en noviembre por difamar e insultar, y desobedecer a las autoridades. A uno de los periodistas se le impuso una pena de tres años de cárcel, y los otros fueron condenados a penas no privativas de libertad.
En agosto, el bloguero Valijon Kalonov fue detenido y acusado de insultar al presidente a raíz de que pidiera boicotear las elecciones; al terminar el año, permanecía detenido en espera de juicio.
Trabajo forzoso
En enero, la Organización Internacional del Trabajo informó de que se habían producido “grandes avances” en la erradicación de prácticas abusivas en la cosecha de algodón de 2020. Sólo se denunciaron casos aislados de trabajo infantil, y el porcentaje de personas “sometidas a formas de coacción directas o percibidas” se redujo un 33% en comparación con 2019 y llegó al 4% (de un total de 2 millones de recolectores de algodón, dos tercios de los cuales eran mujeres).
Tortura y otros malos tratos
El proyecto de Código Penal adaptó la definición de la tortura a las recomendaciones de los organismos de la ONU, pero mantuvo disposiciones controvertidas relativas a la prescripción de los delitos, las amnistías y la “reconciliación” entre víctimas y perpetradores. En junio se introdujeron nuevas salvaguardias contra la tortura que incluían la creación de “grupos públicos” dependientes del Defensor Parlamentario de los Derechos Humanos para llevar a cabo una vigilancia independiente de las instituciones penitenciarias y otras instituciones cerradas.
Sin embargo, a las personas expertas en derechos humanos independientes les seguía preocupando que continuaran sin abordarse problemas institucionales y que la tortura bajo custodia siguiera siendo generalizada, aunque se denunciaran públicamente con menor frecuencia. En las muertes bajo custodia de las que se tuvo noticia, las denuncias de tortura en dos de ellas —en los distritos de Nishan (en mayo) y Takhiatash (en julio)— fueron “comprobadas” internamente por el Ministerio del Interior, que las desestimó por considerarlas infundadas. Un informe similar del distrito de Denau (en julio) desembocó en la detención de dos agentes de policía que, no obstante, fueron absueltos posteriormente de los cargos. En diciembre, 2 policías de tráfico de la región de Samarcanda fueron condenados a sendas penas de 2 años y 10 meses de prisión por causar una muerte por negligencia y abuso de autoridad a raíz del fallecimiento de un conductor que estaba bajo su custodia.
Un grupo de derechos humanos denunció en abril la posibilidad de que aún hubiera hasta 100 presos recluidos en la tristemente célebre prisión de Jaslyk, clausurada oficialmente en 2019.
En mayo, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluyó que el exdiplomático encarcelado Kadyr Yusupov había sido privado de su libertad de manera arbitraria y que sus “denuncias verosímiles de tortura y otros malos tratos” no se habían investigado debidamente. No obstante, Uzbekistán hizo caso omiso de su petición de liberación inmediata y compensación. Las autoridades no respondieron con prontitud a las denuncias de Kadyr Yusupov de que había sufrido palizas a manos de otros presos en septiembre y octubre.
Las ONG internacionales informaron de que se seguía sometiendo a exámenes anales forzados a hombres detenidos por mantener presuntamente relaciones homosexuales consentidas.
Libertad de religión o de creencias
En julio se promulgó, sin consulta pública previa, una nueva Ley de Libertad de Conciencia y Organizaciones Religiosas. La Ley contenía algunas mejoras, como la simplificación de la inscripción en el registro de organizaciones religiosas y la eliminación de sanciones administrativas por llevar vestimentas religiosas en público. Sin embargo, ese mismo mes, cinco relatores y relatoras especiales de la ONU expresaron preocupación porque continuaba la prohibición de las actividades misioneras y de la educación religiosa no aprobada por el Estado, así como la censura efectiva de la literatura religiosa.
La producción y distribución de material religioso no estaba tipificada como delito en el proyecto de Código Penal, pero seguía considerándose una infracción administrativa.
La Comisión sobre Libertad Religiosa Internacional estadounidense informó en octubre de que “más de 2.000 personas permanec[ían] encarceladas por el gobierno de Uzbekistán por practicar sus creencias religiosas pacíficamente”.
Libertad de reunión y de asociación
En el proyecto de Código Penal, la infracción de las indebidamente restrictivas normas sobre reuniones públicas y la “formación ilegítima de una asociación pública u organización religiosa” seguían siendo delitos punibles con la cárcel.
En marzo se aprobaron dos documentos de política mediante los cuales el gobierno se comprometía a proporcionar apoyo administrativo y económico a organizaciones de la sociedad civil y a mejorar el marco jurídico para su funcionamiento. Persistieron los obstáculos para la inscripción en el registro de organizaciones.
En particular, se siguió negando la inscripción de ONG y partidos políticos por infracciones técnicas menores o dudosas. En agosto, el Ministerio de Justicia denegó arbitrariamente la inscripción en registro a la organización Casa de Derechos Humanos, solicitada por Agzam Turgunov y sus colegas por octava vez desde 2019. En septiembre, el grupo recurrió la decisión ante los tribunales y volvió a enviar la solicitud.
Violencia por motivos de género
La violencia contra las mujeres, incluida la violencia de género en el ámbito familiar, continuó siendo generalizada, pero no se tenía acceso a datos estadísticos completos. En enero, el Ministerio del Interior publicó información sobre el uso de órdenes de protección en 2020, el año en que se introdujeron. Un total de 14.774 mujeres se beneficiaron de dichas órdenes, el 73% de las cuales se habían concedido por motivos de violencia física y otros tipos de violencia de género en el ámbito familiar. Sin embargo, en junio, alegando que “no servía para nada”, el Ministerio rechazó una solicitud de la ONG NeMolchi que pedía más información sobre los procesamientos por violencia contra las mujeres.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)
La “sodomía” continuó siendo delito, también en el proyecto de Código Penal. En respuesta a una pregunta del medio de comunicación Qalampir.uz formulada en abril, el Ministerio del Interior informó de que 49 personas cumplían penas de cárcel por ese “delito” y recibían “servicios psicológicos” periódicamente para prevenir que volvieran a cometerlo. Entre 2016 y 2020 se había condenado por “sodomía” a 44 personas.