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UZBEKISTÁN 2020

Como parte de los esfuerzos renovados por mejorar la imagen del país, el presidente dio prioridad a un programa de reformas. No obstante, persistió una regulación estricta de las libertades de asociación, expresión y reunión pacífica. Defensores y defensoras de los derechos humanos seguían siendo objeto de vigilancia selectiva. Los avances realizados en la erradicación del trabajo forzoso en el sector del algodón se vieron empañados por el hostigamiento a observadores independientes. El cierre de casi todos los centros de crisis durante el confinamiento influyó en el aumento significativo de los casos de violencia de género intrafamiliar y en otros ámbitos registrado durante la pandemia de COVID-19. Las relaciones sexuales consentidas entre varones seguían siendo delito. Se presentó un proyecto de ley sobre un mecanismo independiente de denuncias de tortura, pero continuaron los informes sobre tortura y otros malos tratos, incluidas muertes bajo custodia.

Información general

El programa de reformas del presidente incluía el establecimiento de un Consejo Nacional de Calificaciones Internacionales para llevar a cabo un examen sistemático de las reformas y la elaboración de una Estrategia Nacional de Derechos Humanos que establecía mecanismos de vigilancia para, entre otras cosas, la prevención de la tortura.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

En marzo, por primera vez desde 2003, las autoridades permitieron inscribirse en el registro a la ONG independiente Huquqiy Tayanch (Apoyo Legal). Sin embargo, continuaron rechazando u obstruyendo las solicitudes presentadas por otras organizaciones de derechos humanos independientes.

Periodistas y personas que defendían los derechos humanos, incluso en el exilio, continuaron siendo objeto de vigilancia secreta y sufrieron sofisticados ataques de suplantación de identidad (phishing) y programas espía. El marco jurídico de dicha vigilancia no contenía garantías suficientes contra los abusos. Los servicios de seguridad lograron sortear algunas herramientas de seguridad utilizadas por activistas para protegerse de la vigilancia y pusieron en marcha una campaña de correos electrónicos maliciosos utilizando sitios web falsos junto con programas espía incrustados en software legítimo.1

Libertad de reunión

El proyecto de ley sobre reuniones públicas, publicado en agosto, restringía gravemente el derecho a la libertad de reunión pacífica. Prohibía a las ONG sin registro oficial organizar o celebrar reuniones públicas, exigía a los organizadores solicitar permiso con 15 días de antelación, limitaba la duración de cualquier reunión pública a dos horas en horario diurno y prohibía celebrar reuniones en un radio de 300 metros alrededor de varios edificios. Se consideraban reuniones públicas incluso las flashmobs y las manifestaciones de una sola persona, por lo que era prácticamente imposible que alguien ejerciera su derecho a la libertad de reunión pacífica en el país.

Libertad de expresión

En respuesta a la pandemia de COVID-19, la Fiscalía General estableció un grupo de trabajo entre organismos para vigilar en redes sociales la publicación de “noticias falsas” o información engañosa sobre la propagación del virus. Una reforma del Código Penal aprobada a finales de marzo introdujo sanciones más duras por difundir información falsa sobre la propagación del virus, elevando las penas de 5 a 10 años de cárcel como máximo.

En mayo, un joven bloguero de Margilan fue sometido a una breve detención por la policía, al parecer por no llevar mascarilla en un lugar público, después de haber publicado en su cuenta de Facebook un comentario de apoyo a un artículo crítico con las autoridades locales por su gestión de la pandemia.2

Derechos económicos, sociales y culturales

Los considerables avances realizados en la erradicación del trabajo forzoso en el sector del algodón se vieron empañados por el hostigamiento continuado a los defensores y defensoras de los derechos humanos que vigilaban el cumplimiento de las reformas recomendadas por la Organización Internacional del Trabajo durante la cosecha del algodón. La policía regional de Namangan detuvo y golpeó a cuatro observadores y observadoras independientes en junio cuando estaban grabando a adolescentes que trabajaban en los campos de algodón. La policía les confiscó cámaras, teléfonos móviles y cuadernos de notas, los obligó a hacerse la prueba de COVID-19 y les impuso una cuarentena vigilada. En abril, las autoridades citaron las dificultades económicas debidas a la pandemia de COVID-19 como pretexto para presionar a la coalición internacional Cotton Campaign a fin de que apoyara el levantamiento del boicot al algodón uzbeko.

Discriminación

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

Las relaciones sexuales consentidas entre varones seguían siendo delito a pesar de que las autoridades se habían comprometido a reformar el Código Penal. Un miembro de la delegación uzbeka ante la ONU declaró en septiembre que las relaciones no heterosexuales eran contrarias a los valores “tradicionales” y que la población no estaba dispuesta a apoyar su despenalización. En los programas de la televisión nacional se estigmatizaba a las personas LGBTI y se afirmaba que eran una “peligrosa influencia extranjera”, y, durante la pandemia de COVID-19, este colectivo sufrió mayor discriminación en el acceso a asistencia médica. Las personas LGBTI jóvenes corrieron especial riesgo de sufrir violencia de género intrafamiliar y en otros ámbitos durante el confinamiento, pues no tenían acceso a recursos comunitarios ni a estructuras de apoyo, ya que no podían salir de su casa y debían convivir con familias que no las apoyaban o incluso las maltrataban.

Derechos de las mujeres

La violencia de género intrafamiliar y en otros ámbitos aumentó considerablemente durante la pandemia y, según activistas de derechos humanos, el problema se vio agravado por el hecho de que sólo 5 de 197 albergues nacionales de crisis continuaran operativos durante el confinamiento y por otras medidas restrictivas.

En julio, un grupo de jóvenes mujeres activistas sufrieron reacciones negativas en las redes sociales —incluidos insultos y amenazas de violencia— por haber organizado una flashmob para protestar por la violencia de género y la discriminación tras un notorio caso de agresión a una niña de 17 años. En agosto se condenó la protesta en un programa de la televisión nacional, donde se la tachó de acto peligroso y se criticó a las jóvenes por no respetar los valores “tradicionales”.

Tortura y otros malos tratos

En mayo, las autoridades señalaron su intención de establecer mecanismos independientes para investigar las denuncias de tortura, ofrecer reparación e indemnización efectivas a las víctimas y sus familias, y vigilar los lugares de detención para prevenir la tortura y otros malos tratos. El anuncio estuvo precedido de una resolución presidencial sobre medidas adicionales para mejorar la prevención de la tortura.

No obstante, se siguieron recibiendo informes de tortura. En julio, las autoridades pusieron en marcha investigaciones sobre la muerte de tres hombres en prisión y bajo custodia policial en enero, junio y julio, y acusaron formalmente de tortura a los presuntos autores. En septiembre, cinco agentes de policía fueron declarados culpables y condenados a hasta nueve años de prisión por la tortura de Yusuf Abdurakhmanov en enero. En una investigación pericial se halló en el interior de una máscara de gas sangre que coincidía con la de Yusuf Abdurakhmanov. En noviembre, el Tribunal Regional de Andiyán condenó a 5 agentes de policía a 10 años de prisión por la tortura de Alijon Abdukarimov.

Impunidad

En marzo, un tribunal de Kashkadaria absolvió de todos los cargos al defensor de derechos humanos y sobreviviente de tortura Chuyan Mamatkulov en un nuevo juicio y anuló su condena. En octubre, el Tribunal Supremo le concedió una indemnización. Sin embargo, otros activistas de derechos humanos no pudieron ejercer su derecho a impugnar su sentencia a pesar de la existencia de pruebas convincentes de que los cargos en su contra eran falsos y de que habían sido torturados para que “confesaran”.


  1. Targeted surveillance attacks in Uzbekistan: An old threat with new techniques (blog, 12 de marzo)
  2. Blogging in Uzbekistan: Welcoming tourism, silencing criticism (blog, 25 de junio)