Uzbekistán 2025
La libertad de expresión seguía estando amenazada, y activistas y periodistas se enfrentaban a enjuiciamientos por motivos políticos y a restricciones para viajar. Las autoridades continuaron paralizando las reformas para abordar la impunidad de la tortura y otros malos tratos. Persistían los desalojos forzosos y las demoliciones dirigidas contra comunidades marginadas. Las personas LGBTI eran objeto de discriminación sistémica y violaciones de sus derechos. Se coaccionó a agricultores para que produjeran algodón bajo la amenaza de perder sus terrenos. Pese a los compromisos ambientales, el alto nivel de contaminación del aire suponía un grave riesgo para la salud.
Información general
En octubre, Uzbekistán firmó un Acuerdo de Colaboración y Cooperación Reforzadas con la Unión Europea y organizó la primera Conferencia General de la UNESCO que se celebraba fuera de París en más de 40 años, todo ello a pesar de que persistía la preocupación respecto al cumplimiento por el país de las normas internacionales de derechos humanos.
Libertad de expresión
Activistas de derechos humanos, blogueros y blogueras y comentaristas en redes sociales seguían enfrentándose a procesamientos de motivación política por informar sobre corrupción, abusos contra los derechos humanos y otros temas delicados, como las protestas multitudinarias en apoyo de la autonomía de Karakalpakistán en 2022. Al menos 30 personas, entre las que había presuntos activistas independentistas de etnia karakalpaka, fueron declaradas culpables de difundir propaganda “separatista” en Internet, en aplicación del artículo 244.1.3 del Código Penal.
En julio, un tribunal de la República Autónoma de Karakalpakistán declaró a Dastan Uzakov culpable de difundir propaganda “separatista” por reproducir en su cuenta de Instagram vídeos ya publicados del juicio sin garantías contra Dauletmurat Tazhimuratov, editor y abogado karakalpako, celebrado en 2022. Dastan Uzakov manifestó que había compartido los vídeos para conseguir más “me gusta” y que no era consciente de haber infringido ninguna ley, ya que el juicio había sido público y se había informado sobre él en medios de comunicación nacionales. Se le impuso una pena no privativa de libertad de cinco años y se le confiscó el teléfono móvil.
En mayo, un tribunal civil de la capital, Tashkent, multó a Abdurakhmon Tashanov, presidente de Ezgulik —una de las pocas ONG independientes de derechos humanos registradas—, por una publicación en Facebook en la que respondía a las reiteradas críticas públicas sobre su labor de derechos humanos formuladas por dos profesores de derecho. En un juicio a puerta cerrada, el tribunal falló que su publicación dañaba la dignidad y reputación de ambas figuras académicas y le ordenó pagar una indemnización por daños y perjuicios, borrar la publicación, emitir una disculpa pública y publicar una retractación.
También en mayo, las autoridades dañaron el microchip del pasaporte de la periodista independiente y defensora de los derechos humanos Sharifa Madrakhimova, impidiéndole así viajar a Irlanda para recibir el Premio Front Line Defenders. Al parecer, actuaron de ese modo como represalia por su labor de derechos humanos.
Tortura y otros malos tratos
Las autoridades continuaron retrasando las reformas jurídicas que eran necesarias para abordar la impunidad de la tortura y otros malos tratos y para establecer unos mecanismos de vigilancia de las condiciones de detención que fueran verdaderamente independientes. Siguió sin publicarse el informe íntegro de la comisión parlamentaria encargada de investigar la represión violenta de las manifestaciones en Karakalpakistán en 2022, incluidas las denuncias de tortura infligida a manifestantes bajo custodia.
En marzo, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria expresó “grave preocupación” por las denuncias creíbles y no refutadas de detenciones masivas y uso excesivo de la fuerza contra personas karakalpakas y otras que se oponían a las enmiendas constitucionales, y puso de relieve la discriminación por razón del origen étnico y las opiniones políticas. Las autoridades continuaron ignorando los llamamientos en favor de una investigación internacional independiente.
Además, el Grupo de Trabajo expresó su preocupación ante los informes fidedignos sobre la tortura y otros malos tratos infligidos a Dauletmurat Tazhimuratov, condenado a 16 años de prisión tras un juicio injusto por supuesta conspiración para incitar a la violencia durante las protestas en Karakalpakistán. En abril, según informes, varios reclusos lo golpearon hasta dejarlo inconsciente por negarse a cantar el himno nacional. Pese a las reiteradas denuncias dirigidas a su oficina, la defensora del Pueblo no se reunió con él durante una inspección de la prisión que llevó a cabo ese mes. En mayo, el abogado de Tazhimuratov informó de que su representado continuaba recibiendo golpes de otros reclusos, al parecer siguiendo instrucciones de las autoridades penitenciarias, y de que había sido sometido al régimen de aislamiento. En junio, en su respuesta a mecanismos expertos de la ONU, las autoridades negaron todas las denuncias de violaciones de derechos.
Derecho a la vivienda
En marzo, tras su visita al país en agosto de 2024, el relator especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada expresó su preocupación por los desalojos forzosos, las demoliciones y las expropiaciones de carácter generalizado. En su informe citaba la falta de consulta pública, la ineficacia de los recursos judiciales y la tendencia de los tribunales a favorecer a los promotores inmobiliarios, y advertía de que persistían la intimidación, la detención y el enjuiciamiento de personas afectadas, periodistas y defensores y defensoras del derecho a la vivienda.
En junio, tres titulares de mandato de relator especial de la ONU expresaron su preocupación al gobierno en relación con los desalojos forzosos y las demoliciones en los barrios de Samarcanda declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde residían las minorías tayika y multoni (mughat). Según señalaron, se había procedido a la reurbanización incumpliendo las condiciones del Comité del Patrimonio Mundial, sin llevar a cabo evaluaciones de impacto y sin ejercer la diligencia debida en materia de derechos humanos. No se consultó a las personas marginadas y, en muchos casos, analfabetas que allí residían; muchas fueron coaccionadas por la policía y las autoridades locales para que firmaran acuerdos de expropiación que no entendían y aceptaran una indemnización insuficiente. Al terminar el año, las autoridades no habían respondido a estos motivos de preocupación.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
Las personas LGBTI continuaron sufriendo graves abusos contra los derechos humanos tanto a manos de agentes encargados de hacer cumplir la ley como de particulares. Dichos abusos incluían intimidación, violencia física, difamación online y detención arbitraria por cargos falsos. Las autoridades mantuvieron su negativa a despenalizar las relaciones sexuales consentidas entre hombres y rechazaron incluir la orientación sexual y la identidad de género en la legislación contra la discriminación, aduciendo “valores familiares tradicionales”.
Los recortes en la ayuda exterior de Estados Unidos dieron lugar a la suspensión de programas de derechos humanos dirigidos a abordar la estigmatización y la discriminación, lo que socavó los derechos de las personas LGBTI y las que vivían con el VIH. Las organizaciones de la sociedad civil que trabajaban en favor de reformas jurídicas relacionadas con el VIH, la lucha contra la discriminación y el acceso a asistencia médica encontraron cada vez más obstáculos para defender el cambio político y la protección de los derechos humanos.
Derechos laborales
Un informe publicado en mayo por Cotton Campaign advertía de que, aunque el trabajo forzoso sistémico había terminado, el Estado continuaba imponiendo objetivos de producción y determinados cultivos a los pequeños agricultores, a quienes obligaba a cultivar algodón o cereal bajo la amenaza de perder terreno o ver sus cultivos destruidos. En julio se filtró una grabación de audio en la que un alto consejero presidencial amenazaba a autoridades locales con violencia por el incumplimiento de las cuotas establecidas.
Derecho a un medioambiente saludable
En plena consolidación de la cooperación de la Unión Europea con Asia Central en materia económica y medioambiental, el presidente Shavkat Mirziyoyev declaró 2025 como Año de la Protección Ambiental y la Economía Verde, con el objetivo de que el 55% de los nuevos proyectos industriales y de infraestructuras fueran “verdes” antes de 2030. Se adoptó una estrategia nacional para reducir el carbono negro y se aprobaron leyes que establecían multas por contaminación del aire relacionada con la construcción. Pese a estas iniciativas, persistió una grave contaminación atmosférica. El Ministerio de Ecología registró cerca de 300 infracciones graves de estas nuevas leyes en los primeros ocho meses del año. En noviembre, poco después de que Tashkent volviera a clasificarse entre las ciudades más contaminadas del mundo, el presidente firmó un decreto sobre medidas urgentes de respuesta.