Las autoridades continuaron reforzando su control sobre el derecho a la libertad de expresión y los medios de comunicación. Se sometió a activistas, blogueros, blogueras y periodistas independientes a procesamientos de motivación política por informar sobre denuncias de corrupción y abusos contra los derechos humanos, incluidas violaciones del derecho a la vivienda y los derechos laborales. La tortura y otros malos tratos en los centros de detención seguían siendo prácticas habituales y generalizadas, y era frecuente que las personas sospechosas de responsabilidad penal quedaran impunes. Las personas LGBTI eran objeto de intimidación, agresiones físicas, difamación en las redes sociales y detención arbitraria por cargos penales falsos. Numerosas víctimas de desalojo forzoso y expropiación seguían sin tener acceso a reparación judicial efectiva.
Leer másNo aplica la pena de muerte para ningún delito
Herramientas de campaña que se pueden emplear para intervenir con carácter de urgencia y defender los derechos humanos de alguien.
Informes, documentos informativos, declaraciones, contribuciones escritas para OIG y otros recursos de los equipos de investigación de Amnistía.