BIELORRUSIA 2020

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BIELORRUSIA 2020

El año estuvo marcado por la celebración de repetidas manifestaciones pacíficas y por que las elecciones presidenciales de agosto sirvieron de catalizador de la más cruenta represión de la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación en Bielorrusia desde su independencia. Se arrestó por cargos falsos o se obligó a exiliarse a candidatos y candidatas de la oposición, sus equipos de campaña y personal colaborador. La policía recurrió al uso excesivo e indiscriminado de la fuerza para dispersar manifestaciones. Se detuvo y sometió a tortura u otros malos tratos a decenas de miles de personas que se manifestaban pacíficamente y de transeúntes. También fueron objeto de detención, palizas y procesamiento periodistas, profesionales de la medicina, estudiantes y dirigentes sindicales, entre otras personas. La respuesta inicial del gobierno a la pandemia de COVID-19 fue inadecuada. Siguieron dictándose condenas de muerte.

Información general

El empeoramiento de las perspectivas económicas, la deficiente gestión de la pandemia de COVID-19 y los numerosos comentarios incendiarios del presidente Alexander Lukashenko, entre otras cuestiones, afectaron enormemente a la popularidad de éste. En el periodo previo a las elecciones presidenciales del 9 de agosto, el presidente realizó comentarios misóginos en el contexto de unas declaraciones televisadas en horario de máxima audiencia mientras aumentaban las detenciones arbitrarias, los procesamientos de motivación política y otras represalias contra candidatos de la oposición y sus simpatizantes, activistas políticos y de la sociedad civil, y medios de comunicación independientes. La coalición de oposición en torno a la candidata presidencial Svyatlana Tsikhanouskaya llevó a las mujeres a la primera línea del emergente movimiento de protesta que se extendió por todo el país y la sociedad. El presidente Alexander Lukashenko afirmó haber obtenido una victoria arrolladora, a pesar de que Svyatlana Tsikhanouskaya rechazara rotundamente el resultado y de que numerosos observadores electorales independientes lo consideraran fraudulento. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), a la que se impidió observar las elecciones, señaló la existencia de informes fidedignos de irregularidades generalizadas y graves conductas administrativas indebidas. Las protestas contra el modo en que se desarrollaron los comicios y contra los resultados se extendieron rápidamente en Bielorrusia y fueron mayoritariamente pacíficas, pese a la brutal represión de las autoridades. Se arrestó de inmediato o se forzó al exilio a personas consideradas líderes de opinión de las protestas. Las relaciones con la mayor parte de la comunidad internacional se deterioraron drásticamente, y se impusieron sanciones selectivas a decenas de funcionarios bielorrusos implicados en irregularidades electorales y violaciones de derechos humanos. Rusia expresó su apoyo a las autoridades de Bielorrusia, a las que proporcionó ayuda económica.

Libertad de expresión

El derecho a la libertad de expresión se restringió gravemente en un intento de reducir toda oposición y disidencia, entre otras cosas mediante ataques dirigidos contra personas y medios de comunicación, a través de cambios legislativos y presión administrativa, y con el uso de medios técnicos, como los bloqueos de Internet.

Los medios de comunicación continuaron bajo fuerte control del gobierno. Se sometió a acoso a periodistas y organizaciones de medios de comunicación, y se les impidió desempeñar su legítima labor. Sólo entre mayo y octubre, los observadores locales documentaron más de 400 casos de este tipo, que incluían detenciones, torturas y otros malos tratos contra personal de medios de comunicación. No se concedieron acreditaciones a medios de comunicación internacionales, o se rescindieron las ya concedidas, para impedir la difusión de información sin censura. Las imprentas controladas por el Estado se negaron a imprimir periódicos locales, como Komsomolskaya Pravda in Belarus, que criticaban a las autoridades. Las autoridades suspendieron la licencia del importante medio informativo digital TUT.by. La periodista Natallia Lyubneuskaya, del periódico independiente Nasha Niva, fue una de las al menos tres personas del gremio contra las que la policía disparó balas de goma el 10 de agosto. Tuvo que ser sometida a cirugía y estuvo 38 días hospitalizada. Varios blogueros y periodistas fueron objeto de acciones judiciales de motivación política. Entre ellos figuraba Ihar Losik, coautor de un popular canal de Telegram, que fue arrestado el 25 de junio por cargos falsos y se hallaba en espera de juicio.

Las autoridades utilizaron su influencia ante los proveedores de Internet para imponer un cierre casi total de los servicios de Internet móvil durante los tres primeros días de protestas tras las elecciones —y posteriormente durante las protestas semanales—, a fin de impedir la coordinación de las manifestaciones y entorpecer el intercambio de información. Se impusieron de manera habitual restricciones al acceso a sitios web de medios de comunicación independientes.

Se reprimieron de manera directa y brutal las opiniones disidentes que se propagaban en todos los sectores de la sociedad. Se expulsó o despidió a estudiantes, deportistas, profesionales del ámbito académico, personalidades religiosas y de la cultura y personal de empresas estatales, y muchas de estas personas afrontaron sanciones administrativas e incluso penales por alzar la voz contra las autoridades, apoyar protestas pacíficas o participar en huelgas.

Mujeres

Las mujeres con opiniones disidentes hacían frente a represalias machistas y ataques contra las debilidades que se les presuponían: sufrían, por ejemplo, amenazas de violencia sexual o de que se pondría bajo tutela del Estado a sus hijas e hijos pequeños.1

Libertad de reunión

El derecho a la libertad de reunión continuó sometido a restricciones graves e indebidas. Las sanciones impuestas a manifestantes pacíficos en aplicación de leyes administrativas a menudo eran más severas que las aplicadas para determinados delitos.

Al comenzar el año, decenas de activistas recibieron cuantiosas multas o fueron condenados a “detención administrativa”, que incluía múltiples penas consecutivas de 15 días (el máximo legal) por “infracciones administrativas” supuestamente cometidas durante las manifestaciones pacíficas celebradas a finales de 2019.

En general, entre el comienzo de la campaña electoral presidencial de mayo y los comicios, cientos de manifestantes pacíficos, ciberactivistas, periodistas independientes y otras personas fueron detenidos arbitrariamente, a veces por hombres vestidos de civil que hacían un uso ilegítimo de la fuerza y empleaban vehículos sin distintivos; también se impusieron decenas de multas o “detenciones administrativas”. Tras las elecciones, en todo el país, cientos de miles de personas salieron periódicamente a las calles de manera pacífica para protestar, decenas de miles fueron arrestadas, y cientos fueron sometidas a tortura y otros malos tratos y severamente castigadas. Amnistía Internacional presenció directamente el carácter infundado, arbitrario y brutal de varios de estos arrestos.2

Sólo entre el 9 y el 12 de agosto, el gobierno confirmó la detención de 6.700 manifestantes. Las protestas semanales pacíficas continuaron en todo el país, tanto en la calle como en empresas estatales, teatros, universidades y otros lugares. A mediados de noviembre, cifras oficiales e independientes estimaban que más de 25.000 personas habían sido detenidas, entre ellas un gran número de transeúntes y periodistas. Hubo muchos días en los que se detuvo a más de 1.000 personas.3 Las organizaciones locales de derechos humanos documentaron más de 900 causas penales en las que al menos 700 personas se enfrentaban a cargos.

Los agentes de policía (a menudo vestidos de civil) hicieron un uso excesivo e indiscriminado de la fuerza: dispararon balas de goma a corta distancia contra la multitud y usaron granadas aturdidoras, sustancias químicas irritantes, cañones de agua, armas automáticas con munición de fogueo, porras y otros medios para dispersar a multitudes pacíficas y aprehender a personas. Al menos cuatro personas murieron a manos de fuerzas gubernamentales4 y varias más fallecieron en circunstancias sospechosas.

Aunque un gran número de manifestantes y transeúntes fueron objeto de ataques aleatorios y arbitrarios, otras personas recibieron ataques por su actividad profesional, por ejemplo, personal de los medios de comunicación que estaba documentando los hechos o personal médico que de manera voluntaria atendía a las personas heridas. tras personas eran señaladas por su identidad sexual. El 26 de septiembre, la defensora de los derechos humanos Victoria Biran fue detenida cuando se dirigía a una concentración tras haber sido identificada por unos agentes de policía como activista LGBTI, y fue condenada a 15 días de “detención administrativa”.

Libertad de asociación

Las autoridades llevaron a cabo una brutal campaña de persecución contra cualquier tipo de asociación independiente cuyo propósito fuera proteger los derechos humanos y oponerse pacíficamente al régimen, como las iniciativas de observación, los equipos de campaña de la oposición y los sindicatos independientes. Decenas de personas fueron objeto de detención, procesamientos penales infundados o “detención administrativa”, amenazas de encarcelamiento y exilio forzado.

El 6 de mayo, el popular bloguero y candidato a la presidencia Syarhei Tsikhanouski fue sometido de manera infundada a 15 días de detención administrativa para impedir su candidatura, lo que obligó a su esposa, Svyatlana Tsikhanouskaya, a presentar la suya. El 29 de mayo, mientras él reunía firmas para ella en Grodno, hubo un intento de provocarle y fue arrestado en el acto junto con al menos siete de sus colaboradores.5 Syarhei Tsikhanouski y otros destacados blogueros de oposición fueron enjuiciados posteriormente en el marco de la misma investigación penal, en aplicación del artículo 342 del Código Penal, sobre “organización o participación activa en acciones grupales que alteran el orden público de manera flagrante”.

Otro candidato presidencial —Viktar Babaryka—, su hijo Eduard Babaryka, miembros de su equipo y antiguos colegas también fueron detenidos y acusados falsamente de delitos económicos para impedir a Viktar participar en las elecciones y que sirviera de advertencia a otras candidaturas.

El opositor Consejo de Coordinación, del que formaba parte Svyatlana Tskhanouskaya y que estaba encabezado por un Presídium de siete personas, fue condenado por el presidente Lukashenko como “un intento de tomar el poder”, y el 20 de agosto se inició una investigación criminal en aplicación del artículo 361 del Código Penal, sobre “llamamiento a acciones dirigidas a socavar la seguridad nacional”. Al terminar el año, todos los miembros del Presídium estaban detenidos o habían sido obligados a exiliarse, al igual que muchas de las personas que colaboraban con ellos.6

El 7 de septiembre, las autoridades secuestraron a la lideresa de la oposición Maryia Kalesnikava, la llevaron junto a dos compañeros suyos a la frontera con Ucrania y les exigieron que abandonaran el país bajo amenaza de cárcel. Sus compañeros cruzaron la frontera a Ucrania, pero Maryia Kalesnikava rompió su pasaporte para impedir que la expulsaran. Durante dos días fue objeto de detención no reconocida y en régimen de incomunicación, y pasado ese tiempo quedó sometida a prisión preventiva por cargos falsos, al igual que otro miembro del Presídium, Maksim Znak.

Marfa Rabkova, de la ONG Centro de Derechos Humanos “Viasna”, fue arrestada el 17 de septiembre y sometida a prisión preventiva, acusada de “organizar disturbios multitudinarios” en relación con su trabajo de derechos humanos.

El líder del Sindicato Bielorruso Independiente Anatoli Bakun fue objeto de detención arbitraria en repetidas ocasiones en relación con huelgas políticas en la mina de potasa de Belaruskali, en Saligorsk, y posteriormente fue condenado a un total de 55 días de “detención administrativa” por vulnerar la ley sobre concentraciones multitudinarias. Entre septiembre y noviembre, otros tres sindicalistas, Yury Karzun, Syarhei Charkasau y Pavel Puchenya, cumplieron una pena de 45 días cada uno por el mismo “delito”.

Tortura y otros malos tratos

Las autoridades recurrieron de manera sistemática a la tortura y otros malos tratos contra las personas detenidas durante las protestas, incluidos manifestantes, periodistas y transeúntes. Grupos locales e internacionales documentaron cientos de casos en todo el país.

Expertos en derechos humanos de la ONU recibieron 450 testimonios de malos tratos a personas detenidas respaldados por imágenes de vídeo, fotografías e informes médicos que documentaban toda una retahíla de abusos terribles. Describieron cómo se había sometido a tortura y otros malos tratos a manifestantes durante el arresto, el traslado y la reclusión en centros de detención donde se vivía en condiciones de grave hacinamiento. Los manifestantes —incluidos menores de edad y mujeres— fueron humillados, brutalmente golpeados, sometidos a violencia sexual y privados del acceso a alimentos, agua potable y atención médica durante largos periodos de detención. A las personas detenidas también se les negó el derecho a informar de su paradero a sus familiares, en algunos casos durante todo el periodo de “detención administrativa”, y se les negó el acceso a sus abogados. Los paquetes y las cartas se retuvieron, y se confiscaron ropa de abrigo y productos de higiene, incluidos los productos para la menstruación.

Las autoridades bielorrusas admitieron haber recibido cerca de 900 denuncias de abusos policiales en relación con las protestas pero, al concluir el año, no se había iniciado una sola investigación criminal y ningún agente encargado de hacer cumplir la ley había sido acusado de cometer esas violaciones de derechos humanos.

Derecho a la salud

La respuesta inicial del gobierno a la pandemia fue inadecuada. El presidente Alexander Lukashenko restó importancia a la COVID-19 calificándola de “psicosis”, culpó a las primeras personas fallecidas por su estilo de vida, recomendó como remedios conducir tractores, beber vodka e ir a la sauna, y se negó a imponer restricciones importantes.

Pena de muerte

Bielorrusia continuó siendo el último país de Europa y de la ex Unión Soviética que seguía imponiendo condenas a muerte. Al menos cuatro hombres se hallaban en espera de ejecución al finalizar el año, y se impusieron al menos tres condenas a muerte, dos de ellas a unos hermanos de 19 y 21 años. No se tuvo noticia de ninguna ejecución.


  1. Crackdown from the top: Gender-based reprisals against women activists in Belarus (declaración pública, 17 de julio)
  2. Bielorrusia: Terrible violencia policial desatada contra manifestantes pacíficos (noticia, 10 de agosto)
  3. Bielorrusia: Más de 1.000 personas detenidas en un solo día de protestas pacíficas mientras aumenta la represión de derechos (noticia, 9 de noviembre)
  4. Bielorrusia: Muere en el hospital un hombre que protestaba pacíficamente a quien la policía se llevó tras ser golpeado (noticia, 13 de noviembre)
  5. Belarus: A criminal case involves a growing number of the regime’s critics (declaración pública, 30 de julio)
  6. Belarus: “They are stealing the best of us”. Arbitrary arrests and forced expulsion of leading opposition activists (declaración pública, 10 de septiembre)