Bielorrusia 2024
Las autoridades continuaron reprimiendo toda expresión pública de críticas y haciendo uso indebido del sistema de justicia para castigar la disidencia pacífica. Se intensificó la represión contra los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil independientes. La tortura y otros malos tratos eran endémicos y prevalecía la impunidad. La desaparición forzada de personas presas era una práctica muy extendida. Las personas LGBTI continuaban sufriendo hostigamiento. Se obligaba a personas refugiadas y migrantes a cruzar fronteras con la Unión Europea. Las políticas enfocadas a la acción climática aún eran insuficientes.
Información general
En un contexto en el que prevalecía su aislamiento internacional, Bielorrusia continuó manteniendo relaciones económicas, políticas, diplomáticas y militares con Rusia. Se mantuvo la retórica sobre amenazas externas provenientes de los vecinos de la Unión Europea (UE) y Ucrania y se realizaron maniobras militares que tenían por objeto hacer que se percibieran como preparativos para una confrontación bélica.
En octubre, la relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia declaró que el compromiso del país con el sistema internacional de derechos humanos había alcanzado el punto más bajo de su historia.
Libertad de expresión, de asociación y de reunión
La libertad de expresión seguía estando gravemente restringida. Continuó aumentando la lista oficial de materiales digitales, impresos y de radiotelevisión que las autoridades calificaban de “contenidos extremistas”. Cada mes se añadía arbitrariamente a la “lista de personas implicadas en actividades extremistas” a centenares más, y en diciembre figuraban ya en ella 4.707.
Al concluir el año había 45 profesionales de los medios de comunicación en prisión por realizar su trabajo.
Se intensificó la represión contra organizaciones de la sociedad civil, incluidas ONG independientes, sindicatos y comunidades étnicas y religiosas. Durante el año se disolvieron o estaban en proceso de disolución al menos 329 organizaciones.
En octubre se detuvo arbitrariamente a la defensora de los derechos humanos e icono de las protestas de 2020 Nina Bahinskaya, de 73 años, por participar en una marcha con una pancarta de un partido político que había sido prohibido de manera arbitraria. Estuvo esposada bajo custodia policial durante tres horas y luego fue puesta en libertad en espera de una vista judicial.
Libertad de religión o de creencias
Se acusó a las organizaciones religiosas y el clero no afines al gobierno de crear o distribuir material extremista, lo que dio lugar a que se prohibieran y bloquearan materiales online y perfiles de redes sociales y a que se llevaran a cabo detenciones arbitrarias.
En mayo detuvieron al sacerdote católico Andrei Yukhnevich por poner una bandera ucraniana en su cuenta de una red social. Posteriormente fue acusado de abuso sexual de menores y puesto bajo custodia.
Detención y reclusión arbitrarias
Las autoridades pusieron en libertad a decenas de personas que cumplían penas de prisión por cargos de motivación política, pero imponiéndoles cláusulas de confidencialidad y tras obligarlas a pedir el indulto. No hicieron públicos sus nombres.
Sin embargo, los arrestos y procesamientos de disidentes seguían siendo generalizados e iban dirigidos en particular contra participantes o simpatizantes de las protestas pacíficas multitudinarias de 2020, cuyos familiares también sufrían hostigamiento. En enero, la policía irrumpió en las viviendas de unas 160 personas, en su mayoría familiares de manifestantes que estaban en prisión injustamente; algunas estuvieron detenidas brevemente y fueron sometidas a interrogatorio.
Según el Centro de Derechos Humanos Viasna, en diciembre había 1.265 personas encarceladas por cargos de motivación política y en torno a 3.000 habían sido puestas en libertad tras haber cumplido sus condenas enteramente. También según Viasna, durante el año al menos 55 personas fueron detenidas a su regreso a Bielorrusia del exilio. Algunas de ellas fueron sancionadas en procedimientos administrativos, y 17 se enfrentaban a cargos penales por motivos como hacer donaciones a víctimas de violaciones de derechos humanos.
Tortura y otros malos tratos
La tortura y otros malos tratos continuaban siendo endémicos, y sus autores gozaban de impunidad. Las personas declaradas culpables de cargos de motivación política sufrían un trato más duro bajo custodia y sus uniformes se marcaban con una insignia amarilla. A varias de ellas especialmente notables se les negaba el contacto con el mundo exterior, a menudo se las recluía durante periodos prolongados en celdas de castigo y se les negaba atención médica adecuada.
Cinco víctimas de enjuiciamiento por motivos políticos murieron bajo custodia, entre ellas Vadzim Khrasko e Igor Lednik, que padecían problemas de salud preexistentes conocidos por las autoridades.
Desapariciones forzadas
No hubo ningún contacto exterior durante el año con Syarhei Tsikhanouski, Ihar Losik, Maksim Znak, Mikalai Statkevich, Viktar Babaryka y otras destacadas figuras del activismo, el periodismo y la política encarceladas, ni tampoco información directa sobre ellas. Según la relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos en Bielorrusia, esta forma de aislamiento prolongado podía constituir desaparición forzada.
Durante más de 600 días no se tuvo ningún contacto con la lideresa de las protestas de 2020 encarcelada Maryia Kalesnikava, hasta que permitieron a su padre reunirse con ella en noviembre gracias a la presión internacional.
Juicios injustos
Las autoridades continuaron haciendo uso indebido del sistema de justicia para reprimir la disidencia pacífica y atacar a miembros de la oposición política, defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y profesionales de la abogacía, entre otras personas. Los juicios in absentia eran habituales. En julio impusieron penas de entre 10 y 11 años y medio de prisión a 20 analistas de procesos políticos y periodistas en el exilio afines a la dirigente de la oposición Sviatlana Tsikhanouskaya, por crímenes contra el Estado y “extremismo”.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
En febrero, el fiscal general presentó al Parlamento un anteproyecto de ley que proponía tipificar como falta administrativa la “propaganda de relaciones familiares no tradicionales”, que incluía la “propaganda de relaciones anormales, pedofilia y rechazo voluntario a tener hijos”.
En abril, el Ministerio de Cultura actualizó la definición oficial de “pornografía” y le añadió “las relaciones sexuales y/o los comportamientos sexuales no tradicionales”, aclarando que estas conductas incluían, entre otras cosas, las relaciones homosexuales y bisexuales consentidas.
Las personas LGBTI continuaban sufriendo hostigamiento, incluidas detenciones arbitrarias. Según ONG y medios de comunicación, sólo en agosto y septiembre detuvieron al menos a 30. Sus detenciones se realizaban principalmente por presunto “vandalismo leve” y suscripción a materiales “extremistas”, pero también por “producción y distribución de material pornográfico” (que se consideraba delito en caso de reiteración).
Derechos de la infancia
Las organizaciones de derechos humanos ZMINA, Freedom House, BYPOL y Viasna denunciaron 2.219 casos de traslado forzoso de niños y niñas ucranianos a Bielorrusia, donde se los matriculaba en instituciones educativas locales y se los sometía a adoctrinamiento y propaganda.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Las autoridades continuaron obligando a personas refugiadas y migrantes a cruzar las fronteras de Bielorrusia con países de la UE. Según la ONG Human Constanta, se tenía noticia de que, en los tres años anteriores a marzo de 2024, al menos 116 habían muerto en esas zonas fronterizas a consecuencia de las malas condiciones y de presuntas devoluciones violentas.
Pena de muerte
No se registraron nuevas ejecuciones. El ciudadano alemán Rico Krieger fue declarado culpable de varios delitos, entre los que figuraban espionaje y actividades mercenarias, y condenado a muerte en julio. Posteriormente recibió el indulto, y el 1 de agosto quedó en libertad en un canje de presos acordado entre Rusia y varios países occidentales.
Derecho a un medioambiente saludable
Bielorrusia descendió al puesto 47 (perteneciente al rango de desempeño general bajo) en el Índice de Desempeño frente al Cambio Climático al puntuar muy bajo en las categorías “energías renovables” y “política de cambio climático”.