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Moldavia 2021

Persistían la tortura y otros malos tratos. La impunidad por abusos graves cometidos en el pasado por organismos encargados de hacer cumplir la ley continuó siendo endémica. Los juicios sin las debidas garantías siguieron suscitando preocupación. Se informó de que la supervisión judicial de la vigilancia y de la aprobación de la prisión preventiva era endeble. Se avanzó poco en lo referente a abordar la violencia de género en el ámbito familiar. En la región escindida de Transdniéster, las personas críticas con las autoridades de facto hacían frente a procesamientos, y suscitaba preocupación el derecho a la educación.

Información general

La dimisión del primer ministro y la celebración de elecciones parlamentarias anticipadas en julio pusieron fin a la situación de enfrentamiento entre la presidenta y el Parlamento, y dieron lugar a la formación del primer gobierno no conformado por una coalición desde 2009.

En septiembre, el Parlamento aprobó en votación el nombramiento de una nueva defensora del Pueblo nacional para cuestiones de derechos humanos en un clima de inquietud en algunos sectores porque su papel de asesora jurídica de Maia Sandu en las elecciones presidenciales de 2020 podría dar lugar a un posible conflicto de intereses.

La pandemia de COVID-19 continuó afectando a la economía y provocó una caída del nivel de vida de muchas personas, aunque los economistas del gobierno predijeron un retorno al crecimiento al terminar el año. La vacunación gratuita contra la COVID-19 se distribuyó ampliamente con elección de las vacunas, y se promovió en maratones de vacunación en la capital, Chisinau, y otros lugares. La aceptación de las vacunas gratuitas proporcionadas por países occidentales en la región escindida de Transdniéster fue poco entusiasta; muchas de las personas residentes preferían la vacuna Sputnik, producida por Rusia, o simplemente se negaban a vacunarse.

Tortura y otros malos tratos

No hubo ningún avance tangible en lo referente a abordar la tortura y otros malos tratos. En las instituciones penitenciarias de adultos, menores y mixtas eran habituales las denuncias de hacinamiento, falta de higiene y otras condiciones de reclusión inadecuadas.

La defensora nacional de los Derechos de la Infancia informó sobre nuevos efectos adversos de la pandemia de COVID-19 en las condiciones de las personas menores detenidas, particularmente las provenientes de familias socialmente desfavorecidas. Eran habituales las denuncias de diagnósticos y prestaciones de salud deficientes, y el personal médico continuó formando parte de las autoridades penitenciarias y no de las sanitarias.

El 5 de febrero, un motín en la institución penitenciaria de Brănești puso de relieve el problema de la jerarquía informal y la violencia entre personas reclusas, tendencia crónica que las autoridades no abordaban.

Impunidad

La impunidad por violaciones graves de derechos humanos cometidas en el pasado por miembros de los organismos encargados de hacer cumplir la ley —incluidas la tortura y otros malos tratos en gran escala a manifestantes pacíficos en 2009— continuaba siendo endémica.

No se tuvo constancia de avance alguno en el caso del secuestro y devolución de siete ciudadanos turcos por los servicios de seguridad de Moldavia en 2018, más allá de la limitada investigación y de una única sentencia condenatoria que impuso una pena no privativa de libertad en 2020. En marzo, el Comité de Ministros del Consejo de Europa analizó la aplicación de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en dicho caso (Ozdil and Others v. Republic of Moldova) y “reiteró firmemente” la necesidad de garantizar la supervisión efectiva y la rendición de cuentas de los servicios de seguridad y “lamentó la falta de respuesta de las autoridades” a su petición anterior. En octubre, Moldavia envió su Plan de Acción actualizado relativo a la sentencia en el que se comprometía a revisar decisiones judiciales anteriores y a adoptar legislación dirigida a aumentar la rendición de cuentas de sus servicios de seguridad.

Derecho a un juicio justo

Los juicios sin las debidas garantías siguieron suscitando preocupación.

No se tuvo constancia de avance alguno en las 38 causas penales en las que el fiscal general había admitido motivaciones políticas y que se había comprometido a revisar en 2020. En ninguna de las causas se anuló la sentencia condenatoria ni se archivaron los procedimientos penales. En el caso de mayor repercusión, Veaceslav Platon, liberado en 2020 en espera de una nueva investigación y un nuevo juicio, se marchó de Moldavia en julio. Se culpó de forma generalizada de su salida del país al fiscal general, que hizo caso omiso a las críticas tildándolas de “injerencias políticas”. La gestión de estos casos, en vista de los persistentes motivos de preocupación relativos a la justicia selectiva, volvió a poner de manifiesto las deficiencias del sistema de justicia penal, su vulnerabilidad a las injerencias políticas y la necesidad de reformas.

Derecho a la privacidad

Varias ONG y abogados y abogadas defensores continuaron expresando preocupación por que la revisión judicial de las solicitudes de los organismos encargados de hacer cumplir la ley relativas a escuchas de comunicaciones privadas y a la imposición de la prisión preventiva a presuntos delincuentes no era suficientemente exhaustiva y daba lugar a que prácticamente se aprobaran todas. No se cumplían las salvaguardias previstas en la legislación nacional, como la obligación de informar a las personas afectadas de que se las estaba grabando.

En una conferencia de prensa ofrecida el 4 de octubre, el fiscal general acusó a un excolega y a varias ONG de conspirar para deponerlo, y afirmó haber visto el contenido de las comunicaciones de sus móviles. Fue arrestado el día siguiente por varios cargos, entre ellos, el de abuso de superioridad.

Violencia por motivos de género

El 14 de octubre, el Parlamento aprobó la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), que Moldavia había firmado en 2017. No obstante, apenas se registraron avances tangibles a la hora de abordar la violencia de género en el ámbito familiar, que afectaba mayoritariamente a las mujeres.

Región de Transdniéster

Libertad de expresión

Las personas críticas con las autoridades de facto afrontaron procesamientos penales.

En julio, el pensionista Mikhail Yermuraki fue declarado culpable de “insultar al presidente” y multado con una suma equivalente a 600 dólares estadounidenses. Se retiraron otros dos cargos que pesaban contra él: los de “negar el papel positivo de las fuerzas rusas de mantenimiento de la paz” e “incitar al odio nacional, racial y religioso”.

Ese mismo mes, el activista Gennadiy Chorba fue condenado a tres años y tres meses de prisión por el mismo delito de insultar al presidente y por cargos de “extremismo” en relación con un piquete pacífico en el que había participado el año anterior. Las autoridades de facto lo acusaron de incitar a la población a protestar, así como de hacer comentarios despectivos sobre el personal médico durante la pandemia.

Derecho a la educación

En agosto, las autoridades de facto de Transdniéster se negaron a volver a inscribir en el registro a la Escuela Teórica de Secundaria Lucian Blaga, única escuela en lengua rumana de la capital regional, Tiraspol, y suspendieron sus actividades durante al menos tres meses. No se informó de motivo alguno. Ese mismo mes, tras la intervención de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y otros socios internacionales, las autoridades de facto anularon la decisión de suspender la escuela.