Moldavia 2025
Se restringía arbitrariamente el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Seguían sin abordarse la tortura y otros malos tratos, y persistía la impunidad por violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. La discriminación de las personas LGBTI seguía siendo habitual. Se prohibió la prescripción a distancia de medicamentos abortivos. Persistían obstáculos importantes que afectaban a la consecución de los objetivos del país en materia de cambio climático. En la región de Transnistria, ocupada por Rusia, se restringió aún más la libertad de prensa y se aprobó legislación que prohibía la promoción de las “relaciones sexuales no tradicionales”.
Información general
Continuó la desaceleración económica, impulsada por un crecimiento lento y unos costos energéticos elevados que erosionaban el bienestar económico de los grupos de bajos ingresos. En la región de Transnistria, ocupada por Rusia, se produjeron apagones eléctricos, que afectaron a varias empresas, tras el cese del suministro de gas ruso a través de Ucrania y el rechazo por las autoridades locales de la oferta de Moldavia de suministrar gas procedente de la Unión Europea. El grupo político gobernante, Partido de Acción y Solidaridad, vio reducida su mayoría en las elecciones parlamentarias de septiembre. Persistían las denuncias de injerencia y compra de votos por parte de Rusia. Se detuvo y encarceló a Evghenia Guțul, gobernadora de la región autónoma de Gagaúzia elegida en las urnas, por canalizar financiación rusa ilegal a un partido político.
Libertad de expresión
Continuó la suspensión, sin garantías procesales, de licencias de emisión de canales de televisión prorrusos. En marzo, el Consejo para la Promoción de Proyectos de Inversión de Importancia Nacional suspendió la licencia de emisión de TVC21 durante 60 días por su supuesta negativa a revelar información completa sobre los beneficiarios últimos del grupo empresarial.
Los medios de comunicación proeuropeos seguían estando en una situación económica de extremada vulnerabilidad; muchos se vieron gravemente afectados por el cese de la financiación de USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Según varios medios informativos, ciertas figuras políticas progubernamentales trataron presuntamente de influir en decisiones editoriales al sugerir que una cobertura desfavorable podía poner en peligro el acceso a subvenciones extranjeras.1
El sitio de noticias Nokta.md, con sede en Gagaúzia, sufrió reiterados ataques de denegación de servicio distribuido (DDOS, por sus siglas en inglés) que el medio atribuía a sus críticas a las autoridades de la región.
Libertad de reunión pacífica
El 30 de abril, el Parlamento aprobó fuertes multas por solicitar, aceptar o recibir incentivos económicos por asistir a concentraciones públicas, incluidas las “orientadas a […] la publicidad política”. Las autoridades justificaron la adopción de la medida como una respuesta a las crecientes acusaciones de que las protestas callejeras y otras formas de oposición política estaban siendo financiadas desde Rusia. La nueva legislación estaba redactada de forma imprecisa, carecía de claridad jurídica y podía restringir prácticas protegidas de remuneración y compensación derivadas de la celebración de actos públicos.
Tortura y otros malos tratos
Seguían sin abordarse las causas estructurales de la tortura y otros malos tratos bajo custodia. Observadores locales de la situación de los derechos humanos denunciaron nuevos casos de tortura y otros malos tratos, así como la ausencia de investigaciones efectivas por parte de las autoridades.
En su informe anual, hecho público en marzo, la Fiscalía General había registrado siete denuncias de tortura y 306 de trato inhumano y degradante en 2024. Estas cifras representaban un ligero aumento de los presuntos casos de tortura y un descenso de las denuncias de malos tratos con respecto a los datos recogidos en el informe de 2023. En los establecimientos penitenciarios para personas adultas y los centros de detención de menores persistían el hacinamiento, la falta de higiene y otras condiciones de reclusión inadecuadas, así como una asistencia médica insuficiente.
Impunidad
Persistía la impunidad por violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado por miembros de organismos encargados de hacer cumplir la ley.
No prosiguieron las investigaciones en relación con el secuestro y la devolución de siete docentes turcos a Turquía por los servicios de seguridad moldavos en 2018, salvo la condena al pago de una multa impuesta en 2020 al exdirector del Servicio de Seguridad e Inteligencia por un delito económico conexo.
No se llevaron a cabo más investigaciones sobre las denuncias de tortura y otros malos tratos en gran escala que la policía había infligido a participantes en manifestaciones pacíficas en 2009.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
El 15 de junio, unas 1.000 personas participaron en la marcha del Orgullo celebrada en la capital, Chisináu, pese a la prohibición impuesta por el ayuntamiento. Los agentes encargados de hacer cumplir la ley dejaron abierta a la circulación de vehículos una de las calles por las que pasaba la marcha e insistieron en que ésta transitara por la acera. Posteriormente se impuso una multa de 1.500 leus moldavos (unos 90 dólares estadounidenses) a las entidades convocantes por “cortar el tráfico”, ya que las personas participantes no se limitaron a circular por la acera. La multa se impugnó y anuló en los tribunales. En paralelo a la marcha se celebraron dos contramanifestaciones, en una de las cuales se portaban pancartas anti-LGBTI.
Derechos de las mujeres y de las niñas
En enero, tras recibir una petición contra el aborto firmada por 19 personas, el Ministerio de Salud prohibió la prescripción a distancia de medicamentos abortivos alegando cuestiones de seguridad. La decisión se tomó sin consultar a la profesión médica ni a representantes de la sociedad civil que trabajaban sobre los derechos de las mujeres.
Derecho a un medioambiente saludable
Moldavia publicó en mayo su tercera contribución determinada a nivel nacional, que preveía ampliar la superficie forestal en 145.000 hectáreas para 2032 a fin de favorecer la captura de carbono y la conservación de la biodiversidad.
Las catástrofes provocadas por el clima costaban a Moldavia el 1,3% de su PIB anual, según el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo. En su informe de mayo, esta organización afirmaba que, aunque Moldavia se había comprometido a reducir las emisiones en más de un 70% para 2030 y había creado un marco nacional con el que pretendía alcanzar la neutralidad climática para 2050, seguía habiendo obstáculos sustanciales que se oponían al cumplimiento de esos objetivos. Entre ellos figuraban la inexistencia de una Comisión Nacional sobre el Cambio Climático operativa; la escasa financiación nacional; la limitada, aunque creciente, capacidad de innovación local en materia de soluciones verdes y digitales, y las insuficientes medidas de adaptación.
Región de Transnistria
Libertad de expresión
Las autoridades de facto restringieron aún más la libertad de prensa. En marzo se presentó en el Parlamento un anteproyecto de ley que proponía multar al “personal de medios de comunicación registrados en el extranjero” que operara en la región sin la autorización previa de las autoridades de facto, categoría que incluía a los y las periodistas del territorio de Moldavia bajo control gubernamental.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
Una serie de disposiciones promulgadas en julio por las autoridades de facto prohibían la “propaganda de las relaciones o las preferencias sexuales no tradicionales”, así como la promoción del “cambio de sexo” y un estilo de vida sin descendencia. Las medidas preveían penas severas para tales “delitos”, entre ellas multas cuantiosas, la detención administrativa durante un periodo de hasta 15 días, la expulsión de las personas extranjeras que incurrieran en esos delitos (incluidas las personas de nacionalidad moldava del territorio bajo control gubernamental) y la suspensión de plataformas de medios de comunicación durante un plazo de hasta de 90 días.