Georgia 2025
Los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica estaban gravemente limitados. La represión gubernamental se vio reforzada por legislación represiva, juicios injustos e impunidad del uso ilícito de la fuerza policial. Se sometía a detención arbitraria, tortura y otros malos tratos a participantes en protestas pacíficas, periodistas, figuras opositoras y activistas a quienes luego se enjuiciaba sin las debidas garantías. Los defensores y defensoras de los derechos humanos, ONG y medios de comunicación independientes sufrían hostigamiento continuo, con medidas como congelaciones de activos y presión legislativa. Las mujeres que se manifestaban eran objeto de violencia por motivos de género.
Información general
Continuaron durante el año las protestas que habían estallado hacia el final de 2024 a raíz de que el partido gobernante, Sueño Georgiano, anunciara la suspensión de las negociaciones de adhesión a la Unión Europea. Hubo manifestaciones diarias en la capital, Tiflis, y acciones periódicas en otras ciudades importantes.
En respuesta a la oleada de protestas, Sueño Georgiano impulsó una serie de leyes represivas. El partido empleó su influencia política para consolidar su control y utilizar las fuerzas policiales, el poder judicial y los órganos de supervisión como herramientas de represalia política. La purga se extendió a todas las instituciones estatales, donde hubo despidos generalizados de miembros del funcionariado y altos cargos de quienes se pensaba que simpatizaban con las protestas.
Libertad de reunión pacífica
Cientos de personas continuaron protestando diariamente, exponiéndose a intimidación, fuertes multas, detenciones arbitrarias, malos tratos y juicios injustos. Las autoridades respondieron reiteradamente con fuerza ilícita a protestas abrumadoramente pacíficas, lo que intensificó la tensión y dio lugar a incidentes de violencia aislados que, en su mayoría, se produjeron en reacción a agresiones policiales.
Con el objetivo de reprimir las continuas manifestaciones, a finales de 2024 se habían aprobado reformas legislativas que penalizaban con fuertes multas acciones de protesta pacíficas como llevar una máscara o cortar una carretera. El 17 de octubre, se sumó a estas medidas un nuevo paquete legislativo de amplio alcance que restringía aún más el derecho de reunión pacífica y otorgaba a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley amplios poderes para encarcelar a manifestantes por actos de protesta pacíficos como taparse la cara, montar tiendas de campaña o cortar carreteras, castigados con hasta 15 días de detención —20 en el caso de las personas convocantes— y hasta dos años de prisión en caso de reincidencia.
Las autoridades comenzaron a hostigar sistemáticamente a activistas, periodistas y simpatizantes de la oposición, llevando a cabo registros y confiscando material de protesta. En la semana posterior a la aprobación de la legislación se practicaron más de 100 detenciones.1
Tortura y otros malos tratos
Era habitual que agentes enmascarados golpearan a las personas a las que detenían, durante el arresto y bajo custodia. Hombres no identificados vestidos de civil —algunos armados y aparentemente vinculados a las autoridades— intimidaban y agredían a manifestantes y periodistas con la connivencia de la policía incluso en las proximidades de sus domicilios y lugares de trabajo. A muchas de las personas detenidas se les negaba el acceso a asistencia letrada, familiares o atención médica urgente bajo custodia.
Saba Skhvitaridze, que había sido detenido el 5 de diciembre de 2024 y fue condenado a dos años de prisión el 3 septiembre por haber causado, presuntamente, lesiones a un agente de policía, describió cómo varios agentes enmascarados lo habían interrogado en ausencia de asistencia letrada y torturado repetidamente. Pese a las pruebas médicas que acreditaban las lesiones sufridas bajo custodia, al concluir el año no se había llevado a cabo una investigación efectiva.
Uso ilícito de la fuerza
Durante todo el año, la policía continuó haciendo un uso ilícito de la fuerza para dispersar protestas predominantemente pacíficas, empleando para ello medios como gas lacrimógeno, balas de goma y cañones de agua. Cientos de manifestantes denunciaron haber sufrido lesiones graves, incluidas fracturas y contusiones, y más de 100 periodistas sufrieron heridas.
La violencia policial se intensificó tras las protestas que siguieron a las elecciones del 4 de octubre, durante las cuales un grupo de manifestantes trató de entrar en el palacio presidencial. Las fuerzas especiales llevaron a cabo batidas militarizadas en las que emplearon fuerza excesiva y detuvieron a más de 60 personas en sus casas.
Pese a los informes generalizados de violencia y malos tratos, al concluir el año no se había hecho rendir cuentas a ningún agente policial ni agresor progubernamental.
En diciembre, las autoridades iniciaron una investigación de las denuncias de la BBC según las cuales los cañones de agua habían arrojado contra manifestantes productos químicos tóxicos prohibidos. En lugar de abordar las denuncias, la investigación pretendía intimidar a expertos y testigos que habían aportado pruebas pertinentes para el informe de la BBC.2
Detención arbitraria y juicios injustos
Las detenciones arbitrarias de manifestantes, periodistas y figuras opositoras fueron habituales y se practicaban en el domicilio, el lugar de trabajo o la calle, por la simple participación en protestas.
Los tribunales denegaban de manera casi sistemática la libertad bajo fianza, sin tener motivos claros ni pruebas que justificasen la detención preventiva.
Decenas de personas, especialmente quienes habían participado en manifestaciones antigubernamentales, fueron sometidas a juicios injustos caracterizados por irregularidades procesales y la falta de imparcialidad de la fiscalía.
La destacada periodista Mzia Amaghlobeli fue detenida en dos ocasiones el 11 de enero durante una protesta en la ciudad de Batumi, la primera de ellas simplemente por pegar un adhesivo de protesta en una pared. Tras quedar en libertad, fue detenida de nuevo por el cargo de abofetear al jefe de policía de Batumi. En una vista rápida de prisión preventiva se le denegó la libertad bajo fianza. Posteriormente fue enjuiciada sin garantías, y el 5 de agosto fue condenada a dos años de prisión. Bajo custodia, su salud sufrió un grave deterioro.3
En enero, los manifestantes Omar Okribelashvili y Saba Meparishvili fueron condenados a 30 meses de prisión por causar daños a unas vallas policiales. Habían pasado ya varios meses bajo custodia, donde, según informes, se les habían infligido malos tratos. Fueron excarcelados el 14 de noviembre tras un acuerdo de sentencia que les permitía cumplir el año de condena que les quedaba en libertad condicional.
El joven Saba Jikia, de 19 años, fue condenado en julio a más de cuatro años de prisión por presuntamente dar una patada a un agente policial durante una protesta. El juicio suscitó preocupación por considerarse que no ofrecía las debidas garantías. Entre otras cosas, se habían utilizado imágenes de video controvertidas y no se habían aplicado los procedimientos de justicia para menores que en Georgia se aplicaban normalmente a las personas de 19 años.
En septiembre, un total de 19 manifestantes entre los que figuraba el actor Andro Chichinadze fueron condenados a dos años y medio de prisión tras un juicio injusto. Habían sido declarados culpables del cargo de motivación política de participar en “violencia grupal” durante las manifestaciones proeuropeas de finales de 2024.4
Entre junio y noviembre, ocho políticos de la oposición fueron detenidos y encarcelados arbitrariamente tras negarse a cooperar con una comisión parlamentaria cuya legitimidad e imparcialidad fueron ampliamente cuestionadas. Al finalizar el año, seguían privados de libertad en espera de juicio o cumpliendo condena.5
Libertad de asociación
Se recurrió a legislación represiva, procesamientos por motivos políticos y procedimientos administrativos para hostigar a grupos de la sociedad civil, medios de comunicación independientes y partidos y figuras políticas de oposición.
Al amparo de la Ley de Transparencia de la Influencia Extranjera, de 2024, las autoridades sometieron a grupos independientes de la sociedad civil a inspecciones invasivas e investigaciones penales. Se amenazó con sancionar a los que recibían financiación extranjera e intervenían en “actividades políticas” de imprecisa definición.
En agosto, las autoridades congelaron las cuentas bancarias de siete ONG alegando que éstas habían cometido actos de sabotaje al proporcionar a manifestantes suministros médicos, equipos protectores, ayuda jurídica y otros tipos de apoyo en 2024.6 Se citó reiteradamente a interrogatorio a varios cargos directivos de ONG.
En octubre, Sueño Georgiano interpuso una demanda ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de que se prohibieran tres partidos de oposición —Movimiento Nacional Unido, Coalición por el Cambio y la coalición Lelo/Georgia Fuerte—, acusándolos de intentar derrocar el orden constitucional, incitar a la protesta y socavar la integridad territorial.
Violencia por motivos de género
Las mujeres que se manifestaban eran cada vez más objeto de abusos por motivos de género, incluidos insultos sexistas, amenazas de agresión sexual y humillantes registros corporales integrales sin ropa, práctica a la que, en junio, el gobierno se había comprometido a poner fin. Pese a ello, continuaron las denuncias por este tipo de abusos,7 alimentados por la retórica misógina y sexista de altos cargos públicos.8
La lideresa opositora Elene Khoshtaria fue detenida el 28 de marzo por protestar pacíficamente frente al Parlamento. Denunció que la habían inmovilizado de forma violenta, desnudado y obligado a permanecer sin ropa bajo custodia, y que le habían denegado la medicación que precisaba.
La activista Kristina Botkoveli fue obligada a desnudarse durante un registro policial arbitrario llevado a cabo en su domicilio el 1 de febrero, lo que le provocó un ataque de pánico que requirió atención médica de urgencia.
Derecho a un medioambiente saludable
Activistas locales expresaron serios motivos de preocupación en torno a un proyecto de turismo previsto en el monumento natural cañón de Balda, y al proyecto de desarrollo urbanístico Krtsanisi Park, promovido por la empresa Eagle Hills, en Tiflis. Ambos proyectos se veían empañados por la falta de transparencia y las limitadas consultas públicas.
- Georgia: Escalating repression and arbitrary arrests threaten right to protest, 31 de octubre ↩︎
- Georgia: Government’s alleged use of toxic chemicals against protestors calls for international investigation and complete embargo on all policing equipment, 5 de diciembre ↩︎
- Georgia: Periodista georgiana puede perder la vista en prisión – Mzia Amaghlobeli, 30 de julio ↩︎
- Georgia: El actor Andro Chichinadze, encarcelado tras un juicio sin garantías, 15 de septiembre ↩︎
- Georgia: Crackdown on government critics deepens as another opposition politician is jailed, 27 de junio ↩︎
- The EU and its member states should take urgent, coordinated measures to respond to Georgia’s crackdown on civil society and human rights organisations, 10 de septiembre ↩︎
- Georgia: Women protesters are targeted with escalating violence and gender-based reprisals, 23 de mayo ↩︎
- Georgia: Elections marred by severe reprisals and risk of further violence, 3 de octubre ↩︎