Georgia 2024
El partido gobernante continuó usurpando el poder y reprimiendo la disidencia. Se aprobaron reformas legislativas que ampliaban las competencias del Estado y la policía mientras que restringían indebidamente las protestas pacíficas y socavaban la sociedad civil. La policía recurrió repetidamente al uso ilícito de la fuerza para disolver manifestaciones pacíficas, y arrestó y maltrató a cientos de manifestantes. El Parlamento aprobó nueva legislación discriminatoria. Persistían los informes de civiles en condiciones inhumanas de detención en los territorios escindidos.
Información general
En un contexto de intensas protestas públicas, el partido gobernante, Sueño Georgiano, impulsó un conjunto de iniciativas legislativas que restringían derechos humanos y socavaban tanto la sociedad civil como la independencia del poder judicial y las instituciones del Estado, lo que llevó a la Unión Europea (UE) a suspender en mayo el proceso de adhesión de Georgia. El triunfo de Sueño Georgiano en las elecciones parlamentarias de octubre, acompañado de informes generalizados de fraude electoral e intimidación, fue ampliamente discutido y desató protestas continuas y críticas internacionales. En noviembre y diciembre estallaron más protestas cuando el gobierno anunció que, a su vez, suspendería las negociaciones de adhesión a la UE.
Libertad de asociación
En mayo, el Parlamento aprobó la Ley de Transparencia de la Influencia Extranjera, que obligaba a las organizaciones que recibían más del 20% de financiación extranjera a declararse “agentes de influencia extranjera” y cumplir complejos e invasivos requisitos de supervisión y presentación de informes. Después, la ley se utilizó para estigmatizar y desacreditar a las organizaciones críticas con el gobierno. La Comisión de Venecia del Consejo de Europa consideró que esta ley violaba los derechos a la libertad de expresión y de asociación, el derecho a la privacidad y los principios de proporcionalidad y no discriminación.
El 9 de octubre, el Tribunal Constitucional aceptó una solicitud de revisión de la ley pero rehusó suspenderla en espera de su decisión.
Libertad de expresión
Las voces discrepantes, como las que se oponían a la Ley de Transparencia de la Influencia Extranjera o se manifestaban en favor de la UE, eran objeto de acoso, campañas de desprestigio y violencia. Más de una docena de activistas, en su mayoría participantes de las protestas, sufrieron violentos ataques y emboscadas a manos de agresores sin identificar, a menudo con resultado de lesiones graves que requirieron hospitalización. Algunos de estos ataques parecían estar coordinados, aprobados y animados o instigados por las autoridades.
El 11 de junio, el activista Zuka Berdzenishvili sufrió una brutal paliza cerca de su casa horas después de que el portavoz parlamentario lo acusara de participar en una campaña de motivación política contra el partido del gobierno.
Al final del año no se había investigado eficazmente ninguno de estos incidentes.
En diciembre se aprobó legislación que permitía al gobierno reestructurar las instituciones del Estado y despedir al funcionariado por razones arbitrarias y políticas. Al final del año, según los informes recibidos, más de 100 funcionarios y funcionarias que habían expresado públicamente su solidaridad con las protestas fueron despedidos arbitrariamente de sus puestos.
Libertad de reunión pacífica
Hubo protestas generalizadas, en particular contra el proyecto de Ley de Transparencia de la Influencia Extranjera en abril y mayo, contra los controvertidos resultados electorales en octubre y contra la suspensión del proceso de adhesión a la UE en noviembre.
La policía hizo un uso ilícito de la fuerza para disolver manifestaciones en gran medida pacíficas, utilizando sustancias químicas irritantes y cañones de agua desde corta distancia y sin previo aviso, y golpeando, hiriendo y deteniendo a cientos de manifestantes.1
La policía también persiguió a manifestantes fuera de las protestas, practicando registros y detenciones en sus domicilios y lugares de trabajo. Sólo en las protestas de noviembre y diciembre hubo unas 500 detenciones de manifestantes, según informes.
Además, la policía actuó contra periodistas que informaban sobre las medidas represivas. En las protestas de noviembre y diciembre, más de 50 periodistas sufrieron lesiones y trato degradante y humillante, así como destrozos en su equipo profesional a manos de la policía, o encontraron otros impedimentos para desempeñar su actividad profesional.
El 3 de mayo, varios hombres vestidos de civil se introdujeron en una multitud que se manifestaba en la capital, Tiflis, y a continuación rodearon y atacaron a manifestantes. En diciembre, manifestantes y periodistas sufrieron en varias ocasiones amenazas y ataques por parte de grupos de individuos enmascarados sin identificar mientras la policía se mantenía al margen. Ninguno de estos incidentes se investigó eficazmente, y ninguno de los agentes de policía o los individuos enmascarados que actuaron con violencia fue identificado ni obligado a rendir cuentas.
El 30 de diciembre entró en vigor nueva legislación que imponía más restricciones arbitrarias de los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, e introducía cuantiosas multas por exhibir lemas o carteles de protesta, llevar el rostro cubierto o permitir la participación de menores en protestas. Además, otorgaba a la policía la facultad de someter a una persona a detención “preventiva” hasta 48 horas por sospecharse la posible comisión de un delito.
Tortura y otros malos tratos
En las protestas de abril y mayo, más de 100 personas denunciaron malos tratos —incluidas agresiones verbales y físicas— a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley durante el arresto y bajo custodia. Las denuncias de tortura y otros malos tratos fueron especialmente generalizadas durante las protestas de noviembre y diciembre. Más de 300 personas —la mayoría de las detenidas allí— denunciaron malos tratos y, de éstas, más de 80 afirmaron haber sido hospitalizadas por lesiones graves.2
Las personas arrestadas en manifestaciones solían ser llevadas a lugares no revelados —algunos fuera de Tiflis—, privadas de contacto con familiares y representación letrada, y puestas en detención de 24 a 48 horas sin una justificación razonable, como exigía la legislación nacional. En varios casos se negó tratamiento médico o cirugía de emergencia a personas detenidas que estaban heridas.
El 14 de mayo, varios agentes de policía se grabaron golpeando y estrangulando a un manifestante pacífico, Davit Katsarava, quien tuvo que ser hospitalizado con conmoción cerebral grave y fracturas óseas faciales. El 24 de julio se le impuso una multa de 2.000 laris (720 dólares estadounidenses) por supuesta desobediencia a la policía. La investigación abierta sobre sus denuncias de tortura no había dado resultados al final del año.
Juicios injustos
En cientos de vistas judiciales sin las debidas garantías que sucedieron a las protestas de abril-mayo y noviembre-diciembre, los tribunales impusieron sanciones administrativas a manifestantes antigubernamentales por supuestos delitos como vandalismo leve y desobediencia a la policía.
Se procesó a más de 50 manifestantes por cargos falsos relacionados con las protestas, entre ellos obstrucción de instalaciones estratégicas, violencia en grupo, daños criminales y alteración del orden público. Algunas de estas personas denunciaron haber sido coaccionadas para firmar confesiones forzadas en ausencia de representación letrada. La mayoría de los juicios seguían pendientes al final del año.
Omar Okribashvili y Saba Meparishvili fueron arrestados el 14 de mayo por daños en las barreras provisionales instaladas por la policía y acusados de delitos punibles con entre tres y seis años de prisión.
Derecho a un medioambiente saludable
En agosto, un tribunal dictó resoluciones judiciales contra las manifestaciones iniciadas en marzo por residentes de Shukruti, en la región de Chiatura, quienes acusaban a una empresa minera de dañar sus casas y tierras de cultivo con la extracción de manganeso sin indemnizarlos debidamente. A fecha de septiembre, varias de estas personas se habían trasladado a Tiflis e iniciado huelgas de hambre ante el Parlamento para exigir la intervención del gobierno y una evaluación de daños independiente. Las negociaciones entre manifestantes y empresa, con la mediación del gobierno, no dieron ningún resultado significativo.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
El 17 de septiembre, el Parlamento aprobó una ley sobre “valores familiares y protección de menores” que contenía numerosas medidas homófobas y tránsfobas, entre ellas la prohibición de difundir información o celebrar reuniones públicas si se consideraba que promovían las relaciones entre personas del mismo sexo. Al día siguiente mataron en su domicilio a una mujer trans muy conocida. Activistas de los derechos LGBTI expresaron su preocupación por que la nueva ley, y la retórica del gobierno que la precedía, promovía el crimen homófobo y tránsfobo.
Abjasia y Osetia del Sur / Región de Tsjinvali
Derecho a la vida
El 9 de abril, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que Rusia había incurrido en violaciones de diversos derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, al establecer y vigilar las fronteras de los territorios escindidos de Abjasia y Osetia del Sur, y resolvió que los incidentes en la frontera eran “lo bastante numerosos e interrelacionados” para concluir que Rusia permitía la comisión de violaciones sistemáticas de derechos.
Condiciones de reclusión inhumanas
Durante todo el año hubo informes de civiles sometidos a detención en la región de Osetia del Sur en duras condiciones y con acceso limitado a representación letrada o asistencia médica.