Sudáfrica 2025
Los niveles de violencia de género seguían siendo altos. La tasa de asesinatos se mantuvo elevada, mientras que el gobierno disolvió el equipo de trabajo policial sobre homicidios políticos. Continuaron con impunidad las amenazas y los homicidios contra defensores y defensoras de los derechos humanos. El Departamento de Educación Básica incumplió su promesa de erradicar las letrinas de pozo de las escuelas. Continuaban las demandas judiciales contra la Ley del Seguro Nacional de Salud. Persistían los cortes de agua en todo el país. Un grupo parapolicial xenófobo acosó a personas migrantes y les impidió acceder a los servicios de salud y educación. Continuó el proceso judicial contra ocho agentes de la unidad de protección de personalidades a quienes se acusaba de agresión. Las inundaciones afectaron de manera desproporcionada a quienes residían en asentamientos informales.
Información general
Sudáfrica asumió la presidencia del G20 entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.
Las relaciones diplomáticas con Estados Unidos se tensaron tras la campaña de desinformación emprendida por el gobierno estadounidense sobre un “genocidio blanco” en Sudáfrica y el programa especial estadounidense de reasentamiento de refugiados para afrikáners, así como tras la imposición de aranceles selectivos por parte de Estados Unidos y la no renovación de la Ley de Crecimiento y Oportunidades para África.
Según las estadísticas oficiales, el 31,9% de la población en edad de trabajar estaba desempleada, y el porcentaje ascendía al 58,5% entre las personas de 15 a 24 años.
En agosto, el presidente Cyril Ramaphosa inauguró el proceso de Diálogo Nacional, concebido como un espacio para que la población sudafricana reflexionara sobre la situación del país y su futuro y sentara las bases para el siguiente Plan Nacional de Desarrollo destinado a abordar la pobreza y la desigualdad. A raíz de las preocupaciones de la sociedad civil sobre la asignación presupuestaria inicial de 700 millones de rands sudafricanos (aproximadamente 40,8 millones de dólares estadounidenses) para el Diálogo Nacional, su falta de transparencia y la posible gestión indebida de los fondos, el gobierno redujo el presupuesto estimado a 485 millones de rands.
Violencia por motivos de género
Los niveles de violencia de género seguían siendo altos. Según las estadísticas más recientes sobre delincuencia, entre julio y septiembre se denunciaron 12.787 delitos sexuales, de los cuales 10.154 fueron violaciones.
La cuestión del retraso en las pruebas forenses de ADN volvió a surgir en marzo, cuando el Laboratorio de Ciencias Forenses de la policía confirmó que la lista de espera superaba los 140.000 casos. Esta situación amenazaba la tramitación y la posibilidad de enjuiciamiento tanto de los casos de violencia de género como de otros.
En mayo, tres personas fueron declaradas culpables del secuestro y la trata de Joshlin Smith, de seis años, cuyo paradero seguía sin conocerse desde su desaparición en febrero de 2024. La madre de la pequeña se hallaba entre las personas declaradas culpables.
Ocho años después del asesinato de Popi Qwabe y Bongeka Phungula, nadie había rendido cuentas ante la justicia. La indagatoria judicial sobre los asesinatos, iniciada en 2023, seguía paralizada. En un principio, el Ministerio Fiscal Nacional no había podido iniciar el procesamiento por falta de pruebas, y el caso se había transferido al Departamento de Justicia, que había abierto la indagatoria. Las dos mujeres habían sido asesinadas a tiros durante una salida nocturna y sus cadáveres habían aparecido abandonados al borde de una carretera en Johannesburgo.
En febrero se difundió en las redes sociales un vídeo en el que se veía a dos mujeres policías agredir a una mujer que había denunciado violencia de género en el ámbito familiar. Más tarde, ese mismo mes, las agentes fueron detenidas, comparecieron ante un tribunal de Bloemfontein, en la provincia de Estado Libre, y quedaron en libertad bajo fianza en espera de juicio.
Derecho a la vida y a la seguridad de la persona
La tasa de asesinatos seguía siendo alta. La policía registró 5.794 casos entre julio y septiembre.
Continuaban las amenazas y los homicidios contra defensores y defensoras de los derechos humanos y denunciantes de irregularidades, al igual que continuaba la impunidad de los autores. Salvo una convocatoria para que se presentaran aportaciones sobre un documento de debate en 2023, el Departamento de Justicia y Desarrollo Constitucional no había adoptado medidas para reforzar la legislación destinada a proteger a quienes denunciaban irregularidades.
La investigación sobre quién había ordenado el asesinato de la denunciante de irregularidades Babita Deokaran seguía en curso cuatro años después de su muerte.
El Servicio de Policía de Sudáfrica no proporcionó protección ni llevó a cabo investigaciones eficaces y exhaustivas sobre los homicidios cometidos entre 2018 y 2022 contra miembros de Abahlali baseMjondolo, un movimiento de habitantes de asentamientos informales. Aunque ocho miembros del movimiento habían sido asesinados durante ese periodo por su activismo, sólo se obtuvo una declaración de culpabilidad en uno de los casos. No se informó públicamente sobre las investigaciones de los siete casos restantes.
En febrero, Muhsin Hendricks, el primer imán abiertamente homosexual y defensor de los derechos humanos de las personas LGBTI, fue asesinado cuando se dirigía a oficiar dos bodas. En marzo, Pamela Mabini, denunciante de irregularidades que hacía campaña contra la violencia de género y apoyaba a testigos en el juicio por violación contra el televangelista Timothy Omotoso, fue asesinada frente a su casa. En septiembre, Bouwer Van Niekerk, abogado especializado en insolvencia, fue asesinado en su despacho días después de recibir amenazas de muerte en relación con su papel en un caso de insolvencia vinculado a un presunto esquema Ponzi (una variante de la estafa piramidal). En ninguno de estos casos se llevó a los autores ante la justicia.
En julio, el comisario de policía de la provincia de KwaZulu-Natal anunció que en el sistema de justicia penal existían injerencias políticas y corrupción que incluían la connivencia de las fuerzas del orden con organizaciones delictivas, la injerencia del gobierno en las investigaciones policiales y el abuso de poder por parte del ministro de Policía en relación con la disolución, sin consulta ni explicación, del equipo de trabajo sobre asesinatos políticos. El presidente Ramaphosa respondió anunciando el nombramiento de una comisión de investigación para examinar las denuncias, junto con la “baja” inmediata del ministro de Policía.
Derecho a la educación
Transcurrido más de un año desde la muerte, a los tres años de edad, de Unecebo Mboteni, fallecido tras caer en una letrina de pozo en una escuela infantil de la provincia de Cabo Oriental, su familia no había recibido justicia. En abril, el Departamento de Educación Básica afirmó que había erradicado el 96% de las letrinas de pozo en las escuelas que formaban parte de la iniciativa Saneamiento Adecuado para la Educación (SAFE, por sus siglas en inglés). Según un informe del Sistema de Gestión de Instalaciones Educativas, se estimaba que 448 escuelas (sólo algunas de las cuales formaban parte de la iniciativa SAFE) seguían utilizando letrinas de pozo. Sin embargo, la ministra de Educación Básica afirmó que su departamento llevaría a cabo una nueva auditoría de saneamiento.
Derecho a la salud
Los recortes de Estados Unidos en la ayuda exterior pusieron fin a la financiación de muchas organizaciones que prestaban servicios relacionados con el VIH en todo el país y eliminaron importantes fondos destinados a la investigación sobre el VIH y la tuberculosis en las universidades sudafricanas. Antes de los recortes, el Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA, estadounidense, aportaba el 18% del presupuesto de los servicios relacionados con el VIH en Sudáfrica. Aproximadamente el 17% de las personas de entre 15 y 49 años vivían con el VIH en Sudáfrica, que sufría la mayor epidemia de VIH del mundo.
Se estaban tramitando varias demandas judiciales contra la Ley del Seguro Nacional de Salud ante el Tribunal Constitucional y otros órganos. Incluían alegaciones de que la ley era inconstitucional y podía obstaculizar aún más el acceso a una atención sanitaria de calidad.
Derecho al agua
Los cortes del suministro de agua continuaron en todo el país, con crisis agudas en las provincias de Gauteng y KwaZulu-Natal. La población residente en West Rand, en Gauteng, inició protestas tras pasar más de un mes sin agua. El Departamento de Agua y Saneamiento seguía perdiendo miles de millones de rands debido a su deficiente dirección y planificación, y a los retrasos en la ejecución de los proyectos. En su informe anual publicado en septiembre, el Departamento señaló que existía un importante y creciente retraso en el mantenimiento y la renovación de la infraestructura nacional de recursos hídricos. En su discurso sobre el estado de la Nación pronunciado en febrero, el presidente Ramaphosa reconoció que la situación del agua en Sudáfrica se había convertido en una “crisis”.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
El grupo parapolicial xenófobo Operación Dudula acosó a personas migrantes y les negó la entrada a hospitales y clínicas. Como consecuencia, un bebé de un año murió por no poder recibir tratamiento en la Clínica Alexandra de Johannesburgo en julio. Posteriormente, Operación Dudula advirtió a las escuelas que no admitieran menores extranjeros indocumentados, lo que violaba el artículo 29 de la Constitución, que garantiza el derecho a la educación básica para todas las personas. En noviembre, el Tribunal Superior de Gauteng Meridional dictó una orden contra Operación Dudula por la que le prohibía acosar e intimidar a personas migrantes que accedieran a servicios.
En mayo, el Tribunal Superior de la Provincia de Cabo Occidental determinó que algunos artículos de la Ley de Refugiados que negaban acceso al sistema de asilo a nuevos solicitantes eran inconstitucionales. El asunto estaba pendiente de confirmación en el Tribunal Constitucional.
El gobierno siguió adelante con el Libro Blanco sobre Ciudadanía, Inmigración y Protección de Refugiados que el Consejo de Ministros había aprobado en 2024. Algunas organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación, especialmente por la descripción negativa de la migración que se daba en el texto, las investigaciones incorrectas utilizadas para justificar los límites a la migración y la propuesta de retirar a Sudáfrica de la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados y volver a adherirse a ella con reservas que reducirían significativamente los derechos constitucionales de las personas refugiadas y, a la vez, violarían obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional.
Uso ilícito de la fuerza
Ocho agentes de la unidad de protección del vicepresidente fueron absueltos en un procedimiento disciplinario interno del Servicio de Policía de Sudáfrica que tuvo lugar en mayo. Los agentes habían sido grabados agrediendo a tres miembros de las Fuerzas de Defensa Nacional de Sudáfrica en 2023 y se enfrentaban a 12 cargos en un proceso judicial en curso; los cargos incluían agresión con intención de causar lesiones corporales graves, agresión por medio de amenazas y obstrucción a la justicia. La fecha de su juicio estaba fijada para marzo de 2026.
Derecho a un medioambiente saludable
Algunas zonas de las provincias de KwaZulu-Natal, Cabo Oriental y Cabo Occidental sufrieron inundaciones extremas que ocasionaron cientos de muertes y la destrucción de miles de viviendas.
Las personas que vivían en asentamientos informales se vieron afectadas de manera desproporcionada por las inundaciones, cuya frecuencia e intensidad se preveía que aumentaría debido al cambio climático.
Millones de residentes de asentamientos informales seguían sin acceso a servicios básicos, como agua potable, retretes, recogida de basuras y electricidad.
Sudáfrica bajó tres puestos en la clasificación de países del índice de desempeño frente al cambio climático, hasta el puesto 41, lo que la convirtió en un país de “bajo desempeño climático”. Tras la retirada en marzo del apoyo de Estados Unidos al programa Transición Energética Justa (JET, por sus siglas en inglés) de Sudáfrica, la UE se comprometió a aportar un paquete de inversión Global Gateway —combinación de subvenciones y préstamos— de 4.700 millones de euros, de los cuales 4.500 millones se destinarían al programa JET.