SUDÁFRICA 2020

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SUDÁFRICA 2020

El uso de fuerza excesiva y medios letales por las fuerzas de seguridad aumentó durante el confinamiento asociado a la COVID-19. Al menos 115 personas murieron bajo custodia policial. Los incidentes de violencia de género aumentaron notablemente. El sistema de asilo falló a quienes más lo necesitaban, e inmigrantes y otras personas de nacionalidad extranjera fueron objeto de campañas xenófobas en las redes sociales. El personal sanitario corría especial riesgo de contraer la COVID-19 debido a la falta de equipos de protección individual, mientras que el acceso de las mujeres a servicios de salud sexual y reproductiva se restringió. La población infantil hacía frente a importantes desigualdades y privaciones en el sistema de enseñanza pública. Millones de personas no tenían acceso a agua apta para el consumo, y el confinamiento impuso una carga adicional a las mujeres, que debían recorrer grandes distancias en busca de ella.

Información general

El presidente siguió liderando iniciativas nacionales y regionales para resolver la inestabilidad política y abordar la necesidad de reformas en materia de derechos humanos en Lesoto y Zimbabue.

La comisión de investigación sobre las denuncias de corrupción y otros abusos de poder cometidos en una situación de “captura del Estado” durante el mandato del expresidente Zuma siguió recabando testimonios. Jacob Zuma había sido destituido de su cargo en 2018 por el Congreso Nacional Africano (ANC).

El 15 de marzo, en respuesta a la pandemia de COVID-19, el presidente declaró el estado nacional de desastre, para el que se invocó, a su vez, la Ley de Gestión de Desastres de 2002. El 27 de marzo se impuso en todo el país un confinamiento que amenazó con menoscabar el derecho a la libertad de circulación y de asociación y se atenuó en agosto.

El presidente creó un equipo ministerial para investigar denuncias de corrupción relacionadas con la COVID-19 en cuestiones tales como la adquisición de equipos de protección individual y la ayuda alimentaria, que presuntamente había sido distribuida por políticos alineados con el Congreso Nacional Africano (ANC) de una manera que favorecía a determinadas comunidades.

Varios medios de comunicación se vieron obligados a cerrar, reducir el personal o recortar salarios debido al impacto de la pandemia en los ingresos por publicidad.

Uso excesivo de la fuerza

En marzo, las autoridades desplegaron en las calles a unos 76.000 efectivos de la Fuerza de Defensa Nacional de Sudáfrica y agentes de policía para hacer cumplir las restricciones asociadas al confinamiento. No tardaron en trascender informes generalizados de uso, a veces innecesario, de fuerza excesiva y medios letales contra la población.

La Dirección General de Investigación Independiente de la Policía, órgano oficial de supervisión, recibió 828 denuncias de conducta policial indebida entre el 25 de marzo y el 5 de mayo. Entre ellas figuraban 16 casos de muerte bajo custodia policial, 32 de muerte como consecuencia de la actuación policial, 8 de violación perpetrada por agentes de policía, 25 de tortura bajo custodia y 589 de agresión.

El 7 de abril, agentes del Servicio de Policía de Sudáfrica dispararon balas de goma contra personas sin hogar que vivían en un campamento en los terrenos deportivos de Strandfontein, en Ciudad del Cabo, cuando protestaban por sus precarias condiciones de vida, incluida la falta de alimentos.1

En agosto, la policía disparó balas de goma y granadas aturdidoras contra manifestantes que se habían congregado pacíficamente frente al Parlamento en Ciudad del Cabo para conmemorar el primer aniversario del asesinato de la estudiante Uyinene Mrwetyana y para protestar por el aumento de la violencia de género, y detuvo a 18 manifestantes. Uyinene Mrwetyana había sido violada y asesinada en Ciudad del Cabo por un empleado de correos.

Homicidios ilegítimos

Elma Robyn Montsumi, trabajadora sexual de 39 años, murió bajo custodia en circunstancias sospechosas en la comisaría de policía de Mowbray, en Ciudad del Cabo, cuatro días después de haber sido detenida el 9 de abril por presunta posesión de drogas. La policía sostuvo que se había suicidado, y la Dirección General de Investigación Independiente de la Policía afirmó que estaba examinando las circunstancias del caso. Al terminar el año no se había detenido a nadie en relación con su muerte.

Collins Khosa murió el 10 de abril en Alexandra, una barriada situada al norte de Johannesburgo, tras ser agredido y golpeado brutalmente por miembros de la Fuerza de Defensa Nacional de Sudáfrica y del Departamento de Policía Metropolitana de Johannesburgo. Sus agresores lo habían acusado de vulnerar las normas del confinamiento al hallar un vaso de cerveza a medio consumir en su patio. Las autoridades habían prohibido el consumo de alcohol durante el confinamiento.2 El 19 de agosto, el Defensor del Pueblo para Asuntos Militares determinó que los efectivos de la Fuerza de Defensa Nacional de Sudáfrica implicados en el homicidio habían actuado “indebidamente”.

Entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre, la Dirección General de Investigación Independiente de la Policía detuvo a tres agentes de policía acusados del asesinato de Nathaniel Julies (un niño de 16 años con discapacidad), cometido el 26 de agosto en Eldorado Park, al sur de Johannesburgo. Presuntamente, el niño se había negado a responder a sus preguntas y entonces dispararon contra él.

Violencia por motivos de género

La violencia de género siguió aumentando hasta alcanzar un índice casi cinco veces mayor que la media mundial. El presidente calificó este incremento de “guerra” contra las mujeres. Los informes de violación y agresión sexual aumentaron un 1,7% en el primer trimestre del año, con más de 42.000 violaciones denunciadas en el periodo 2019-2020 y casi 144 delitos sexuales diarios. Esta forma de violencia aumentó en el periodo de confinamiento, en cuya primera semana la policía recibió más de 2.300 denuncias. Según informes, 21 mujeres perdieron la vida sólo en junio. Una de ellas fue Tshegofatso Pule —de 28 años y embarazada—, vecina de la localidad de Roodepoort (al oeste de Johannesburgo), a quien encontraron colgada de un árbol con múltiples heridas de arma blanca. Un hombre fue acusado del asesinato y estaba en espera de juicio al finalizar el año.

Derechos sexuales y reproductivos

Durante el confinamiento, las organizaciones médicas y de la sociedad civil documentaron denuncias relacionadas con la falta de disponibilidad o acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, incluido el aborto sin riesgos.

Personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes

El sistema de asilo falló a quienes más lo necesitaban y dejó a las personas solicitantes de asilo y migrantes en una situación jurídica incierta. En enero entró en vigor la Ley de Reforma de la Ley Refugiados, que, en opinión de muchos observadores, menoscababa gravemente el marco jurídico y de derechos humanos aplicado por Sudáfrica a las personas refugiadas, así como su obligación internacional de protegerlas.

Durante el confinamiento fue especialmente notable el incumplimiento las obligaciones constitucionales e internacionales de las autoridades para con las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes indocumentadas. Los programas de ayuda y los mecanismos de asistencia social establecidos por el gobierno con motivo de la COVID-19 sólo estaban disponibles para quienes tuvieran documento de identidad nacional. En junio, una demanda judicial interpuesta por la organización de la sociedad civil Centro Scalabrini permitió que algunas personas solicitantes de asilo o con permisos especiales recibieran durante seis meses un subsidio de asistencia social para situaciones de necesidad por la COVID-19. Las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes —al igual que los ciudadanos sudafricanos— no podían trabajar en la economía informal que con anterioridad permitía su subsistencia. Durante el periodo en que el confinamiento se aplicó con mayor rigor sólo estuvo autorizado el funcionamiento de la tiendas de conveniencia (spaza) propiedad de sudafricanos. En agosto, el presidente anunció su apoyo a una iniciativa presentada por el Departamento de Desarrollo de Pequeñas Empresas en 2019 para elaborar legislación que restringiera el acceso de extranjeros al trabajo en algunos sectores de la economía.

Una campaña maliciosa en Twitter, #PutSouthAfricaFirst, hizo uso de un peligroso discurso xenófobo en el contexto de la COVID-19 y se dirigió específicamente contra la población migrante africana, a la que se acusaba de robar los puestos de trabajo y agotar los recursos de salud pública. Según los medios de comunicación, en septiembre los ciudadanos sudafricanos saquearon o causaron daños en 124 spaza propiedad de extranjeros y otros negocios en el municipio de Thokoza, al sur de Johannesburgo.

Derecho a verdad, justicia y reparación

Al terminar el año, las familias de 34 mineros y otras 10 personas a quienes agentes del Servicio de Policía de Sudáfrica habían matado ilegítimamente en 2012 en Marikana, localidad minera de la provincia de Noroeste, seguían esperando justicia y reparación, incluida una indemnización adecuada por su pérdida. La policía había respondido con medios letales innecesarios a una huelga en la mina de Marikana propiedad de Lonmin Mine plc, cerca de la ciudad de Rustenburg (provincia de Noroeste). Más de 70 personas resultaron heridas de gravedad por los disparos, en algunos casos con resultado de discapacidad permanente y la consiguiente pérdida del empleo.

Derecho a la salud

A principios de agosto, al menos 240 profesionales sanitarios habían muerto tras contraer la COVID-19.3 El 30 de septiembre, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza, la Salud y Afines protestó frente al Parlamento contra el incumplimiento por parte de las autoridades de sus demandas de equipos de protección individual y de una remuneración justa que reflejase los riesgos para la salud derivados de su exposición a la COVID-19 en el trabajo. Su situación se agravó al negárseles el aumento salarial anual como consecuencia de la debilidad de la economía y la abultada masa salarial del funcionariado público. En julio aumentó el número de muertes relacionadas con la COVID-19 en la población en su conjunto, y había más de medio millón de casos confirmados en el país. El aumento del número de casos de COVID-19 y muertes consiguientes se aceleró a finales de diciembre, durante el periodo de vacaciones.

Derecho a la educación

El sistema de enseñanza pública, uno de los más desiguales del mundo, siguió caracterizándose por las infraestructuras deterioradas y peligrosas, las aulas abarrotadas y los deficientes resultados educativos que perpetuaban la desigualdad, sobre todo entre quienes vivían en la pobreza. Más del 75% de los niños y niñas de 9 años no sabían leer correctamente, entre el 50 y el 60% llegaban sólo hasta la enseñanza secundaria (y de éstos, únicamente en torno a entre el 40 y el 50% aprobaban el ciclo), mientras que sólo el 14% llegaban a la universidad.4

Quienes asistían a centros escolares con insuficiente financiación se veían obligados a estudiar en condiciones inadecuadas. En esos centros, la higiene era deficiente y tenían que usar letrinas de pozo que contravenían la legislación sobre salud y seguridad.5

La desigualdad educativa se agravó aún más cuando la pandemia dio lugar al cierre de centros escolares y el alumnado de las comunidades más pobres no tuvo acceso a la enseñanza a distancia. Mientras tanto, el gobierno suspendió el programa nacional de alimentación escolar del que se beneficiaban más de 9 millones de estudiantes. Las autoridades no aprovecharon el cierre de los centros para mejorar las infraestructuras escolares. El alumnado y el personal que regresaron a la escuela en agosto no tenían agua, saneamiento ni equipos de protección individual adecuados, y las condiciones de enseñanza y aprendizaje les impedían mantener el distanciamiento físico. Mientras tanto, el gobierno desvió para proyectos relacionados con la COVID-19 los fondos que había prometido para la mejora de infraestructuras en unas 2.000 escuelas.

Derecho al agua

Según el Plan General Nacional de Agua y Saneamiento, unos 5,5 millones de hogares no tenían acceso fiable a agua apta para el consumo como consecuencia de la deficiente gestión de las infraestructuras y la falta de inversión en servicios de suministro de agua. La pandemia de COVID-19 agravó los problemas de acceso a agua y los riesgos sanitarios derivados de la consiguiente falta de higiene. Por ejemplo, muchas personas —especialmente las mujeres— debían recorrer a pie grandes distancias en busca de agua apta para el consumo. Las mujeres de la región de QwaQwa, en la provincia de Estado Libre (entre el centro y el noreste del país), afirmaron que su salud se resentía al tener que recorrer grandes distancias transportando pesados baldes de agua. En otros casos, la población dependía de la lluvia para abastecerse de agua, y a veces se veía obligada a infringir la normativa del confinamiento para ir a poblados vecinos —exponiéndose a multas o detención— y descubrir al llegar que el agua no era apta para el consumo.

Según información oficial, entre marzo y agosto el Departamento de Agua y Saneamiento entregó 18.678 tanques de agua a 158 municipios y distritos, abasteciendo así a 407.665 hogares.


  1. South Africa: Use of excessive force against protesters worrying (noticia, 9 de abril)
  2. South Africa: Call for independent investigation into Collins Khosa’s death (noticia, 11 de junio)
  3. Global: Análisis de Amnistía revela que más de 7.000 profesionales de la salud han muerto a causa de la COVID-19 (noticia, 3 de septiembre)
  4. South Africa: Broken and unequal education perpetuating poverty and inequality (noticia, 11 de febrero)
  5. Broken and unequal: The state of education in South Africa (AFR 53/1705/2020)