Resumen

Continuaban los altos niveles de violencia de género; las personas agresoras gozaban de impunidad y la Defensoría del Pueblo concluyó que el sistema de justicia penal desatendía a las víctimas. La tasa de asesinatos seguía siendo elevada, y la capacidad de la policía para investigar debidamente estos delitos disminuyó. La policía no brindaba protección a los defensores y defensoras de los derechos humanos objeto de amenaza. El Departamento de Educación Básica incumplió su promesa de erradicar las letrinas de pozo de las escuelas. Se firmó la entrada en vigor de la Ley del Seguro Nacional de Salud, lo que dio lugar a impugnaciones jurídicas. Había escasez de agua en todo el país. El gabinete adoptó un libro blanco que amenazaba con erosionar los derechos de las personas refugiadas. La policía seguía utilizando fuerza excesiva. La Comisión Presidencial sobre el Clima constató que, pese al firme compromiso para hacer frente al cambio climático, los avances eran lentos.