Los incidentes de violencia por motivos de género aumentaron notablemente y se restringió el acceso de las mujeres a la atención en salud sexual y reproductiva. Los niños y niñas hacían frente a considerables desigualdades en el sistema de educación pública, agravadas por la COVID-19, y hasta 500.000 niños y niñas abandonaron sus estudios durante la pandemia. Hubo numerosos casos de presunta corrupción en los departamentos de salud provinciales. Había millones de personas sin acceso a saneamiento y agua adecuados. Se produjeron ataques xenófobos contra negocios de propiedad extranjera, y las personas migrantes indocumentadas eran excluidas de la campaña de vacunación. Las fuerzas de seguridad continuaron usando fuerza excesiva contra quienes se manifestaban de forma pacífica, y cientos de personas murieron como consecuencia de acciones policiales. Los disturbios violentos en dos provincias, desencadenados por la detención del expresidente Jacob Zuma, se saldaron con la muerte de al menos 360 personas y pérdidas de empleos, ahondando así la desigualdad. Las autoridades no garantizaron que la industria minera cumpliera las normas que impedirían violaciones de derechos humanos contra las comunidades. Aparecieron datos sobre la complicidad de Sudáfrica en crímenes de guerra cometidos en Yemen. Las personas dedicadas al activismo ambiental temían que un proyecto de prospección petrolífera que se había propuesto pusiera en peligro la fauna marina.
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