República Democrática del Congo 2022
En República Democrática del Congo continuaron las graves violaciones de derechos humanos, tales como homicidios en masa en el marco del conflicto armado y de la violencia entre comunidades, represión de la disidencia y malos tratos a las personas detenidas. La población de las regiones afectadas por el conflicto armado, como el este del país, sufría especialmente en un contexto de desplazamiento masivo y de intensificación de la crisis humanitaria. Las autoridades continuaron demostrando falta de voluntad política para hacer rendir cuentas a quienes habían cometido violaciones de derechos humanos. Se vulneró el derecho a la educación.
Información general
Continuaban los conflictos armados en varias partes de República Democrática del Congo, incluidas las provincias de Kivu Septentrional, Kivu Meridional, Ituri, Tanganika, Kasai Oriental, Kasai Central, Kasai y Mai-Ndombe. La reaparición del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) en la provincia de Kivu Septentrional agravó la crisis humanitaria y de seguridad en el este del país, al tiempo que reavivaba las tensiones militares y políticas con Ruanda. Las tensiones entre ambos países generaron una nueva ola de manifestaciones contra Ruanda y contra la ONU.
Hubo nuevos repuntes de violencia entre comunidades en las regiones del centro y del oeste. En agosto hubo un estallido de violencia entre las comunidades de los grupos tribales teke y yaka en el territorio de Kwamouth, en la provincia occidental de Mai-Ndombe, en un contexto de disputas no resueltas por las tierras y el poder tradicional. Hasta septiembre, la violencia había causado la muerte a al menos 150 personas y heridas a cientos más, y había obligado a desplazarse a más de 11.000. Se quemaron cientos de casas y se saquearon bienes, mientras la violencia se propagaba a las provincias vecinas de Kwilu y Kwango.
La incertidumbre en cuanto a la capacidad o la voluntad del gobierno de aplicar las disposiciones constitucionales para las elecciones generales de 2023 continuó alimentando tensiones políticas al tiempo que el gobierno intensificaba la represión de las voces disidentes. La corrupción y el despilfarro de recursos públicos persistieron y continuaron básicamente impunes, lo que dificultó el cumplimiento de las promesas del presidente Tshisekedi de mejorar las condiciones económicas y sociales de la población, incluido el compromiso de garantizar el acceso universal a educación básica y atención de la salud.
Abusos cometidos por grupos armados
Se intensificaron los ataques contra civiles en el este de República Democrática del Congo. Las intervenciones militares de fuerzas de la ONU y de fuerzas de la Comunidad de África Oriental, como Uganda y Burundi, no dieron lugar a una reducción de los ataques de los grupos armados contra la población civil.
Los grupos armados mataron ilegítimamente a más de 1.800 civiles e hirieron a miles en las provincias orientales de Ituri, Kivu Septentrional y Kivu Meridional, según la ONU.
En Ituri, la Cooperativa para el Desarrollo del Congo (CODECO), grupo armado compuesto principalmente por miembros del grupo étnico lendu, intensificó los ataques indiscriminados contra los grupos étnicos aluur y hema. Según el Observatorio de la Seguridad de Kivu, el 8 de mayo, en uno de sus ataques más mortíferos, este grupo armado mató al menos a 52 personas desarmadas —incluidos niños y niñas y personas de edad avanzada— en el poblado de Kablangete, dedicado a la minería de oro. También violaron al menos a 6 mujeres.
Una investigación preliminar de la ONU sobre los ataques del 29 y 30 de noviembre concluyó que los rebeldes del M23 habían matado al menos a 131 civiles y violado al menos a 22 mujeres en los poblados de Kishishe y Bambo, provincia de Kivu Septentrional, como represalia por los enfrentamientos entre el M23 y grupos rivales armados.
Derechos de las personas internamente desplazadas
Según el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, durante el año se vieron forzadas a huir de sus hogares 600.000 personas más, con lo que la cifra de personas internamente desplazadas en todo el país se acercaba a los 6 millones (más que en ningún otro país de África), frente a los 5,5 millones de 2021.
Los grupos armados siguieron perpetrando ataques dirigidos contra personas internamente desplazadas en el este de República Democrática del Congo, en los que mataron a cientos de personas, hirieron a muchas otras y obligaron a desplazarse a decenas de miles. Sólo en Kivu Septentrional, los combates entre el ejército congoleño y las fuerzas del grupo rebelde M23 obligaron a huir de sus hogares a más de 200.000 personas.
Los datos recopilados por la ONU mostraban que al menos 250 personas internamente desplazadas habían muerto durante el año a consecuencia de los ataques deliberados contra los campos donde vivían, en el este del país, y sólo en Ituri habían perdido la vida 180. El 1 de febrero, combatientes de la CODECO atacaron el campo de personas internamente desplazadas de Plaine Savo, en Ituri, y mataron al menos a 62 civiles e hirieron a decenas más, según la ONU. El campo albergaba a más de 24.000 personas que habían huido de la violencia en el territorio de Djugu en 2019. En junio, unos hombres armados atacaron el campo de personas internamente desplazadas de Rujagati, en Kivu Septentrional, y mataron a 7 civiles. En la provincia de Kivu Meridional, al menos 10 integrantes de la comunidad banyamulenge murieron entre mayo y octubre durante unos ataques contra los campos de personas internamente desplazadas donde vivían, en los alrededores de las localidades de Minembwe y Fizi. En varias ocasiones, las fuerzas de seguridad congoleñas y la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo —cuyo principal mandato era la protección de la población civil— no actuaron para impedir ni detener estos ataques, ni siquiera cuando habían sido advertidas a través de los mecanismos de alerta comunitaria existentes.
Homicidios ilegítimos
En el oeste del país, en respuesta a la violencia entre comunidades, miembros de las fuerzas armadas y de la policía congoleña —desplegados como refuerzos desde la capital, Kinshasa— fueron acusados por grupos locales de derechos humanos de cometer violaciones graves de estos derechos, entre ellas ejecuciones sumarias, violaciones sexuales, detenciones arbitrarias y saqueo de bienes. En diciembre, el tribunal de la guarnición militar de Bandundu condenó a 3 oficiales del ejército congoleño a muerte y a penas de entre uno y 9 años de prisión, respectivamente, por varios delitos, incluido el homicidio en noviembre de 3 civiles en las localidades de Fadiaka y Bagata. Al terminar el año, otros 28 soldados estaban en espera de ser juzgados en relación con delitos similares cometidos en la región.
Negación de acceso humanitario
Más del 64% de la población del país vivía con menos de 2,15 dólares estadounidenses al día, según el Banco Mundial, mientras que 27 millones de personas, entre ellas 3,4 millones de niños y niñas, padecían inseguridad alimentaria, según el Programa Mundial de Alimentos.
Además de las limitaciones físicas, como las deficientes condiciones de las carreteras, los implacables ataques de grupos armados y las operaciones militares dificultaban cada vez más el acceso humanitario. Tal fue el caso, en particular, en las provincias del este, que albergaban a la mayoría de las personas internamente desplazadas. En Kivu Septentrional, especialmente en la ciudad de Beni, el uso cada vez más frecuente de artefactos explosivos suponía una amenaza para el personal de ayuda humanitaria y la población civil. Presuntos combatientes de las Fuerzas Democráticas Aliadas (grupo rebelde ugandés considerado entidad terrorista por los gobiernos congoleño y ugandés) llevaron a cabo múltiples ataques en la carretera Beni-Kasindi, una importante ruta comercial entre República Democrática del Congo y Uganda, lo que limitó el acceso humanitario. En el territorio de Rutshuru, las zonas controladas por el grupo rebelde M23 quedaron casi totalmente aisladas de la ayuda humanitaria, incluidos servicios de salud esenciales, a partir de mayo. Los controles de seguridad generalizados efectuados por grupos armados, y otras restricciones deliberadas de la circulación impuestas tanto por fuerzas gubernamentales como por grupos armados en Ituri, Kivu Meridional y Kivu Septentrional, impidieron el acceso de las comunidades a ayuda vital, como alimentos, agua y atención de la salud.
Ataques contra personal de ayuda humanitaria
Continuaron los ataques contra personal local e internacional de ayuda humanitaria, especialmente en las provincias del este, que se saldaron con al menos 4 personas muertas, varias heridas, y 10 secuestradas sólo durante la primera mitad del año. El 7 de enero, la ONG Concern Worldwide declaró que 3 de sus trabajadores habían sido secuestrados por hombres armados enmascarados, que atacaron su convoy en la localidad de Kahumba, en el territorio de Masisi. Los 3 quedaron en libertad una semana después. Otros 2 trabajadores de ayuda humanitaria fueron secuestrados en mayo en la misma zona y liberados 8 días después, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCAH).
En algunas zonas, los ataques recurrentes obligaron a varias organizaciones de ayuda humanitaria a suspender sus actividades e incluso a abandonar permanentemente distritos enteros. En marzo, por ejemplo, 7 organizaciones humanitarias suspendieron sus actividades en la zona sanitaria de Kamango, lo que dejó a más de 300.000 personas sin acceso a ayuda humanitaria en el norte de Kivu Septentrional, según la OCAH.
Derecho a verdad, justicia y reparación
No hubo avances significativos para abordar sistemática y adecuadamente la impunidad generalizada de los crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos cometidos en República Democrática del Congo desde la década de 1990. No obstante, se tomaron medidas adicionales para elaborar una agenda de “justicia de transición”, aunque el gobierno siguió haciendo hincapié en la reconciliación y las reparaciones en lugar de en la rendición de cuentas. En marzo inició una consulta pública sobre justicia transicional en todo el país, con el objetivo declarado de recabar la opinión de la población sobre los mecanismos de justicia adecuados. En octubre, con el apoyo de la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de la ONU, el gobierno estableció una comisión, compuesta por personas expertas congoleñas, encargada de elaborar una “estrategia nacional de justicia transicional”. En diciembre entró en vigor un proyecto de ley que establecía “los principios básicos relativos a la protección y la reparación de las víctimas de violencia sexual relacionada con el conflicto y de las víctimas de crímenes contra la paz y la seguridad de la humanidad”. El proyecto de ley lo redactó una comisión creada bajo el liderazgo de la primera dama.
En febrero, la Corte Internacional de Justicia dictó una esperada sentencia que determinaba las reparaciones que República Democrática del Congo debía recibir de Uganda por las violaciones del derecho internacional humanitario que este país había cometido durante sus actividades armadas en territorio de República Democrática del Congo entre 1998 y 2003. La Corte Internacional de Justicia ordenó a Uganda abonar la cifra total de 325 millones de dólares estadounidenses a República Democrática del Congo en 5 plazos anuales de 65 millones a partir del 1 de septiembre de 2022. La indemnización incluía 225 millones por daños a personas, 40 millones por daños a bienes y 60 millones por daños relacionados con recursos naturales. En septiembre, el gobierno confirmó la recepción del primer pago, con arreglo a la sentencia, Sin embargo, no hizo público cómo iba a distribuir las indemnizaciones entre la población.
Libertad de expresión, de asociación y de reunión
Las autoridades intensificaron su represión del derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica. Continuaron empleando la pandemia de COVID-19 y el prolongado “estado de sitio” (una forma de ley marcial) en Ituri y Kivu Septentrional como pretextos para prohibir o reprimir las reuniones públicas y las manifestaciones de personas y grupos considerados críticos con el gobierno.
Las autoridades militares, designadas durante el “estado de sitio”, continuaron deteniendo y recluyendo arbitrariamente a personas críticas con el gobierno, y prohibiendo y reprimiendo manifestaciones, todo ello con impunidad. Se permitía la celebración de manifestaciones consideradas favorables a las autoridades, mientras que se prohibían o se reprimían con violencia aquellas vistas como críticas.1Se detuvo y se recluyó arbitrariamente a activistas de la sociedad civil y de la oposición, a menudo sin juicio, por criticar el “estado de sitio” o al gobierno, o por ejercer de cualquier otra manera sus derechos humanos. En abril, un tribunal militar de la ciudad de Benicondenó a12 activistas del movimiento de la sociedad civil Lucha por el Cambio a 24 meses de prisión por “incitación a desobedecer la ley”. Todos ellos habían sido detenidos en noviembre de 2021 por celebrar una sentada pacífica en el ayuntamiento para protestar contra la ampliación del “estado de sitio” sin una evaluación adecuada de su impacto en la situación de la seguridad. Quedaronfinalmente en libertad en agosto después de que el Tribunal de Apelación de Kivu Septentrional revocara la sentencia del tribunal militar.
En todo el país, el derecho a la libertad de reunión pacífica continuó siendo la excepción y no la regla. Las autoridades administrativas de Kinshasa, así como las de las ciudades de Lubumbashi, Matadi, Kisangani, Kolwezi, Kananga, Tshikapa, Mbujimayi, Bukavu, Kalemie, Kindu, Lisala y Gbadolite, prohibieron de manera ilegítima y sistemática todas las manifestaciones consideradas críticas con el presidente Tshisekedi o con su gobierno.
En julio, en las localidades orientales de Goma, Butembo, Beni y Uvira, soldados de la ONU y agentes de policía congoleños respondieron de manera desproporcionada a manifestaciones violentas contra la prolongada presencia de la ONU en el país y su fracaso a la hora de garantizar la protección de la población civil. Según el gobierno, murieron de manera violenta al menos 36 personas, incluidos 29 manifestantes y transeúntes y 7 miembros del personal de la ONU. Siguieron sin conocerse las conclusiones de las investigaciones sobre estos incidentes, prometidas por las autoridades congoleñas y de la ONU, y nadie rindió cuentas por ellos.
El 21 de septiembre, una manifestación pacífica organizada por el Sindicato Nacional de Médicos en Kinshasa fue prohibida ilegítimamente por el gobernador de la ciudad y posteriormente fue reprimida brutalmente por la policía, lo que dio lugar a la detención de varias personas que se manifestaban y a que otras resultaran heridas. Aunque el ministro de Derechos Humanos denunció este incidente específico, no se adoptaron medidas concretas ni para levantar la prohibición arbitraria impuesta por el gobernador, ni para hacer rendir cuentas tanto al gobernador como al jefe de policía de Kinshasa, ni para proporcionar a las víctimas acceso a la justicia y a una reparación efectiva.
Condiciones de reclusión inhumanas
A consecuencia de la seria limitación de la capacidad de reclusión y del deterioro de las prisiones, así como del uso generalizado de las detenciones arbitrarias y de las detenciones prolongadas en espera de juicio, el estado de las prisiones en todo el país seguía empeorando a un ritmo alarmante, y miles de personas estaban recluidas en condiciones inhumanas.
Continuó el hacinamiento en la mayoría de las prisiones, y algunas de ellas, como la de Goma, excedían en un 1.000% su capacidad. El uso abusivo de la prisión preventiva —aproximadamente el 75% de la población reclusa estaba detenida en espera de juicio— y las dificultades que afrontaban la fiscalía y los tribunales para gestionar la acumulación de casos agravaban la situación.
El hacinamiento, las deficiencias en materia de seguridad y la falta de acceso a bienes y servicios básicos, como agua potable, electricidad y medicamentos, daban lugar a que miles de personas presas sufrieran hambre y problemas de salud física y mental, entre otras consecuencias. Según la ONU, al menos 120 personas presas habían muerto en todo el país a causa del hambre o de los malos tratos.
Las fugas masivas de las cárceles eran frecuentes, y durante el año se registraron cuatro. En agosto, más de 800 personas se escaparon de la prisión de Butembo, en Kivu Septentrional, tras un ataque lanzado contra la prisión por presuntos combatientes de las Fuerzas Democráticas Aliadas.
Derecho a la educación
El programa gubernamental de educación gratuita continuó por tercer año consecutivo. El gobierno afirmó que ese plan permitía acceder a educación primaria a miles de niños y niñas de familias con bajos ingresos. Con todo, un número cada vez mayor de progenitores, sindicatos de docentes y estudiantes denunciaban deficiencias graves en la aplicación del programa, haciendo hincapié en que la desigualdad de recursos favorecía a las escuelas urbanas frente a las rurales; el mobiliario y las infraestructuras escolares eran inadecuados; las aulas estaban masificadas; y los salarios del profesorado eran insuficientes e irregulares, entre otros problemas. Según la UNESCO, más de dos millones de niños y niñas en edad escolar permanecían sin escolarizar, a pesar de que en años anteriores se habían registrado algunos avances, y la calidad de la educación continuaba siendo deficiente.
En las zonas afectadas por el conflicto armado y la violencia entre comunidades continuaron los ataques frecuentes contra escuelas, y muchas de éstas se emplearon como refugio para personas internamente desplazadas. UNICEF declaró que más de 420 escuelas y 180.000 niños y niñas se habían visto afectados por los ataques a los centros escolares o la ocupación de los mismos debido al conflicto existente en el este y el oeste del país.