República Democrática Del Congo 2024
Continuaron los ataques contra civiles durante el recrudecimiento del conflicto entre los grupos armados y las fuerzas gubernamentales. Al menos un centenar de civiles murieron como consecuencia de los bombardeos indiscriminados de las fuerzas gubernamentales y los grupos armados. Las fuerzas gubernamentales ejecutaron extrajudicialmente a 250 personas. Hubo un incremento alarmante de los casos notificados de violencia sexual y de género, especialmente de violencia sexual relacionada con los conflictos. Había más de siete millones de personas internamente desplazadas, el 80% de las cuales había huido del conflicto armado, que vivían en condiciones pésimas. La expansión de los proyectos mineros provocó desalojos forzosos masivos y la negación de derechos, entre ellos a la vivienda, la salud, el agua y otros servicios esenciales. Se restringieron los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación, sobre todo en las provincias de Ituri y Kivu Septentrional, donde se impuso una forma de ley marcial. Se detuvo y encarceló arbitrariamente, y se negó un juicio justo, a activistas, miembros de la oposición, periodistas y otras personas. Un miembro de un partido de oposición recibió una pena de prisión después de declarar que había sido violado durante su detención arbitraria. Más de 120 personas encarceladas murieron y cientos de mujeres fueron violadas en la prisión de Makala cuando, según las autoridades, parte de la población reclusa llevó a cabo un intento de fuga. Repuntaron las condenas a muerte después de que el gobierno anunciara que reanudaría las ejecuciones. El ministro de Justicia dio instrucciones a la Fiscalía General de que abriera un procedimiento judicial contra quienes defendieran los derechos de las personas LGBTI. El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció la reanudación de las investigaciones sobre los crímenes contemplados en el Estatuto de Roma cometidos en la provincia de Kivu Septentrional desde enero de 2022.
Información general
En enero, el presidente Tshisekedi juró su cargo para un segundo mandato tras las elecciones presidenciales y parlamentarias celebradas en diciembre de 2023. El nuevo gobierno tomó posesión seis meses después de las elecciones, por primera vez con una mujer al frente como primera ministra.
Persistía el conflicto armado en el este del país y los procesos políticos se hallaban en punto muerto. En septiembre, las fuerzas gubernamentales lucharon contra el grupo armado Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR) en la provincia de Kivu Septentrional. Por otra parte, las fuerzas ugandesas y las gubernamentales continuaron sus operaciones militares en las provincias de Kivu Septentrional e Ituri contra el grupo armado ugandés Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) y liberaron al menos a 500 personas secuestradas por él. Estas operaciones militares provocaron nuevos desplazamientos de la población y agravaron la crisis humanitaria.
Hubo protestas en todo el país, incluida la capital, Kinshasa, en relación con el conflicto armado entre el Movimiento 23 de Marzo (M23), grupo armado al parecer respaldado por Ruanda, y las fuerzas gubernamentales congoleñas y sus aliados. Las protestas también giraron en torno al presunto apoyo de países occidentales, como Francia, Reino Unido y Estados Unidos, a Ruanda.
La violencia entre comunidades se extendió por las provincias de Kasai, Kwango, Kwilu, Mai-Ndombe y Tshopo, lo que dio lugar a nuevas violaciones graves de derechos humanos.
En octubre, el presidente Tshisekedi anunció su intención de revisar la Constitución de 2006. La iglesia católica y otros actores de la sociedad civil advirtieron de que la medida desestabilizaría aún más el país.
En agosto, la OMS declaró el aumento de los casos de viruela símica “emergencia de salud pública de importancia internacional”.
El profesorado de varias provincias organizó huelgas para reclamar subidas salariales.
Homicidios y ataques ilícitos
Continuaron los ataques contra civiles durante el recrudecimiento del conflicto entre los grupos armados y las fuerzas gubernamentales, lo que provocó la muerte de centenares de personas y heridas a muchas más. Los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales, por un lado, y los grupos armados del M23, la Cooperativa para el Desarrollo del Congo (CODECO) y ADF, por otro, fueron responsables de la mayoría de los homicidios de civiles.
Al menos un centenar de civiles murieron y muchas más personas resultaron heridas como consecuencia de los bombardeos indiscriminados lanzados por todas las partes implicadas contra zonas pobladas de Kivu Septentrional. Las fuerzas gubernamentales y el M23 utilizaron armas explosivas en zonas pobladas para atacar y defender sus posiciones.
Diecinueve personas murieron y al menos otras 25 resultaron heridas el 25 de enero después de que un cohete, al parecer disparado por fuerzas congoleñas, impactara contra una casa en Mweso, localidad de la provincia de Kivu Septentrional.
El 4 de marzo murieron un mínimo de 17 personas y otras 12 resultaron heridas cuando un proyectil alcanzó a un grupo de civiles que huían de los combates en la localidad de Nyanzale, en Kivu Septentrional. Según testigos, el proyectil había sido lanzado desde una colina controlada por el M23.
Las ADF fueron responsables de algunos de los ataques más mortíferos contra la población civil. En abril, al menos 28 civiles murieron en ataques de este grupo armado lanzados tras conocerse la noticia del homicidio de dos de sus líderes, según la ONG Datos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés). En junio, las ADF convirtieron en objetivo y mataron a más de 200 civiles en dos ataques separados efectuados en los territorios de Beni y Lubero, lo que provocó la condena de instituciones nacionales, regionales e internacionales —incluida la Comisión de la Unión Africana—, que también pidieron que se protegiera a la población civil de forma efectiva.
En agosto, rebeldes del M23 que al parecer perseguían a miembros de las FDLR mataron a nueve civiles en la jefatura de Bwito, en Kivu Septentrional. Entre octubre y noviembre, el M23 mató a 15 civiles en el poblado de Binza, territorio de Rutshuru, también en Kivu Septentrional, según información publicada por los medios de comunicación en la que se citaba a organizaciones de la sociedad civil y líderes locales.
En agosto, las fuerzas gubernamentales acabaron con la vida de al menos nueve personas que se manifestaban de forma pacífica en la localidad de Kilwa, territorio de Pweto, en la provincia de Alto Katanga, según el representante de una organización de la sociedad civil y varios informes de los medios de comunicación. Se sospechaba que las víctimas formaban parte de los Bakata Katanga, grupo político-religioso que había luchado esporádicamente contra las fuerzas gubernamentales.
Ejecuciones extrajudiciales
Las fuerzas gubernamentales ejecutaron extrajudicialmente al menos a 250 personas, según la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de la ONU.
El 19 de mayo, las fuerzas gubernamentales ejecutaron a dos personas que estaban bajo su custodia y eran sospechosas de estar implicadas en un intento de golpe de Estado para derrocar al gobierno del presidente Tshisekedi ese mismo mes.
Violencia sexual y de género
Las organizaciones locales e internacionales observaron una cifra alarmante de informes de casos de violencia sexual, especialmente en relación con los conflictos. Según un informe de la ONU publicado en abril de 2024, en 2023 se habían registrado 133.000 casos de violencia sexual; el número de casos de violencia sexual relacionada con los conflictos se duplicó en el primer trimestre de 2024 en comparación con el mismo trimestre de 2023.
En septiembre, Médicos Sin Fronteras comunicó haber tratado a más de 25.000 sobrevivientes de violencia sexual en 2023 y afirmó que la tendencia de cifras se había mantenido en los primeros meses de 2024. La mayoría de los casos se habían atendido en los campos de personas internamente desplazadas de la ciudad de Goma, en la provincia de Kivu Septentrional, y en sus alrededores. Según UNICEF, en torno al 40% de quienes habían sobrevivido a la violencia sexual eran niñas.
Médicos por los Derechos Humanos (PHR, por sus siglas en inglés), que había hablado con 16 organizaciones que prestaban servicios a sobrevivientes de violencia sexual, señaló que el aumento de este tipo de violencia estaba relacionado con diversos conflictos, sobre todo el resurgimiento del M23 y la intensificación de los combates entre este movimiento y las fuerzas gubernamentales.
Derechos de las personas internamente desplazadas
Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), había alrededor de 7,3 millones de personas internamente desplazadas, el 80% de las cuales había huido debido a los enfrentamientos entre los distintos grupos armados. Más de la mitad de las personas desplazadas eran mujeres. La mayoría de la población internamente desplazada vivía en condiciones pésimas, con acceso limitado a la educación, la atención médica y los servicios de salud sexual y reproductiva. Esta situación se debía en parte a la falta de financiación procedente de la comunidad internacional para hacer frente a la crisis humanitaria, y a los continuos ataques de los grupos armados contra los campos de personas internamente desplazadas.
Desalojos forzosos
En la ciudad de Kolwezi, provincia de Lualaba, las empresas continuaron con su expansión a escala industrial de la minería de cobalto y cobre, materiales esenciales para la transición de los combustibles fósiles a las energías renovables. Estas operaciones, como en años anteriores, provocaron desalojos forzosos y otras violaciones de derechos humanos. Las personas y comunidades afectadas afirmaban sentirse frustradas ante los continuos desalojos forzosos y la falta de una compensación justa por sus pérdidas. Según indicaron representantes de las comunidades a Amnistía Internacional, las personas afectadas se enfrentaban también a otras violaciones de derechos humanos asociadas al desplazamiento, como la negación del acceso a la educación, la salud y el agua, así como a otros servicios esenciales.
Libertad de expresión, asociación y reunión
Las autoridades continuaban restringiendo los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. El “estado de sitio” (una forma de ley marcial), impuesto desde mayo de 2021, restringía aún más estos derechos a la población de las provincias de Ituri y Kivu Septentrional. Su aplicación y su renovación continuada eran contrarias a la Constitución y a las obligaciones regionales e internacionales en materia de derechos humanos.
Se sometió a arresto y detención arbitraria (véase infra), acoso judicial y exilio a activistas en favor de la democracia, miembros de la oposición, defensores y defensoras de los derechos humanos y ambientales, y periodistas.
En febrero, las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos para dispersar manifestaciones pacíficas contra el presunto apoyo de algunos países occidentales a las operaciones militares del gobierno de Ruanda en República Democrática del Congo y a su respaldo al M23.
Tortura y otros malos tratos
En septiembre, Jacky Ndala, miembro del partido de la oposición Juntos por la República, relató por primera vez en público lo vivido durante su detención arbitraria en la Agencia Nacional de Inteligencia (ANR) en 2022; afirmó haber sido violado y sometido a condiciones de reclusión inhumanas. Una afiliada al partido gobernante declaró en las redes sociales en septiembre que había dado a oficiales de la ANR instrucciones de que lo violaran. Las autoridades abrieron una investigación sobre las denuncias del militante político, realizadas en el contexto de declaraciones generalizadas por parte de activistas sobre el uso de tortura y otros malos tratos en los centros de detención gestionados por la ANR. El 18 de diciembre, Jacky Ndala fue condenado a dos años y medio de prisión por “propagar rumores” en relación con sus denuncias.
Detención arbitraria y juicios injustos
Se seguía sometiendo a activistas juveniles a detenciones ilícitas, mientras que decenas de miembros de la oposición, periodistas y otras personas fueron objeto de detención arbitraria por criticar al gobierno o simplemente por realizar su trabajo legítimo.
Seth Kikuni, líder opositor y empresario, fue detenido el 2 de septiembre y permaneció en régimen de incomunicación varios días antes de que lo llevaran ante un fiscal. El 28 de septiembre fue trasladado a la prisión de Makala, en Kinshasa, y acusado de “incitar a la desobediencia civil y difundir información falsa”.
El 19 de marzo, el periodista Stanis Bujakera quedó en libertad tras cumplir una condena de seis meses; había sido declarado culpable de cargos falsos de “difundir información falsa” y llevaba recluido desde septiembre de 2023.
King Mwamisyo, miembro del movimiento de la sociedad civil Lucha por el Cambio (Lutte pour le Changement, LUCHA), permanecía detenido tras haber sido declarado culpable y condenado a cinco años de prisión en junio de 2023 por cargos falsos de “desacato al ejército”, por criticar el estado de sitio.
Condiciones de reclusión inhumanas
En septiembre, al menos 129 personas presas murieron durante lo que las autoridades describieron como un intento de fuga de la prisión de Makala. Según el ministro del Interior, 24 muertes se debieron a disparos de las fuerzas de seguridad, mientras que el resto se produjeron por asfixia debido al hacinamiento. La prisión se había construido para albergar a 1.500 personas, pero en esos momentos albergaba a entre 14.000 y 15.000. La ONU informó de que más de 250 reclusas habían sido violadas durante el incidente.
Pena de muerte
La última ejecución de la que se tenía noticia se había llevado cabo en 2003. Sin embargo, en marzo, el entonces ministro de Justicia anunció que se reanudaría la aplicación de la pena capital para hacer frente a la “traición” en el ejército ante el aumento de los conflictos armados, debido principalmente al resurgimiento del M23, y para frenar la violencia en las zonas urbanas, especialmente en Kinshasa. Organizaciones internacionales y nacionales se opusieron a la decisión, por considerarla una violación del derecho fundamental a la vida y alegando que el sistema judicial había demostrado tener limitaciones a la hora de garantizar la aplicación de las normas regionales e internacionales sobre juicios justos. Antes del anuncio del ministro, el presidente había calificado el sistema judicial de “enfermo”. En octubre, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó su preocupación por la decisión del ministro y señaló un aumento significativo de las condenas a muerte dictadas por tribunales militares desde marzo.
En septiembre, un tribunal militar dictó sentencias de muerte contra varias personas condenadas en relación con el intento de golpe de Estado de mayo. En octubre, un tribunal militar de Kinshasa condenó a muerte a un policía implicado en el homicidio, cometido en septiembre, de Gires Mukungi Manzanza, miembro del partido político Compromiso por la Ciudadanía y el Desarrollo.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales
Semanas después de tomar posesión de su cargo en junio, el ministro de Justicia dio instrucciones a la Fiscalía General de que abriera un procedimiento judicial contra quienes defendieran los derechos de las personas LGBTI. Anteriormente, en abril, había presentado como parlamentario un proyecto de ley para penalizar las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo.
Derecho a verdad, justicia y reparación
En abril, el Fondo Fiduciario en beneficio de las Víctimas, perteneciente a la CPI, puso fin al Programa de Reparación de Katanga, que había beneficiado a las víctimas de un ataque armado ocurrido el 24 de febrero de 2003 en el poblado de Bogoro, provincia de Ituri. La Sala de Cuestiones Preliminares II de la CPI había dictado en 2017 la orden de reparación, que fue confirmada en apelación en 2018; las reparaciones se habían aplicado desde 2017 hasta octubre de 2023.
En septiembre, el presidente Tshisekedi nombró al nuevo director general del Fondo Nacional de Reparación para Víctimas de Violencia Sexual (FONAREV). Las voces críticas, entre ellas el premio nobel de la paz Denis Mukwege, expresaron su preocupación por la ineficacia del FONAREV. El fondo, creado en 2022, dependía de la oficina de la Primera Dama; en junio, había anunciado la puesta en marcha de un proceso para identificar a las víctimas de violencia sexual vinculada a los conflictos en el territorio de Beni, con vistas a conceder indemnizaciones.
El 14 de octubre, la Fiscalía de la CPI anunció que “renovaría sus esfuerzos de investigación” en República Democrática del Congo. Este anuncio se produjo en respuesta a la remisión realizada por el gobierno a la CPI en mayo de 2023. En el comunicado, la Fiscalía de la CPI subrayaba que la investigación tendría como “foco prioritario” los crímenes cometidos en la provincia de Kivu Septentrional desde enero de 2022 por todos los actores, y no sólo por grupos armados específicos.
En noviembre, el Ministerio de Justicia organizó una conferencia para debatir el futuro del sistema judicial. Las autoridades también participaron en los debates en curso sobre nuevas iniciativas para abordar los crímenes relacionados con los conflictos, incluida la posible creación de un tribunal especial que examinara los crímenes de derecho internacional.
En julio se destituyó y sustituyó a varios miembros del comité conductor encargado del Fondo Especial para la Distribución de Indemnizaciones a las Víctimas de las Actividades Ilegales de Uganda en República Democrática del Congo, acusados de malversación de fondos. Se iniciaron procedimientos judiciales contra los miembros destituidos.