República Democrática del Congo 2025
Los grupos armados, algunos de los cuales contaban con el respaldo de las fuerzas gubernamentales, cometieron cada vez más violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario que podían constituir crímenes de guerra. El Movimiento 23 de Marzo (M23) ejecutó sumariamente a civiles y sometió a las personas detenidas a tortura y otros malos tratos y a condiciones inhumanas. Sus combatientes atacaron hospitales en Goma y secuestraron a pacientes, acompañantes y, en algunos casos, soldados congoleños que se ocultaban en ellos. Los incidentes de violencia sexual relacionada con los conflictos continuaron a un ritmo alarmante. En las provincias de Kivu Septentrional y Kivu Meridional se cometieron violaciones en grupo contra mujeres; los autores fueron combatientes de los grupos armados M23 y Wazalendo. Los grupos armados y las autoridades restringieron el espacio de la sociedad civil. Los combatientes del M23 detuvieron, torturaron y amenazaron, a causa de su trabajo, a periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y miembros de la sociedad civil. Cientos de personas que se consideraba que se oponían al M23 fueron víctimas de desaparición forzada. Decenas de miles de personas internamente desplazadas fueron expulsadas de campos cercanos a Goma. Una comisión regional ordenó al gobierno que procesara a miembros de las fuerzas gubernamentales por actos de violencia sexual cometidos contra mujeres en Kivu Meridional durante 2011.
Información general
El conflicto en el este se intensificó cuando el Movimiento 23 de Marzo (M23), grupo armado respaldado por Ruanda, capturó en enero y febrero las ciudades de Goma y Bukavu, en las provincias de Kivu Septentrional y Kivu Meridional, respectivamente. El M23 se enfrentó al ejército congoleño y a Wazalendo (Patriotas, en suajili), coalición de varios grupos armados, algunos de ellos respaldados por el ejército congoleño.
El conflicto dio lugar a diversas iniciativas diplomáticas para poner fin a los combates. En junio, representantes de República Democrática del Congo (RDC) y Ruanda firmaron un acuerdo de paz que exigía la “neutralización” de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda, grupo armado activo principalmente en Kivu Septentrional, y el “levantamiento de las medidas defensivas” de Ruanda en RDC. El acuerdo se formalizó el 4 de diciembre, cuando los presidentes de RDC y Ruanda firmaron los Acuerdos de Washington, que reforzaban los compromisos anteriores para poner fin a los combates (véase el apartado sobre Ruanda). Sin embargo, los combates continuaron.
Por otra parte, la mediación facilitada por Qatar condujo a una declaración de principios firmada en julio por representantes de RDC y del M23. En noviembre, las dos partes firmaron el marco para un acuerdo de paz que contenía ocho protocolos, la mayoría de los cuales aún requerían negociación.
Otros grupos armados que operaban en RDC eran la Cooperativa para el Desarrollo del Congo/Unión de Revolucionarios para la Defensa del Pueblo Congoleño, que en enero y febrero lanzó ataques en los que murieron más de 150 personas, y las Fuerzas Democráticas Aliadas, grupo armado ugandés que mató a centenares de civiles. Los ejércitos congoleño y ugandés llevaron a cabo operaciones militares contra ambos grupos.
Homicidios y ataques ilícitos
Los grupos armados cometieron violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario que podían constituir crímenes de guerra.1
El M23 y otros grupos armados intensificaron sus ataques contra civiles a quienes consideraban afines a sus oponentes. Entre el 28 de enero y el 9 de abril, la ONU documentó al menos 70 incidentes de homicidios selectivos cometidos por el M23 en Goma con un saldo de más de 200 muertes.
Entre finales de febrero y mediados de mayo, los combatientes del M23 lanzaron seis ataques contra hospitales de Goma. Los combatientes secuestraron y detuvieron a pacientes, acompañantes y soldados congoleños u otros miembros del ejército que estaban ingresados o se ocultaban en el hospital. El M23 disparó cerca o dentro de hospitales en tres ocasiones. En una de ellas, a mediados de marzo, abrió fuego con munición real en el Hospital CBCA Ndosho y causó daños en la sala de urgencias. En otra, a principios de abril, hizo lo mismo en el Hospital de Kyeshero, donde sus disparos mataron a una persona e hirieron al menos a otras dos.
El 22 de febrero, durante un tiroteo en el barrio de Kasika, en Goma, Yannick Zirhumanana resultó herido en las costillas. No estaba claro si se había tratado de un ataque deliberado. Después de disparar contra él, combatientes del M23 registraron su casa y lo acusaron de ser un soldado del gobierno, lo que él negó. Un combatiente del M23 lo acompañó a un centro de salud y lo mató disparándole en la frente a quemarropa.
Entre febrero y mayo, el M23 mató al menos a tres hombres en Goma, así como a un padre y a su hijo en Kivu Meridional. A algunos les dispararon, mientras que a otros los degollaron.
El 10 de abril, un hombre al parecer vinculado con el M23 disparó en la cara a Gilson Kasareka Makembe, comerciante del barrio de Nyabushongo, en Goma. Aunque dos combatientes del M23 se encontraban fuera de su tienda en ese momento, no persiguieron al agresor en su huida ni investigaron el suceso. Se desconocía el motivo del homicidio del comerciante.
El 12 de mayo, el M23 mató al camionero Alain Byamungu después de que mantuviera una discusión con un motociclista con el que había evitado una colisión en Goma. Tras el incidente, varios combatientes del grupo armado persiguieron a Alain Byamungu con un vehículo y una motocicleta y dispararon contra su camión y al interior de la cabina: lo mataron a él e hirieron a sus acompañantes. Los combatientes del M23 los acusaron de pertenecer a las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda.
En junio, un combatiente del M23 mató, disparándole a quemarropa, a un hombre en Nyabiondo, localidad del territorio de Masisi, en Kivu Septentrional. Cuando le dispararon, el hombre tenía los brazos atados a la espalda. Los combatientes del M23 lo habían acusado de robo.
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), entre el 9 y el 21 de julio hubo combatientes del M23 que, respaldados por miembros de las Fuerzas de Defensa de Ruanda, mataron al menos a 319 civiles —mujeres y menores de edad incluidos— en el territorio de Rutshuru.
Entre julio y agosto, las Fuerzas Democráticas Aliadas mataron a más de 250 civiles en distintos ataques en la provincia de Ituri y en Lubero, un territorio de Kivu Septentrional. Al parecer, los ataques fueron una represalia por las operaciones militares de las fuerzas gubernamentales congoleñas y ugandesas para erradicar las Fuerzas Democráticas Aliadas.
Violencia sexual y de género
Los casos de violencia sexual, incluida violencia sexual relacionada con los conflictos, alcanzaron unas cifras alarmantemente altas en el este del país, donde entre enero y septiembre, según la ONU, se cometieron más de 81.000 violaciones, un aumento del 31,5% en comparación con el mismo periodo de 2024. Los autores fueron principalmente miembros de grupos armados y de las fuerzas de seguridad gubernamentales.
Entre enero y abril, el personal de los centros del Ministerio de Salud en Goma, con el apoyo de la ONG Médicos Sin Fronteras, atendió a más de 7.400 sobrevivientes de violencia sexual. En Sake, una ciudad al oeste de Goma, se atendió a 2.400 sobrevivientes durante el mismo periodo.
En febrero, la ONU estableció la Misión de Investigación del ACNUDH sobre la situación en las provincias de Kivu Meridional y Kivu Septentrional de República Democrática del Congo (OFFMK, por sus siglas en inglés), que documentó casos de violaciones en grupo y otros actos de violencia sexual relacionados con los conflictos cometidos por combatientes del M23. Los combatientes de Wazalendo también violaron en grupo a mujeres en Masisi y en el territorio de Kabare, en Kivu Meridional. Una sobreviviente contó que un combatiente de Wazalendo le había dicho: “A todas las mujeres que vengan al campo, las violaremos siempre”.
Tortura y otros malos tratos
El M23 mantenía al menos siete centros de detención en Goma y Bukavu, donde las personas recluidas eran sometidas a tortura y otros malos tratos: se las golpeaba con varas de madera flexibles, tablas, cables eléctricos, correas de motor, culatas de armas o palos en la espalda, las piernas, las nalgas y los genitales. En su centro de detención “Chien Méchant” (Perro Agresivo), en Goma, los combatientes del M23 sacaban a las personas de su celda para azotarlas en el patio con cables eléctricos de goma o varas de madera. En abril, un detenido en “Chien Méchant” recibió una paliza tan brutal a manos de un combatiente del M23 que no podía ni ponerse de pie ni sentarse; sólo podía permanecer tumbado en el suelo.
A finales de febrero y principios de marzo, el M23 utilizó el Estadio de la Unidad de Goma para torturar a pacientes y acompañantes secuestrados en hospitales, así como a algunos miembros de las fuerzas armadas congoleñas que se escondían en centros hospitalarios (véase “Homicidios y ataques ilícitos” supra). En marzo se difundió un vídeo que mostraba a varios hombres uniformados golpeando a un hombre con varas de madera en el estadio.
Varios vídeos publicados en las redes sociales durante el año mostraban a combatientes del M23 en diversos lugares golpeando o azotando a personas.
La ONU identificó al menos 13 centros de detención controlados por dirigentes de Wazalendo donde las personas recluidas eran frecuentemente sometidas a tortura y otros malos tratos.
Condiciones de reclusión inhumanas
Las personas privadas de libertad en los centros de detención del M23 (véase supra), custodiados por sus combatientes, sufrían condiciones de reclusión inhumanas y degradantes. Eran obligadas a dormir sentadas o de pie en celdas con el suelo de hormigón, oscuras, calurosas y mal ventiladas. Sólo recibían una comida al día, que normalmente consistía en un plato de maíz hervido para compartir. Los frecuentes cortes del agua corriente las obligaban a pasar semanas sin bañarse. Algunas bebían la orina de otras o el agua de la lluvia. En el centro de detención de Mount Goma había tres retretes para cientos de personas, a quienes se les permitía usar el baño una vez al día; algunas recurrían a defecar en bolsas o cajas.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
Numerosos defensores y defensoras de los derechos humanos residentes en Kivu Septentrional y Kivu Meridional huyeron de las zonas controladas por el M23; muchos buscaron refugio en países vecinos. El M23 detuvo, interrogó, intimidó, maltrató y, en algunos casos, torturó repetidamente a miembros de la sociedad civil, defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas. En febrero, un representante del M23 declaró públicamente que el grupo no quería que las organizaciones de la sociedad civil actuaran en las zonas bajo su control y que cualquier problema debía plantearse ante el M23 y no ante las organizaciones de la sociedad civil. En marzo, un combatiente del M23 detuvo a un activista de la sociedad civil en Goma y amenazó con matarlo por haber denunciado los abusos del grupo armado. El grupo lo retuvo en el recinto de la 34ª Región Militar, donde lo azotaron y lo golpearon en las orejas hasta hacerlo sangrar por la nariz. Más tarde lo dejaron en libertad.
Ese mismo mes, otro miembro de la sociedad civil fue detenido por combatientes del M23 a las afueras de Goma. Sus captores le exigieron que explicara por qué había difamado a su movimiento. También le ordenaron que les contara cómo habían matado a civiles y a cuántas personas habían violado. Lo obligaron a tumbarse boca abajo mientras un hombre se sentaba sobre sus hombros y otro sobre sus piernas, y un combatiente del M23 lo azotaba en nalgas y muslos. Lo dejaron en libertad esa misma noche.
Según la ONU, el 1 de febrero las autoridades ruandesas detuvieron a un miembro de la sociedad civil de Kivu Septentrional en el paso fronterizo entre Goma y la localidad ruandesa de Gisenyi. Lo dejaron en libertad cuatro días después.
Detención arbitraria
A lo largo del año, el M23 llevó a cabo operaciones de acordonamiento y registro, principalmente en Goma y Bukavu. Además, detuvo ilícitamente a un gran número de personas y las llevó a estadios deportivos donde les dio charlas o las presionó para que se unieran al movimiento. Muchas de estas personas fueron posteriormente trasladadas a lugares desconocidos. Los combatientes del M23 afirmaban con frecuencia que las operaciones de registro tenían como objetivo poner fin a la delincuencia. A algunas de las personas detenidas les dijeron que las llevarían a Rumangabo y Runyoni, lugares situados en Rutshuru y usados por el M23 para adiestramiento militar y de otro tipo. Durante estas operaciones, los combatientes del M23 utilizaron criterios arbitrarios para determinar quién era civil y quién era soldado del gobierno de RDC o miembro de la oposición armada. Sus juicios se basaban, por ejemplo, en la apariencia.
Desapariciones forzadas
En mayo, el M23 secuestró a cientos de personas, entre ellas mujeres y menores de edad, durante redadas llevadas a cabo en varios barrios de Goma y sus alrededores. Muchos de los hombres y mujeres detenidos en estas redadas, así como en otras similares, fueron víctimas de desaparición forzada. Las familias que buscaban a sus seres queridos desaparecidos relataron que se habían dirigido a combatientes del M23 en los centros de detención de Goma pero no habían podido localizar a sus familiares.
Durante las redadas, el M23 trasladó a cientos de hombres, mujeres, niños y niñas a un campo de fútbol en Goma. En una ocasión, un alcalde designado por el M23 reconoció a Aloys Bigirumwami, miembro del movimiento de la sociedad civil Lucha por el Cambio, y lo acusó de ocultar armas, tras lo cual Aloys Bigirumwami fue trasladado en un vehículo junto con otras cinco personas. Sus familiares lo buscaron en tres centros de detención del M23, pero los combatientes les dijeron que no se encontraba allí. Al concluir el año se ignoraba su paradero.
Derechos de las personas internamente desplazadas
En febrero, el M23 cerró varios campos para personas internamente desplazadas cerca de Goma, lo que provocó el nuevo desplazamiento de decenas de miles de personas ante el deterioro de la seguridad.
Pena de muerte
En enero, el entonces ministro de Justicia anunció que más de 170 personas condenadas a muerte serían ejecutadas por robo a mano armada y por su presunta vinculación con bandas criminales conocidas comúnmente como kuluna (bandidos). Aparentemente, las ejecuciones no se habían llevado a cabo al terminar el año.
El expresidente Joseph Kabila fue condenado a muerte in absentia por un tribunal militar el 30 de septiembre, tras ser declarado culpable de traición, asesinato, agresión sexual, tortura e insurrección en relación con su presunto apoyo al M23, cargos que él negó. Joseph Kabila no contó con representación letrada durante el proceso y fue condenado a pagar 33.000 millones de dólares estadounidenses al Estado y a las asociaciones de víctimas.
Seguían utilizándose tribunales militares para juzgar a civiles, lo que suponía una violación de las normas internacionales sobre juicios justos. Se condenó a muerte a civiles.
Derecho a verdad, justicia y reparación
En septiembre, un tribunal superior de la capital, Kinshasa, declaró al exministro de Justicia culpable de malversación de 19,9 millones de dólares estadounidenses de fondos públicos destinados a financiar la construcción de una prisión. Al exministro se le impuso una pena de tres años de prisión con trabajos forzados y se le prohibió presentarse a elecciones en los cinco años siguientes al cumplimiento de la condena.
En octubre, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos consideró a RDC responsable de actos generalizados de violencia sexual, incluidas violaciones y torturas, cometidos por sus fuerzas militares contra más de 50 mujeres en el territorio de Fizi, en Kivu Meridional, en 2011. La Comisión ordenó a RDC que enjuiciara y sancionara a los culpables en un plazo de seis meses, y que indemnizara a quienes habían sobrevivido a violaciones y les proporcionara atención médica y psicológica gratuita.