Las familias pobres sufrieron un aumento de la inseguridad alimentaria como consecuencia de las restricciones asociadas a la COVID-19, y las prisiones adolecían de hacinamiento crónico. Los conflictos armados y la violencia entre comunidades continuaron en algunas provincias y causaron cientos de muertes y el desplazamiento de cientos de miles de personas. Las fuerzas gubernamentales y los grupos armados seguían disfrutando de impunidad por violaciones graves de derechos humanos, incluidos homicidios extrajudiciales y ejecuciones sumarias. Aumentó la violencia sexual contra las mujeres relacionada con los conflictos. Las autoridades continuaron restringiendo el derecho a la libertad de expresión y la libertad de los medios de comunicación. Se encarceló a periodistas, y se amenazó de muerte y enjuició a defensores y defensoras de los derechos humanos.
Leer másConserva la pena de muerte en la ley
