La persistencia del conflicto armado y de la violencia se cobró miles de vidas y causó desplazamientos en gran escala y violencia sexual generalizada. Los tribunales militares enjuiciaron al menos 10 casos de crímenes de derecho internacional, pero la impunidad siguió siendo generalizada. Persistieron las crisis económica, social y humanitaria, agravadas por la COVID-19 y los brotes de otras epidemias. El uso de la detención arbitraria y la reclusión ilegítima estaba muy extendido en toda República Democrática del Congo. Las condiciones de reclusión seguían siendo inhumanas. Con frecuencia, las concentraciones y protestas organizadas por partidos de la oposición o por la sociedad civil, y que se consideraban críticas hacia el gobierno eran prohibidas o reprimidas de forma violenta. Continuaban los ataques y amenazas contra defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas, y al menos tres periodistas perdieron la vida. Varios proyectos mineros causaron una contaminación grave que tuvo un considerable impacto en los derechos humanos. La educación de los niños y niñas se vio alterada por huelgas de docentes motivadas por los bajos salarios y las malas condiciones laborales.
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