Resumen

Continuaron los ataques contra civiles durante el recrudecimiento del conflicto entre los grupos armados y las fuerzas gubernamentales. Al menos un centenar de civiles murieron como consecuencia de los bombardeos indiscriminados de las fuerzas gubernamentales y los grupos armados. Las fuerzas gubernamentales ejecutaron extrajudicialmente a 250 personas. Hubo un incremento alarmante de los casos notificados de violencia sexual y de género, especialmente de violencia sexual relacionada con los conflictos. Había más de siete millones de personas internamente desplazadas, el 80% de las cuales había huido del conflicto armado, que vivían en condiciones pésimas. La expansión de los proyectos mineros provocó desalojos forzosos masivos y la negación de derechos, entre ellos a la vivienda, la salud, el agua y otros servicios esenciales. Se restringieron los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación, sobre todo en las provincias de Ituri y Kivu Septentrional, donde se impuso una forma de ley marcial. Se detuvo y encarceló arbitrariamente, y se negó un juicio justo, a activistas, miembros de la oposición, periodistas y otras personas. Un miembro de un partido de oposición recibió una pena de prisión después de declarar que había sido violado durante su detención arbitraria. Más de 120 personas encarceladas murieron y cientos de mujeres fueron violadas en la prisión de Makala cuando, según las autoridades, parte de la población reclusa llevó a cabo un intento de fuga. Repuntaron las condenas a muerte después de que el gobierno anunciara que reanudaría las ejecuciones. El ministro de Justicia dio instrucciones a la Fiscalía General de que abriera un procedimiento judicial contra quienes defendieran los derechos de las personas LGBTI. El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció la reanudación de las investigaciones sobre los crímenes contemplados en el Estatuto de Roma cometidos en la provincia de Kivu Septentrional desde enero de 2022.